Arnulfo Dueñas Calleros

Expediente 332/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
332/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Arnulfo Dueñas Calleros
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 104 a 105), la autoridad denominada Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, en representación del ente responsable denominado Recaudador de Rentas de la citada Secretaría, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de cuatro de junio del año actual, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el referido numeral 196, segundo párrafo de la Ley en comento, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el tres de abril de dos mil dieciocho (fojas 71 a 86), se determinó conceder al quejoso Arnulfo Dueñas Calleros, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $14,260.05 (catorce mil doscientos sesenta pesos 05/100), por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número quince mil quinientos catorce, que pagó el nueve de febrero de dos mil dieciocho. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $14,260.05 (catorce mil doscientos sesenta pesos 05/100 moneda nacional), por los conceptos de inscripciones de documento público o privado, así como de préstamo hipotecario (fojas 22 y 23), además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el nueve de febrero de dos mil dieciocho; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (foja 104 a y 105), el Recaudador responsable, por conducto del Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria de treinta de mayo de la anualidad citada, a nombre del quejoso Arnulfo Dueñas Calleros y del que se advierte que devolvió la cantidad de $14,030.97 (catorce mil treinta pesos 97/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Siendo que por auto de cuatro de junio del año en que se actúa, se requirió a la referida quejosa, para que manifestara lo conducente al cumplimiento dado por la responsable de previa cita, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $14,260.05 (catorce mil doscientos sesenta pesos 05/100 moneda nacional), menos la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $13,980.05 (trece mil novecientos ochenta pesos 05/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $13,980.05 (trece mil novecientos ochenta pesos 05/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el nueve de febrero de dos mil dieciocho y el treinta de mayo de dicha anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa; no obstante, el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil dieciocho a abril del mismo año, fecha esta última en que se generó el cheque con la debida actualización. Ahora, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de abril del referido año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil dieciocho fue de 131.508; y para el mes de abril del año en curso de 131.987. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00364. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $13,980.05 (trece mil novecientos ochenta pesos 05/100 moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $14,030.93 (catorce mil treinta pesos 93/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $13,980.05 (trece mil novecientos ochenta pesos 05/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $50.88 (cincuenta pesos 88/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $14,030.97 (catorce mil treinta pesos 97/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de $14,030.93 (catorce mil treinta pesos 93/100 moneda nacional); sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de $14,030.97 (catorce mil treinta pesos 93/100 moneda nacional), es decir, le entregaron $.04 moneda nacional de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio de cuenta a los presentes autos, para los efectos legales correspondientes, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Manuel Altamirano Quintero, contra el acuerdo de diez de noviembre de dos mil quince, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Medio de impugnación que quedó registrado bajo el número 364/2018.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el cinco de marzo del año en curso (fojas 685 a 752), el Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por autos de seis de marzo y doce de abril de este año (fojas 753 y 771), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el referido oficio y anexos, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación de seis de marzo del año en curso (foja 753), se notificó a la parte quejosa *, en su carácter de Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Nayarit y como tutora dativa y terceros interesados * el trece y catorce siguientes (fojas 754 a 762); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para la parte quejosa y tercera interesada del quince al veinte de ese mes y año y del dieciséis al veintidós de marzo de este año. Término en el que el tercero interesado *, a través de su autorizado Francisco Palacios Serrano, formuló manifestaciones (fojas 763 a 769). Luego, el auto de doce de abril de dos mil dieciocho (foja 771), se notificó a los terceros interesados Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar y Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, el diecinueve y trece del mes próximo pasado (foja 773); por lo que el término de tres días concedido aconteció del veintitrés al veinticinco de abril del actual año y del diecisiete al diecinueve del citado mes y año, respectivamente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el nueve de noviembre de dos mil quince (fojas 173 a 213), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en los términos siguientes: "(.) se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a *, por conducto de *, en su carácter de Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Nayarit y como tutora dativa, para el efecto de que: a) La Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deje insubsistente la resolución de veinte de abril de dos mil quince, dictada en el toca civil 134/2014, en la que se confirmó el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil catorce, pronunciado por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de Tepic, en el juicio de controversias del orden familiar 158/2013; y b) Hecho lo anterior, en restitución de la garantía violada, con plenitud de jurisdicción, pronuncie la determinación que corresponda respecto a los temas I, II y parte final del IV contenidos en el apartado de fundamentación y motivación, la cual puede ser en sentido diverso, pero si es en el mismo sentido, deberá cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, atento a las consideraciones aquí expuestas; c) Tratándose del tema denominado "III. Tutela, custodia y convivencia familiar", en suplencia de la queja de la incapaz María Guadalupe Zamorano Aguirre, la Sala deberá analizar la totalidad de las constancias que obran en el toca civil 134/2014, en particular el dato relativo a que la incapaz desde la fecha de la presentación de las diligencias de declaración de incapacidad, a saber: "(ilegible) 6 de Julio del 2010", ha vivido con el curador dativo *; e incluso de considerarlo necesario deberá ordenar que se recaben las pruebas que estime pertinentes; y con plenitud de jurisdicción, establezca los mecanismos o directrices conducentes a efecto de preservar la relación de la incapaz María Guadalupe Zamorano Aguirre, con todos los miembros de la familia. En el entendido, que en todo momento se debe buscar preservar la integridad física y psicológica, así como los cuidados de la incapaz. Además, es oportuno precisar que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, dispone en lo que al asunto interesa: "Artículo 61.