Armando Morales Reyna

Expediente 1450/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1450/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Armando Morales Reyna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el último considerando de esta resolución. **

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación de cuenta, se advierte que en términos de las Circulares 28/2023 y 29/2023, de diecinueve y veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días dieciséis al veintinueve de mes y año en curso, en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo cual, a la presente fecha se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que la autoridad responsable rinda su informe justificado. Por tanto, se señalan para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Finalmente, se hace del conocimiento que el suscrito es consciente de que el paro de labores de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, generó un impacto en la administración de justicia; por lo que de conformidad con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, que rigen la carrera judicial, en términos de lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 17, ambos constitucionales, se tomarán las medidas correspondientes a fin de subsanar el impacto que se haya podido generar a las partes. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ***

  3. Principal

    RESUELVE: ÚNICO. Se niega a la parte quejosa, la suspensión definitiva solicitada contra el acto atribuido a la autoridad responsable, precisados en el considerando primero de esta interlocutoria en los términos expuestos en similar último de esta resolución.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese el escrito signado por el apoderado de la quejosa ***, a través del cual desahoga la prevención formulada el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés; atento a ello, téngase por cumplido el requerimiento de que fue objeto. DESECHAMIENTO En ese orden, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por lo que del estudio íntegro al escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Dirección de Prestaciones socioeconómicas. De quien reclama: La omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó el veintisiete de julio de dos mil veintidós, y por ende la falta de pago de la pensión correspondiente. Autoridad: Ayuntamiento de Morelos, Estado de México. De quien reclama: La omisión del pago de aguinaldo y prima vacacional, peticionados mediante escrito de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Hecha tal precisión, respecto del acto reclamado consistente en la omisión del pago de aguinaldo y prima vacacional, peticionados mediante escrito de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgador advierte que en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. *** En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Estas porciones normativas disponen que el juicio de amparo procede solamente contra "actos u omisiones de autoridad En ese tenor, resulta indispensable precisar los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad", y lo tocante a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto "autoridad responsable", a que se refiere el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitada con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis***** De lo anterior se colige que una autoridad, para efectos del juicio de amparo, es la que, teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. En otras palabras, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la Federación, los Estados o los municipios, que con facultades de facto o de iure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c). Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Bajo esta óptica, el concepto de autoridad" para efectos del amparo, excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II, del artículo 5° de la Ley de Amparo, sobre los cuales, el juicio de amparo resulta improcedente. En relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Sobre el particular, es oportuno precisar que las relaciones jurídicas de coordinación, presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que, dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión del pago de aguinaldo y prima vacacional, peticionados mediante escrito de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Dicho acto reclamado deriva esencialmente de la relación laboral que sostiene la parte quejosa con el Ayuntamiento de Morelos, Estado de México, donde presta sus servicios como Síndico Municipal. Por su parte, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, dispone en su numeral 1º: "Artículo 1. Ésta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo, comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los Municipios y sus respectivos servidores públicos. Igualmente, se regulan por esta ley las relaciones de trabajo entre los tribunales administrativos, los organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal y los órganos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus servidores públicos. El Estado o los municipios pueden asumir, mediante convenio de sustitución, la responsabilidad de las relaciones de trabajo, cuando se trate de organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal, que tengan como objeto la prestación de servicios públicos, de fomento educativo, científico, médico, de vivienda, cultural o de asistencia social, se regularán conforme a esta ley, considerando las modalidades y términos específicos que se señalen en los convenios respectivos. Consiguientemente, la omisión del pago de aguinaldo y prima vacacional, peticionados mediante escrito de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, que reclama la aquí quejosa, no puede ser considerado como acto de autoridad, para los efectos juicio de amparo. Esto se considera así, porque la relación jurídica de la que emana el acto reclamado se ubica dentro de las denominadas de coordinación, dado que su acto deriva de la relación laboral que vincula a la quejosa con el Ayuntamiento de Morelos, Estado de México. En esa tesitura, el aludido acto reclamado no constituye en modo alguno, de acuerdo con su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos que derivan de una relación laboral. Así como la tesis **** Por lo que es evidente que la omisión aquí reclamada, no obedece a un acto de autoridad, actuando esta última en un plano de supra-subordinación con relación al hoy quejoso, sino que, se trata de un acto entre empleador y trabajador, es decir, una relación meramente laboral; en consecuencia, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que hace improcedente el juicio de amparo. Resulta aplicable también, por analogía de razón, la tesis *** DESECHAMIENTO Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo, por cuanto hace al acto reclamado: "la omisión del pago de aguinaldo y prima vacacional, peticionados mediante escrito de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno", atribuido a la autoridad responsable "Ayuntamiento de Morelos, Estado de México", al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. ADMISIÓN Por otra parte, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, admítase la demanda de amparo respecto al diverso acto reclamado consistente en: la omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó el veintisiete de julio de dos mil veintidós, y por ende la falta de pago de la pensión correspondiente, y por cuanto hace a la autoridad responsable: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Dirección de Prestaciones socioeconómicas. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por haberse solicitado, se tramita el incidente de suspensión. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria, por lo que se deja a disposición copia de la demanda en la sección de actuaría. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de la responsable mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Asimismo, tomando en cuenta que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una violación al artículo 8º constitucional, merced a que se reclama la omisión de dar respuesta al escrito de aceptación de pensión reconocida en el dictamen ********************, de trece de mayo de dos mil veintidós, y solicitud de pago de la misma, presentado el veintisiete de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable para que en el término de tres días contados a partir de que reciba el oficio que derive del presente proveído, emita respuesta congruente en relación con la omisión que se le reclama y realice la notificación correspondiente, debiendo remitir a este órgano de control constitucional las constancias con las que acredite el cumplimiento a su obligación procesal en suma del informe con justificación que le fue solicitado en el párrafo anterior o, en su defecto, dentro del mismo término, informe la imposibilidad jurídica o material que tenga para ello. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo el apercibimiento que, de ser omisa, se impondrá una multa a su titular de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley de la materia, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251. TERCERO INTERESADO Se reserva acordar lo conducente respecto a los terceros interesados, hasta en tanto obre el informe justificado de la autoridad responsable. PRUEBAS Por otro lado, la parte quejosa ofrece como pruebas las siguientes: Copia certificada del instrumento notarial ********************. Dictamen de trece de mayo de dos mil veintidós. Escritos petitorios de veintiuno y veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Casos laborales contra el Ayuntamiento de Morelos, Estado de México. Estados de cuenta bancarios del Ayuntamiento de Morelos, Estado de México. Atento a ello, con apoyo en el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las señaladas en los ordinales 1 y 3, las cuales dada su propia y especial naturaleza, se admiten y desahogan, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. En diverso orden, atinente a los restantes pruebas señaladas en los numerales 2,4 y 5, en términos del artículo antes citado, se tienen por anunciadas, debiendo proveer en cuanto a su admisión o desechamiento en la audiencia constitucional. ***

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