Armando Sánchez Zapata

Expediente 230/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
230/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Armando Sánchez Zapata
  • Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "Cps Durango", Gómez Palacio, Durango.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; seis de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que originó este asunto; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de mayo de dos mil veintidós. Constancia. Se tiene por recibida la constancia de notificación del actuario de la adscripción de la que se desprende que Armando Sánchez Zapata, desahoga el requerimiento de trece de mayo del año en curso, con lo cual aclara su demanda en los términos del auto preventivo. Improcedencia. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen, así como del escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza en forma evidente, la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual debe estudiarse de oficio, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo. En efecto, la causal invocada debe analizarse en función de las fracciones X y XI del precitado numeral, cuyo texto es: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior (.)" De acuerdo a lo anterior, la causa de improcedencia inmersa en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conlleva a preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada, cuya finalidad es la de evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Así, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria de otro juicio de garantías, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, pues la diferencia con el supuesto regulado en la fracción X, que precede a la fracción en estudio, es que en esta última, se utiliza la expresión "materia de una ejecutoria", término que se refiere a los juicios completamente terminados, por ello se habla de preservar la "cosa juzgada", pues la estabilidad, seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas en que se basa este principio, impiden que se abra nuevamente la controversia. Ilustra a lo anterior por identidad jurídica, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y uno, primera parte, XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, materia común, número de registro 257,752, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". Ahora, del examen integral que se efectúa la demanda de amparo y su aclaración, se advierte que el quejoso Armando Sánchez Zapata, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango, reclama la omisión de practicarle una intervención quirúrgica denominada "Rinoseptoplastia Funcional", la cual fue recomendada para tratar su padecimiento de salud. Al respecto, aunque es cierto que el quejoso se duele de una falta de atención médica con relación a la citada cirugía, en el caso, debe indicarse que dicho acto es materia de la ejecutoria del diverso juicio de amparo 1048/2019-V-A, radicado en este propio juzgado. En efecto, de las constancias que integran el precitado expediente 1048/2019-V-A, cuya existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que dicho procedimiento fue promovido por el aquí Armando Sánchez Zapata, respecto de la falta de atención medica con relación a diversos padecimientos de salud; asimismo, aparece que se le otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, destacando que el juicio actualmente se encuentra en etapa de cumplimiento, con relación a la misma cirugía que ahora se reclama en este expediente, es decir, la intervención quirúrgica denominada "Rinoseptoplastia Funcional." En tal sentido, es claro que se actualiza de forma manifiesta e indudable el motivo de improcedencia contenido en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la cirugía reclamada es objeto de la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 1048/2019-V-A, promovido por el mismo quejoso, es decir, la realización de la cirugía constituye cosa juzgada y ningún caso tiene tramitar un nuevo juicio por ese mismo motivo. De ahí entonces, el acto que se reclama en el presente juicio no puede ser materia de un nuevo análisis, pues la cosa juzgada de aquel juicio de amparo, constituye verdad legal, de modo tal que no es jurídicamente factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas y abordadas en el primer juicio de garantías promovido; pretender lo contrario, atentaría no solo contra la técnica del juicio de amparo, sino contra el principio de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/40 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 43, junio de 2017, tomo IV, página 2471, con registro 2014594, que expresa: "COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. De los criterios sostenidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del concepto de cosa juzgada, se pueden establecer los supuestos que deben verificarse a fin de determinar su existencia en un juicio, los que son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los juicios; y, c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; sin embargo, se advierte un cuarto elemento de convicción que requiere verificar el juzgador a fin de actualizar la institución de la cosa juzgada y que se refiere a que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este último requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para que la excepción de cosa juzgada surta efectos, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que dicha excepción sea invocada, concurra identidad en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes, en la calidad con la que intervinieron y, por supuesto, que en el primer juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas, en razón a que de no concurrir este último no podría considerarse que se está ante la figura de la cosa juzgada, pues lo contrario, llevaría al absurdo de propiciar una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo demandado sea resuelto en alguna instancia". Asimismo se invoca, la tesis aislada 1a. XCIV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 29, abril de 2016, tomo II, página 1108, registro 2011384, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 133 CONSTITUCIONALES, NI EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El precepto y porción normativa citados, en los que descansa la causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada en el juicio de amparo, no es violatorio de los artículos 1o. y 133 constitucionales, pues constituye un requisito para la procedencia del juicio constitucional, que es el recurso nacional más efectivo impuesto por el parlamentario federal que debe ser observado como presupuesto para el derecho fundamental