- Los Tribunales para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear, sin sujetarse al orden, cualquiera de los siguientes medios de apremio que estimen eficaz:- - - I.- Multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 54, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia;- - - II.- Auxilio de la fuerza Pública y la ruptura de cerraduras si fuese necesario;- - - III.- El cateo por orden escrita; y - - -IV.- El arresto hasta por treinta y seis horas." De lo transcrito se obtiene, que dentro del marco jurídico regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, se autoriza a los tribunales el uso de los medios de apremio definidos por el artículo 61 de la mencionada legislación para hacer cumplir sus determinaciones; por ende, es incuestionable que es correcto que se apliquen a fin de lograr las determinaciones que pronuncie, precisamente, porque se trata de una orden jurisdiccional cuyo cumplimiento puede forzarse a través de la utilización de dichos medios de apremio. Es decir, las medidas de apremio previstas en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, son las herramientas previstas en la legislación adjetiva civil, que el legislador ordinario otorgó a los juzgadores para hacer cumplir sus determinaciones, ya que tienden a vencer la conducta contumaz de la parte procesal para que acate el mandato dirigido en su contra; por lo que de ser necesario deberá de emplear el uso de los medios de apremio." Determinación que fue modificada mediante ejecutoria de seis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 287 a 393), dictada por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, dentro del amparo en revisión 92/2016, relativo al diverso 732/2015 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y, en su lugar, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en los términos siguientes: "(.) Lo que procede es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la sala responsable deje insubsistente la resolución de veinte de abril de dos mil quince, dictada en el toca civil 134/2014, en la que confirmó el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil catorce, pronunciado por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de Tepic, en el juicio de controversias del orden familiar 158/2013. Hecho lo anterior, en restitución de la garantía violada, con plenitud de jurisdicción, pronuncie la determinación que corresponda respecto al tema I y parte final del IV contenidos en el apartado de fundamentación y motivación que refirió el juez federal que afectan el patrimonio de la incapaz, es decir, señale cuáles peticiones de las realizadas por la tutora dativa María Victoria Mascareño Escobar fueron satisfechas por la Juez de Primera Instancia, así como los motivos por los que llegó a esa determinación; establezca las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por las cuales no consideró la cuenta rendida el veinticinco de enero de dos mil trece por la citada tutora dativa; y prescinda considerar que precluyó el derecho de la misma para reclamar que la primera tutora dativa Leticia Ramos Ruelas no ha rendido cuentas, sino que lo ha hecho el curador Mauro Francisco Navarro Zamorano, incluso de manera defectuosa. Tratándose de los temas denominados "II. Solicitud de la custodia y cambio de domicilio de la incapaz" y "III. Tutela, custodia y convivencia familiar", atendiendo que se informó el fallecimiento de la incapaz María Guadalupe Zamorano Aguirre, lo que se justificó con la copia certificada del acta de defunción respectiva, debe excluirse de los efectos de la sentencia, ante la imposibilidad de que subsista la concesión del amparo en este aspecto." De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, son los siguientes: Dejar insubsistente la resolución de veinte de abril de dos mil quince, dictada en el toca civil 134/2014; Pronunciar otra determinación con plenitud de jurisdicción, respecto al tema I y parte final del IV contenidos en el apartado de fundamentación y motivación que afectan el patrimonio de la incapaz, es decir, en la que se señale cuáles peticiones de las realizadas por la tutora dativa María Victoria Mascareño Escobar a través del escrito recibido el diecisiete de enero de dos mil catorce, fueron satisfechas por la Juez de Primera Instancia, así como los motivos por los que llegó a esa conclusión; Establecer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por las cuales no consideró la cuenta rendida el veinticinco de enero de dos mil trece por la citada tutora dativa; y Prescindir de considerar que precluyó el derecho de María Victoria Mascareño Escobar para reclamar que la primera tutora dativa Leticia Ramos Ruelas no ha rendido cuentas, sino que lo ha hecho el curador Mauro Francisco Navarro Zamorano, incluso de manera defectuosa. Luego, mediante oficio 459/2016 (fojas 514 a 542), la Sala responsable informó el acatamiento del fallo protector, remitiendo copia certificada de la resolución dictada en el toca civil 134/2014 de su índice, el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, por lo que, mediante determinación de ocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 543), se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo y tercera interesada, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación a dicho cumplimiento. Posteriormente, por auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fojas 566 a 569), este Órgano Federal, determinó declarar cumplida la ejecutoria de amparo y ordenó el archivo del presente sumario constitucional como asunto concluido. Ante ello, el tercero interesado Fernando Arturo Ruelas Navarro interpuso recurso de inconformidad, mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 580 a 587); el cual por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, radicándolo bajo el número 43/2016 de su estadística. En ese sentido, por ejecutoria de veintiséis de enero de este año (fojas 615 a 678), dicho Tribunal Federal declaró fundado el aludido medio de impugnación, ordenando a este Juzgado de Distrito reponer el procedimiento, para los efectos siguientes: "A. Dejar sin efectos el auto que declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo a la quejosa. B. Requerir a la autoridad responsable por copias certificadas del escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil catorce, por María Victoria Mascareño Escobar, del escrito de agravios, así como de la resolución reclamada. C. Requerir a la autoridad responsable para que dé cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos que exige el precepto 196 de la Ley de Amparo, a fin de restituir a aquélla en el goce de su derecho fundamental violado, esto es, para que deje insubsistente el fallo que dictó el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, y emita una nueva resolución en la que: Resuelva de manera fundada y motivada lo relativo a la rendición de cuentas que el Juez de Distrito sostuvo que María Victoria Mascareño Escobar realizó el veinticinco de enero de dos mil trece, y determine si con las mismas, se cumple o no la obligación a que se refiere el artículo 528 del Código Civil del Estado de Nayarit, cuando se ejerce el cargo de tutor respecto de un incapacitado. Al dar contestación a los agravios que identificó la parte aquí recurrente con los puntos 14 y 16, deberá prescindir de considerar que precluyó el derecho de María Victoria Mascareño Escobar para objetar los informes rendidos por el ex curador Mauro Francisco Navarro Zamorano, para calificar lo fundado, infundado o inoperante de los mismos. Señale si las peticiones que elevó la aquí recurrente, señaladas en la parte final del punto VII de esta ejecutoria, fueron satisfechas por la Juez de Primera Instancia, así como los motivos por los que llegue a esa determinación, en los términos que precisó el Juez de Distrito en la sentencia de amparo. D. Hecho lo anterior, deberá nuevamente calificar la ejecutoria de amparo, teniendo a la vista las copias certificadas mencionadas en el punto A, verificando si existieron o no cuestiones que no fueron reiteradas, pese a no haber sido materia de los efectos de la concesión del amparo." Por tanto, en acatamiento a la ejecutoria de previa cita, por auto de quince de febrero de dos mil dieciocho (fojas 679 y 680), se dejó sin efecto el proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fojas 566 a 569), en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del presente sumario constitucional como asunto concluido; además, se requirió a la autoridad responsable denominada Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esa ciudad, a fin de que acatara el fallo protector en los términos indicados por el Tribunal Colegiado resolutor y remitiera copias certificadas del libelo presentado por María Victoria Mascareño Escobar, el diecisiete de enero de dos mil catorce; del escrito de agravios a través del cual interpuso recurso de apelación en contra del auto de veintiuno de enero de dos mil catorce, así como de la resolución reclamada materia de la presente Litis constitucional. En ese sentido, mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el cinco de marzo del año en curso (fojas 685 a 752), el Secretario de Acuerdos de la Sala responsable, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial; de igual forma, remitió copia certificada de las documentales solicitadas por este Juzgado de Distrito. A saber: Escrito presentado por María Victoria Mascareño Escobar (fojas 709 a 721 y 731 a 733); ocurso de agravios (fojas 734 a 742); y resolución reclamada (fojas 744 a 752). Con lo anterior se dio cumplimiento al punto V de la inconformidad 43/2016 (fojas 648 vuelta a 653). Ahora bien, al aludido comunicado la autoridad responsable adjuntó copia certificada de la resolución dictada el uno de marzo de dos mil dieciocho, en el Toca Civil 134/2014 de su índice (fojas 686 a 708), en la que se estableció que mediante proveído de dieciséis de febrero del actual año, se dejó insubsistente la resolución de cuatro de agosto de dos mil dieciséis (foja 692) y en su lugar se pronunció esa determinación, la cual modificó el auto sujeto a revisión de veintiuno de enero de dos mil catorce, emitido en el expediente 158/2013 de la estadística del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. Además, en lo relativo al tema I contenido en el apartado de fundamentación y motivación de la ejecutoria de amparo, que afectan el patrimonio de la incapaz, con plenitud de jurisdicción se pronunció respecto de las peticiones realizadas por la tutora dativa María Victoria Mascareño Escobar, en escrito de diecisiete de enero de dos mil catorce, las cuales resultan ser las siguientes: a) Se le tuviera dando cumplimiento al requerimiento de cinco de diciembre de dos mil trece; b) Requerir al curador, así como a la ex - tutora Leticia Ramos Ruelas, para que entregaran las cuentas de su administración, bajo apercibimiento de doble multa o de una corrección disciplinaria; c) Requerir al curador para que pagara de su patrimonio, las multas impuestas por el Servicio de Administración Tributaria, por ser el único responsable de que se impusieran. Ello, porque actuó con negligencia e irresponsabilidad; d) Se ordenara al curador entregar la custodia de la incapaz a María Victoria Mascareño Escobar, a fin de estar en condiciones de cumplir cabalmente con todas las obligaciones que le impone la ley; e) Se le entregara directamente el dinero de las rentas para administrarlo o se efectuara una transferencia electrónica a la cuenta fiscal bancaria a nombre de María Guadalupe Zamorano Aguirre; o se le informaran las cantidades, fechas y meses correspondientes a los depósitos realizados por los arrendatarios, a fin de presentar las declaraciones mensuales; f) Se girara oficio al Servicio de Administración Tributaria, para que informara los requisitos a efecto de que la tutora dativa pudiera representar a la incapaz ante esa dependencia; o bien, para que comunicara cuáles eran los requisitos para registrar a una persona física con capacidad (sic) legal. Luego, de lo determinado por la Sala responsable mediante resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Civil 134/2014, en lo que aquí interesa, se advierte que al estudiar los agravios referentes al apartado de Rendición de Cuentas y atendiendo a las solicitudes antes enunciadas consideró que: a) Eran fundados los argumentos relacionados con la primera de las peticiones formuladas por la recurrente; por tanto, al reasumir jurisdicción revocó el auto sujeto a revisión de cinco de diciembre de dos mil trece, únicamente en la parte en que la Juez natural requirió a la ex tutora María Victoria Mascareño Escobar, para que cumpliera con las obligaciones contenidas en el numeral 528 del Código Civil. Ello, al concluir que la ex tutora sí realizó acciones tendientes a cumplir con la obligación de rendir cuentas de su administración, puesto que el veinticinco de enero de dos mil trece, presentó un escrito por el que rindió cuenta detallada de su encargo y, el cuatro de marzo siguiente se le tuvo rindiendo la misma, actuaciones realizadas a fin de demostrar que estaba cumplimiento con su función de administradora, como lo prevén los artículos 528 del Código Civil y 533 fracción I del Código de Procedimientos Civiles; libelo con el que se dio vista al curador *, en términos del numeral 533, fracción III del