Armin Efrain Morales Montero

Expediente 311/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
311/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Armin Efrain Morales Montero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, tres de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos, actualmente Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número Cuarenta y Ocho, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche y, de otra autoridad; radíquese con el número de expediente ***, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. INCOMPETENCIA En primer término, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, por los motivos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito, establece tres reglas de competencia por territorio de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en razón del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, el análisis integral de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: 30/01/24 20:40:10 I. A la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, le reclama: a) La omisión de darle acceso al expediente laboral ***. b) La dilación de continuar con la secuela procesal en el expediente laboral ***. II. Al Actuario de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, le reclama: c) La omisión de notificarle algún acuerdo pendiente de notificar en el expediente laboral ***. Ahora bien, en primer lugar, es menester recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2019, precisó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos, y éstos a su vez en: a) Actos negativos simples b) Actos negativos con efectos positivos c) Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. Al respecto, estableció que los "actos positivos", son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Mientras que los "actos negativos" son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. Ahora bien, los "actos negativos simples" son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos simples, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Por su parte, los "actos negativos con efectos positivos" son aquellos que en apariencia son negativos, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa en relación con la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. En cambio, los "actos negativos prohibitivos" son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un "no hacer", por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, los "actos omisivos o abstenciones" son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. De esta ejecutoria, emergió la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, Décima Época, intitulada: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En el caso que nos ocupa, las omisiones reclamadas producen consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre la obligación de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales de garantizar a las partes el derecho acceso a la justicia y el derecho de los justiciables a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en razón de que las omisiones reclamadas tienen como consecuencias y efectos materiales hacer nugatorio el derecho del justiciable acceder a la jurisdicción del Estado, lo que indudablemente se traduce en una afectación al quejoso. Consecuencias y efectos que se materializan en San Francisco de Campeche, Campeche, por ser este el lugar donde se encuentra radicado el expediente laboral ***. Por consiguiente, el Juez de Distrito competente para conocer de la presente demanda de amparo es el Juez de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como el artículo primero, fracción I, segundo, fracción I, numerales tercero y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo, y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno. En consecuencia, se ordena remitir la demanda de amparo y sus copias, al Juez de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, solicitándole atentamente al juez declinado, el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con copia certificada de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en *** AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, tienen por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a *** y ***, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a ***, con el nombre de usuario ***, consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "jose_ramón23", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ARMIN EFRAÍN MORALES MONTERO, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO EN PUERTA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 311/2023, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR ES DEL TENOR SIGUIENTE: MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, tres de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos, actualmente Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número Cuarenta y Ocho, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche y, de otra autoridad; radíquese con el número de expediente ***, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. INCOMPETENCIA En primer término, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, por los motivos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito, establece tres reglas de competencia por territorio de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en razón del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, el análisis integral de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: 30/01/24 20:40:10 I. A la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, le reclama: a) La omisión de darle acceso al expediente laboral ***. b) La dilación de continuar con la secuela procesal en el expediente laboral ***. II. Al Actuario de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, le reclama: c) La omisión de notificarle algún acuerdo pendiente de notificar en el expediente laboral ***. Ahora bien, en primer lugar, es menester recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2019, precisó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos, y éstos a su vez en: a) Actos negativos simples b) Actos negativos con efectos positivos c) Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. Al respecto, estableció que los "actos positivos", son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Mientras que los "actos negativos" son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. Ahora bien, los "actos negativos simples" son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos simples, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Por su parte, los "actos negativos con efectos positivos" son aquellos que en apariencia son negativos, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa en relación con la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. En cambio, los "actos negativos prohibitivos" son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un "no hacer", por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, los "actos omisivos o abstenciones" son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. De esta ejecutoria, emergió la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, Décima Época, intitulada: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En el caso que nos ocupa, las omisiones reclamadas producen consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre la obligación de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales de garantizar a las partes el derecho acceso a la justicia y el derecho de los justiciables a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en razón de que las omisiones reclamadas tienen como consecuencias y efectos materiales hacer nugatorio el derecho del justiciable acceder a la jurisdicción del Estado, lo que indudablemente se traduce en una afectación al quejoso. Consecuencias y efectos que se materializan en San Francisco de Campeche, Campeche, por ser este el lugar donde se encuentra radicado el expediente laboral ***. Por consiguiente, el Juez de Distrito competente para conocer de la presente demanda de amparo es el Juez de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como el artículo primero, fracción I, segundo, fracción I, numerales tercero y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo, y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno. En consecuencia, se ordena remitir la demanda de amparo y sus copias, al Juez de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, solicitándole atentamente al juez declinado, el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con copia certificada de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en *** AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, tienen por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a *** y ***, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a ***, con el nombre de usuario ***, consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "jose_ramón23", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

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