Armando Martínez Tena
Expediente 611/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Armando Martínez Tena
- Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede se advierte que ninguna de las partes impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio, en la que se sobreseyó; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Resulta pertinente resaltar que esta determinación se emite hasta el día de hoy, ya que con motivo de la circular CAP/3/2020 emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se aprobó la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal" y se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III, y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Medida que tuvo vigencia del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021; periodo durante el cual se suspendieron los plazos y términos, con las salvedades del punto anterior. Supuestos que en el presente asunto no acontecieron, pues no se trató de un asunto calificado como "urgente", pues no fue presentado de manera física ni electrónica, con esa calidad. Más aún, porque de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo General en cita, para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes o sus representantes debían haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. De ahí que el presente asunto quedó contemplado dentro de aquéllos en los que se suspendieron los plazos y términos; lo que llevó implícito que en aquel momento no se diera continuidad. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; toda vez que, se sobreseyó el juicio de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Sin que sea el caso hacer pronunciamiento sobre los cuadernos relativos al incidente de suspensión, en razón de que no se solicitó la medida cautelar. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 611/2020. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El veintidós de septiembre de dos mil veinte, Armando Martínez Tena por derecho propio, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 611/2020. Y, previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclama del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial del Estado: El acuerdo dictado el once de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro de los autos relativos a la queja interpuesta contra Susana Magali Huerta León, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que se imputan a la autoridad responsable, pues al rendir su respectivo informe justificado aceptó su existencia. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217 de la Ley de Amparo, ya que por construcción interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la séptima época del Semanario Judicial de la Federación estableció que los supuestos para que opere dicha causal de improcedencia son: La existencia de un acto anterior consentido; y, La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Sustenta lo anterior las tesis de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". En ese contexto, se procede analizar los dos supuestos para que se actualice la causal de improcedencia invocada. En efecto, el supuesto marcado con el número 1, consistente en la existencia de un acto anterior consentido, se actualiza considerando que el quejoso consintió tácitamente el acto consistente en el auto dictado el dos de septiembre de dos mil veinte, en el que se le requirió para que compareciera ante la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado, a ratificar su escrito de queja interpuesta contra Susana Magali Huerta León, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, el cual es de contenido siguiente: ".Morelia, Michoacán, a dos de septiembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el escrito de Armando Martínez Tena, mediante el cual interpone queja en contra de Susana Magali Huerta León, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu. Ahora, como el artículo 36, segundo párrafo, del Reglamento de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial, señala que las quejas administrativas, previa su remisión al Presidente de dicha Comisión, deben ser ratificadas; con fundamento en los numerales 84, 91, fracción III, y 178 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con los numerales 36, 37 y 38 del Reglamento de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial del Estado; requiérase a Armando Martínez Tena, mediante notificación personal que se realice en el domicilio que para tal efecto señaló en el ocurso de cuenta, para que, dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que se tenga legalmente por hecha la notificación respectiva, en términos de los preceptos 187 y 189 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, comparezca ante la Secretaria Ejecutiva del referido Consejo a ratificar aquel escrito; bajo apercibimiento que de no hacerlo, podrá desecharse la queja por no cumplir con el requisito de procedibilidad previsto en el ordinal 36 del citado Reglamento..". Auto que omitió combatir en el presente juicio de amparo. Ahora, la hipotesis marcada con el número 2, relativa a la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, se actualiza respecto del auto de once de septiembre de dos mil veinte, en el cual se tuvo por recibido el escrito del promovente de la queja -aquí quejoso-, en el que expresaba su inconformidad con el apercibimiento que se le hizo para que ratificara el escrito de queja y en el cual, la autoridad responsable le reiteró lo relativo a la ratificación, en los términos siguientes: ".Morelia, Michoacán, a once de septiembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el escrito de Armando Martínez Tena, mediante el cual se inconforma con el apercibimiento que se le hizo para que ratificara el escrito de queja que presentó en contra de Susana Magali Huerta León, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu. En atención a su contenido, dígasele al ocursante que, en términos del artículo 36, del Reglamento de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, la ratificación de un escrito de queja administrativa debe realizarse de manera personal ante la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado y, por excepción, en auxilio de dicha Secretaría, ante algún órgano jurisdiccional del propio Poder Judicial; ello a fin de que, antendiendo a la teleología de la disposición establecida en el numeral invocado, se tenga certeza de que la persona que suscribe el escrito de queja es la misma que comparece a responsabilizarse sobre el contenido de dicho ocurso. No es óbice a lo anterior, como lo refiere el ocursante, que