Código de Procedimientos Civiles (fojas 700 vuelta a 701); b) Resultaban fundadas las manifestaciones relativas a la segunda de las peticiones realizadas por la ex tutora *, por lo que, el Magistrado responsable al proveer al respecto resolvió que acorde a lo establecido por los preceptos 581 y 593 del Código Civil para el Estado de Nayarit, la obligación de rendir las cuentas de su administración recae exclusivamente en la ex tutora Leticia Ramos Ruelas y no en el curador (foja 703 vuelta). De ahí que, se modificó el auto a estudio y se requirió a la ex tutora, a efecto de que dentro del término de tres meses rinda cuentas de su administración en el periodo comprendido del veintisiete de septiembre de dos mil diez al treinta de marzo de dos mil doce, debiendo comprender el total de ingresos, menos los egresos comprobados con los documentos idóneos, es decir, debe entregar las cantidades del numerario que hubiese recibido por el producto de los bienes y aplicación que les haya dado, así como todas las operaciones que se hubiesen practicado. Lo anterior, de conformidad con el dispositivo 593, en relación con el 581, 583, 591, 592 y 598 del Código Civil del estado, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior se le impondrá una multa por el equivalente a cinco días de salario mínimo vigente en esta entidad, con sustento en el artículo 61, fracción I del Código de Procedimientos Civiles, medio de apremio que dicha Sala estableció en uso de su facultad exclusiva para hacer cumplir sus determinaciones. Además, agregó que no era posible requerir al curador Mauro Francisco Navarro Zamorano en los términos en los que se formuló a la ex tutora Leticia Ramos Ruelas, argumentando que dicha obligación únicamente recae en esta última (fojas 705 vuelta a 706); c) Son fundados los argumentos vertidos en lo concerniente a que la Juez natural no atendió la solicitud consistente en que se requiriera al curador para que pagara de su patrimonio las multas impuestas a la incapaz por el Servicio de Administración Tributaria, debido a su actuar negligente e irresponsable; y al respecto la Sala proveyó que la ex tutora María Victoria Mascareño Escobar, debía justificar con documento idóneo a cuánto ascienden las infracciones aludidas y una vez que lo anterior acontezca se acordara lo que en derecho corresponda (fojas 703 frente y vuelta); d) En cuanto a la petición realizada por la recurrente en el sentido de ordenar al curador la entrega de la custodia de la incapaz en mención y así estar en posibilidades de cumplir cabalmente con todas las obligaciones que la ley impone a la tutora de previa cita, esa Sala responsable concluyó que el agravio expuesto era fundado, pero que como se estableció, la incapaz falleció, por lo que resultaba improcedente proveer tal cuestión (fojas 702 vuelta y 703); e) Declaró fundado el motivo de disentimiento relativo a la solicitud de la recurrente a efecto de que se le entregara el dinero de las rentas para administrarlo o se efectuará una trasferencia electrónica a la cuenta fiscal a nombre de María Guadalupe Zamorano Aguirre, o bien, se le hiciera saber las cantidades, fechas y meses correspondientes a los depósitos realizados por los arrendatarios, a fin de presentar las declaraciones mensuales correspondientes. Ello, en virtud de que la misma no fue atendida en el auto sujeto a estudio; decretando que la promovente debía precisar a qué montos se refiere o en su caso, aclarar su petición, ya que en los autos del expediente de origen se advierten las cantidades consignadas por los arrendatarios respectivos por concepto de pago de rentas (fojas 703 frente y vuelta). f) Finalmente, en lo concerniente a la última de las peticiones realizadas por María Victoria Mascareño Escobar, en su carácter de tutora dativa, para que se girara oficio al Servicio de Administración Tributaria, a fin de que comunicara los requisitos para registrar a una persona física con capacidad (sic) legal, se ordenó girar oficio a esa dependencia informando que se decretó provisionalmente incapaz a María Guadalupe Zamorano Aguirre; además, se solicitó información de la forma de dar debido cumplimiento a las obligaciones fiscales de la misma y los requisitos para que la tutora dativa se encontrara en condiciones de representarla ante esa autoridad fiscal (foja 706 vuelta). Ahora bien, en lo que concierne a la parte final del tema IV contenido en el apartado de fundamentación y motivación del fallo protector, la Sala responsable en la referida resolución, al estudiar los agravios respectivos en el citado apartado de Rendición de Cuentas determinó que: 1) El veinticinco de enero de dos mil trece, la ex tutora María Victoria Mascareño Escobar, rindió cuenta detallada de su encargo a partir del treinta de mayo de dos mil doce, por lo que, el cuatro de marzo siguiente se le tuvo rindiendo la misma, acorde al numeral 528 del Código Civil y 533 fracción I del Código de Procedimientos Civiles (foja 700 vuelta). Es decir, determinó en sentido diverso a lo resuelto en la resolución sujeta a estudio, emitida el veinte de abril de dos mil quince, en el Toca Civil 134/2014 y que es el acto reclamado en esta instancia constitucional, en la cual no se consideró la cuenta rendida descrita en el párrafo que antecede, de ahí que resulte innecesario establecer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por las que ésta no fue tomada en cuenta, y; 2) Prescindió de considerar que precluyó el derecho de * para reclamar que la ex tutora dativa Leticia Ramos Ruelas no rindió cuentas, sino que lo hizo el curador *, incluso de manera defectuosa, circunstancia que la Sala responsable consideró al realizar el estudio de los agravios marcados con los números 11, 13, 14, 15 y 16, concluyendo que el inventario de bienes es obligación de la ex tutora, argumentos que al encontrarse vinculados, se contestaron de manera conjunta y que resultaron fundados para modificar el auto de veintiuno de enero de dos mil catorce, en los términos indicados en párrafos precedentes, de conformidad con el arábigo 581 del Código Civil para el Estado de Nayarit, el cual señala, según la responsable, de forma precisa y clara que la obligación de llevar a cabo la rendición de cuentas es única y exclusivamente de la tutora, quien resultó ser * en el periodo comprendido del veintisiete de septiembre de dos mil diez al treinta de marzo de dos mil doce (fojas 696 vuelta a 699). Además, señaló que en el auto de la Juez natural sujeto a revisión, se ordenó requerir de nueva cuenta al curador * para que exhibiera las documentales relacionadas con la administración de los bienes de la incapaz, las cuales fueron precisadas en auto de trece de junio de dos mil trece; de igual forma, para que justifique el destino dado a las cantidades que se le han entregado por concepto de pensión alimenticia para la manutención de la incapaz e informe su estado de salud, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cinco días de salario mínimo vigente en la entidad sin perjuicio de hacer uso de en su