Arnaldo Gamaliel Godínez Luis

Expediente 902/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
902/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Arnaldo Gamaliel Godínez Luis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 902/2023, que promovió ***, contra el acto de la autoridad que se mencionará más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, **** solicitó al agente del Ministerio Público de la Mesa IX con Detenido adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos -mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dirigido a la carpeta de investigación **/***/***/*** - que: a) enviara oficios a la Dirección de Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que un experto determinara el grado de lesiones y la sanidad definitiva de *****; y b) pidiera al juez de control en turno, señalara fecha y hora para la audiencia inicial de comunicación de la imputación en dicha carpeta de investigación. Escrito que a la fecha de presentación de la demanda de amparo once de septiembre de dos mil veintitrés, no le había sido contestado al impetrante. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ***/***/***/*** del índice de la responsable, esta última proveyó lo correspondiente a lo solicitado por el impetrante, en el sentido siguiente: (I) Tuvo a la parte promovente del amparo exhibiendo las constancias que acompañó al escrito de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés; (II) Ordenó enviar oficio a la Dirección de Periciales para que un experto determinara la sanidad de las lesiones infringidas a ****, indicando a éste que debía presentarse ante dicha representación social en días y horas hábiles en un horario de nueve a diecisiete horas de lunes a viernes, con el fin de que exhibiera su alta médica correspondiente respecto de las lesiones que le fueron ocasionadas y por consiguiente sea canalizado con el perito médico del Instituto de Servicios Periciales y así estar en condiciones de emitir el dictamen de sanidad definitiva; (III) Indicó que una vez que entrara al estudio de la carpeta de investigación en cuestión, se ordenaría lo procedente conforme a derecho y en su caso, el juez de control estuviera en condiciones de proporcionar fecha y hora para la audiencia respectiva. Asimismo, de autos se observan diversas constancias que contienen capturas de una conversación por un medio digital, entre al parecer, personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el propio quejoso, de las que se observa que lo enteraron de la determinación de once de septiembre de dos mil veintitrés, indicándole que se lo enviaban digitalmente en formato portátil de documento (PDF), así también, en dicha conversación le indicaban que ***** ya había sido canalizado a revaloración médica y que estaban trabajando en el estudio de la averiguación previa; observándose que la persona receptora se daba por enterado de dichas circunstancias. También, se advierte que el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el perito médico legista de la Fiscalía General del Estado, realizó una valoración médica a *****, concluyendo que las lesiones que tenía en ese momento: afectaron tejidos blandos y óseos, no ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de quince días; en cuanto a la sanidad definitiva, manifestó: que el explorado estaba consiente, bien orientado, que cooperaba al interrogatorio, sobrio y negó toxicomanías. Mediante oficio ***/**-**/***, de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, judicializó la carpeta de investigación ***/***/***/**. Siendo esta circunstancia la última de que se tiene noticia respecto de la aludida carpeta de investigación. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO **** promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y recibido en la misma fecha ante este órgano jurisdiccional al que correspondió conocer por razón de turno. La parte señala como derecho fundamental violado el contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. En proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se: i) admitió a trámite la demanda de amparo, ii) registró con el número 902/2023; iii) solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y iv) otorgó la intervención conducente al agente del Ministerio Público adscrito. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción, además que se reclama un acto omisivo. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa atribuye al agente del Ministerio Público de la Mesa IX con Detenido adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos: Omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dirigido a la carpeta de investigación ***/**/***/*** de su índice por el que solicitó: Que enviara oficios a la Dirección de Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que un experto determinara el grado de lesiones y la sanidad definitiva de *****; y Que pidiera al juez de control en turno, señalara fecha y hora para la audiencia inicial de comunicación de la imputación en dicha carpeta de investigación. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir informe justificado la fiscal Investigador titular de la Mesa Nueve con Detenidos adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, manifestó que era parcialmente cierto el acto reclamado, porque en acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ***/***/***/**** del índice de la responsable, dio respuesta a lo solicitado por el impetrante en escrito de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Sin embargo, si bien la responsable indica haber atendido la promoción del disidente que originó este asunto, mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, lo cierto es que la demanda de amparo que motivó el juicio en que se actúa, se presentó en esa misma fecha once de septiembre de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; además, que de la captura de la conversación digital que acompañó a su informe de ley, no se aprecia la fecha en que la responsable hizo del conocimiento del quejoso la respuesta en cuestión. Es decir, no se puede precisar la fecha en que la responsable hizo del conocimiento del aquí quejoso, la respuesta que recayó a su escrito, para estar en aptitud de dilucidar sobre la existencia o no del acto reclamado, por lo que, ante lo inadecuado de la constancia de notificación remitida por la responsable, con las demás documentales certificadas, anexas a su informe justificado -a las que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- es evidente que existe el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, empero, no está probado que se haya notificado a la parte quejosa con antelación a la presentación de la demanda de amparo, por lo que es dable considerar que se hizo con posterioridad al -once de septiembre de dos mil veintitrés-. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Motivo por el cual, se tiene como plenamente probada la existencia del acto reclamado. VI. LEGITIMACIÓN El quejoso afirma que el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, presentó un escrito dirigido a la carpeta de investigación ***/****/****/*** del índice de la responsable donde hizo diversas solicitudes. Se acredita su interés jurídico con la copia certificada del acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la aludida carpeta de investigación en el que se hace referencia al ocurso del disidente, adminiculada al hecho de que por tratarse de un acto omisivo, a la autoridad responsable correspondía acreditar que dio respuesta e hizo saber ésta al quejoso, esto es, que cumplió con la garantía contenida en el artículo 8 constitucional. VII. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable por analogía el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." VIII. PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Este órgano jurisdiccional advierte que respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. En ese tenor, en el presente juicio constitucional -como se anticipó- quedó plenamente acreditado que mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por la responsable en la carpeta de investigación ***/***/***/***, atendió la promoción recibida el veinticinco de mayo, por el que, esencialmente solicitó que (1) enviara oficios a la Dirección de Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que un experto determinara el grado de lesiones y la sanidad definitiva de ****; y (2) pidiera al juez de Control en turno, señalara fecha y hora para la audiencia inicial de comunicación de la imputación en dicha carpeta de investigación Dicha contestación, fue en los términos siguientes: (I) tuvo a la parte promovente del amparo exhibiendo las constancias que acompañó al escrito de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés; (II) ordenó enviar oficio a la Dirección de Periciales para que un experto determinara la sanidad de las lesiones infringidas a ****, indicando a éste que debía presentarse ante dicha representación social en días y horas hábiles en un horario de nueve a diecisiete horas de lunes a viernes, con el fin de que exhibiera su alta médica correspondiente respecto de las lesiones que le fueron ocasionadas y por consiguiente sea canalizado con el perito médico del Instituto de Servicios Periciales y así estar en condiciones de emitir el dictamen de sanidad definitiva; e (III) indicó que una vez que entrara al estudio de la carpeta de investigación en cuestión, se ordenaría lo procedente conforme a derecho y en su caso, el juez de control estuviera en condiciones de proporcionar fecha y hora para la audiencia respectiva. Se llega a tal conclusión, con base en las constancias exhibidas en autos, que adquieren valor probatorio pleno en los términos apuntados en el considerando V de esta resolución, con las cuales se dio vista al disidente, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación que destruyó por completo los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de atender el escrito recibido por la responsable el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal. En efecto, si la autoridad responsable citada en último término, proveyó lo relativo a la petición de la parte interesada, ningún caso tendría examinar la dilación aludida si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica de la solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." No es obstáculo a lo anterior, que de las constancias de que remite la autoridad responsable, se observe que la vía por la cual la responsable indica haber notificado a la parte quejosa el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ***/***/***/***, sea un medio electrónico, porque en su caso, aun cuando no se lo hubiere hecho del conocimiento tal determinación, esa circunstancia ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Primera Sala de nuestro máximo tribunal [mediante la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.)] al indicar que la ausencia de tal notificación no cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, puesto que no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada, así como de constreñirla a impulsar el procedimiento. Motivo por el cual, la notificación no puede combatirse de forma autónoma, por no causar a la quejosa un daño irreparable. Apoya lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil quince y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, página 480, que indica: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." IX. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causal de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable por las razones referidas en apartado VIII de esta resolución. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés ... Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los dos informes justificados de la fiscal Investigador titular de la Mesa Nueve con Detenidos adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y ténganse como prueba de su parte, las documentales que aporta; con lo anterior, dese vista a las partes. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y proporciona un correo electrónico, mismo que se ordena usar para facilitar la comunicación con dicha autoridad responsable. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés Visto el estado procesal de autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy; sin embargo, no obra el informe justificado de la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Mesa IX con Detenido adscrita a la Dirección de Averiguaciones y Procesos, asimismo, de la constancia de notificación del oficio por el que se le requirió, se advierte que fue entregado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo que tiene para rendirlo. En esas condiciones, la audiencia constitucional se difiere, por lo tanto, se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese por lista.

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