Arnoldo Alejandro Azueta Angulo
Expediente 1290/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Arnoldo Alejandro Azueta Angulo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado. Mediante el cual informa las gestiones que está realizando con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio; de lo que se advierte que el mismo se encuentra en vías de ejecución. Circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SENTENCIA********************VISTO, para resolver el juicio de amparo 1290/2023-II-A, promovido por ********************, en contra del acto que reclama al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades.********************ANTECEDENTES********************PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda.********************En tal virtud, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.********************CONSIDERACIONES********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.********************Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se tiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente:********************La retención del vehículo de la marca ********************modelo ********************de transmisión automática, color ********************, paquete ********************, año ********************con número de serie ********************con placas de circulación ********************de la Ciudad de México.********************TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable denominada Secretario de Seguridad Pública del Estado con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó el Director Jurídico al rendir el informe justificado en su representación.********************Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción.********************Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."****************************************QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan substancialmente fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso ********************, motivo por el cual deberá otorgársele el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.********************En el presente asunto, como ya quedó precisado, el quejoso reclama de la autoridad responsable, la retención del vehículo marca ********************modelo ********************de transmisión automática, color ********************, paquete ********************, año ********************con número de serie ********************con placas de circulación ********************de la Ciudad de México, en virtud de que alega que dicho acto atenta contra su persona y bienes, al vulnerar sus derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Con el fin de acreditar su interés jurídico en este asunto, el quejoso adjuntó a su demanda de amparo, entre otras documentales, copia certificada de la factura electrónica con folio fiscal ********************, expedida a su favor por "********************", a la cual adjuntó la impresión de la verificación de comprobantes fiscales por internet. ********************En relación al vehículo marca ******************** tipo********************, color ********************, con número de serie ********************.********************Establecido lo anterior, es preciso señalar lo que dispone el artículo 16 de la Constitución Federal:********************"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."****************************************Como se observa del precepto constitucional transcrito, todo acto autoritario debe estar fundado y motivado; es decir, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en atención a un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.********************La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia establecida, ha interpretado que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite; asimismo, que dentro del sistema constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no se encuentre apoyada en algún precepto de la norma. ********************El Máximo Tribunal del país estableció que el requisito de fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 constitucional, implica una obligación para las autoridades, de cualquier categoría que ésta sea, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución; que dentro de nuestro marco constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la ley y que los actos de autoridad judicial o administrativa que no estén autorizados por ley alguna, implican violación de derechos fundamentales.********************Ese numeral, tal y como lo ha interpretado el más Alto Tribunal del país, recoge el principio de legalidad y, por ende, prevé la exigencia de justificar racionalmente los actos de autoridad que impliquen alguna molestia para los particulares, que se manifiestan en dos requisitos esenciales que deben concurrir necesariamente, y que son fundar y motivar sus actos.********************La exigencia de motivación es la expresión de las razones en las que la autoridad consideró que los hechos en que se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que aplicó; y la fundamentación es el deber de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso en específico.********************Tiene aplicación, al respecto, la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala:********************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo al artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por el segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, demás, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas".****************************************Establecido lo anterior, debe decirse que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado al rendir su informe justificado, manifestó que efectivamente el referido vehículo había sido retenido debido a que circulaba con placas apócrifas.********************Sin embargo, fue omisa en remitir el acuerdo o determinación que contenga los argumentos y fundamentos que acreditan la retención del mismo, puesto que se limitó a remitir únicamente el informe policial homologado de ocho de agosto de dos mil veintitrés, signado por el policía tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ********************, por medio del cual informó que el vehículo de la marca ********************modelo ********************, color ********************, transitaba sobre la calle 20 de la colonia Revolución, con placas de circulación ********************de la Ciudad de México, motivo por el cual al entrevistar al conductor, dijo llamarse ********************, y que al verificar en el sistema el vehículo y las placas, arrojó lo siguiente: que las placas ********************de la Ciudad de México, estaban registradas en el sistema y pertenecen al vehículo marca ********************modelo 2013 en el año 2018, tiene un último registro y pendiente un IPH del 2019 por daños en propiedad, y las placas pertenecen a un ********************.