Armando Resendiz Prado

Expediente 915/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 79 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
915/2017
Año
2017
Actuaciones
79
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Armando Resendiz Prado
  • Director General de Recursos Humanos de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal hoy Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 79.

  1. Principal

    Ciudad de México, uno de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por el que se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que venció el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad responsable. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los aportados por la autoridad. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, confirmada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 14/2018-11504, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: para el efecto de que la autoridad responsable Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, dentro del plazo de veinte días, contados a partir de que quede legalmente notificada del auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, en términos del artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, aperture el incidente de cuantificación de cantidades correspondiente, para determinar la cantidad liquida que corresponde pagar a la parte actora, hoy quejosa, toda vez que como se dijo, el pago de la misma representa parte del cumplimiento de la resolución, y una vez determinado lo anterior, requiera a la autoridad demandada Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, su inmediato cumplimiento, quien queda constreñido a acreditar ante la Sala de origen y ante este Juzgado Federal el pago al quejoso de la indemnización respectiva (tres meses de salario), vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, así como las prestaciones a que tenga derecho, entendiéndose esto, como las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que el servidor público dejó de percibir por la prestación de sus servicios, desde el momento en que estuvo en aptitud de incorporarse a sus actividades y hasta la fecha en que se le realice el pago correspondiente, siguiendo los lineamientos de la sentencia de apelación de quince de octubre de dos mil catorce, aclaración de sentencia de tres de diciembre de dos mil catorce, y queja de veinticinco de junio de dos mil quince." En ese tenor, se advierte que la Segunda Sala Ordinaria, Ponencia Seis del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, con el oficio con número de correspondencia 14137 (foja 752), remitió copia certificada del acuerdo de la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, en el que tuvo como determinada la cantidad a devolver al quejoso misma que asciende a tres millones, seiscientos treinta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos con treinta y un centavos de moneda nacional (3,636,168.31), acreditando también que dicha cantidad resultó después haber resuelto el incidente de cuantificación reiterado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, en el recurso de queja Q.A. 129/2019-130. Resolución de la que además se destaca: Por lo que lo procedente es TENER COMO CANTIDAD CIERTA A CUBRIR A FAVOR DE LA PARTE ACTORA, la determinada en el dictamen pericial en materia de contabilidad que exhibió, CON EXCEPCIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.- La anterior determinación obedece al hecho de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo fracción XVIII, del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pago que debe serle cubierto como consecuencia de la nulidad declara en el juicio de nulidad en que se actúa, se conforma únicamente de la indemnización que conforme a derecho proceda (esto es, tres meses de salario integrado devengado), así como el pago de la remuneración diaria ordinaria hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, ditas, compensaciones o cualquier otro concepto por la prestación de sus servicios, que se vinculan al concepto "y demás prestaciones a que tenga derecho", al ser estos conceptos los que percibía el hoy actor antes de ser separado de su cargo y no así un pago extra por la demeritación del poder adquisitivo, más aun cuando recibirá el pago actualizado. Así las cosas, si como se ha expuesto a lo largo de esta resolución, NO ES PROCEDENTE el pago por concepto de la determinación del poder adquisitivo de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que según lo expuesto en el dictamen pericial del acto asciende a la cantidad de 701,458.03 (Setecientos un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 03/100 moneda nacional) y dentro del peritaje de mérito se aprecia que ya se encuentra contemplado el pago correspondiente a veinte días por cada año laborado. En ese tenor, como se observa de la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente de nulidad II-26716/2012, la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, resolvió improcedente el pago por concepto de determinación del poder adquisitivo de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que en su momento pidió el agraviado, y; a su vez, resolvió que los veinte días de salario por cada año trabajado, cuyo pago también pidió el quejoso, fueron considerados en la cuantificación contenida en la pericial contable rendida por su perito, pericial de la cual se obtuvo como cantidad a pagar al quejoso tres millones, seiscientos treinta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos con treinta y un centavos de moneda nacional (3,636,168.31), por conceptos de indemnización y demás prestaciones, menos los descuentos de ley. Atento a lo anterior, mediante proveído de doce de julio de dos mil diecinueve (fojas 770 a 776), se tuvo por acatada de manera parcial la ejecutoria de amparo, en el sentido de que la Sala responsable acreditó aperturar el incidente de cuantificación de cantidades y determinar la cantidad a pagar al quejoso, misma que se tuvo como cierta en la misma fecha y la cual ascendió a tres millones, seiscientos treinta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos con treinta y un centavos de moneda nacional (3,636,168.31), por conceptos de indemnización y demás prestaciones, menos los descuentos de ley. En cumplimiento al resto de los efectos, mediante oficio de doce de marzo de dos mil veinte, recibido en este juzgado el trece de marzo siguiente, el Subdirector de Relaciones Laborales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, exhibió copia certificada del recibo de pago y/o finiquito de fecha diez de marzo de dos mil veinte, en el que se hace constar que el quejoso Armando Reséndiz Prado, se apersonó en la Subdirección de Relaciones Laborales, a efecto de recibir el título de crédito 0002201 de dieciocho de febrero de dos mil veinte, por la cantidad neta de 2,695,446.93 (dos millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 93/1000 Moneda Nacional), por el concepto de salarios caídos y demás prestaciones e indemnización constitucional, del dieciséis de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Ante las relatadas consideraciones, tomando en cuenta los elementos que obran en el expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, en virtud de que no existe exceso ni defecto y se cumplió con la totalidad de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2ª./J. 1/2001, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia. Se hace del conocimiento lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para notificar personalmente el presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en Doctor Rafael Lucio, número ciento veintiséis (126), interior trescientos dos (302), Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    (17/MARZO/2020).- VISTOS.- AGRÉGUESE OFICIO PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA Y TÉNGANSE POR RECIBIDAS LAS CONSTANCIAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA, CON SU CONTENIDO, DÉSE VISTA A LA QUEJOSA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

  4. Principal

    (12/MARZO/2020).- VISTO, AGRÉGUESE OFICIO PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO, MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE INFORMA LAS GESTIONES TENDIENTES RELATIVAS AL FALLO PROTECTOR. NOTIFÍQUESE.

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