Armida Guillermina Olivas Valles
Expediente 1154/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 35 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 13/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Armida Guillermina Olivas Valles
- Armida Guillermina Olivas Valles y Otros.
- Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Devolución de expediente Ahora, dado que resulta innecesaria la conservación, del toca *******, del índice de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; así como cuatro tomos del expediente ******* del índice del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Bravos, con sede en esta ciudad, respecto de los cuales se solicita acuse de recibo. Sin que sea necesario dejar copia certificada de dicho expediente porque en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes obra constancia digitalizada. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agrega escrito quejosa Glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa *******, téngase por hechas las manifestaciones en él contenidas.. Autorizada y domicilio Como lo solicita, téngasele autorizando como defensora a la licenciada *******. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo. Medio de contacto Respecto a la solicitud de que se le notifique por medio de número telefónico *******, dígasele que se autoriza únicamente para llevar a cabo comunicaciones no procesales. Por último, no ha lugar a tener por señaladas a las profesionistas que indica en su ocurso, para que la representen en el presente juicio de amparo, pues las mismas no están autorizadas. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de junio de dos mil veintitrés. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1154/2022-I, promovido por *******, contra actos de la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos y Juez Familiar del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante oficio 16508/2022, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado el doce de diciembre de dos mil veintidós, al que adjuntó la demanda de amparo promovida por *******, toda vez que en resolución de siete de noviembre del citado año, dicho Tribunal determinó carecer de competencia para conocer del asunto, ordenando remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en turno, el cual resultó ser este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Aceptación de competencia. En proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se aceptó la competencia planteada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con relación a la demanda promovida por *******, en contra de la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos y Juez Familiar del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad, a quienes reclamó la resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el toca *******, formado con motivo de la apelación interpuesta en contra del auto dictado el cinco de abril de dos mil veintidós, realizada dentro del Juicio de Controversias del Orden Familiar, promovido por la aquí quejosa en contra de *******, en el expediente *******, dictada por el Juez Familiar del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. La demanda de amparo, ésta se registró con el número de expediente 1154/2022; y por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós se admitió a trámite; en el mismo acuerdo, se solicitó únicamente al Juez Familiar del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual sendos diferimientos se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tuvo ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, de los informes justificados que rindieron las autoridades responsables y las pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que la quejosa reclamó de las autoridades responsables: La resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el toca *******, formado con motivo de la apelación interpuesta en contra del auto dictado el cinco de abril de dos mil veintidós, realizada dentro del Juicio de Controversias del Orden Familiar, promovido por la aquí quejosa en contra de *******, en el expediente *******, dictada por el Juez Familiar del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez Familiar del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, negó el acto reclamado por la quejosa por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] El Juez Familiar del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. Asimismo, manifestó que al revisar las actuaciones electrónicas que integran el expediente *******, de su índice, no se encontró ningún acuerdo que se hubiera emitido el cinco de abril de dos mil veintidós, tal y como lo señala la quejosa. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. La Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó categóricamente el acto reclamado consistente en la resolución emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el Toca *******, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de doce de abril del citado año; por ello, se tiene por cierto el acto endilgado a dichas autoridades responsables. Incluso, se corrobora con la copia certificada del toca *******, las que al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Causal de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el presente caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracciones IV y V, ésta última aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XXIII, así como el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos de tribunales judiciales, realizados fuera de juicio o después de concluido, en cuyo caso, solo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (entendida en los términos que establece dicho numeral), pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que lo hubieren dejado sin defensa y hayan trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro de un proceso de carácter jurisdiccional, es procedente únicamente cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Ahora bien, interpretadas ambas disposiciones de manera conjunta, es posible determinar que si en un procedimiento de ejecución de sentencia, se reclama un acto emitido dentro de ese procedimiento, ese acto, para ser reclamable a través del juicio de amparo, deberá ser autónomo respecto de la cosa juzgada y de imposible reparación, esto es, vulnerar dentro de ese procedimiento, derechos sustantivos de la parte quejosa. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 108/2010, así lo determinó; jurisprudencia que se cita por identidad de razones debido a que fue emitida antes de la expedición de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, materia Común, Novena Época, con registro digital 163152, del rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTADERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2764, materia Común, con registro digital 2024100, Undécima Época, del rubro y texto siguientes: ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. En el caso, la parte quejosa reclama de la Magistrada de la Primera Sala Familiar Regional con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el toca *******, mediante la cual confirmó el auto de doce de abril del citado año, emitido por el Juzgado Familiar del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en el expediente *******. Al respecto, del expediente *******, cuyas constancias originales del tomo III del expediente, fueron remitidas a este Juzgado, se advierte que en el auto apelado, de doce de abril de dos mil veintidós, el Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, proveyó en atención al ******* signado por la Coordinadora de la Defensoría Pública Civil y Familiar, presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, lo siguiente: - Agréguese a los autos el oficio número 98/2022, recibido en la oficina de Gestión Judicial Civil y Familiar del Distrito Judicial Bravos, el día cinco de abril del año en curso, y en este juzgado el día seis del mismo mes, suscrito por la licenciada A, coordinadora de la Defensoría Pública Civil y Familiar de este Distrito Judicial Bravos, por el que informó que se asignó al licenciado *******, mandatario judicial de la señora [*******]. - En respuesta, se le tiene dando contestación al oficio número ******* del índice de este Juzgado, e informando que se asignó al licenciado *******, mandatario judicial de la señora [*******]. Por lo anterior, se tiene al licenciado *******, como mandatario judicial de la señora [*******], conforme a los artículos 186 fracción IV y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Además, infórmesele que el domicilio de la Defensoría Pública, es el procesal de la señora [*******], para recibir las notificaciones de carácter personal. Tanto de este expediente, como del expediente *******, ambos de este Tribunal. Asimismo, se le reitera que en el oficio número ******* del índice de este Juzgado, se requirió la participación de la persona profesionista que fuera designada, en auxilio jurídico de la señora [*******], no solamente para este expediente, sino que también es requerido para su intervención en el expediente *******, donde igualmente son partes la señora [*******] y el señor [*******]. - Envíese nuevamente oficio a la Defensoría Pública, como recordatorio, de que la intervención del mandatario judicial de la señora [*******], también es necesaria en el expediente *******. - Se hace saber al licenciado *******, que se hizo del conocimiento de la señora [*******], en acuerdo de esta misma fecha, dentro del expediente ******* del índice de este Juzgado, que cualquier escrito que presente, deberá ser firmado, también por su mandatario judicial, o por él exclusivamente, pero no por ella en forma exclusiva, ya que se ha reiterado de la necesidad de conocimientos técnicos jurídicos, en su intervención procesal en este juicio y en cualquier otro, ya que a ella le son ajenos. Al respecto, la Magistrada de la Primera Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, al resolver el recurso de apelación que la aquí quejosa interpuso en contra del referido auto, en la resolución reclamada, de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca *******, declaró inoperantes los agravios de la apelante, revisó de oficio el acuerdo recurrido y determinó, en lo que interesa, lo siguiente: (.) 3. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO. Resulta innecesario analizar tanto la legalidad de la resolución combatida como los agravios invocados por la recurrente, en atención a que, con ésta misma fecha se resolvió un diverso recurso de apelación identificado con el número de Toca [*******] del índice de esta Alzada, que también fue interpuesto por la aquí apelante, contra un diverso auto emitido en el expediente principal, determinándose por en dicha resolución modificar el auto recurrido a efecto de que el Juez de Primera Instancia apertura oficiosamente, con suspensión del procedimiento, y en la misma pieza de los autos originales, el incidente de restricción, suspensión o revocación de la representación originaria según sea el caso, para efectos de analizar la necesidad de que la Subprocuraduría de Protección competente ejerza la representación en suplencia, conforme a lo establecido por los artículos 4 fracciones XXI, XXII y XXIII y 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y cardinales 7 fracciones XIX, XX y XX y 111 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, cuya resolución interlocutoria, podría impactar en las determinaciones y legalidad del auto apelado en el presente recurso, al tratarse de la materia del mismo, sobre la designación de un defensor público para que representara procesalmente a [*******], quien a su vez, tiene a su cargo la representación originaria de *******; y por ende, en ese momento procesal y dependiendo del sentido del fallo, deberá pronunciarse nuevamente sobre las solicitudes de la hoy inconforme, relacionadas con la esfera jurídica de dicha adolescente. Por tanto, resulta ocioso analizar la determinación recurrida, si el asesoramiento legal de la apelante, si la misma se encuentra subjúdice a que continúe defendiendo los intereses de su hija menor de edad. 4. SENTIDO DEL FALLO. Por ende, sin necesidad de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada, debe confirmarse el auto recurrido. 5. PUNTOS RESOLUTIVOS. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Por las razones expuestas, se confirma el auto recurrido. SEGUNDO. No se hace especial condena en costas. (.) Las constancias de las cuales derivan las referidas actuaciones, cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se cuenta con el juicio de controversias del orden familiar ******* y toca *******, originales. Pues bien, la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos, en principio, porque de la misma se desprende que la Magistrada responsable confirmó el auto recurrido, en virtud de que se resolvió un diverso recurso de apelación registrado bajo el Toca *******, del índice de esa Sala, en el cual se determinó modificar el auto recurrido a efecto de que el Juez de Primera Instancia aperturara oficiosamente, con suspensión del procedimiento, y en la misma pieza de los autos originales, el incidente de restricción, suspensión o revocación de la representación originaria, de la menor acreedora alimentaria, donde se analizará, como lo indicó, la necesidad de que la Subprocuraduría de Protección competente, ejerza tal representación, de manera que, en todo caso, es la resolución incidental la que pudiera afectar derechos sustantivos. Así pues, se considera que la resolución de apelación reclamada, no constituye un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, o sencillamente emitido después de concluido el juicio natural, juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues claramente será hasta que la incidencia cuya apertura ordenó el Tribunal responsable, se resuelva, que esta podrá, o no, afectar derechos sustantivos de la parte quejosa, al respecto debe indicarse que, en atención a los antecedentes de la resolución reclamada y a las consideraciones y fundamentos ahí esgrimidos por la Magistrada responsable, también pudiera resultar que, por el contrario, los derechos sustantivos de la acreedora alimentaria se vieran protegidos en mayor medida que hasta ahora, pero se insiste, la trascendencia en la esfera jurídica de dicha menor, en este momento, es incierta. Así pues, se concluye que la resolución que reclama la parte quejosa, emitida después de concluido el juicio, cuya materia es autónoma a la cosa juzgada, en este momento, no afecta derechos sustantivos que trascienden a su esfera jurídica. Por otra parte, toda vez que se ordenó el emplazamiento de ******,* sin que se hubiere logrado la localización del mismo, y, en virtud de que el juicio de amparo en que se actúa tal y dado que el resultado de lo ya analizado es sobreseer el juicio de amparo, a éste no le afecta, ya que la pretensión del mismo sería que se hubiere analizado el estudio del fondo del mismo, y, concedido el amparo solicitado por la parte quejosa. Encuentra sustento a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2ª/J 6/2017 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556, con número de registro digital 2013630, cuyo contenido es el siguiente: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. Por lo expuesto, el juicio constitucional promovido resulta improcedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado éste último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; en tal virtud, procede sobreseer el presente juicio por el acto analizado. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 1154/2022-I-2 promovido por *******, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables y por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil veintitrés. Agrega oficio Agréguese a los autos el oficio *******, signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en Ciudad Juárez, a través del cual remite un escrito signado por la aquí quejosa *******, a través del cual formula alegatos. Alegatos Téngase a la quejosa ******* formulando los alegatos contenidos en su escritos de cuenta, mismos que, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se relacionarán al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, y de ser procedentes se tomarán en consideración al momento de dictar el fallo definitivo. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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