Armando Ríos Marrufo

Expediente 568/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
568/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • María del Carmen Ríos Marrufo
  • Armando Ríos Marrufo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de la secretaría de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de treinta de abril de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila, tres de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus antecedentes sin mayor proveído, el oficio signado por el Primer Comandante de Fuerza Coahuila, Agrupamiento de Proximidad Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe en relación a la suspensión de plano, en virtud de que el treinta de abril del dos mil dieciocho se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    se notifica por lista al quejoso: Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que se encuentran agregadas en el juicio de amparo en que se actúa. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: Obligaciones básicas: Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, las obligaciones previstas en los artículos 13, 15, 16 y 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango, en lo presente y en lo futuro. Obligaciones complementarias: Devuelva a la parte quejosa las cantidades que erogó por concepto de contrato de compraventa de inmuebles y registro de crédito hipotecario, salvo la deducción de la cantidad mínima a pagar, respecto de los recibos de pago con números de transacción 2017-707684 y 2017-707705 de tres de julio de dos mil diecisiete; y la cantidad total que erogó por el impuesto de fomento a la educación. Por lo que mediante auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (foja 182). Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa los artículos 13, 15, 16 y 52 fracciones I y VI de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, para el efecto de que no se le apliquen ni en lo presente ni en lo futuro; asimismo, se realizó la transferencia electrónica bancaria a nombre de la quejosa por la cantidad de $13,698.10 (trece mil seiscientos noventa y ocho pesos 10/100 moneda nacional), que enteró por concepto de compraventa de inmuebles, registro de crédito hipotecario e impuesto de fomento a la educación, conforme a lo establecido en la sentencia de amparo. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente a la quejosa

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