ARMANDO VAQUEIRO BATTAGLIA y Otros.
Expediente 907/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- ARMANDO VAQUEIRO BATTAGLIA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Determinación causa estado. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, ha adquirido firmeza procesal. Archivo. En ese orden de ideas y dado que con esta fecha se está ordenando el archivo definitivo del juicio en que se actúa; con fundamento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que es destruible la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se negó la suspensión definitiva. En términos del referido ordenamiento legal, el cuaderno relativo al incidente de suspensión es destruible en razón de que se negó la suspensión definitiva, hágase la anotación en carátula y agréguese al cuadernillo copia certificada del presente acuerdo. Devolución de constancias. Toda vez que es innecesario permanecer con el tomo de prueba (1) que remitió el juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, como apoyo a su informe con justificación; devuélvase a su lugar de origen. Devolución de documentos. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo, en su momento, dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Hágase anotación de archivo y en su oportunidad remítase a su lugar de guarda.
- Principal
Escrito y oficio para efectos de control. Agréguese únicamente para efectos de control y sin mayor acuerdo, el escrito presentado por Francisco Javier Vaqueiro Battaglia, autorizado de la parte quejosa, así como el oficio y anexo remitido por el Juez Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad; lo anterior, toda vez que mediante auto de veintiocho de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 28/09/2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte la actualización de una causal de improcedencia, siendo ésta la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se expresan. Al efecto, el artículo y fracción en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: *******************[.]." El precepto legal referido, consigna la causal de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad, que rige al juicio constitucional, bajo las excepciones apuntadas, dado que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos, que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. El principio de definitividad obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales, que la ley que rige el acto reclamado, establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que solo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquéllos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Acotado lo anterior, del contenido integral de la demanda, escrito aclaratorio, informe justificado y tomo de pruebas, se tiene que en el presente asunto los quejosos reclaman, en esencia, los actos de molestia en sus domicilio y propiedades ordenados por el Juzgado Tercero civil de Partido en esta ciudad, derivados del auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, que dicha potestad dicto en el juicio sumario civil de arrendamiento inmobiliario C98/2023; a través del cual decreto la medida precautoria de embargo para garantizar el pago de la cantidad de $586,960.00 (quinientos ochenta y seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), o en su, defecto señalen bienes de su propiedad suficientes para garantizar la misma y su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Bajo ese contexto, la medida decretada en autos del expediente de origen es clasificada como precautoria, la cual se encuentra contemplada en el artículo 401, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, consistente en el embargo precautorio, la cual tiene como finalidad garantizar la eficacia de la sentencia que se dicte, adelantando provisionalmente los efectos de la sentencia, la cual se decreta sin que medie audiencia previa. En ese tenor, la medida reclamada es susceptible de ser modificada, revocada o nulificada mediante el recurso de apelación, conforme lo dispuesto en los artículos 396, 401, fracción I, 402, 403, 406, 411 y 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, los cuales establecen en relación con las medidas cautelares lo siguiente: "TÍTULO CUARTO Capítulo Único Medidas Preparatorias, de Aseguramiento y Precautorias ARTÍCULO 396.- Antes de iniciarse el juicio pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable. ARTÍCULO 401.- Dentro del juicio o antes de iniciarse este pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: I.- Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio; . ARTÍCULO 402.- La medida a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se concederá a solicitud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, si aún no se instaura el juicio. La resolución que conceda la medida fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse. Si la medida se refiere a alimentos provisionales, bastará que el acreedor alimentario demuestre su derecho a recibir alimentos, debiendo manifestar además, si el deudor alimentario trabaja en alguna empresa pública o privada, tiene un negocio propio, trabaja por su cuenta o si cuenta con bienes de su propiedad. El juez despachará sin más trámite la medida precautoria, fijando en la resolución que la ordene la cantidad que periódicamente deba ministrarse y ordenará que se otorgue la correspondiente garantía de que se ministrarán, requiriéndose al deudor alimentario del pago inmediato de la pensión provisional y, en caso de no otorgarse, que se embarguen bienes suficientes de su propiedad para garantizarlos. Cuando se trate de un asalariado, el juez podrá fijar