dado que es persona de la tercera edad, la ratificación mencionada la realizó ante un fedatario público, en razón de que, como se dijo, esa ratificación debe hacerse ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado o ante algún órgano jurisdiccional del Poder Judicial; de ahí que, el quejoso esté en condiciones de señalar algún domicilio ubicado en lugar distinto a la ciudad de Morelia para que, en delegación y auxilio, algún juzgado pueda realizar la aludida ratificación en aquel lugar.". En ese contexto, válidamente puede establecerse que el auto de once de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro de los autos relativos a la queja interpuesta contra Susana Magali Huerta León, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, tildado de inconstitucional, es un acto derivado del diverso consentido de dos de septiembre de dos mil veinte. Dicho de otra manera, el acto reclamado es una consecuencia directa y deriva del diverso dictado el dos de septiembre de dos mil veinte, dado que el promovente de la queja, en el momento en que la presentó no acudió a ratificarla; de ahí las razones expuestas por la responsable en el auto de once de septiembre de dos mil veinte, explicándole los términos y alcances del artículo 36 del Reglamento de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, para que acudiera a ratificar la queja, determinación -la primera- que se reitera, fue la que lo requería para que acudiera a ratificar el escrito, apercibido que de no hacerlo, podría desecharse la queja por no cumplir con el requisito de procedibilidad previsto en el ordinal 36 citado, el cual -se insiste- no fue combatido; esto es, no fue señalado como reclamado, reiterándose que fue la primera determinación la que le causa perjuicio porque ahí surgió el requerimiento del que se agravia. Más aún, los diversos argumentos encaminados a reclamar la no admisión de la queja interpuesta contra Susana Magali Huerta León, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán; así como el desechamiento de su queja, igualmente se estiman alegaciones consentidas y derivadas del auto de dos de septiembre de dos mil veinte, porque el trámite posterior, que en el caso dio la autoridad responsable el quince de septiembre de dos mil veinte, al advertir que por no haber comparecido a ratificar dicho ocurso de queja, ordenó remitirlo junto con sus anexos a la Comisión de Vigilancia y Disciplina, en términos de los artículos 176 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para los efectos legales a que haya lugar; y, el que en su caso hubiera dado ésta última autoridad -llámese desechamiento-, también resultan ser consecuencia de no haber acatado el requerimiento realizado en el auto de dos de septiembre de dos mil veinte; no obstante la circunstancia puesta a su consideración por la autoridad responsable en el auto de once de septiembre, respecto a que de señalar algún domicilio ubicado en lugar distinto a la ciudad de Morelia, en delegación y auxilio, algún juzgado pudiera realizar la aludida ratificación en aquel lugar; lo cual tampoco atendió. De ahí, lo que determinó la autoridad responsable en ese acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte; así como los reclamos orientados a combatir el trámite posterior que se dio a su escrito de queja, son consecuencia de aquél -dos de septiembre de dos mil veinte- en el que se le requirió para efectos de ratificación de su escrito de queja; determinación de referencia que no fue combatida por el quejoso y del cual deriva, como se ha especificado, el diverso acuerdo de once de septiembre de dos mil vente, que es materia esencial del reclamo en la presente instancia constitucional, debe estimarse que el mismo constituye un acto derivado de otro consentido, por la parte quejosa. Así, se tiene que el quejoso, al haber reclamado en el juicio que se resuelve el proveído de once de septiembre de dos mil veinte, tácitamente consintió el diverso de dos de septiembre del citado mes y año, y como consecuencia de ello, los reclamos orientados a combatir el trámite posterior que se dio a su escrito de queja, el presente juicio de amparo indirecto se torna improcedente. De manera que, ante la existencia de esa causal de improcedencia, la suscrita se encuentra impedida para analizar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías. Sirve de apoyo a este razonamiento, la tesis de jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No escapa a la atención que el quejoso esencialmente haga alusión a ser una persona de la tercera edad, pues si bien es cierto que la consideración especial hacia los derechos de los adultos mayores en grado de vulnerabilidad se encuentra contenida en diversos instrumentos internacionales; entre ellos, en los artículos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". En el ámbito interno, el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece un listado no limitativo de los derechos que adquieren relevancia, entre los que destaca: el de recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados; además, en la fracción II, apartados c y d, del propio numeral, en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte sujetos de esa naturaleza, tienen preferencia en la protección de su patrimonio personal y familiar, de acuerdo con el criterio: "ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD. AL PERTENECER A UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)", también lo es que dicha condición no puede llegar al extremo de inadvertir una cuestión de improcedencia. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 611/2020, promovido por Armando Martínez Tena, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo; por las razones y fundamentos expresados en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; dése vista a las partes con este, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas documentales. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, ténganse por admitidas y desahogadas, en razón a su propia y especial naturaleza, las documentales que la responsable adjuntó a su informe justificado. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil veinte. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Manifestaciones. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones a que se refiere, en el sentido de haber remitido el cuadernillo de amparo, para que sea el Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado, quien rinda el informe justificado. De lo que se toma conocimiento. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
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