Armando Navarro Hernández

Expediente 566/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
566/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2020

Partes del expediente

  • Armando Navarro Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de quince de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN EL QUE SE ACORDÓ:Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de quince de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS 1) FRANCISCO LUIS RIGOBERTO DURÁN, COMO CESIONARIO DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHO DE LA HEREDERA DE EUSTOLIA GONZÁLEZ VIUDA DE MÉNDEZ, 2) SUCESIÓN A BIENES DE ANA MÉNDEZ ESTRADA Y/O ANA MARÍA MÉNDEZ ESTRADA Y/O ANA MÉNDEZ ESTRADA Y/O ANA MA. MÉNDEZ ESTRADA Y/O A. MARÍA MÉNDEZ ESTRADA, Y/O ANA M. MÉNDEZ ESTRADA, POR CONDUCTO DE SU ALBACEA MANCOMUNADO SUCESIÓN A BIENES DE ADRIÁN LÓPEZ MÉNDEZ, REPRESENTADO POR SU ALBACEA MANUEL ADRIÁN LÓPEZ FLORES EL PROVEÍDO DE 15 DE OCTUBRE DE 2020, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: León, Guanajuato, quince de octubre de dos mil veinte. I. Autoridad desahoga vista. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite el Secretario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual, en atención a la vista que se le dio en auto de veinticuatro de septiembre pasado, informa que la Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, suspendió el procedimiento del juicio especial civil sucesorio intestamentario 98/1973 a bienes de Mariano Méndez Márquez, en virtud del fallecimiento del albacea Mariano Méndez Dávalos, remitiendo constancias para acreditar su dicho, aduciendo además, que por tratarse de derechos personalísimos y atento al cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, este Juzgado Federal provea lo que en derecho corresponda; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. II. Se decreta imposibilidad para cumplimentar ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que a través de la sentencia engrosada el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del quejoso Mariano Méndez Dávalos, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, realizara lo siguiente: 1) Dejar insubsistente jurídicamente la determinación de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el toca 617/2017, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en los autos del juicio especial sucesorio intestamentario 98/1973; y, 2) En su lugar, atendiendo a las manifestaciones realizadas por el quejoso en su escrito de agravios, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva debidamente fundada y motivada. En relación a la autoridad ejecutora ésta deberá acatar materialmente el presente fallo. Luego, por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo al magistrado responsable informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo que en esa misma data se ordenó dar vista al quejoso con la consecución del fallo protector. Mediante diverso de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se determinó que la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, con la que la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la sentencia constitucional, reveló que en ella únicamente se acató el primer efecto de la sentencia amparadora, esto es, dejó sin efectos la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, no así lo atinente al segundo de ellos, pues previo al dictado de la nueva resolución que emitiría con plenitud de jurisdicción y en la que atendiera las manifestaciones realizadas por el quejoso en su escrito de agravios, ordenó reponer el procedimiento de origen al haber advertido una violación al proceso natural consistente en haber notificado a Máximo Méndez Paz, albacea de la sucesión a bienes de Vicente Méndez González, quien a esa fecha ya había fallecido; por lo quedó pendiente de emitirse la resolución con la cual se colmaría el fallo protector a cabalidad. Así las cosas, desde auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, hasta esta data, este Juzgado de Distrito tuvo al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, informando las gestiones que realizaba a fin de cumplimentar el fallo constitucional en su integridad. Ahora, por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a J. Jesús Méndez Dávalos, autorizado del quejoso en términos amplios, comunicando la muerte del directo quejoso Mariano Méndez Dávalos, albacea de la sucesión a bienes de Mariano Méndez Márquez, anexando copia certificada del acta de defunción para acreditar su dicho, documental pública a la cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; ordenándose en esa misma determinación dar vista al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, a efecto de que se pronunciara al respecto, informando lo conducente a través del oficio que se proveyó a supralíneas. En esas condiciones, debe traerse a cuenta que el acto reclamado en la presente instancia constitucional fue la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 617/2017 del índice de la Sala responsable, misma que confirmó la interlocutoria de veinticinco de agosto del mismo año, dictada en el incidente de remoción de albacea derivado del juicio especial sucesorio intestamentario 98/1973 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en el sentido de declararlo procedente; así como su ejecución; en la que se decidió desconocer el carácter de albacea al hoy occiso sobre la sucesión a bienes de Mariano Méndez Márquez, por la omisión de presentar cuentas sobre el albaceazgo que ejercía. De tal modo, que la resolución que se pronunciaría en acatamiento a la ejecutoria de amparo, determinaría si Mariano Méndez Dávalos continuaba o no con dicho albaceazgo, por lo que con la muerte de éste ya no puede colmarse lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de amparo, y por consiguiente, deviene materialmente imposible que la autoridad responsable cumpla con el fallo protector, al tratarse de derechos personalísimos. En razón de lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que existe imposibilidad material y jurídica para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual se considera no es atribuible a las autoridades responsables. En consecuencia, se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa por conducto de sus autorizados este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra del presente acuerdo, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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