Armando Vázquez Flores
Expediente 960/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Armando Vázquez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de tres de febrero del año en curso, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de igual forma, el asunto no contiene información clasificada como reservada según el ordinal 110 del ordenamiento legal invocado; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último, toda vez que el juicio en que se actúa está totalmente concluido, y, ya no es necesario que obre en autos, el juicio ejecutivo mercantil *******, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, por ende, devuélvase a dicho órgano jurisdiccional, solicitando al a quo el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de febrero de dos mil diecisiete. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, contra actos del Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio recibido en este Juzgado, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, remitió el juicio de amparo directo *******, promovido por *******, toda vez que, mediante resolución de veinticuatro de octubre del año en curso, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en sesión de catorce de octubre del año que transcurre, determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda y consideró que se surtía en favor del Juzgado de Distrito en turno, en esta ciudad, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que de lo narrado por el quejoso en su demanda se advirtió que reclamó al Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos dos actos 1) el emplazamiento, y 2) la sentencia, por lo que, ante la reclamación simultanea de los citados actos, era preferente el estudio del emplazamiento. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Mediante proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis, se aceptó la competencia declinada y se admitió a trámite la demanda como amparo indirecto *******, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado respecto del emplazamiento realizado el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente resolución CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio sobre el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar los actos reclamados que se desprendan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, toda vez que los actos se reclaman a autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. En ese sentido, al realizar el análisis citado, se obtiene que la parte quejosa reclama la orden de emplazamiento realizado el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil 1208/2015, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, promovido por Fernando Domínguez Lozano. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su análisis. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, registro 192097, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 181810, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos aceptó la existencia del emplazamiento al aquí quejoso, realizado el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil *******, de su índice, lo que se corrobora con los autos originales del citado expediente. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de garantías. No será materia de análisis la constitucionalidad del emplazamiento efectuado el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, ni los conceptos de violación que se expresaron para desvirtuarlo, atento que este juzgado federal advierte la actualización de una causa de improcedencia que impide abordar el estudio del fondo del asunto. En efecto, las causas de improcedencia son de orden público y, por tanto, de estudio preferente, tal y como determina el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, página 95, Octava Época, registro 222780, del rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Lo anterior, es así ya que no se puede analizar un acto que no fue atribuido a autoridad alguna, en virtud de que el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo que dice: [.] 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Tan es así que los diversos numerales 5, fracción II, y 108, fracción III, establecen la naturaleza de las autoridades responsables y como requisito de la demanda mencionar cuáles autoridades se señalan como responsables, es decir, a quienes les atribuye el acto reclamado. En las apuntadas condiciones, se advierte que el acto que es susceptible de lesionar los derechos de la aquí quejosa lo constituye el emplazamiento de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, el cual fue realizado por la Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, licenciada *******, en esta ciudad en los autos del juicio ejecutivo mercantil *******. Sin embargo, dicha autoridad no fue señalada como responsable, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos del presente juicio, no obstante que este órgano, al advertir la intervención de dicha autoridad, otorgó a la parte quejosa la posibilidad de hacerlo, pues fue requerida para ello en proveído de trece de diciembre de dos mil dieciséis. Dicho acuerdo se ordenó notificar personalmente, en acatamiento a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época; el cual se cumplimentó, previo citatorio, por notificación a través de la lista publicada el cinco de enero del presente año (fojas 91 y 92), dado que el quejoso, o sus autorizados, no esperaron al actuario judicial en la fecha y hora que los citó; sin que en autos obre constancia de que el quejoso haya desahogado, oportunamente esa prevención, en el término de quince días que se le otorgó. En ese tenor, si la autoridad que ejecutó el acto reclamado, lo fue la Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, licenciada *******, quien no fue llamada al presente sumario como autoridad responsable, resulta jurídicamente imposible examinar la constitucionalidad del acto, pues no fue oída, lo cual iría en contra de la naturaleza del juicio de amparo tal como lo establece el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, sin que sea el caso de abordar, oficiosamente o al cobijo de la figura de la suplencia de la queja, el estudio de actos atribuidos a autoridades no señaladas como responsables. En efecto, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja sólo tiene por efecto subsanar la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, mas no que el juez señale y emplace a una autoridad no designada como responsable; máxime cuando la naturaleza del negocio no lo autoriza, porque entonces se extralimitaría en sus atribuciones legales; principalmente, porque que la autoridad no designada por el inconforme se trata precisamente de la autoridad ejecutora. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 108, página 69, Quinta Época, registro 394064, que a la letra dice: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *******, respecto del acto y autoridad precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la parte quejosa, por auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se le dio vista con el informe justificado del Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda y señalar como autoridad a la Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, licenciada *******, quien el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, realizó la notificación de veinte de noviembre de dos mil quince y doce de febrero de dos mil dieciséis, pronunciados por la autoridad señalada como responsable, de la que se duele el aquí quejoso. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón de la actuaria, se hace efectivo el apercibimiento y se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de trece y treinta de diciembre de dos mil dieciséis, mismo que en lo conducente dice: se agrega el informe justifica y se da vista a las partes, se corre traslado a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días amplié su demanda en relación a dicho acto que informa la autoridad, se difiere la audiencia constitucional para las diez horas con diez minutos del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.
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