Arminda Mercedes Lugo Patrón
Expediente 408/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Arminda Mercedes Lugo Patrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán; diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0c.19 15/05/26 18:00:00 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción en un plazo de tres años contado a partir del presente proveído que ordena el archivo, pues se negó la medida cautelar definitiva. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenci
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Vistos, para resolver el juicio de amparo número 408/2023-IV-A, promovido por ********************por propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnado el trece siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************por propio derecho, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las siguientes autoridades responsables Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chichimilá y de la Tesorería Municipal del citado Ayuntamiento, con sede en la citada localidad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 408/2023-IV-A, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo, 48 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013 y 15/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo el primero, a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse en el presente asunto actos de naturaleza omisiva, por lo que para que se surta la competencia legal de este Juzgado para conocer de él, es suficiente que la demanda de amparo se hubiera presentado en esta entidad federativa, donde este órgano de control ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: La clausura de funcionamiento del giro mercantil y restaurante denominado "EL PERLA NEGRA", ubicado dentro del predio rústico denominado San Lorenzo, número cinco, en la localidad y municipio de Chichimilá, Yucatán, acto realizado el diecisiete de febrero del año en curso, y su notificación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las responsables Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chichimilá [registro 10445] y Tesorería Municipal del citado Ayuntamiento [registro 10444], ambas autoridades con sede en la citada localidad, quienes si bien al rendir sus informes justificados, negaron la existencia, con posterioridad realizaron manifestaciones que evidencian su existencia, por tanto, se tiene como cierto el acto que se les atribuye. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza del reclamado que se corrobora con las constancias remitidas en apoyo a sus informes con justificación, consistentes en copia certificada de las actuaciones relativas a la orden de visita 1/2023, constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, al tratarse de constancias autenticadas por servidor público, en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, de rubro y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Para resolver la causa de improcedencia invocada, también es necesario considerar lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5°, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En principio, resulta conveniente precisar que el interés jurídico se hace consistir en el derecho que les asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en contra de éstos, que estimen violatorio de derechos fundamentales; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses; en ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esa titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 1ª./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 225, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Luego, de una interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, se colige que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional. De ahí que, todo aquel que acude ante el órgano jurisdiccional de control constitucional, tiene la carga de la demostración plena de su interés jurídico o legítimo, que no es otra cosa que el acreditamiento de la titularidad de los derechos sustantivos a que se refiere en su escrito de demanda y la afectación que resiente en ellos, con el acto de autoridad reclamado. De la interpretación de dichos preceptos, se advierte que entre los principios fundamentales para la procedencia de la acción constitucional, se encuentra el de agravio personal y directo. Es decir, establecen que la demanda de amparo la puede promover la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que dicha afectación sea real y actual sobre la esfera jurídica de quien se dice agraviado; de esta manera el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos de las autoridades. El agravio a que se hizo mención debe ser actual; es decir, que la afectación se esté produciendo; personal, entendiendo como tal que afecta a quien solicita el amparo y no a otra persona; y directo, que la afectación que sufra el gobernado derive precisamente del acto reclamado por el que se promueve la demanda. El interés jurídico constituye un presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, número 82, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 206338, que se lee: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecen que el interés jurídico en el juicio de amparo constituye en realidad un derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad que tiene todo gobernado de acudir a la instancia constitucional, con el objeto de que se anule o deje sin efecto un específico acto de autoridad que está afectando, de manera negativa, un derecho individualizado y legítimo del que dicho gobernado es titular y que considera violatorio de algún derecho consagrado y protegido por la Constitución. En razón de lo anterior, se deben considerar presupuestos necesarios del interés jurídico en el juicio de amparo, los siguientes: Titularidad del derecho que se considera afectado por el acto de autoridad que se reclama. Esto significa que aun cuando quedara demostrada la existencia del acto de autoridad reclamado y que además tal acto está afectando un bien o un derecho, si el quejoso no demuestra que sea titular de ese bien o derecho (legitimación), entonces carecerá de interés jurídico para efectos del juicio de amparo. Que ese derecho, del que el quejoso es titular, se encuentre legítima e individualmente tutelado y reconocido por el orden jurídico. Esto evita que al juicio de amparo se acuda en defensa de intereses que no encuentran protección en la ley (posesión ilícita de cosas, bienes o personas). Que el acto reclamado ocasione un perjuicio real, actual y directo en el bien o derecho del quejoso; esto implica que está descartada la posibilidad de reclamar en el juicio de amparo actos de los que pudiera derivar un perjuicio eventual, mediato, futuro o incierto en tal bien o derecho. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 364, Tomo VI, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de registro 224803, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De acuerdo con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1° de la ley que rige el juicio de amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado única y exclusivamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley. La noción de perjuicio para los efectos del juicio de amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por una ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa afectación. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Séptima Época, Tomo 76, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de registro 232899, que se lee: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Así mismo, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, Séptima Época, Tomo 97-102, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de registro 232763, de rubro y texto: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Bajo ese contexto, del examen realizado a las constancias de este sumario constitucional, se determina que la quejosa ********************no acreditó con medios de convicción eficaces y contundentes, que los actos de autoridad hayan ocasionado una afectación o menoscabo directo e inmediato a su individualidad o esfera jurídica; entonces, no goza de un derecho legítimamente tutelado que se pueda estimar vulnerado por los actos reprochados. Lo anterior, dado que la quejosa ofertó como elementos de prueba, los siguientes: 1) Copia simple del acta circunstanciada de la orden de visita de inspección 1/2023, llevada a cabo el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el inmueble ubicado en el tablaje catastral 8403, denominado San Lorenzo, número cinco, en la localidad y municipio de Chichimilá, Yucatán, con giro de restaurante. 2) Copia simple de la orden de visita de inspección 1/2023, ordenada sobre el predio relacionado en el punto que antecede. 3) Copia simple de la determinación sanitaria 57794, expedida por el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, a favor de la quejosa y respecto del restaurante en cuestión. 4) Copia simple de un escrito de solicitud de copias realizada por la quejosa en el expediente 33/2022, con sello original de recepción ante la oficialía de partes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, el diez de marzo de dos mil veintitrés. 5) Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de la quejosa. 6) Copia simple de la audiencia preliminar llevada a cabo en el expediente 427/2021, relativo al juicio de sucesión intestada, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; y, 7) Copia simple de la escritura pública de adjudicación número mil seiscientos treinta y cuatro, de tres de diciembre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Licenciado José Enrique Gutiérrez López, notario público 87, de la ciudad de Mérida, respecto del predio rústico denominado San Lorenzo, número cinco, de la localidad y municipio de Chichimilá, Yucatán. Sin embargo, tales elementos de prueba carecen de eficacia probatoria plena al estar exhibidos en copias simples, además que resultan insuficientes para autentificar el interés jurídico de la justiciable, pues no acreditó tener previamente constituido su derecho de funcionamiento del restaurante ubicado en el predio rústico denominado San Lorenzo, número cinco, en la localidad y municipio de Chichimilá, Yucatán. De ahí que, dada la tutela jurisdiccional cuya protección busca la peticionaria, es imprescindible que exhiba original o fotocopia certificada del permiso o licencia funcionamiento vigente a la fecha en que ocurrió la orden de visita y se llevó a cabo la clausura del restaurante ubicado en el inmueble citado. Pues, tal demostración generaría la certeza de un derecho tutelado de base objetiva en el orden jurídico que produciría la convicción de que la instadora de amparo cuenta con un derecho protegido por el Estado, previamente constituido a la promoción de esta acción constitucional. En ese orden de ideas, se reitera, del análisis de las constancias no se colige que la peticionaria de amparo sea titular de un derecho tutelado por el orden jurídico objetivo para operar legítimamente un negocio con el giro de restaurante; en consecuencia, se actualiza la improcedencia de la acción ante la falta de autentificación plena y real del interés jurídico para que sea procedente el juicio constitucional. Pues las probanzas aportadas son insuficientes para acreditar que la quejosa es titular del derecho que pudiera estimarse transgredido con los actos de autoridad que reclama, pues, de ninguno de esos elementos de convicción se advierte la citada autorización, siendo que era indispensable la exhibición de la licencia respectiva para funcionar. Tal licencia de funcionamiento, constituye la base del derecho subjetivo que se defiende en juicio y, por ello, era menester que se acreditara contar con ésta para la procedencia del juicio de amparo. De ese modo, si la quejosa no acredita tener una titularidad sobre el derecho del mencionado restaurante, es inconcuso que no acreditó contar con interés jurídico para controvertir la clausura reclamada y la notificación de dicha clausura; en consecuencia, el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 45, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, de Registro digital 264896, Sexta Época, que dice: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante, aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido." De igual forma apoya a lo anterior la tesis I.4º. A.660 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Diciembre de 2008, Novena Época, de registro 168321, que a la letra dice: "ESTABLECIMIENTO MERCANTIL REGLAMENTADO. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ORDENAMIENTOS QUE AFECTAN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE AQUÉL, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA RELATIVA O QUE DEMUESTRE QUE REALIZÓ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación sistemática de los artículos 9, fracción III, 29 y 77, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la misma entidad, se colige que el titular de una licencia de funcionamiento debe revalidarla cada tres años, mediante un aviso por escrito que podrá presentarse dentro de los quince días hábiles previos a la conclusión de la vigencia, que contenga su manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que las condiciones en que se le otorgó u obtuvo originalmente no han variado, y que la falta de revalidación obliga a la delegación competente a clausurar el establecimiento mercantil cuyo funcionamiento autoriza la licencia. En ese contexto, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo cuando se impugnan ordenamientos que afectan las condiciones de funcionamiento de un establecimiento mercantil reglamentado, por ejemplo, la legislación primeramente citada o la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito Federal, es necesario que el quejoso exhiba la revalidación de la licencia relativa o que demuestre que realizó el trámite correspondiente, en tanto que el ejercicio de la acción constitucional y, por ende, la tutela a la cual puede acogerse el peticionario de garantías, requiere el cumplimiento de las normas respectivas, que para los giros mercantiles exige la licencia de funcionamiento vigente, como un elemento indispensable para demostrar la existencia de un derecho jurídicamente tutelado, esto es, el de funcionar no sólo merced a la licencia sino a su revalidación, pues ésta es precisamente lo que da vigencia a aquélla. No es óbice a lo expuesto que en relación con el interés jurídico tratándose de los giros mercantiles comentados, la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sostenido en tesis de jurisprudencia que para acreditarlo no es indispensable la revalidación de la licencia de funcionamiento respectiva, pues analizó una norma distinta a la inicialmente mencionada, como lo es el Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal." Tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 21, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXXIX, Tercera Parte, de Registro digital 801171, Sexta Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Tratándose de un establecimiento comercial o giro reglamentado, la forma en que su funcionamiento puede constituir un derecho titulado en favor de la quejosa y, por consiguiente, su interés jurídico para combatir en amparo cualquier acto de autoridad que lesione ese derecho, es contar con la licencia correspondiente, por lo que al carecer de ella debe estimarse que la clausura del establecimiento no afecta ningún interés jurídico de la propia quejosa, en virtud de que no ha adquirido la titularidad del derecho de mantener su negociación abierta al público y en franco funcionamiento." Igualmente, se surte la tesis de jurisprudencia número VI.2o.J/308, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, Agosto de 1994, página 77, con registro electrónico número 210769 y que versa: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Apoya a lo anterior la tesis VI.2º 33 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 435, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tolo III, Febrero de 1996, Novena Época, de registro 203239, que a la letra dice: "INTERES JURÍDICO. NO SE ACREDITA CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE HACE CONSISTIR EN LA ORDEN DE CLAUSURA Y LA QUEJOSA ADMITE NO CONTAR CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE. De conformidad con los artículos 107 fracción I constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es al quejoso a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan su interés jurídico, y si en el caso la propia quejosa admitió en su demanda de garantías carecer de la licencia de funcionamiento de su negociación mercantil vigente, el hecho de que en el oficio de clausura aparezcan precisadas las causas específicas por las cuales ésta se efectuó, no es razón suficiente para estimar que acreditó su interés jurídico, y por ello, es legal el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito". Apoya a lo anterior la tesis I.4o.A.693 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 591, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, Octava Época, de registro 212270, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO. PARA RECLAMAR LA CLAUSURA DE UNA OBRA, SE ACREDITA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION RESPECTIVA Y LA PROPIEDAD DEL BIEN. La clausura es un acto de molestia que afecta al propietario del bien inmueble clausurado, y si en el juicio de amparo indirecto el a quo consideró que el quejoso acreditó su interés jurídico para reclamar dicha clausura con la escritura pública que ampara la propiedad del bien referido y con la licencia que autoriza la construcción de una barda perimetral con zaguán en determinada superficie dentro del terreno que acreditó ser propietario, es claro que al desestimar la causa de improcedencia relativa hecha valer por las autoridades responsables, el a quo lo hizo en forma correcta, por tanto el juicio sí era procedente y estuvo en lo acertado al entrar al fondo del asunto." Por lo anterior, este juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal prevista por la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede SOBRESEER en este sumario constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida Ley de Amparo. QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************contra los actos atribuidos al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chichimilá y de la Tesorería Municipal del citado Ayuntamiento, con sede en la citada localidad, por los motivos señalados en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria la sentencia, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de esta resolución, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, agréguese el oficio signado por el Tesorero Municipal, con sede en Chichimilá, Yucatán, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de diecinueve de julio pasado, remite copia certificada de la constancia de notificación de la orden de visita de inspección, realizada el dieciséis de febrero del año en curso. En consecuencia, téngase a la citada autoridad responsable cumpliendo con lo que se le solicitó; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la constancia de referencia y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se advierte que la autoridad responsable Tesorero Municipal, con sede en Chichimilá, Yucatán, rindió su informe justificado adjuntando diversas constancias relacionadas con los actos reclamados; sin embargo, no remitió en copia certificada las relativas a la notificación de la orden de visita de inspección de dieciséis de febrero del año en curso. Lo cual es un aspecto relevante, en la medida que uno de los actos reclamados tiene que ver con dicha notificación, además, la parte quejosa vierte conceptos de violación dirigidos a combatir tal actuación. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Tesorero Municipal, con sede en Chichimilá, Yucatán, a efecto de que en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a aquél en que reciba la notificación del oficio que derive del presente acuerdo remita las constancias certificadas relativas a la notificación de la orden de visita de inspección de dieciséis de febrero del año en curso. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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