la pensión provisional de manera proporcional a los ingresos que recibe el deudor alimentario. Si trabaja por su cuenta o tiene un negocio propio y no se tiene información de sus ingresos, por lo menos otorgará una Unidad de Medida y Actualización diaria, correspondiente a la actividad del deudor. La medida se notificará de inmediato a la persona física o moral de quien reciba ingresos el deudor alimentario, ordenándole para que se haga entrega de la pensión provisional al que exige alimentos. Para el caso de incumplimiento de la cantidad fijada para ministrarse periódicamente, se manifestará así al juez del conocimiento, quién dará vista por el término de tres días en forma personal al obligado, a fin de que acredite con prueba documental su pago, en caso contrario se procederá a hacer entrega de los frutos, productos, ganancias o ingresos que generen los bienes embargados o intervenidos y, en caso de no darse, se procederá al remate de dichos bienes, aplicándose en lo conducente las disposiciones del Capítulo VII, Título Sexto, Libro Segundo, de este Código. Contra la resolución en que se otorguen los alimentos provisionales, no habrá recurso alguno y contra la que los deniegue procederá la apelación. ARTÍCULO 403.- Con excepción del caso de alimentos provisionales, la parte que solicite la medida debe previamente otorgar garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen y la parte contra la que se dicte podrá obtener el levantamiento de la misma o que ésta no se lleve a cabo, mediante el otorgamiento de garantía por su parte, suficiente para responder de los resultados del juicio. ARTÍCULO 406.- Las medidas de que tratan las fracciones I y II del artículo 401, se practicarán aplicándose, en lo conducente, las disposiciones del Capítulo VI del Título Sexto del Libro Segundo. ARTÍCULO 411.- Las medidas autorizadas en las fracciones I, II y IV del artículo 401, se decretarán sin audiencia de la contraparte y se ejecutarán sin notificación previa. ARTÍCULO 412.- La resolución en la que se decida la procedencia o improcedencia de la medida es apelable". Lo resaltado es propio de esta determinación. De lo anterior se obtiene, que la determinación mediante la cual el Juez responsable decreta medidas precautorias a fin de garantizar las resultas de un juicio, es apelable; medio ordinario de defensa por virtud del cual la parte quejosa, válidamente, pudo haber logrado que se reconsiderara la determinación que le agravia y, de así ser el caso, se revocara la decisión impugnada. En efecto, de acuerdo a lo antes expuesto, la determinación reclamada admitía un recurso ordinario -el de apelación-, por virtud del cual podría ser modificada, revocada o nulificada; y, como la parte quejosa omitió interponerlo, pues promovió directamente en su contra juicio de amparo, es incuestionable que con ello incumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Novena Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de 2006, página 2042 del rubro y texto siguiente: "MEDIDAS PREPARATORIAS, DE ASEGURAMIENTO Y PRECAUTORIAS. CARACTERÍSTICAS, OBJETO Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PARA COMBATIRLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El título cuarto, capítulo único, del Código de Procedimientos Civiles, establece diversas medidas cautelares, clasificadas en preparatorias, de aseguramiento y precautorias, las cuales se distinguen entre sí por su naturaleza y objeto; características que el legislador tuvo en cuenta al prever los medios de impugnación para combatirlas, los cuales son distintos para cada una de ellas. Las primeras se encuentran normadas en los artículos del 391 al 395 del cuerpo legal en cita, se decretan antes de comenzar el juicio y tienen por objeto prepararlo exigiendo la exhibición de determinadas cosas, documentos, libros o papeles que se encuentren en poder de quien será el demandado o de un tercero, y tienen un sistema de impugnación que difiere dependiendo del sujeto procesal que pretenda controvertirlas. Así, para quienes tendrán la calidad de actor o demandado, el acuerdo que las niega o el que las concede son apelables, en tanto que los terceros pueden oponerse a ellas al través de un incidente, tal como se desprende de los numerales 392 y 394 del estatuto legal en examen. Las precautorias contempladas en el artículo 401 del propio ordenamiento, consisten en el embargo precautorio; el depósito de libros, papeles o cosas; el depósito de menores y la separación de cónyuges, y pueden ser decretadas antes o durante la tramitación del juicio; su finalidad es garantizar la eficacia de la sentencia que se dicte o evitar que en el curso del procedimiento se alteren o destruyan los papeles o cosas, o se verifiquen situaciones similares a las que dieron origen al litigio, adelantando provisionalmente los efectos de la sentencia; de éstas, el embargo precautorio, el depósito de libros, papeles o cosas y la separación de cónyuges se decretan sin que medie audiencia previa; mientras que en el depósito de menores se oye a las partes antes de proveerlo; las determinaciones adoptadas al conceder o negar tales medidas son apelables, salvo la de separación de cónyuges que no es recurrible pero sí impugnable en la vía incidental para el cónyuge que no la haya promovido, como lo establece el artículo 410 B de la ley en comento. Las de aseguramiento reguladas en los artículos del 396 al 400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, salvo el caso de la modificación de hechos que tiene una tramitación específica en el artículo 397 del código adjetivo en cita, se dictan antes de iniciarse el juicio y que tienen por