********************Que con el número de serie ********************, el vehículo******************** color ******************** está registrado con placas ********************, del Estado de Veracruz, a nombre de ****************************************Que por tal motivo procedió al resguardo de las placas del vehículo, la tarjeta de circulación y el engomado, y que el automotor había sido trasladado al depósito vehicular número 2.********************Por lo que ante la falta total de un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado es que se determina que la autoridad vulneró las prerrogativas constitucionales del quejoso, contenidas en el párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna. ********************Se afirma lo anterior, pues por mandato de ese numeral, todo acto de molestia dirigido a los gobernados debe provenir de "autoridad competente"; es decir, ese precepto, entre otras cuestiones, exige que la autoridad que emita un acto de molestia sea competente para ello, de lo cual se surge la necesidad que en toda determinación se funden y motiven debidamente las razones por las que la autoridad emisora se estime competente para emitir tal determinación.********************Lo anterior tiene como finalidad no dejar en estado de indefensión al gobernado, pues de no ser así, se le irroga la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia para actuar en la forma realizada; además, ignoraría cuál del cúmulo de normas legales que integran el orden normativo es la específicamente aplicable a la actuación de la autoridad emisora del acto.********************Orienta lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 10/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, número 77, mayo de 1994, página 12, que establece lo siguiente: ********************"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria".****************************************En ese sentido, si la autoridad responsable omitió remitir el documento en el que se adviertan los preceptos legales que le otorgaban competencia legal para emitir la determinación reclamada (retención del vehículo), así como los motivos, razones específicas o causas inmediatas por las que consideraron que estaban facultados para emitir ese acto de autoridad, es evidente que se transgredieron en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales previstos en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Apoya lo expuesto, en lo que aquí interesa, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, tomo XIV, julio de 1994, página 626, que señala lo siguiente: ********************"INFRACCIONES DE TRÁNSITO SIN FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN. Aun cuando en un recibo de infracción de tránsito, en la clasificación de ésta, se transcriba un artículo y sea a todas luces conocido que esto significa que la violación cometida sea aquella a la que ese numeral se refiere, o bien que se encuentre explicada tal circunstancia al reverso del acta, el hecho de no mencionar a que ordenamiento legal corresponde el precepto señalado, así como las causas por las cuales se impuso la infracción, no puede considerarse jurídicamente como una resolución fundada y motivada de acuerdo al artículo 16 de la Carta Magna".****************************************En mérito de lo anterior, al resultar fundado el concepto de violación antes analizado, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder al quejoso ******************** el amparo y protección de la Justicia federal para el efecto que la autoridad responsable devuelva a la parte quejosa, el vehículo de su propiedad, que le fue retenido el ocho de agosto de dos mil veintitrés.********************Sin que ello implique que dicho vehículo pueda circular libremente por el Estado de Yucatán, pues en todo caso, las autoridades competentes estarán facultadas para proceder de nuevo a su legal retención al estar infringiendo la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, en el caso de que se acreditara que las placas con las que circula sean apócrifas.********************Para lo cual deberán emitir un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado de conformidad con lo dispuesto en artículo 16 Constitucional. ********************SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/********************sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN";********************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública.********************De ahí que, a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública.********************OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: ********************RESUELVE********************PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclamó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. ********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma.********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguense a este expediente el informe justificado y anexo rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes; relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1290/2023-II-A, promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ******************** solicitó la suspensión definitiva del acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Apertura del incidente de suspensión. Por acuerdo dictado en el juicio principal el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tiene verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa el acto que la parte quejosa reclama, consistente en: La retención del vehículo de la marca CHEVROLET modelo AVEO de transmisión automática, color blanco, paquete "C", año 2011 con número de serie 3G1TB5AF3BL115827 con placas de circulación ******************** de la Ciudad de México. SEGUNDO. Certeza de los actos. Es cierto el acto que se reclama de la autoridad responsable, pues el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, así lo manifestó expresamente al rendir su informe previo (promoción 13923). TERCERO. Medida cautelar. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva pedida, en relación con los referidos actos reclamados, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse que se trata de actos consumados con efectos positivos, contra los cuales, resulta procedente la suspensión respecto de sus efectos y consecuencias. Por tanto, previamente a determinar la procedencia o no de la suspensión, se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que el acto reclamado en el juicio de amparo es susceptible de ser suspendido, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión del acto reclamado. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión del acto reclamado constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que el acto reclamado pudiera ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tal acto reclamado no afecta el interés o no causa un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dicho acto puede causar o no un perjuicio al impetrante del amparo, esto es, si la solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tal acto reclamado. El interés suspensional, se encuentra acreditado con la copia certificada notarialmente de la factura con número de comprobante 85, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por Rodolfo German Blanco Uribe, relativa al vehículo de la marca CHEVROLET modelo AVEO de transmisión automática, color blanco, paquete "C", año 2011 con número de serie 3G1TB5AF3BL115827, expedida a favor del aquí quejoso ********************, de la que se advierte que dicho amparista es propietario del vehículo de referencia. Documental que anexó en copia certificada notarialmente a su ocurso petitorio de amparo y respecto de la cual se ordenó en el expediente principal cotejar con la copia exhibida y agregar a estos autos incidentales. A la que se le otorga valor probatorio, en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos citados, se advierte que no se satisface toda vez que en el informe previo de cuenta, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, señaló que el vehículo de referencia de la marca CHEVROLET modelo AVEO con placas de circulación ******************** de la Ciudad de México, fue retenido por presentar placas de conducir apócrifas. Por lo que de concederse la suspensión definitiva, se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que ello podría interferir en una posible investigación de un delito, al ponerse en riesgo indicios que pudieran estar relacionados con los hechos a investigar; lo que responde a cuestiones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular. En consecuencia, por no encontrarse reunidos los requisitos del precepto legal invocado, se NIEGA la suspensión definitiva que solicita la aquí quejosa. Sirve de apoyo la tesis: PC.I.P. J/66 P (10a.), publicada por los Plenos de Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación, el veintiuno de febrero de dos mil veinte, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DEVOLVERLO DERIVA DE LA EXISTENCIA DE DILIGENCIAS MINISTERIALES PENDIENTES. Conforme al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, lo que converge con el esclarecimiento de los hechos, que es uno de los objetivos del proceso penal, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la misma Constitución. Por su parte, el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales cataloga el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación ministerial y su objeto, durante el desarrollo de ésta, es mantener el bien en el estado en que materialmente fue asegurado por el Ministerio Público, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan huellas, o porque pudiera tener relación con el delito. En este sentido, como el aseguramiento es de un vehículo automotor, los artículos 236 y 237 del citado Código Nacional prevén que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al Ministerio Público su devolución con o sin reservas, después de realizadas las acciones de peritaje y registro señaladas en el primer precepto, siempre y cuando no haya sido medio eficaz para la comisión del delito. Ahora, si el Ministerio Público niega la solicitud de devolución, porque faltan diligencias y/o actos de investigación que realizar, esta contestación forma parte de las circunstancias fáctico-jurídicas que el órgano jurisdiccional de amparo debe ponderar como parte de la naturaleza del acto reclamado, al resolver sobre la suspensión provisional a petición de parte. En este orden, en atención a la naturaleza del acto reclamado, es improcedente conceder la suspensión provisional con los efectos restitutorios provisionales que prevé el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que el vehículo automotor asegurado sea entregado temporalmente al quejoso que acreditó su propiedad en la carpeta de investigación, si de los datos contenidos en la demanda de amparo y los documentos que la acompañan, se colige que el Ministerio Público negó su devolución porque existen diligencias ministeriales pendientes; pues de concederse la suspensión provisional con esos efectos, se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que puede interferir en la investigación del delito, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular. Lo anterior no implica soslayar los intereses del quejoso en el incidente de suspensión, ya que la resolución de la suspensión provisional deberá tener efectividad como medida cautelar instrumental, en términos del artículo 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, para conservar la materia del juicio, impidiendo que el acto se consume irreparablemente; aunado a que, como lo dispone el párrafo segundo de ese precepto, podrá modificarse y operar también con efectos restitutorios provisionales, cuando se cumplan las condiciones que prevén los artículos 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales y así se demuestre en el incidente de suspensión, ante el órgano jurisdiccional de amparo." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA a ******************** la suspensión definitiva del acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en términos del considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.
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