contra de una medida de arresto por el incumplimiento de una orden judicial, acorde a lo previsto en el arábigo 61 del Código de Procedimientos Civiles (fojas 706 frente y vuelta). En otro aspecto, atendiendo a la ejecutoria de veintiséis de enero de este año (fojas 615 a 678), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el recurso de inconformidad 43/2016 de su índice, resulta necesario resaltar que el recurrente, aquí tercero interesado * , manifestó que existió defecto en el cumplimiento de la sentencia concesoria al considerar que la autoridad responsable incurrió en un error al precisar la fecha de inicio y conclusión del periodo de administración de la ex tutora * (veintisiete de septiembre de dos mil diez al treinta y uno de marzo de dos mil doce), pues afirma que en el cuaderno de pruebas se obtiene que el mismo transcurrió del once de agosto de dos mil diez al treinta de mayo de dos mil doce. En la especie, una vez que obran en los autos del presente juicio de amparo las copias certificadas del libelo presentado por *, el diecisiete de enero de dos mil catorce, del escrito de agravios a través del cual interpuso recurso de apelación en contra del auto de veintiuno de enero de dos mil catorce, así como de la resolución reclamada materia de la presente Litis constitucional, dictada el veinte de abril de dos mil quince, en el Toca Civil 134/2014 de la estadística de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad (fojas 709 a 721, 734 a 742 y 744 a 752, respectivamente), se aprecia que: a) En el escrito presentado por María Victoria Mascareño Escobar, el diecisiete de enero de dos mil catorce (fojas 709 a 721), se hicieron las siguientes peticiones: Se le tuviera dando cumplimiento al requerimiento de cinco de diciembre de dos mil trece; Requerir al curador, así como a la ex - tutora Leticia Ramos Ruelas, para que entregaran las cuentas de su administración, bajo apercibimiento de doble multa o de una corrección disciplinaria; Requerir al curador para que pagara de su patrimonio, las multas impuestas por el Servicio de Administración Tributaria, por ser el único responsable de que se impusieran. Ello, porque actuó con negligencia e irresponsabilidad; Se ordenara al curador entregar la custodia de la incapaz a María Victoria Mascareño Escobar, a fin de estar en condiciones de cumplir cabalmente con todas las obligaciones que le impone la ley; Se le entregara directamente el dinero de las rentas para administrarlo o se efectuara una transferencia electrónica a la cuenta fiscal bancaria a nombre de *; o se le informaran las cantidades, fechas y meses correspondientes a los depósitos realizados por los arrendatarios, a fin de presentar las declaraciones mensuales; Se girara oficio al Servicio de Administración Tributaria, para que informara los requisitos a efecto de que la tutora dativa pudiera representar a la incapaz ante esa dependencia; o bien, para que comunicara cuáles eran los requisitos para registrar a una persona física con capacidad (sic) legal. Peticiones que, como se precisó en las fojas diez a doce de esta determinación, fueron acordadas por la Sala responsable. b) En el ocurso a través del cual María Victoria Mascareño Escobar interpuso recurso de apelación contra el auto de veintiuno de enero de dos mil catorce (fojas 734 a 742), señaló que: - Era inexacto e incongruente el proveído impugnado porque empieza hablando de la custodia y continúa con la convivencia familiar; - Era incongruente el auto apelado porque se afirma que no se le otorgó la custodia, en virtud de que no cumplió con los requisitos que establece la sentencia y el auto que invoca, pero en los mismos no se indican requisitos para la custodia sino para la convivencia familiar. - El Juez altera los hechos en que se basa, pues indica que no se le proporcionó un lugar en el cual viva la incapaz. Ello, a pesar de que el veintiuno de octubre de dos mil trece y once de diciembre de dos mil trece se le proporcionó la información al Juez de Primera Instancia. - El auto impugnado carece de fundamentación y motivación, ya que no cita el precepto que sirva de apoyo y los razonamientos para negar la custodia. - No se valoran las pruebas que obran en autos, en particular la confesiones hechas por el curador en la inspección judicial de diecisiete de agosto de dos mil diez y en diversos escritos firmados por él; la documentales relativas a las actuaciones del juicio de nulidad 81/2013, tramitado en el Juzgado Tercero Civil; las declaraciones de los testigos *a; los dictámenes de las periciales en contabilidad, la sentencia de remoción de la tutora y los documentos privados. - Al no otorgarle la custodia no puede cumplir plenamente con el objeto de la tutela, a saber: la guarda de la persona y bienes de la interdicta, ni con las obligaciones que le impone el Código Civil para el Estado de Nayarit. - Se omite exigir a la extutora y curador cuentas detalladas de su administración. - No se exige a la extutora y curador el acatamiento de las obligaciones que establece el Código Civil para el Estado de Nayarit. - La rendición de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones se dejó al arbitrio de la extutora y curador, pues celebraron un convenio que no cumplieron. - Se tiene al curador entregando el inventario de bienes muebles e inmuebles a la extutora, cuando era obligación de la extutora formularlos; además, que nunca lo exhibieron en el expediente. - Se tiene al curador exhibiendo los informes de la administración de bienes, así como su informe complementario, pero no contienen rendición de cuentas ni son del periodo del que se le exige, pues sólo comprende cinco meses del inicio de su administración (noviembre de dos mil diez a marzo de dos mil once), a pesar de que se solicitó cuentas de dos años de su administración (tres de agosto de dos mil diez al treinta y uno de mayo de dos mil doce). - La persona quien debió impugnar esos informes era la ex tutora Leticia Ramos Ruelas, ya que era quien debió presentar dichas cuentas. - Fernando Arturo Ruelas Navarro objetó esos informes. - Desde que asumió el cargo de tutora, a saber: treinta de mayo de dos mil doce, no ha cesado de pedir que se rinda cuentas de la administración anterior. - De los dictámenes contables rendidos por los peritos Prisciliano Montaño Alatorre y Edwiges Teresita García Bautista se obtiene que deben entregar la cantidad de dos millones quinientos mil pesos. - Se alteran los hechos al sostener que las obligaciones contraídas en los contratos de arrendamiento celebrados entre la incapaz y los arrendatarios se obtenían de la información proporcionada, pues la extutora ni el curador exhibieron los contratos, mismos que no debieron celebrarse por la incapaz sino por la tutora. - No se puso a su disposición algún recibo fiscal. c) En la resolución de veinte de abril de dos mil quince, emitida en el Toca Civil 134/2014, se confirmó el auto de veintiuno de enero de dos mil catorce (fojas 744 a 752), la cual se sustentó en que: Custodia y convivencia. a) Que contrario a lo