Armando Orta Flores

Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
374/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Armando Orta Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de diez de junio de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió del veinte al veinticuatro de ese mismo mes y año, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de diez de junio de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, diez de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Armando Orta Flores, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 374/2022-II, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, respecto al acto reclamado consistente en el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, dictado dentro del expediente 74/21-2022/2M-II, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta e inexistencia respecto de los acuerdos tomados en la asamblea general ordinaria de la persona jurídica "HPC Recubrimientos y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable; en el que se admitió la prueba confesional a cargo de Armando Orta Flores; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad, que consiste en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. En la especie, como quedó precisado, el auto combatido deriva de un juicio ordinario mercantil, en el que, se reclamó como acción principal la nulidad absoluta e inexistencia respecto de los acuerdos tomados en la asamblea general ordinaria de la persona jurídica "HPC Recubrimientos y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable; lo que revela que el acto reclamado tiene su origen en un asunto de cuantía indeterminada. Ahora bien, los artículos 1,334, 1,339 Bis, 1,340 y 1341, del Código de Comercio, establecen: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1,339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." "Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $757,365.46 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." "Artículo 1,341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." De los artículos transcritos se desprende lo siguiente: 1. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. 2. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. 3. El recurso de apelación sí procede en juicios mercantiles cuando el monto por concepto principal sea superior a $757,365.46 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.); cantidad que debe actualizarse anualmente. 4. Los autos que se dicten en el juicio mercantil son apelables si lo son las sentencias definitivas, con la condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la definitiva o si la ley expresamente lo dispone. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 66/2004-PS, sostuvo que por auto que causa gravamen irreparable se entiende toda determinación surgida dentro del juicio y hasta antes del dictado de la sentencia definitiva que impone cargas materiales o procesales (gravámenes) a las partes, cuyos efectos no pueden ser destruidos posteriormente, y particularmente ni con el dictado de la definitiva, tales como las que deciden excepciones dilatorias de previo y especial pronunciamiento o imponen multas o hacen efectiva cualquier medida de apremio. Bajo ese contexto, el auto que admite como medio convictivo la confesional de parte, en un juicio ordinario mercantil de cuantía indeterminada, no se estima que cause un gravamen irreparable ya que de dicho acto, es susceptible de ser destruido posteriormente, pues de estimar el juez responsable que fue desahogada con infracción a las reglas procedimentales, podrá desestimar su valor o bien, aun valorándola no necesariamente implicaría una sentencia definitiva desfavorable al accionante, por lo que desaparecería sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso. Lo que hace que el acto reclamado no reúna las características para ser considerado como de aquellos que impacten de manera irremediable al peticionario, ya que ello no impediría la obtención de un fallo favorable, por lo que de esa manera el auto impugnado podría ser susceptible de repararse. En esa medida, contra el acto reclamado consistente en el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, dictado dentro del expediente 74/21-2022/2M-II, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta e inexistencia respecto de los acuerdos tomados en la asamblea general ordinaria de la persona jurídica "HPC Recubrimientos y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable; en el que admitió la prueba confesional a cargo de Armando Orta Flores, aquí quejoso, en acatamiento al principio de definitividad, previo a la promoción de la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 1,334, del Código de Comercio; dado que en términos de dicha porción normativa, los autos que no fueren apelables, como ocurre con el aquí reclamado, pueden ser revocados por el juez que los dictó. Ahora, no pasa inadvertido, que en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d) de la Ley de Amparo, se establecen los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; sin embargo, el acto reclamado por el quejoso, no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, ni de un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad o de una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso o auto de vinculación a proceso. De igual forma, el quejoso no tiene el carácter de persona extraña al procedimiento ejecutivo mercantil, por el contrario, tiene la calidad de parte, al ser el demandado en el procedimiento de origen. Finalmente, la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamentación es insuficiente para determinarla, pues ya está definido jurisprudencialmente lo que debe entenderse por autos que causan un gravamen irreparable, de manera tal que los justiciables están en condiciones de conocer el criterio que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a esos tópicos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Armando Orta Flores. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Calandría, número 82, Fraccionamiento Buena Vista, Ciudad del Carmen, Campeche, código postal 24178. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Jesús Martínez García, Agustín Jaime Sánchez Suarez y Víctor Arriaga Cortes, pues de la certificación secretarial realizada, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 de dicho órgano colegiado, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con el promovente la dirección de correo electrónico arriagalic@hotmail.com y los números telefónico 9381010708. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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