objeto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, jurídica o materialmente, evitando que cambie la situación de hecho o derecho y ello impida la eficacia de las sentencias; las resoluciones que recaen a la petición del despacho de una medida de esta naturaleza, se dictan en audiencia de la contraparte y el proveído que la concede es irrecurrible e inimpugnable al través de los medios ordinarios de defensa y el que la niega es apelable, pues así lo previene el artículo 396 del cuerpo normativo en alusión, y del capítulo respectivo no se advierte que quien debe soportarla pueda combatirla a través de algún otro medio diverso a los recursos -verbigracia un incidente-." [Lo resaltado es propio]. Sin que pase por desapercibido que la parte quejosa menciona que no solo impugna la medida precautoria de embargo decretada en su contra sino también su materialización; sin embargo, esto es insuficiente como para eximirle de agotar el principio de definitividad, cuenta habida que si a través del mencionado recurso de apelación obtuviese la revocación de la determinación que impugna, necesariamente quedarán insubsistentes los actos de ejecución. Máxime cuando de los anexos acompañados al informe con justificación del juez responsable, se aprecia sin lugar a dudas que la medida se encuentra dirigida a la persona de cada uno de los quejosos; por ende, al ser parte todos ellos parte material en el expediente de origen, ninguna imposibilidad les asiste para interponer los medios ordinarios de defensa procedentes. Entonces, es evidente que en el presente asunto no se cumplió con el principio de definitividad que debe satisfacerse para la procedencia del juicio de amparo, lo cual provoca que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se actualice alguno de los casos de excepción que contempla la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acuerdo reclamado no constituye acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, como lo es el auto de vinculación a proceso; ni mucho menos, el juicio de amparo fue promovido por una persona extraña al juicio de origen. Además, tampoco es obstáculo para la actualización de la referida causa de improcedencia, el hecho de que, suponiendo sin conceder, el acuerdo reclamado constituya un acto de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra; toda vez que esa circunstancia no exime a la parte afectada, de cumplir con el principio de definitividad que también rige la procedencia del juicio de amparo, puesto que de acuerdo con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 61, fracción XVIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la acción Constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Sustenta lo anterior, el contenido de la siguiente jurisprudencia, 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Igualmente resulta de observancia la jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la parte impetrante debió interponer en tiempo y forma el recurso de apelación y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. A similares consideraciones arribó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, al resolver, el recurso de queja ********************, en sesión de siete de julio de dos mil veintidós. Por lo anterior, es innegable la actualización de la causal de improcedencia en estudio prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Es importante precisar que no es impedimento para concluir de la manera que se hace, el hecho de que aún no se emplace a la parte quejosa al juicio natural; lo dicho, porque ello no significa que deje de ser parte en dicho procedimiento y que por tanto no deba agotar el recurso procedente (en el caso, el de apelación), en contra de la medida precautoria reclamada, ya que el carácter de parte no se adquiere con el emplazamiento referido, el cual conforme al artículo 328 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio al Código de Comercio, tiene los efectos de: a) sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el tribunal que lo emplazó, b) obligarlo a contestar la demanda ante esa propia autoridad, salvo el derecho de promover la incompetencia, y c) producir todas las consecuencias de la interpelación judicial. Por tanto, al figurar los quejosos como parte demandada en el procedimiento de origen, estaban obligados a agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación o revocación del acto reclamado, previamente al juicio constitucional. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." De igual forma, no es óbice, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Tampoco representa obstáculo para arribar a la determinación anterior, la circunstancia de que en la fecha en que se emite la presente determinación aún no se cuente con el emplazamiento de la parte tercera interesada; lo dicho, porque la presente determinación no le causará perjuicio alguno, dado el sentido de la misma, a más de que tales circunstancias no variarían el sentido de la presente decisión, en razón de la causa de improcedencia actualizada. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Además, debe decirse que la particular circunstancia de que se sobresea en el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a los promoventes, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, registro digital 2002286, de contenido siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para el verificativo la audiencia constitucional (once horas con dos minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control de este Juzgado. Se ordena generación de versión pública de determinación. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general."
