Arnulfo Covarrubias Briseño
Expediente 335/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 43 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 21/11/2019
Partes del expediente
- Arnulfo Covarrubias Briseño
- Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el treinta y uno de octubre del actual año (fojas 336 a 347), la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cuatro de noviembre del año en curso (foja 348), se dio vista a la parte agraviada con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al promovente el once de este mes (fojas 349 a 351); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del trece al quince del actual mes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 214 a 225), por una parte, se sobreseyó y por otra se concedió el amparo para los efectos siguientes: ". SÉPTIMO. Decisión y efectos de la protección constitucional. Al haber resultado fundado el argumento de disenso examinado y a fin de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que la forma en que la autoridad responsable Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit deberá proceder: 1. Dejará sin efectos el punto once del acta número 5 celebrada el treinta y uno de octubre, por el Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, en la que aprobó por unanimidad invalidar ". el acta número 163 extraordinaria de fecha 10 de agosto de 2017, respecto al punto número 5 del orden del día.". 2. Hecho lo anterior y previo a cualquier acto privativo respete al quejoso la garantía de audiencia y debido proceso legal, dándole intervención para luego resolver al respecto. (.)" Luego, mediante resolución terminada de engrosar el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dentro del amparo en revisión 402/2019 de su índice, derivado del diverso 101/2019, de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad (fojas 305 a 317), relativo al sumario constitucional en que se actúa se confirmó la sentencia recurrida en la materia de la revisión. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Dejar sin efectos el punto once del acta número cinco celebrada el treinta y uno de octubre, por el Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, en la que aprobó por unanimidad invalidar la diversa acta número 163 extraordinaria de diez de agosto de dos mil diecisiete, respecto al punto número cinco del orden del día. De insistir en cualquier acto privativo respetar al quejoso la garantía de audiencia y debido proceso legal, dándole intervención y resolver al respecto. Luego, por oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 336 y 337), la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, no obstante de no habérsele requerido el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informó que mediante sesión extraordinaria de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, ese Ayuntamiento responsable, en el punto número cuatro del orden del día, ordenó dejar sin efecto el punto número once del acta de sesión ordinaria cinco de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en la que se invalidaron las actas de Ayuntamiento números 163 y 167, de diez y veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente, relativas a la desafectación de los bienes de dominio público; ello, con base en el artículo 56 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y, por ende, se emitió el acuerdo administrativo número SECREMUN/02/2019 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Municipal de ese Ayuntamiento (fojas 340 a 347). Determinación que le fue notificada al aquí promovente del amparo, por conducto de su autorizado, mediante oficio sin número, suscrito por el aludido Secretario Municipal, el veintinueve de octubre de este año (fojas 338 a 339). Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, por una parte, se sobreseyó y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable; ello, en atención a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la que se confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, pues para los efectos del citado Acuerdo General, prevalece la sentencia dictada en segunda instancia, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el treinta y uno de octubre del actual año (fojas 336 a 347), la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cuatro de noviembre del año en curso (foja 348), se dio vista a la parte agraviada con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al promovente el once de este mes (fojas 349 a 351); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del trece al quince del actual mes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 214 a 225), por una parte, se sobreseyó y por otra se concedió el amparo para los efectos siguientes: ". SÉPTIMO. Decisión y efectos de la protección constitucional. Al haber resultado fundado el argumento de disenso examinado y a fin de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que la forma en que la autoridad responsable Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit deberá proceder: 1. Dejará sin efectos el punto once del acta número 5 celebrada el treinta y uno de octubre, por el Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, en la que aprobó por unanimidad invalidar ". el acta número 163 extraordinaria de fecha 10 de agosto de 2017, respecto al punto número 5 del orden del día.". 2. Hecho lo anterior y previo a cualquier acto privativo respete al quejoso la garantía de audiencia y debido proceso legal, dándole intervención para luego resolver al respecto. (.)" Luego, mediante resolución terminada de engrosar el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dentro del amparo en revisión 402/2019 de su índice, derivado del diverso 101/2019, de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad (fojas 305 a 317), relativo al sumario constitucional en que se actúa se confirmó la sentencia recurrida en la materia de la revisión. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Dejar sin efectos el punto once del acta número cinco celebrada el treinta y uno de octubre, por el Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, en la que aprobó por unanimidad invalidar la diversa acta número 163 extraordinaria de diez de agosto de dos mil diecisiete, respecto al punto número cinco del orden del día. De insistir en cualquier acto privativo respetar al quejoso la garantía de audiencia y debido proceso legal, dándole intervención y resolver al respecto. Luego, por oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 336 y 337), la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, no obstante de no habérsele requerido el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informó que mediante sesión extraordinaria de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, ese Ayuntamiento responsable, en el punto número cuatro del orden del día, ordenó dejar sin efecto el punto número once del acta de sesión ordinaria cinco de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en la que se invalidaron las actas de Ayuntamiento números 163 y 167, de diez y veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente, relativas a la desafectación de los bienes de dominio público; ello, con base en el artículo 56 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y, por ende, se emitió el acuerdo administrativo número SECREMUN/02/2019 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Municipal de ese Ayuntamiento (fojas 340 a 347). Determinación que le fue notificada al aquí promovente del amparo, por conducto de su autorizado, mediante oficio sin número, suscrito por el aludido Secretario Municipal, el veintinueve de octubre de este año (fojas 338 a 339). Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, por una parte, se sobreseyó y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable; ello, en atención a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la que se confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, pues para los efectos del citado Acuerdo General, prevalece la sentencia dictada en segunda instancia, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el treinta y uno de octubre del actual año (fojas 336 a 347), la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cuatro de noviembre del año en curso (foja 348), se dio vista a la parte agraviada con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al promovente el once de este mes (fojas 349 a 351); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del trece al quince del actual mes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 214 a 225), por una parte, se sobreseyó y por otra se concedió el amparo para los efectos siguientes: ". SÉPTIMO. Decisión y efectos de la protección constitucional. Al haber resultado fundado el argumento de disenso examinado y a fin de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que la forma en que la autoridad responsable Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit deberá proceder: 1. Dejará sin efectos el punto once del acta número 5 celebrada el treinta y uno de octubre, por el Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, en la que aprobó por unanimidad invalidar ". el acta número 163 extraordinaria de fecha 10 de agosto de 2017, respecto al punto número 5 del orden del día.". 2. Hecho lo anterior y previo a cualquier acto privativo respete al quejoso la garantía de audiencia y debido proceso legal, dándole intervención para luego resolver al respecto. (.)" Luego, mediante resolución terminada de engrosar el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dentro del amparo en revisión 402/2019 de su índice, derivado del diverso 101/2019, de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad (fojas 305 a 317), relativo al sumario constitucional en que se actúa se confirmó la sentencia recurrida en la materia de la revisión. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Dejar sin efectos el punto once del acta número cinco celebrada el treinta y uno de octubre, por el Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, en la que aprobó por unanimidad invalidar la diversa acta número 163 extraordinaria de diez de agosto de dos mil diecisiete, respecto al punto número cinco del orden del día. De insistir en cualquier acto privativo respetar al quejoso la garantía de audiencia y debido proceso legal, dándole intervención y resolver al respecto. Luego, por oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 336 y 337), la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, no obstante de no habérsele requerido el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informó que mediante sesión extraordinaria de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, ese Ayuntamiento responsable, en el punto número cuatro del orden del día, ordenó dejar sin efecto el punto número once del acta de sesión ordinaria cinco de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en la que se invalidaron las actas de Ayuntamiento números 163 y 167, de diez y veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente, relativas a la desafectación de los bienes de dominio público; ello, con base en el artículo 56 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y, por ende, se emitió el acuerdo administrativo número SECREMUN/02/2019 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Municipal de ese Ayuntamiento (fojas 340 a 347). Determinación que le fue notificada al aquí promovente del amparo, por conducto de su autorizado, mediante oficio sin número, suscrito por el aludido Secretario Municipal, el veintinueve de octubre de este año (fojas 338 a 339). Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, por una parte, se sobreseyó y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable; ello, en atención a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la que se confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, pues para los efectos del citado Acuerdo General, prevalece la sentencia dictada en segunda instancia, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit y anexos, mediante los cuales informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, no obstante que a la autoridad oficiante no se le hubiera requerido el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 318) únicamente se requirió para tal fin al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. Finalmente, dígasele a la compareciente que en relación con el domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados que precisa, deberá estarse a lo acordado en la determinación de cinco de abril de dos mil dieciocho (foja 56), toda vez que se trata de las mismas designaciones. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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