que afirmó la recurrente, el auto apelado no era impreciso ni confuso, ya que del escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil catorce, en relación con el proveído impugnado, se advertía que la Juez de Primera Instancia al analizar el contenido y las peticiones efectuadas cumplió con las condiciones fundamentales que debían satisfacerse. b) Que la Juez no confundió la figura de custodia con la de convivencia, debido a que primeramente abordó el tema de la custodia, haciéndoles saber las obligaciones contenidas en el artículo 528 del Código Civil; y después precisó que no se cumplió con la determinación judicial de treinta de mayo de dos mil once, a efecto de que proporcionara los medios necesarios para que la incapaz estuviera en condiciones de convivir con sus familiares. c) Que lo anterior no implicaba una confusión de dichas figuras jurídicas, pues tienen distintas finalidades; por ende, en el auto impugnado se atendieron las solicitudes de la inconforme de manera clara y precisa. d) Que la recurrente no cumplió con los requerimientos impuestos por la juzgadora de origen a efecto de proporcionar las condiciones necesarias para que la incapaz gozara de una estabilidad física y emocional que protegiera su integridad y le permitiera convivir con sus demás familiares. Esto, en virtud de que los escritos de veintiuno de octubre y once de diciembre de dos mil trece no obraban en actuaciones, por lo que contrario a lo que afirmaba la recurrente, la determinación de la juez de origen no derivaba de caprichos, ya que no se tenía la certeza de que la inconforme hubiera dado cumplimiento a los requerimientos impuestos en beneficio de la incapaz. e) Que no se vulneraban los artículos 441, 528, 529, 530, 537 y 538 del Código Civil, ya que no se le había privado del derecho a ejercer la custodia de la incapaz. Ello, porque: Si bien era verdad que no contaba con la custodia, también lo era que no había efectuado alguna gestión para obtenerla, ni informado al juzgado alguna causa que se lo impidiera. No había cumplido con los requerimientos que la juez realizó con la finalidad de garantizar el bienestar de la incapaz Que era verdad que la incapaz se encontraba bajo el cuidado del curador, pero que la tutora no había demostrado fehacientemente que el curador hubiera incurrido en alguna falta que le impidiera continuar con el cuidado de la misma, ni había demostrado que la integridad de la incapaz se encontraba en peligro. Incongruencia. a) Que el acuerdo apelado no adolecía de congruencia, pues dicho proveído se circunscribía a las solicitudes hechas por la recurrente y a las actuaciones que obraban en autos, siendo improcedentes las peticiones. b) Que no se advertían aspectos ni afirmaciones que se contradijeran entre sí; y c) Que el Juez de Primera Instancia atendió el principio de congruencia que debe contener toda determinación judicial. Omisión de valorar pruebas. a) Que no era el momento procesal para valorar las confesiones hechas por el curador en la inspección judicial de diecisiete de agosto de dos mil diez, ni las declaraciones de los testigos Luz María Guadalupe Navarro Zamorano y Martha Lilia Rivera Mora. Ello, debido a que habían sido analizadas y valoradas al momento de resolver el incidente planteado de remoción del cargo al curador Mauro Francisco Navarro Zamorano, el que resultó improcedente. Además, que las circunstancias que refería la inconforme, ya habían sido analizadas, por lo que en su momento debieron impugnarse. De ahí, que la juez no estaba obligada a emitir pronunciamiento al respecto, al dictar el auto impugnado. Rendición de cuentas. a) Que contrario a lo expuesto por la recurrente, la Juez de Primera Instancia no omitió exigirles a la ex - tutora y al curador la rendición de cuentas, ya que: La anterior tutora Leticia Ramos Ruelas y el curador Mauro Francisco Navarro Zamorano, por autos de veintinueve de marzo y once de abril de dos mil once, se les tuvo exhibiendo informes en los cuales se rendían las cuentas correspondientes, respecto de las cuales se dio vista a la inconforme, sin que efectuara manifestación alguna. Con independencia de las cuentas y administración que la anterior tutora debió rendir, la recurrente se encontraba obligada a efectuar la rendición a partir del momento en que asumió el cargo, lo que no hizo; Que el nombramiento otorgado a Leticia Ramos Ruelas como tutora dativa, fue en su carácter de Procuradora Auxiliar de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, institución que la inconforme representa al ser la titular de esa dependencia; por ende, debido a que la ex - tutora era su subordinada, debió rendirle a su superior jerárquico los informes correspondientes a los asuntos comisionados. De ahí, que la apelante contaba con facultades para obtener la información que reclamaba y estar en condiciones de rendir las cuentas que a ella le corresponden a partir de que asumió el cargo de tutora dativa de la incapaz, bajo el carácter de titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. b) Que eran infundadas las objeciones de los proveídos en los que se tuvo al curador exhibiendo los informes respecto a las cuentas y administración de los bienes de la incapaz, ya que debieron realizarse en el momento procesal oportuno a través de los medios de impugnación idóneos para tal fin, por lo que al no efectuarlo tácitamente fueron consentidos y cobraron firmeza y certeza jurídica; c) Que era verdad que desde el treinta de mayo de dos mil doce, fecha en la que asumió el cargo de tutora no le habían sido entregadas las cuentas de la administración que llevó la anterior tutora; pero que también lo era, que ese hecho no le impedía a la recurrente rendir las cuentas relativas al período que le correspondía. Esto, porque: Sólo realizó manifestaciones en cuanto a los impedimentos que tenía para llevar a cabo una correcta administración, pero no lo justificó con alguna probanza. La recurrente no había efectuado ninguna acción tendiente a cumplir con su obligación de rendir cuentas a partir del treinta de mayo de dos mil doce, pues a la fecha en que se emitió la resolución reclamada habían transcurrido más de dos años, sin que rindiera algún balance respecto de las acciones realizadas con la finalidad de demostrar que está cumpliendo con las obligaciones de administradora. En ese tenor, se obtiene que: La ex tutora María Victoria Mascareño Escobar refiere que los informes que exhibió el curador Mauro Francisco Navarro Zamorano, no contienen rendición de cuentas, pues solo comprenden cinco meses del principio de su administración, a pesar que se le solicitó cuentas de dos años de su administración, esto es, del tres de agosto de dos mil diez al treinta y uno de mayo de dos mil doce; sin embargo, la promovente manifiesta que ella asumió el cargo el treinta de mayo de dos mil doce. Luego, en la resolución de veinte de abril de dos mil quince, materia de la presente Litis, se advierte que la Sala responsable no precisó el periodo que señala el tercero interesado ante el Tribunal