- Principal
Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte la actualización de una causal de improcedencia, siendo ésta la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se expresan. Al efecto, el artículo y fracción en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: *******************[.]." El precepto legal referido, consigna la causal de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad, que rige al juicio constitucional, bajo las excepciones apuntadas, dado que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos, que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. El principio de definitividad obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales, que la ley que rige el acto reclamado, establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que solo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquéllos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Acotado lo anterior, del contenido integral de la demanda, escrito aclaratorio, informe justificado y tomo de pruebas, se tiene que en el presente asunto los quejosos reclaman, en esencia, los actos de molestia en sus domicilio y propiedades ordenados por el Juzgado Tercero civil de Partido en esta ciudad, derivados del auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, que dicha potestad dicto en el juicio sumario civil de arrendamiento inmobiliario C98/2023; a través del cual decreto la medida precautoria de embargo para garantizar el pago de la cantidad de $586,960.00 (quinientos ochenta y seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), o en su, defecto señalen bienes de su propiedad suficientes para garantizar la misma y su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Bajo ese contexto, la medida decretada en autos del expediente de origen es clasificada como precautoria, la cual se encuentra contemplada en el artículo 401, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, consistente en el embargo precautorio, la cual tiene como finalidad garantizar la eficacia de la sentencia que se dicte, adelantando provisionalmente los efectos de la sentencia, la cual se decreta sin que medie audiencia previa. En ese tenor, la medida reclamada es susceptible de ser modificada, revocada o nulificada mediante el recurso de apelación, conforme lo dispuesto en los artículos 396, 401, fracción I, 402, 403, 406, 411 y 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, los cuales establecen en relación con las medidas cautelares lo siguiente: "TÍTULO CUARTO Capítulo Único Medidas Preparatorias, de Aseguramiento y Precautorias ARTÍCULO 396.- Antes de iniciarse el juicio pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable. ARTÍCULO 401.- Dentro del juicio o antes de iniciarse este pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: I.- Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio; . ARTÍCULO 402.- La medida a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se concederá a solicitud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, si aún no se instaura el juicio. La resolución que conceda la medida fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse. Si la medida se refiere a alimentos provisionales, bastará que el acreedor alimentario demuestre su derecho a recibir alimentos, debiendo manifestar además, si el deudor alimentario trabaja en alguna empresa pública o privada, tiene un negocio propio, trabaja por su cuenta o si cuenta con bienes de su propiedad. El juez despachará sin más trámite la medida precautoria, fijando en la resolución que la ordene la cantidad que periódicamente deba ministrarse y ordenará que se otorgue la correspondiente garantía de que se ministrarán, requiriéndose al deudor alimentario del pago inmediato de la pensión provisional y, en caso de no otorgarse, que se embarguen bienes suficientes de su propiedad para garantizarlos. Cuando se trate de un asalariado, el juez podrá fijar la pensión provisional de manera proporcional a los ingresos que recibe el deudor alimentario. Si trabaja por su cuenta o tiene un negocio propio y no se tiene información de sus ingresos, por lo menos otorgará una Unidad de Medida y Actualización diaria, correspondiente a la actividad del deudor. La medida se notificará de inmediato a la persona física o moral de quien reciba ingresos el deudor alimentario, ordenándole para que se haga entrega de la pensión provisional al que exige alimentos. Para el caso de incumplimiento de la cantidad fijada para ministrarse periódicamente, se manifestará así al juez del conocimiento, quién dará vista por el término de tres días en forma personal al obligado, a fin de que acredite con prueba documental su pago, en caso contrario se procederá a hacer entrega de los frutos, productos, ganancias o ingresos que generen los bienes embargados o intervenidos y, en caso de no darse, se procederá al remate de dichos bienes, aplicándose en lo conducente las disposiciones del Capítulo VII, Título Sexto, Libro Segundo, de este Código. Contra la resolución en que se otorguen los alimentos provisionales, no habrá recurso alguno y contra la que los deniegue procederá la apelación. ARTÍCULO 403.