Armando Montiel García

Expediente 640/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
640/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Armando Montiel García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Recepción del testimonio. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en Guanajuato, resolvió: ÚNICO. Se declara la legalidad del auto dictado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por la juez Terce3ro de Distrito en el Estado de Guanajuato. acúsese recibo. se determina depurar pieza de actuaciones. No obran documentos originales. archívese y remítase al lugar de guarda.

  2. Principal

    Superioridad admite incidente de inejecución de sentencia. Glósese a los autos el oficio que remite el Secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, mediante el cual informa que el Tribunal de su adscripción admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia interpuesto en autos, el cual quedó registrado bajo el número 18/2019 de su índice; de lo que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 14 DE OCTUBRE DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: León, Guanajuato, a catorce de octubre de dos mil diecinueve. I. Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ya transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se declaró imposibilidad material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. II. Se dispone la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 y último párrafo del diverso 196, ambos de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 14/2019, envíense los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Decimosexto Circuito, para que emita pronunciamiento correspondiente en términos del penúltimo párrafo del artículo 193 de la ley de la materia. Es puntualmente aplicable la tesis aislada 2a. CXII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1578, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, Décima Época, número de registro 2005241, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO". En consecuencia, una vez notificado a las partes el presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y en su oportunidad remítanse los autos originales a la superioridad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. I. Tribunal Colegiado remite testimonio. Agréguese a los presentes autos el oficio 5033/2019, que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, al que acompaña el testimonio de la resolución pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 14/2019, así como el expediente 640/2018, de este índice. Acúsese recibo. Consecuentemente, se ordena glosar únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes correspondiente, pues se estiman innecesarias las diversas que en copia certificada lo integran, dado que sus originales constan en el expediente en que se actúa, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes la resolución de mérito en lo conducente, mediante la cual se resolvió: "ÚNICO. Se devuelven los autos al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para que reponga el procedimiento de ejecución." II. Reposición de procedimiento de ejecución. Ahora bien, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, ordenó la reposición del procedimiento para los siguientes efectos: ".a) Reponga el procedimiento en el trámite de ejecución de sentencia para el efecto de que deje insubsistente el auto de diez de mayo de dos mil diecinueve; b) Dicte otro en el que declare la imposibilidad material que considera se actualiza para dar cumplimiento al fallo protector, además establezca que en razón de que en su contra procede la inconformidad prevista en la fracción II del artículo 201 de la Ley de Amparo y con el Instrumento Normativo del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, una vez que trascurra el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la ley de la materia, se proveerá lo conducente; y, c) Hecho lo anterior y previa certificación secretarial de que ha transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, en la que deberá precisarse si se interpuso o no la inconformidad por alguna de las partes legitimadas, con la cual se le dé cuenta, ordene el envío de los autos al tribunal colegiado para la resolución de tal recurso para el caso del primer supuesto o, si se actualiza la segunda hipótesis, oficiosamente remita al tribunal colegiado los autos del juicio de amparo vía incidente de inejecución." Por tanto, en acatamiento a lo ordenado por la superioridad, se repone el procedimiento de ejecución en el presente juicio y se deja sin efectos el acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve. III. Se determina imposibilidad material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en resolución dictada en sesión de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 114-137) el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia de trece de noviembre de dos mil dieciocho dictada por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en el juicio de amparo indirecto 640/2018-V. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo de origen, respecto de los actos atribuidos al Director General de Readaptación Social Número 12 "Cps-Guanajuato", por las razones precisadas en el considerando tercero del fallo recurrido. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Armando Montiel García, para los efectos del último considerando de a sentencia impugnada." En ese contexto, se concedió la protección constitucional para que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de traslado contenida en los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/15997/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/15999/2017, ambos de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, únicamente por lo que se refiere al impetrante Armando Montiel García. Tome las medidas necesarias para que el impetrante sea regresado al lugar donde estaba compurgando la pena privativa de libertad antes de la emisión de dicho acto, es decir, al Centro Penitenciario y Readaptación Social de Texcoco, en el Estado de México. Efectos del fallo protector que encuentran apoyo en la jurisprudencia XVI.P. J/1 (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, que se comparte, de título y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE CONCEDIÓ EL AMPARO POR ESTIMARSE QUE SE EMITIÓ POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE SER PARA EL EFECTO DE DEJARLA INSUBSISTENTE Y REGRESAR AL QUEJOSO AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA RECLUIDO PREVIAMENTE A SU EMISIÓN. "En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, los efectos de la concesión del amparo serán para que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora bien, en virtud de que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro tiene dicho carácter, cuando se conceda el amparo por estimarse que se emitió por una autoridad incompetente por ser facultad exclusiva del Poder Judicial decretarla, de conformidad con el precepto mencionado, la protección constitucional que se otorgue debe ser para el efecto de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado con motivo del actuar de la autoridad responsable, por lo que es necesario que ésta deje insubsistente la orden de traslado y se tomen las medidas necesarias para que el quejoso sea regresado al lugar donde se