de acceso a la justicia por razones de seguridad jurídica, para dotar de certeza lo resuelto en otros juicios de amparo en beneficio de la correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas, cuya previsión se encuentra en armonía con lo que establece al respecto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la amplia jurisprudencia en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando en el segundo juicio de amparo se reclame la violación de derechos humanos que no se hicieron valer en el primero. Ello obedece a la reforma del artículo 1o. de la Constitución Federal y la incorporación a nuestro sistema jurídico, con rango constitucional, de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México forma parte, de conformidad con el diverso 133 del mismo ordenamiento, lo cual implica que aun ante este nuevo paradigma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra facultada para revisar las decisiones emitidas por los tribunales colegiados de circuito al resolver un juicio de amparo anterior en el que se advirtió que la sentencia impugnada no es violatoria de derechos fundamentales, pues tales determinaciones son inmutables por virtud de la autoridad de la cosa juzgada, lo que atiende a una necesidad operativa que permite que el sistema cumpla con la función de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial, igualitario y dotado de certeza jurídica, lo que abona al orden y a la paz social". Igualmente se invoca, la tesis aislada VII.2o.C.25 K (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 24, noviembre de 2015, tomo IV, página 3530, registro 2010390, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA, REFERENTE A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS HAYAN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UNO DIVERSO, SE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1o., párrafo primero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. No obstante, la porción normativa que prevea los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el Juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos indicados, se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos humanos son que: a) se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). De ahí que la restricción al derecho humano de acceso a la justicia, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a que los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es razonablemente válida, porque está contenida en una ley formal y material, que es la Ley de Amparo y persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, la medida es necesaria, porque impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Finalmente, es razonable, toda vez que protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia". De ahí entonces, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Armando Sánchez Zapata. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Y la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Transparencia y acceso a la información. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido, así como a su defensora pública federal Esperanza Soto Alonso.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de mayo de dos mil veintidós. Certificación. Visto la certificación que antecede, se advierte que la defensora pública federal no atendió el requerimiento formulado en favor de su representado, pese a que le transcurrió plazo concedido en el auto preventivo de veintitrés de febrero del año en curso. Estado de autos. Ahora bien, considerando la omisión anterior, este juzgado se pronuncia sobre las manifestaciones realizadas por el quejoso para aclarar su escrito de demanda, las cuales aparecen en la constancia de notificación de diez de marzo de este año, con las que refirió lo siguiente: ".las autoridades responsables son el Director de éste Centro o Encargado de Dirección General y el (la) Encargado (a) del Área Médica ya que no se me da la atención especializada para la operación en mención." No cumple prevención. Al respecto, toda vez que el promovente Armando Sánchez Zapata, omitió desahogar los puntos II y III del auto de aclaración, puesto que no dijo nada con relación a lo requerido en dichos apartados, en los que se le pidió lo siguiente: "ii. Realice la protesta de ley prevista en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo; es decir, señale bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que sirven de fundamento de los conceptos de violación, pues no se advierte ese requisito formal en la demanda de amparo. [.] iii. Manifieste si en contra de los actos reclamados relacionados con las condiciones de internamiento y falta de atención médica que indica en su escrito de demanda, presentó controversia alguna ante el juez de ejecución correspondiente, en la inteligencia de ser así deberá precisar el número de la misma, así como la autoridad ante la cual se tramita y el estado procesal que guarda." En consecuencia, se estima que el promovente no cumplió con la prevención que le fue formulada en el auto preventivo, por lo que, se le requiere para que desahogue los puntos anteriores, a fin de que subsane la aclaración de la demanda. Subsiste. Por tanto, hágase del conocimiento del quejoso que subsiste el requerimiento, término y apercibimiento efectuados en auto de veintitrés de febrero del año en curso, en la inteligencia que dicho término se interrumpió con las manifestaciones que realizó en la notificación de once de marzo de este año, por lo que el plazo se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Cobra aplicación, la jurisprudencia 1ª./J.39/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, libro VIII, mayo de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, cuyo epígrafe es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo". Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de abril de dos mil veintidós. Cheque a disposición. Agréguese a sus antecedentes, el comunicado de cuenta signado por el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que emitió en favor de la parte quejosa José Enrique Aguilera Briones, el cheque número 26207, por la cantidad de $38,014.00 (treinta y ocho mil catorce pesos 00/100 moneda nacional), el cual se encuentra a su disposición en las oficinas de dicha dependencia. Vista. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que acuda a la oficina que se indica, recoja el cheque, y lo haga efectivo, lo que debe hacer del conocimiento de este juzgado en cuanto ello suceda; asimismo, se le da vista con constancias que obran en el presente juicio de amparo, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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