- Con excepción del caso de alimentos provisionales, la parte que solicite la medida debe previamente otorgar garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen y la parte contra la que se dicte podrá obtener el levantamiento de la misma o que ésta no se lleve a cabo, mediante el otorgamiento de garantía por su parte, suficiente para responder de los resultados del juicio. ARTÍCULO 406.- Las medidas de que tratan las fracciones I y II del artículo 401, se practicarán aplicándose, en lo conducente, las disposiciones del Capítulo VI del Título Sexto del Libro Segundo. ARTÍCULO 411.- Las medidas autorizadas en las fracciones I, II y IV del artículo 401, se decretarán sin audiencia de la contraparte y se ejecutarán sin notificación previa. ARTÍCULO 412.- La resolución en la que se decida la procedencia o improcedencia de la medida es apelable". Lo resaltado es propio de esta determinación. De lo anterior se obtiene, que la determinación mediante la cual el Juez responsable decreta medidas precautorias a fin de garantizar las resultas de un juicio, es apelable; medio ordinario de defensa por virtud del cual la parte quejosa, válidamente, pudo haber logrado que se reconsiderara la determinación que le agravia y, de así ser el caso, se revocara la decisión impugnada. En efecto, de acuerdo a lo antes expuesto, la determinación reclamada admitía un recurso ordinario -el de apelación-, por virtud del cual podría ser modificada, revocada o nulificada; y, como la parte quejosa omitió interponerlo, pues promovió directamente en su contra juicio de amparo, es incuestionable que con ello incumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Novena Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de 2006, página 2042 del rubro y texto siguiente: "MEDIDAS PREPARATORIAS, DE ASEGURAMIENTO Y PRECAUTORIAS. CARACTERÍSTICAS, OBJETO Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PARA COMBATIRLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El título cuarto, capítulo único, del Código de Procedimientos Civiles, establece diversas medidas cautelares, clasificadas en preparatorias, de aseguramiento y precautorias, las cuales se distinguen entre sí por su naturaleza y objeto; características que el legislador tuvo en cuenta al prever los medios de impugnación para combatirlas, los cuales son distintos para cada una de ellas. Las primeras se encuentran normadas en los artículos del 391 al 395 del cuerpo legal en cita, se decretan antes de comenzar el juicio y tienen por objeto prepararlo exigiendo la exhibición de determinadas cosas, documentos, libros o papeles que se encuentren en poder de quien será el demandado o de un tercero, y tienen un sistema de impugnación que difiere dependiendo del sujeto procesal que pretenda controvertirlas. Así, para quienes tendrán la calidad de actor o demandado, el acuerdo que las niega o el que las concede son apelables, en tanto que los terceros pueden oponerse a ellas al través de un incidente, tal como se desprende de los numerales 392 y 394 del estatuto legal en examen. Las precautorias contempladas en el artículo 401 del propio ordenamiento, consisten en el embargo precautorio; el depósito de libros, papeles o cosas; el depósito de menores y la separación de cónyuges, y pueden ser decretadas antes o durante la tramitación del juicio; su finalidad es garantizar la eficacia de la sentencia que se dicte o evitar que en el curso del procedimiento se alteren o destruyan los papeles o cosas, o se verifiquen situaciones similares a las que dieron origen al litigio, adelantando provisionalmente los efectos de la sentencia; de éstas, el embargo precautorio, el depósito de libros, papeles o cosas y la separación de cónyuges se decretan sin que medie audiencia previa; mientras que en el depósito de menores se oye a las partes antes de proveerlo; las determinaciones adoptadas al conceder o negar tales medidas son apelables, salvo la de separación de cónyuges que no es recurrible pero sí impugnable en la vía incidental para el cónyuge que no la haya promovido, como lo establece el artículo 410 B de la ley en comento. Las de aseguramiento reguladas en los artículos del 396 al 400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, salvo el caso de la modificación de hechos que tiene una tramitación específica en el artículo 397 del código adjetivo en cita, se dictan antes de iniciarse el juicio y que tienen por objeto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, jurídica o materialmente, evitando que cambie la situación de hecho o derecho y ello impida la eficacia de las sentencias; las resoluciones que recaen a la petición del despacho de una medida de esta naturaleza, se dictan en audiencia de la contraparte y el proveído que la concede es irrecurrible e inimpugnable al través de los medios ordinarios de defensa y el que la niega es apelable, pues así lo previene el artículo 396 del cuerpo normativo en alusión, y del capítulo respectivo no se advierte que quien debe soportarla pueda combatirla a través de algún otro