Colegiado. Máxime, que por sentencia dictada en esta instancia constitucional al realizar el cuadro relativo a quienes ostentaron el cargo de tutor dativo de la incapaz se dilucidó que la ex tutora Leticia Ramos Ruelas inició como tal, el tres de agosto de dos mil diez, confirmándose y ratificándose el veintisiete de septiembre de dos mil diez, concluyendo el treinta de marzo de dos mil doce (foja 205). Y, en la diversa resolución de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, emitida por la Sala responsable, misma que dejó insubsistente la dictada el veinte de abril de dos mil quince (fojas 515 a 542), dicho dato se asentó de manera idéntica (fojas 530 vuelta a 531), requiriéndose a dicha ex tutora por la rendición de cuentas del veintisiete de septiembre de dos mil diez al treinta de marzo de dos mil doce, lapso comprendido dentro de su administración y que contempla desde su aceptación hasta la data en que fue removida (foja 539 vuelta). Circunstancia a la que la responsable arribó en uso de su libertad de jurisdicción, al determinar lo que consideró pertinente al formular el requerimiento aludido a la ex tutora; determinación que persistió en la nueva resolución dictada el uno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 697 vuelta, 699, 705 vuelta y 706). Máxime, que el recurrente Fernando Arturo Ruelas Navarro expresó ante el Tribunal Colegiado que la Tercera Sala, asentó que dicho lapso concluyó el treinta y uno de mayo de dos mil doce, lo que en la especie no acontece, por el contrario quien manifiesta que dicho encargó terminó en esa data es la ex tutora María Victoria Mascareño Escobar, al interponer el recurso de apelación (fojas 740 y 741), no obstante de reiterar que ella asumió el cargo de tutora el treinta de mayo de esa anualidad, por lo que resulta evidente que la ex tutora Leticia Ramos Ruelas no pudo concluir su encargó un día posterior al en que diversa persona lo ostentaba. Con lo anterior, se acata el punto V de la ejecutoria emitida en el recurso de inconformidad 43/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad (fojas 648 vuelta a 653). Continuando con los lineamientos que el Tribunal Colegiado resolutor estableció en la inconformidad promovida en autos, debe precisarse que la responsable en la nueva determinación de uno de marzo de dos mil dieciocho, sí consideró que la apelante realizó acciones tendientes a cumplir con la obligación de rendir cuentas de su administración a partir del treinta de mayo de dos mil doce, puesto que el veinticinco de enero de dos mil trece, presentó un escrito por el que rindió cuenta detallada de su encargo y, el cuatro de marzo siguiente se le tuvo rindiendo la misma, actuaciones realizadas a fin de demostrar que estaba cumplimiento con su función de administradora, como lo prevén los artículos 528 del Código Civil y 533 fracción I del Código de Procedimientos Civiles, determinando así la ilicitud del requerimiento formulado a María Victoria Mascareño Escobar, en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil trece (fojas 700 a 701). Argumento con el que se da cumplimiento al punto VI de la resolución de la inconformidad promovida en autos (fojas 653 vuelta a 664). Así también, el Magistrado de la Sala responsable no consideró el argumento de que precluyó el derecho de María Victoria Mascareño Escobar para objetar los informes rendidos por el ex curador Mauro Francisco Navarro Zamorano, como se indicó en la inconformidad civil 43/2016 (fojas 677 vuelta). Cierto, la responsable realizó el estudio de los motivos de disentimiento 14 y 16 de forma conjunta con los marcados con los números 11, 13 y 15, los que resultaron fundados para modificar el auto apelado y requerir a la tutora Leticia Ramos Ruelas por las cuentas detalladas de su administración (fojas 696 vuelta a 699 vuelta). Además, la Sala indicó que no era posible requerir al curador para que entregara cuentas de su administración, pues la obligación recaía exclusivamente en la tutora. Por tanto, la responsable al contestar los agravios identificados como 14 y 16 no consideró el argumento de que precluyó el derecho de María Victoria Mascareño Escobar para objetar los informes rendidos por el ex curador Mauro Francisco Navarro Zamorano. Determinación que cumplimenta lo establecido en el punto VII de la ejecutoria emitida en el recurso de inconformidad 43/2016 de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad (fojas 665 a 672 vuelta). Finalmente, por lo que respecta al deber jurídico que le fue impuesto a la autoridad responsable de pronunciarse en torno a si la Juez natural en el auto sujeto a revisión en esa segunda instancia, atedió o no las peticiones realizadas por María Victoria Mascareño Escobar en escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil catorce, solicitudes que como se precisó con antelación la Sala responsable al reasumir jurisdicción proveyó. Específicamente, al atender las peticiones indicadas en los incisos b) y e) precisados al inicio de esta determinación, la Sala argumentó que éstas no fueron atendidas por la Juez de Primera Instancia, proveyéndose que: Como lo prevén los artículos 581 y 593 del Código Civil para el Estado de Nayarit, la obligación de rendir las cuentas de su administración recae exclusivamente en la ex tutora Leticia Ramos Ruelas y no en el curador, requiriéndole el cumplimiento de dicha obligación a ésta, de conformidad con el dispositivo 593, en relación con el 581, 583, 591, 592 y 598 del aludido código; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se le impondrá una multa por el equivalente a cinco días de salario mínimo vigente en esta entidad, con sustento en el artículo 61, fracción I del Código de Procedimientos Civiles, medio de apremio que dicha Sala estableció en uso de su facultad exclusiva para hacer cumplir sus determinaciones y, concluyó que no era posible requerir al curador Mauro Francisco Navarro Zamorano para tal efecto, al argumentar que esa obligación únicamente recae en la tutora dativa; además, respecto al apercibimiento de doble multa o de corrección disciplinaria, la Sala determinó que no era posible efectuar ese requerimiento al curador, porque era una obligación exclusiva de la tutora, a quien se le apercibió con multa por el equivalente a cinco días de salario (fojas 699 a 700 y 703 vuelta), y: Que la promovente debía precisar a qué montos se refiere o en su caso, aclarar su petición, referente a que se le entregara el dinero de las rentas para administrarlo o se efectuará una transferencia electrónica a la cuenta fiscal a nombre de María Guadalupe Zamorano Aguirre, o bien, se le hiciera saber las cantidades, fechas y meses correspondientes a los depósitos realizados por los arrendatarios, a fin de presentar las declaraciones mensuales correspondientes. Ello, debido a que las cantidades consignadas por los arrendatarios de los inmuebles propiedad de la incapaz fueron consignadas a favor de la tutora María Guadalupe Zamorano Aguirre (sic), por concepto de pago de rentas correspondientes (foja 