Armando Vargas Andrade

Expediente 1012/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1012/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
31/12/2021

Partes del expediente

  • Juez Único Civil de Partido de la Ciudad de San Felipe, Guanajuato
  • Armando Vargas Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 10/12/2021 , EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE I. Parte quejosa cumple con requerimientos. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso, mediante el cual cumple con los requerimientos formulados en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno; por tanto, se provee: III. Desechamiento. Del contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se obtiene que el impetrante señala como acto reclamado la aceptación de cargo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, de --------------------------, como perito tercero en discordia, dentro del expediente --------------/2020, del índice del Juzgado Único de Partido Civil de San Felipe, Guanajuato. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En tal virtud, del análisis efectuado al acto reclamado descrito con antelación, se obtiene que carece de la característica material y formal de imposible reparación y, por ello, no procede su estudio conforme al texto de la Ley de Amparo. Para demostrar esta conclusión, véase el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De lo anterior se obtiene que son actos de imposible reparación aquéllos que afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto rector político de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México. Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." Han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, también se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial, y solo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa y afecten en forma trascendente su defensa, son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario), o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, solo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En el caso particular, se considera que la aceptación de cargo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, de Mario Alberto Martínez Martínez, como perito tercero en discordia, dentro del expediente C688/2020, del índice del Juzgado Único de Partido Civil de San Felipe, Guanajuato, no es un acto de imposible reparación, en virtud de que tal actuación no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal que pueden ser reparados si el quejoso obtiene una sentencia favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarlo en el amparo directo que de ser el caso promueva contra aquélla, en la medida que trascienda a su resultado. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia IV.3o. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 333, del Tomo II, de octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE." Por tanto, se comparte el criterio contenido en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En este criterio sustancialmente se sostuvo que la ley de la materia precisa cuáles son los actos de imposible reparación en la fracción V de su artículo 107, lo que implica que una violación adjetiva, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta a análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, en virtud de que esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Lo que es acorde a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que emitió al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En este criterio se determinó que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual constituye una aclaración del legislador secundario que genera una mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En consecuencia, se determina que la determinación reclamada ante esta instancia constitucional por la parte quejosa, de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, ya que no es una determinación que traiga aparejado en sí un daño en contra de su persona o en su patrimonio, dado que para ser calificado como acto irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos y sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; en la especie, la infracción que produce el acto reclamado únicamente tiene efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados y/o enmendados si la parte quejosa obtiene resolución favorable. En efecto, toda vez que el juicio de amparo biinstancial, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que transgredan materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución, se determina que para establecer si procede el juicio constitucional en contra del acto reclamado, debe establecerse si las consecuencias producidas por dicha decisión son o no de imposible reparación, entendiéndose por ello que se afecten derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, lo que no acontece en la especie, toda vez que la determinación reclamada por sí misma, no lesiona los derechos fundamentales de la parte peticionaria del amparo de forma directa e inmediata, ni se encuentra en alguno de los supuestos considerados de ejecución imposible de reparar, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues el acto impugnado, constituye una actuación intraprocesal, ya que es un acto verificado dentro del juicio sumario civil de origen, el cual puede reparase a través del dictado de una sentencia que le sea favorable y que por lo mismo, no se ha consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual y derecho fundamental de que se trate; lo que conlleva a que la demanda resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, interpretado a contrario sensu. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la tesis aislada XXVI.5o.(V Región) 3 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en la página 1920, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2002172, con rubro siguiente: "PERITO TERCERO EN DISCORDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN PROMOVIDO CONTRA EL AUTO QUE ORDENA SU DESIGNACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO EL JUICIO DE ORIGEN SE ENCUENTRE CITADO PARA DICTAR SENTENCIA. Del mismo modo, en el presente caso se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 6º, 5º, fracción I y 1°, fracción I de la propia legislación, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De lo anterior se colige que la existencia de una afectación real y actual en la esfera jurídica del particular, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, ya que sin ella, la acción de control constitucional es improcedente, de ahí que tal afectación debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose como tal, toda lesión u ofensa que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos o legítimos en lo individual o colectivo, como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. En efecto, conforme a los artículos de la Ley de Amparo transcritos, solo la parte a quien la norma general o cualquier otro acto u omisión de autoridad viole sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es quien se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo. Por tanto, es claro que cuando esa afectación proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto reclamado, el juicio de amparo es improcedente para combatir éste y sus efectos, puesto que sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular; derivado de lo cual, debe desecharse la demanda de amparo, ante la ausencia de una afectación real y actual, ocasionada por la emisión o ejecución del acto reclamado. Ahora bien, de los anexos que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda se desprende que el juez responsable confirmó la diligencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dentro del recurso de revocación interpuesto por la mandataria judicial del demandado, aquí quejoso, contra la aceptación de cargo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, de Mario Alberto Martínez Martínez, como perito tercero en discordia, dentro del expediente C688/2020. De lo anterior se colige