Armando Rodríguez Sevilla

Expediente 1005/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1005/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Armando Rodríguez Sevilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Atento a lo anterior, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1005/2021-VI, formado con motivo de la demanda promovida por Armando Rodríguez Sevilla, por derecho propio, contra actos del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México y otra autoridad; y, .... Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 73 y 124 de Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1005/2021-VI, promovido por Armando Rodríguez Sevilla, por derecho propio, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese y de manera electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.

  3. Incidental

    En la Ciudad de México, siendo las CAMBIAR HORA DEL tres de septiembre de dos mil veintiuno, agregar texto . agregar texto En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del tres de septiembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental en el juicio de amparo número 1005/2021-VI, promovido por Armando Rodríguez Sevilla, por propio derecho, contra actos del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México y otra autoridad, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, ni de autorizado que las represente. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran: copia simple de la demanda; auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual se resolvió sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa; constancias de notificación a las autoridades responsables e informes previos rendidos por éstas. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa. No habiendo prueba pendiente por acordar, se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho El Juez acuerda: se tiene por desierto el periodo de alegatos. No habiendo escrito pendiente de acordar, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 1005/2021-VI, promovido por Armando Rodríguez Sevilla, por propio derecho, contra actos del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito ingresado en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado, Armando Rodríguez Sevilla, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se indican: FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.26.ee 18/09/21 13:12:51 AUDIENCIA INCIDENTAL_CELEBRADA 3 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN I-1005/2021-VI ??????????????? SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se resolvió sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, se requirió a las autoridades responsables su informe previo y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Son ciertos los actos que se reclaman al Director y el Responsable de la Unidad Médica, ambos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México; al rendir sus informes previos, negaron existencia de los actos que les fueron atribuidos por la parte quejosa, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, consistentes en la abstención de realizar los actos tendientes para canalizar al quejoso Armando Rodríguez Sevilla para la intervención médica especializada a pesar de los diagnósticos de los médicos del Reclusorio Sur, pues si bien al rendir su informe previo lo negaron, enseguida realizaron manifestaciones que evidencian su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.(Octava Época, Registro: 211004, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página: 391 SEGUNDO. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129 y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de amparo deben reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, los cuales son: que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicio de difícil reparación para el quejoso; asimismo, cuando la naturaleza lo permita, se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Cabe precisar que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados para los siguientes efectos: que "sea trasladado para mi cirugía de vesícula al HOSPITAL ÁNGELES METROPOLITANO en el cual mi seguro de gastos médicos mayores me cubre los servicios que se requieran, lo anterior ante la imposibilidad de las instituciones públicas de recibirme por efectos de la pandemia", por lo que este juzgado se pronunciará en ese sentido. Al respecto, debe tomarse en consideración la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." (Época: Décima Época; Registro: 2019200; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 4/2019 (10a.); Página: 14). Puntualizado lo anterior, se impone destacar que los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129 y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de amparo deben reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, los cuales son: 1) Que sea solicitada por la parte quejosa; 2) Si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos. 3) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización; 4) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso concreto, la parte quejosa satisface el requisito previsto en el punto uno, toda vez que la medida fue solicitada por la parte quejosa. También se cumple con el requisito del punto dos, en razón de la determinación de la certeza de los actos precisada en el considerando que antecede. En relación con el requisito del inciso tres, consistente en que la naturaleza del acto permita su paralización, conviene precisar que, las omisiones reclamadas tienen un impacto en su derecho a la salud y, en consecuencia, está relacionado con el derecho a la vida, de ahí que se cumple con dicho requisito. En relación con el inciso cuatro, con tal medida no se sigue perjuicio al interés social porque ninguna afectación causa a la sociedad el que se continúe brindando el servicio médico a la parte quejosa en caso de necesitarla, sino por el contrario, se evitaría a éste los perjuicios en grado de daño irreparable que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle en caso de negarse la prestación médica, puesto que se trata de proteger uno de los más elementales derechos humanos como lo es la salud, la cual debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio, incluso, de los demás derechos humanos. En efecto, es preciso destacar que la suspensión solicitada se basa en el derecho a la protección a la salud, establecido en el párrafo tercero del artículo 4 de la Constitución Federal, que señala: "Artículo 4. .Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." De lo anterior se aprecia, que el acceso a los servicios de Salud, constituye un derecho público subjetivo garantizado por la Constitución Federal en su numeral 4 como derecho fundamental. Dicha prerrogativa se compone de la atención médica que comprende todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; dichos alcances fueron interpretados jurisprudencialmente, de acuerdo al criterio siguiente: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Así como también es ilustrativa, la tesis aislada 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Así como la tesis aislada I.7o.A.316 A, que a la letra señala: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público." (No. Registro: 180,445, Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.7o.A.316 A, Página: 1880). Asimismo, el Estado Mexicano ha suscrito convenios supranacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que desarrollan esos estándares, en términos de contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Muestra de ello, es el texto del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del cual México es parte, concordante con el ordinal 4 de la Constitución Federal, el cual establece: "Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, reconoce el derecho a la protección a la salud, al disponer en su artículo XI, lo siguiente: "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, vestido, la vivienda, y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". Finalmente, los artículos 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", disponen: "Artículo 9 Derecho a la seguridad social 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto. Artículo 10 Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." En conclusión, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales referidos, contemplan el pleno ejercicio del derecho fundamental a la protección de la salud, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las persona sujetas a su jurisdicción." En el mismo sentido, cabe mencionar que el derecho a la protección de la salud pertenece a los llamados derechos humanos de segunda generación de carácter social, también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, es decir, concerniente a la protección de las personas, sectores y grupos de la sociedad en condiciones económicas inequitativas con el resto de la colectividad, que pretende alcanzar la convivencia social a través del cumplimiento del ordenamiento jurídico. En otras palabras, el derecho fundamental comentado se sustenta en una estructura de naturaleza asistencial y de seguridad social, el cual es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos, que se encuentran reconocidos en los pactos internacionales de forma no limitativa sino enunciativa ya que no se puede circunscribir al simple significado del vocablo, pues es el FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.26.ee 18/09/21 13:12:51 continente de un sin número de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir inter país como a nivel internacional. Pues bien, una vez definida la naturaleza y alcances del derecho fundamental a la salud, resulta pertinente recordar que la suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, que tiene como finalidad preservar la materia del juicio de amparo -en el caso concreto, hasta que se resuelva el juicio de amparo-, y cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la actuación de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios. El objeto primordial de esta providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que las autoridades responsables realicen las gestiones que sean necesarias a efecto de dar la atención médica que requiera el quejoso, de acuerdo a sus padecimientos, sin que ello se traduzca en un traslado, salvo que de los análisis y valoración médica que realice el personal médico se considere necesario para salvaguardar la vida del quejoso, en alguno de los hospitales que cuente con convenio de colaboración o incluso privado, bajo su más estricta responsabilidad. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte sobre el fondo del asunto en lo principal. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Importa destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se CONCEDE la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Armando Rodríguez Sevilla, por propio derecho, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad de México, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Se tienen por recibido los oficios de cuenta signados por el Subdirector Jurídico en representación del Director, ambos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México, mediante los cuales rinde sus informes previos. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendidos los informes previos, sin perjuicio de ser relacionados al momento de celebrar la audiencia incidental. Con apoyo en los artículos 9° y 28, fracción I, de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

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