703 vuelta). Acatando con lo anterior el punto VIII del recurso de inconformidad citado en este proveído (fojas 673 a 675 vuelta). Luego, en relación con las manifestaciones vertidas por la parte tercera interesada Fernando Arturo Ruelas Navarro, por conducto de su autorizado Francisco Palacios Serrano, en el sentido de que la Sala responsable introdujo un aspecto nuevo y extraño al analizar el auto de cuatro de marzo de dos mil trece, al determinar que se le diera vista al ex curador Mauro Francisco Navarro Zamorano con ese acuerdo, a través del cual se tuvo a la ex tutora María Victoria Mascareño Escobar rindiendo cuenta de su administración, ya que fue removido de su cargo (fojas 763 a 769). Además, que la responsable incurre en un error al requerir a la ex tutora Leticia Ramos Ruelas, a fin de que rinda cuentas de su administración en el periodo comprendido del veintisiete de septiembre de dos mil diez al treinta de marzo de dos mil doce, cuando lo correcto es que se le requiera a partir del tres de agosto de dos mil diez al treinta de mayo de dos mil doce. Agrega, que no se debió postergar el requerimiento al ex curador de previa cita para que pagara de su patrimonio las multas impuestas a la incapaz, reiterando que las documentales necesarias para determinar los montos de esas sanciones obran en autos. De igual forma, manifiesta que la responsable altera los hechos del procedimiento, pues María Victoria Mascareño Escobar no le pidió a Leticia Ramos Ruelas le entregue directamente el dinero de las rentas ni que efectuara una transferencia electrónica, sino que únicamente le solicitó al Juez que requiriera a Leticia Ramos Ruelas para que rindiera cuentas de su administración; además, respecto a la petición de que se le informe las cantidades, fechas y meses correspondientes a los depósitos realizados por los arrendatarios, a fin de presentar las declaraciones mensuales correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria, toda vez que en los dos años de la administración de la ex tutora Leticia Ramos Ruelas no existe cantidad depositada por los arrendatarios, quien tiene el deber de proporcionar la información del dinero que recibió y administró. Asimismo, manifiesta que María Guadalupe Zamorano Aguirre nunca fue tutora si no la incapaz, como se señaló en la sentencia. En otro aspecto, estima, que la Sala responsable, por una parte adujo que la obligación de rendir cuentas correspondía únicamente a la ex tutora Leticia Ramos Ruelas y no al ex curador, pero que, en el cuadro sinóptico al que hizo referencia en cuanto al tema de las cuentas, al aludir a la citada ex tutora, señaló en la columna de las "cuentas", puntos 1, 2 y 3, que el ex curador presentó informes sobre la administración de los bienes de la incapaz, así como un informe complementario y un escrito en el que hizo del conocimiento al Juez de la existencia de una cuenta bancaria a nombre de la incapaz. Ello, toda vez que si el ex curador no está obligado a rendir cuentas, entonces en la resolución no tenía ni siquiera porqué mencionar los informes defectuosos e incompletos que éste presentó, puesto que los mismos carecen de valor porque en todo caso debieron ser rendidos en su momento por la ex tutora y no por el ex curador Luego, por lo que refiere al convenio de fecha once de marzo de dos mil once, celebrado entre Leticia Ramos Ruelas y Mauro Francisco Navarro Zamorano, manifiesta que aunque ese pacto se haya concertado ante el Juez de lo Familiar e interviniera el Agente del Ministerio Público, carece de validez, porque viola los artículos del 581 al 596 del Código Civil del Estado de Nayarit, ya que la ex tutora Leticia Ramos Ruelas no tenía por qué delegar al ex curador las obligaciones que le impone la ley en dichos preceptos para administrar los bienes de la incapaz, puesto que la ley debe ser obedecida de acuerdo a sus características y no puede ser objeto de negociación, e incluso al juez y a la Agente del Ministerio Público también les resulta responsabilidad. Aunado a que con independencia de lo anteriormente expuesto, la única realidad es que hasta la fecha, después de seis años de que fue removida del cargo, la ex tutora no ha entregado la cantidad de $*, que aproximadamente está obligada a entregar, según peritajes y auditoría contable que obran en autos. Y, finalmente ataca lo considerado por la Sala en cuanto a que se ordenó requerir al ex curador * para que depositara cierta cantidad por concepto de rentas que cobró a los arrendatarios, saldo pendiente, apertura de cuenta mancomunada. Argumentos que se encuentran encaminados a controvertir la legalidad de la resolución emitida por la Sala responsable y no respecto del exceso o defecto en el que ésta incurrió. Sin embargo, se insiste y tal como se precisó en párrafos que anteceden, se advierte que esas determinaciones fueron emitidas por la responsable al reasumir jurisdicción y en ejercicio de la libertad de decisión que le fue otorgada en la ejecutoria de amparo, para purgar vicios de forma, la cual no imprimió alcances en esa libertad. Lo anterior es así, toda vez que en la sentencia en la que se concedió el amparo se otorgó plenitud de jurisdicción a la responsable para que emitiera el fallo correspondiente, ello significa que en el sumario constitucional no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, por lo que no le constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, tiene libertad de decisión. Por lo que para tener por cumplida la sentencia sujeta a cumplimiento, es suficiente que la autoridad responsable, haya dejado insubsistente la resolución combatida, y pronunciado otra, en la que acató los lineamientos que le fueron destacados en la ejecutoria de que se trata. En este tenor, si considera que la sentencia de uno de marzo de dos mil dieciocho, en cuanto a la forma y fondo le causa alguna violación a sus derechos, deberá recurrirla a través del medio de impugnación respectivo. De lo anterior, resulta evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del citado precepto del ordenamiento legal en cita, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración; ello en atención a la ejecutoria emitida por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Morelia, Michoacán, en la que se modificó la sentencia emitida por este Órgano Federal, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre el incidente de suspensión, en virtud de no haberse tramitado. Finalmente, toda vez que en el presente sumario constitucional existe un legajo de pruebas que en su oportunidad acompañó la parte tercera interesada *, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte procesal aludida para que dentro del plazo de NOVENTA DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger la referida documental; apercibida que de no hacerlo, dicha probanza será glosada a este expediente.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense a sus autos el oficio y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

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