que la afectación en la esfera de derechos de la parte peticionaria del amparo, proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto combatido en esta vía constitucional y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo, al resultar desacertado hacerlo valer para nulificar una actuación que ya no lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa. Ello es así, debido a que el acto reclamado en este juicio de amparo se hace consistir en la aceptación de cargo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, de Mario Alberto Martínez Martínez, como perito tercero en discordia, dentro del expediente C688/2020, del índice del Juzgado Único de Partido Civil de San Felipe, Guanajuato; empero, contra dicha determinación y previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso, por conducto de su mandataria judicial, interpuso recurso de revocación, mismo que el juez responsable resolvió el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que es claro que en este asunto existe una determinación posterior al acto reclamado que lo sustituyó procesalmente y que es la que irroga a la parte peticionaria del amparo una afectación real y actual a su esfera jurídica. Para tener actualizada la causal de improcedencia en estudio, se tiene en cuenta que el recurso de revocación que hizo valer la parte impetrante contra la aceptación de cargo del perito tercero en discordia, demuestra su voluntad de someter tal diligencia al escrutinio de la autoridad judicial, derivado de lo cual existe una diferencia procesal de la situación del acto y, por ello, la parte impetrante debe estarse a las consecuencias de su propia actuación, al no ser factible abordar el estudio de la determinación reclamada ante esta instancia constitucional, por haber quedado superada procesalmente con el pronunciamiento de la autoridad responsable, en el que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra la misma. En este sentido, con independencia de la idoneidad del recurso interpuesto, lo que importa es que el promovente sometió el acto reclamado a una jurisdicción nueva, y lo resuelto ante esta situación, es lo que le depara perjuicio, no así el acto que originalmente le causaba agravio. Por lo anterior, se concluye que la resolución del juez responsable del recurso de revocación interpuesto por la mandataria judicial del quejoso, sustituyó procesalmente la determinación reclamada en este juicio de amparo, pues aquél dio firmeza a esta última y, por ende, es el que causa un agravio personal y directo a la parte peticionaria del amparo para los efectos del juicio de control constitucional. Sin que en el caso este Juzgado Federal se encuentre constreñido a dar vista a la parte quejosa con la resolución del recurso de revocación, en virtud de que fue la propia parte impetrante quien hizo valer dicho medio ordinario de defensa contra el acto reclamado, lo cual le fue resuelto y, por ende, según se advierte de las copias certificadas que adjuntó a su escrito inicial de demanda, por lo que se encontraba en aptitud de señalar como acto reclamado dicha resolución que sustituyó procesalmente la determinación reclamada, sin que lo haya hecho. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia III.2o.C. J/28, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL, SINO LA CONTEMPLADA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL CITADO PRECEPTO LEGAL, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 4o., DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE LO CONSTITUYE, ES EL AUTO QUE DECIDE EL RECURSO QUE DESECHA UNO DIVERSO. Conforme a lo preceptuado por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, sólo la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame de la autoridad, es quien se encuentra legitimada para promover el juicio de garantías; por ende, la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular es uno de los requisitos esenciales para efecto de que proceda el juicio de amparo, ya que sin él, la acción de control constitucional es improcedente. Por tanto, cuando la afectación proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto señalado como ilegal, el juicio de garantías es improcedente para combatir sus efectos, pues resultaría desacertado pretender instaurarlo para nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del particular. Ahora bien, si verbigracia, el acto reclamado en amparo se hace consistir en el proveído que revocó el cargo de abogado patrono, y contra esa determinación se interpuso recurso de revocación, que fue desechado; es claro que en tal supuesto, existe una resolución judicial posterior al proveído reclamado en amparo, pues al desecharse la revocación, quedó firme la determinación que mediante el medio de defensa aludido se pretendió combatir, en términos del artículo 428, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, pues dicho numeral establece que el fallo que resuelva o deseche los recursos es irrecurrible y trae como efecto que la resolución o acto recurrido quede firme. De ahí que el proveído mediante el cual se resolvió la revocación, sustituyó procesalmente al reclamado en amparo, pues aquél dio firmeza a este último, y es el que irrogó al peticionario de garantías el agravio personal y directo para los efectos del juicio de control constitucional. Por tal motivo, no se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ya que para que se actualice, no basta que la autoridad responsable revoque el acto reclamado, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; lo cual no sucede en supuestos como el referido, por las razones apuntadas." En tal virtud, dado que el acto reclamado, esto es, la aceptación de cargo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, de Mario Alberto Martínez Martínez, como perito tercero en discordia, dentro del expediente C688/2020, del índice del Juzgado Único de Partido Civil de San Felipe, Guanajuato, fue sustituida con la resolución del recurso de revocación interpuesto contra la misma, se concluye que la determinación reclamada por la parte quejosa en este juicio constitucional, no es la que en forma inmediata vulnera su esfera jurídica. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia reguladas por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, así como con los diversos numerales 6º, 5º, fracción I y 1°, fracción I de la propia legislación, se desecha de plano la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE."

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 01/12/2021 , EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: León, Guanajuato, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Parte quejosa. ******************** Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 1012/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Prevención a la parte quejosa. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracción II, así como 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y sin presentar ni formular nueva demanda, cumpla con lo siguiente: Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada, todos los antecedentes del acto reclamado, debiendo especificar el estado procesal que guarda el juicio de origen, así como el carácter que tiene en el mismo. Ello, en razón a que no realizó una narración precisa de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de la diligencia de aceptación de cargo de perito reclamada, toda vez que de su libelo constitucional no se advierte la data en que ello aconteció. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ******************** por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado artículo, en relación con el numeral 24 segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, a la diversa persona que menciona, por no encontrarse en dicho supuesto. V. Se exhorta a las partes. Por otro lado, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VI. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintinueve de noviembre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria que autoriza y da fe. Angélica.

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