Armando Santiago Orozco

Expediente 445/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
445/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Armando Santiago Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 445/2021. Aspecto preliminar. Primeramente debe señalarse que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme . . . reclama el acto siguiente: Del Juez de Distrito comisionado temporalmente al Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca para fungir como Juez de Ejecución reclama: El acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de controversia judicial (PEC) 455/2021, en el que implícitamente se declaró incompetente para conocer de la ejecución de la resolución que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito dictó en un recurso de apelación para efecto de que se investigue, sancione y reparen las violaciones a sus derechos humanos. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. . En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Armando Santiago Orozco, porque en relación con el acto reclamado al Juez de Distrito comisionado temporalmente al Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca para fungir como Juez de Ejecución, consistente en el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de controversia judicial (PEC) 455/2021, en el que implícitamente se declaró incompetente para conocer de la ejecución de la resolución que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito dictó en un recurso de apelación para efecto de que se investigue, sancione y reparen las violaciones a sus derechos humanos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que no constituye un acto definitivo que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del inconforme. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas citadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el contenido del arábigo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 239/2014 sostuvo que aunque en esa porción normativa el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que por ese solo hecho el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, estableció de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos de los estatuido por el ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, señaló que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en lo estatuido por el numeral 107, fracción VIII, de la ley de la materia, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Las consideraciones establecidas en dicha ejecutoria dieron origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, que expone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). . De ese proveído, cuyo ejemplar se anexó al escrito inicial, también se advierte que el Juez de Distrito señalado como responsable estableció que al advertir que lo que el inconforme solicitó es el cumplimiento que se debe dar a la resolución dictada por un Tribunal de alzada de un Circuito diverso al en el que se encuentra el referido Centro de Justicia Penal Federal y que el justiciable en su calidad de interno no se encontraba a su disposición para la vigilancia de la pena de prisión que le fue impuesta determinó remitir el escrito que contenía la petición del disconforme al Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito para que este último órgano jurisdiccional resolviera lo que en derecho correspondiera respecto de la petición del solicitante del amparo y, hecho lo anterior, señaló que daría destino final al citado expediente. Lo anterior pone de relieve que la resolución judicial impugnada no es un acto definitivo que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Se sostiene lo anterior, porque la incompetencia que de manera implícita declaró la citada autoridad judicial al disponer la remisión de la solicitud que formuló el justiciable al Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito para que este último resolviera lo que en derecho correspondiera respecto de su petición no es definitiva, porque no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia por el Tribunal de alzada, dado que bien podría darse el caso de que la rechace y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del justiciable. En efecto, será hasta el momento indicado cuando la incidencia en los derechos del quejoso cobre una especial relevancia, ya que esa incompetencia podría traer como consecuencia que el procedimiento relativo se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial se produce precisamente cuando los actos en los que se determinen declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto por el arábigo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo es necesario que el acto de autoridad en el que se decline la competencia produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que no acontece en la especie, porque el acto atacado no es definitivo, ya que hasta este momento el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito a favor del cual se declinó la competencia no la ha aceptado ni la ha rechazado, por lo que antes de que se tenga noticia de esta última determinación no es factible considerar que el acuerdo combatido cause una afectación personal y directa en la esfera normativa del inconforme. En ese contexto, la actuación impugnada no irroga un perjuicio en el universo de derechos del disidente que lo legitime para ejercer la acción constitucional de manera inmediata, porque no se está ante un acto definitivo que de pauta a la promoción del juicio constitucional; de ahí que se estime que este medio extraordinario de defensa resulta improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable el supuesto de inejercicio de la acción constitucional examinado. La determinación anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", cuyos texto y datos de localización se indicaron en los párrafos precedentes. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, este Juzgado Federal desecha de plano la demanda de amparo presentada por Armando Santiago Orozco en contra del acto reclamado al Juez de Distrito comisionado temporalmente al Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca para fungir como Juez de Ejecución, consistente en el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de controversia judicial (PEC) 455/2021, en el que implícitamente se declaró incompetente para conocer de la ejecución de la resolución que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito dictó en un recurso de apelación para efecto de que se investigue, sancione y reparen las violaciones a sus derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados del quejoso. Dado que el disidente señaló un correo electrónico y un número de teléfono móvil para recibir notificaciones, sin que esas vías de comunicación procesal estén previstas legalmente, con fundamento en lo estatuido por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Téngase como autorizada del promovente en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que designa, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciada en derecho. Por otro lado, se tiene al inconforme señalando el correo electrónico y el número de teléfono móvil que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese.

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