Armando Páramo Vigil

Expediente 1148/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1148/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
24/01/2018

Partes del expediente

  • Armando Páramo Vigil
  • Juez Primero del Sistema Penal Acusatorio y Oral en la Ciudad de Morelia, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el proveído donde se sobreseyó fuera de audiencia, dictado en el presente juicio; con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. En atención a que resulta innecesario conservar los discos compactos que contienen los videos de las sesiones celebradas el veintiuno y veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete, relativas a la causa penal de done emana el acto reclamado, que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución, solicitando acusar recibo de su recepción. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil dieciocho. Autoridad inexistente. Vista las razones levantadas por la actuario adscrito, donde manifiesta la imposibilidad de entregar los oficios 50392 y 50393, dirigidos al Titular de la Dirección de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y Coordinador de la Policía Ministerial del estado respectivamente, ambos en Morelia, Michoacán, en virtud de no existir en el organigrama de la Procuraduría. En consecuencia, ténganse como autoridades inexistentes y suspéndase toda comunicación con ellas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Jesús Salud Méndez García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Visto; atento a la cuenta de mérito se provee: Se sobresee fuera de audiencia. Téngase por recibido el oficio signado por la Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de justicia penal acusatorio y oral Región Morelia, por el cual remite copia simple del acta de audiencia de formulación de imputación y de los videos de las sesiones celebradas el veintiuno y veinticinco, ambas de diciembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 670/2017, donde se vinculó a proceso a Armando Paramo Vigil, por su probable responsabilidad del delito de homicidio calificado. Ahora, del estudio de la copia y videos de la vinculación a proceso remitidas por el juzgador responsable se considera que en el presente juicio de amparo se actualizó de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, esto es, el cambio de situación jurídica. El precepto legal en comento es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del dispositivo reproducido se desprenden los elementos que debe estimar el juez de Distrito para tener acreditada la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, a saber, que: Se trate de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; Se promueva el juicio de amparo en contra de un acto procesal; Después de presentada la demanda sobrevenga otro acto que cambie la situación jurídica que gozaba el quejoso respecto del acto reclamado; No sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo, se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue destacado en la demanda de amparo; Exista independencia entre el acto reclamado y la nueva situación creada por el nuevo acto; y, Como consecuencia de ello, deban considerase consumadas irreparablemente las violaciones cometidas para los efectos del amparo. Sustenta el tema expuesto, la tesis 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, Tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. La anterior determinación resulta aplicable en los diversos criterios que más adelante se citan. En el caso, para demostrar la actualización de la referida causal de improcedencia es indispensable tener en consideración lo siguiente: El peticionario de la Justicia de la Unión reclamó la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión y su ejecución, dictada por el Juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral Región Morelia; y, De las constancias que obran en autos consistentes en copia simple del acta de la audiencia de formulación de imputación y de los videos de las sesiones celebradas el veintiuno y veinticinco, ambas de diciembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 670/2017, donde se vinculó a proceso a Armando Paramo Vigil, por su probable responsabilidad del ilícito de homicidio calificado. En ese sentido, lo relatado hace patente que inicialmente se reclamó en esta vía de amparo la orden de aprehensión del peticionario emitida por autoridad judicial y quedó demostrado que con posterioridad se vinculó a proceso; resolución que torna jurídicamente imposible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado (orden de aprehensión), sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional. Ahora bien, existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, pues la vinculación a proceso acarrea un cambio de situación jurídica y por virtud de éste la irreparable consumación de las violaciones que se le atribuyen a la orden privativa de la libertad; no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso creada por el auto de plazo constitucional. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, Tomo XXVII, junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia referida inicio del presente proveído, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que también se reclaman, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 339, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Sin que sea impedimento el hecho de que todavía no se emplace a los terceros interesados dado que con motivo del sobreseimiento en el juicio no les acarrea perjuicio alguno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Carlos Fernando Cabrera López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Jesús Salud Méndez García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    por este medio se notificó a la parte querjosa la resolución de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete que en sintesis dice: Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Visto; atento a la cuenta de mérito se provee: Se sobresee fuera de audiencia. Téngase por recibido el oficio signado por la Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de justicia penal acusatorio y oral Región Morelia, por el cual remite copia simple del acta de audiencia de formulación de imputación y de los videos de las sesiones celebradas el veintiuno y veinticinco, ambas de diciembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 670/2017, donde se vinculó a proceso a Armando Paramo Vigil, por su probable responsabilidad del delito de homicidio calificado. Ahora, del estudio de la copia y videos de la vinculación a proceso remitidas por el juzgador responsable se considera que en el presente juicio de amparo se actualizó de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, esto es, el cambio de situación jurídica. El precepto legal en comento es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del dispositivo reproducido se desprenden los elementos que debe estimar el juez de Distrito para tener acreditada la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, a saber, que: Se trate de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; Se promueva el juicio de amparo en contra de un acto procesal; Después de presentada la demanda sobrevenga otro acto que cambie la situación jurídica que gozaba el quejoso respecto del acto reclamado; No sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo, se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue destacado en la demanda de amparo; Exista independencia entre el acto reclamado y la nueva situación creada por el nuevo acto; y, Como consecuencia de ello, deban considerase consumadas irreparablemente las violaciones cometidas para los efectos del amparo. Sustenta el tema expuesto, la tesis 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, Tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. La anterior determinación resulta aplicable en los diversos criterios que más adelante se citan. En el caso, para demostrar la actualización de la referida causal de improcedencia es indispensable tener en consideración lo siguiente: El peticionario de la Justicia de la Unión reclamó la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión y su ejecución, dictada por el Juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral Región Morelia; y, De las constancias que obran en autos consistentes en copia simple del acta de la audiencia de formulación de imputación y de los videos de las sesiones celebradas el veintiuno y veinticinco, ambas de diciembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 670/2017, donde se vinculó a proceso a Armando Paramo Vigil, por su probable responsabilidad del ilícito de homicidio calificado. En ese sentido, lo relatado hace patente que inicialmente se reclamó en esta vía de amparo la orden de aprehensión del peticionario emitida por autoridad judicial y quedó demostrado que con posterioridad se vinculó a proceso; resolución que torna jurídicamente imposible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado (orden de aprehensión), sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional. Ahora bien, existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, pues la vinculación a proceso acarrea un cambio de situación jurídica y por virtud de éste la irreparable consumación de las violaciones que se le atribuyen a la orden privativa de la libertad; no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso creada por el auto de plazo constitucional. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, Tomo XXVII, junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia referida inicio del presente proveído, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que también se reclaman, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 339, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Sin que sea impedimento el hecho de que todavía no se emplace a los terceros interesados dado que con motivo del sobreseimiento en el juicio no les acarrea perjuicio alguno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Carlos Fernando Cabrera López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Jesús Salud Méndez García, secretario que autoriza y da fe.

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