medio diverso a los recursos -verbigracia un incidente-." [Lo resaltado es propio]. Sin que pase por desapercibido que la parte quejosa menciona que no solo impugna la medida precautoria de embargo decretada en su contra sino también su materialización; sin embargo, esto es insuficiente como para eximirle de agotar el principio de definitividad, cuenta habida que si a través del mencionado recurso de apelación obtuviese la revocación de la determinación que impugna, necesariamente quedarán insubsistentes los actos de ejecución. Máxime cuando de los anexos acompañados al informe con justificación del juez responsable, se aprecia sin lugar a dudas que la medida se encuentra dirigida a la persona de cada uno de los quejosos; por ende, al ser parte todos ellos parte material en el expediente de origen, ninguna imposibilidad les asiste para interponer los medios ordinarios de defensa procedentes. Entonces, es evidente que en el presente asunto no se cumplió con el principio de definitividad que debe satisfacerse para la procedencia del juicio de amparo, lo cual provoca que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se actualice alguno de los casos de excepción que contempla la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acuerdo reclamado no constituye acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, como lo es el auto de vinculación a proceso; ni mucho menos, el juicio de amparo fue promovido por una persona extraña al juicio de origen. Además, tampoco es obstáculo para la actualización de la referida causa de improcedencia, el hecho de que, suponiendo sin conceder, el acuerdo reclamado constituya un acto de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra; toda vez que esa circunstancia no exime a la parte afectada, de cumplir con el principio de definitividad que también rige la procedencia del juicio de amparo, puesto que de acuerdo con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 61, fracción XVIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la acción Constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Sustenta lo anterior, el contenido de la siguiente jurisprudencia, 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Igualmente resulta de observancia la jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la parte impetrante debió interponer en tiempo y forma el recurso de apelación y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. A similares consideraciones arribó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, al resolver, el recurso de queja ********************, en sesión de siete de julio de dos mil veintidós. Por lo anterior, es innegable la actualización de la causal de improcedencia en estudio prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Es importante precisar que no es impedimento para concluir de la manera que se hace, el hecho de que aún no se emplace a la parte quejosa al juicio natural; lo dicho, porque ello no significa que deje de ser parte en dicho procedimiento y que por tanto no deba agotar el recurso procedente (en el caso, el de apelación), en contra de la medida precautoria reclamada, ya que el carácter de parte no se adquiere con el emplazamiento referido, el cual conforme al artículo 328 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio al Código de Comercio, tiene los efectos de: a) sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el tribunal que lo emplazó, b) obligarlo a contestar la demanda ante esa propia autoridad, salvo el derecho de promover la incompetencia, y c) producir todas las consecuencias de la interpelación judicial. Por tanto, al figurar los quejosos como parte demandada en el procedimiento de origen, estaban obligados a agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación o revocación del acto reclamado, previamente al juicio constitucional. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." De igual forma, no es óbice, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Tampoco representa obstáculo para arribar a la determinación anterior, la circunstancia de que en la fecha en que se emite la presente determinación aún no se cuente con el emplazamiento de la parte tercera interesada; lo dicho, porque la presente determinación no le causará perjuicio alguno, dado el sentido de la misma, a más de que tales circunstancias no variarían el sentido de la presente decisión, en razón de la causa de improcedencia actualizada. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Además, debe decirse que la particular circunstancia de que se sobresea en el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a los promoventes, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, registro digital 2002286, de contenido siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para el verificativo la audiencia constitucional (once horas con dos minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control de este Juzgado. Se ordena generación de versión pública de determinación. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.
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