encontraba recluido previamente a la emisión de dicho acto. Sin que deba darse la opción a la responsable de solicitar la intervención de la autoridad competente (Juez de ejecución), pues ello implica que no se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación." El presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de esta sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer a la parte quejosa en sus derechos fundamentales." Luego, mediante oficio recibido el nueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 158), la Subdirectora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en ausencia del Director de Área y del Titular de dicha Unidad, éste último en representación de la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, informó el quejoso Armando Montiel García, egresó del centro penitenciario en que el que se encontraba recluido, en virtud de haber compurgado la pena de prisión impuesta en el proceso penal 34/2019, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con residencia en el Estado de México, (antes 231/2009, de los extintos Juzgados Cuarto Penal de Primera Instancia y anterior Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México), instruida en su contra por el delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido sobre un vehículo automotor con violencia y, para tal efecto, remitió copia certificada de las constancias con las que así lo acreditó (fojas 160-162). En virtud de lo anterior, resulta inconcuso que el impetrante ha dejado de estar bajo custodia de las autoridades responsables. En esa tesitura, se advierte que existe imposibilidad material para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la cual se considera no es atribuible a las autoridades responsables. Ello es así, en virtud de que en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional para el efecto de que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, dejara insubsistente la orden de traslado contenida en los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/15997/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/15999/2017, ambos de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, únicamente por lo que se refiere al impetrante Armando Montiel García y tomará las medidas necesarias para que fuera regresado al lugar donde estaba compurgando la pena privativa de libertad antes de la emisión de dicho acto, es decir, al Centro Penitenciario y Readaptación Social de Texcoco, en el Estado de México; sin embargo, al encontrase en libertad el quejoso, en virtud de haber compurgado la pena de prisión que le fue impuesta, es inconcuso que la autoridad responsable se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento al núcleo esencial de la obligación, pues las condiciones que imperaban al momento de la concesión del amparo ya no existen. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima en este caso, innecesario requerir a la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, para que manifieste expresamente que cuenta con imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo anterior en razón de que es evidente que el quejoso egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS Guanajuato, con residencia en Ocampo, el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, según se desprende del acta de egreso que allega la autoridad, por lo que es indudable la imposibilidad para dar cumplimiento, de ahí que, exigir una manifestación expresa de la autoridad tendría únicamente un efecto dilatorio en el trámite de ejecución y archivo del expediente; similar criterio fue adoptado en el incidente de inejecución de sentencia número 16/2018 en sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en relación al juicio de amparo 950/2014-IV del índice de este órgano jurisdiccional. Cobra aplicación en la Jurisprudencia PC.XVI.P. J/2 P, del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, visible en la página 1496 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, Décima Época, Registro 2016660, bajo el rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. FORMA EN QUE EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE RESOLVER SI SE ACTUALIZA UNA EVENTUAL IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO, CUANDO LA RESPONSABLE ACOMPAÑE CONSTANCIAS DE ELLO PERO OMITA MANIFESTAR EXPRESAMENTE QUE EXISTA DICHA IMPOSIBILIDAD. Cuando la autoridad responsable sólo remite constancias de una eventual imposibilidad para acatar el fallo protector, sin manifestación expresa de dicha imposibilidad, el órgano judicial de amparo deberá ponderar en cada caso si se está o no ante la necesidad de requerir esa expresión, o bien, sin ella, estimar que se actualiza la imposibilidad de que se dé cumplimiento a una sentencia de amparo, ya que habrá asuntos en los que sí se requiera esa expresión y otros en los que sea innecesario; ello, pues puede acontecer que: 1) las pruebas que al efecto acompañe la responsable, sean aptas y bastantes para que, sin tener lugar a dudas, sea evidente ese imposible cumplimiento, por lo que exigir una manifestación expresa de la autoridad tendría únicamente un efecto dilatorio en el trámite de ejecución y archivo del expediente (por ejemplo, cuando a un interno se le concedió la protección constitucional para que se le brinde atención médica, pero éste egresó al obtener su libertad); o 2) que las pruebas no sean suficientemente claras para evidenciar sin duda el imposible cumplimiento y, ante el silencio de la responsable, tampoco se conozca su postura, ya que esas constancias pueden ser sólo para justificar alguna demora, caso en el que sería necesario requerir esa manifestación a la responsable. Por tanto, no puede establecerse una regla genérica, pues dependerá de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que el órgano judicial de amparo actúe en consecuencia; sin que ello implique inadvertir la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 54/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.", toda vez que en ésta se analizó el procedimiento para lograr el cumplimiento del fallo protector, mas no la actualización de la imposibilidad jurídica y material para ejecutarse." Por tanto, aún y cuando la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, haya incurrido en conductas lesivas de derechos fundamentales en agravio del peticionario, en el caso, se actualiza una nueva situación jurídica con relación a él, derivado de la obtención de su libertad, lo que deviene en la imposibilidad material para acatar el fallo protector, cuenta habida que ha cambiado el contexto en que se emitió la sentencia y, se reitera, la autoridad responsable no se encuentra en aptitud material para hacerlo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara imposibilidad material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ordenándose hacer del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra del presente acuerdo, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Finalmente, toda vez que se desconoce el paradero actual del peticionario del amparo, se ordena realizar la notificación correspondiente, así como las subsecuentes, hasta en tanto comparezca a designar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por medio de lista; ello, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza y da fe."

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