Armando Maya Dávila

Expediente 2062/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2062/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
22/01/2016

Partes del expediente

  • Armando Maya Dávila

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la resolución emitida en el presente asunto, por la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos de los cuales se advierte que no se ha podido notificar la radicación del presente juicio a los terceros interesados con identidad reservada; asimismo, se está en espera de la comunicación oficial enviada para tal efecto, el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Por lo anterior, la audiencia señalada para el día de la fecha se difiere y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del ocho de febrero de dos mil dieciséis, para su verificativo.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por ***, por propio derecho, por el cual desahoga la vista concedida en auto de veintiocho anterior, en atención a lo anterior se provee: Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa se duele substancialmente de la prescripción para notificarle alguna resolución en el procedimiento administrativo SSC/CHJ/PS/374/2013, tendente a ejecutar la orden de separación, remoción, destitución o cualquier forma de terminación injustificada, para que el impetrante de amparo deje de prestar servicios laborales como parte integrante de la policía estatal dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en el Estado de México. Se hace la anterior precisión, en atención a la lectura íntegra de la demanda de amparo, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos de tal escrito y del diverso aclaratorio a través del cual desahogó la prevención efectuada, en un sentido congruente con todos sus elementos, y la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que en esencia pide, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 192097, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, del análisis del acto reclamado en el libelo constitucional y lo que se desprende del escrito aclaratorio resulta manifiesta e indudable desechar la demanda de amparo en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, y sobreseerlo en términos del diverso 63 fracción IV en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170 párrafo primero y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo que se transcribe a continuación: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." De igual forma, se toma en consideración la jurisprudencia 23, publicada en la página 45, del Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia Común, sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 395568, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." Así como la tesis publicada en la página 1740 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLI, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 312962 cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS: El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." Lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo promovido contra de la prescripción para notificarle alguna resolución en el procedimiento administrativo SSC/CHJ/PS/374/2013, tendente a ejecutar la orden de separación, remoción, destitución o cualquier forma de terminación injustificada, para que el impetrante de amparo deje de prestar servicios laborales como parte integrante de la policía estatal dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en el Estado de México, es improcedente; ya que tales aspectos constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Al respecto es aplicable por su sentido jurídico que en la misma se contienen la tesis IX.1o.17 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 835 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2008134, que dispone: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." Como quedó precisado, cuando en la demanda de amparo indirecto se señala como acto reclamado, la prescripción para la notificación del procedimiento administrativo SSC/CHJ/PS/374/2013, tendente a ejecutar la orden de separación, remoción, destitución o cualquier forma de terminación injustificada para que el quejoso deje de prestar servicios laborales como parte integrante de la policía estatal dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en el Estado de México, tal circunstancia actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, cuenta habida que el acto reclamado sería inexistente al momento de presentarse la demanda, además, de realización incierta, en razón de que el inicio y prosecución del procedimiento referido, depende del impulso del ejecutante y, en tal virtud, no podría tenerse por actualizada alguna omisión genérica atribuida a la autoridad responsable. Además, cabe señalar que el referido acto reclamado se trata de una omisión o acto negativo y en estos supuestos la regla restitutoria establecida en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que el efecto de la concesión será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte lo que el mismo exija. Por lo que resulta conveniente señalar que, en términos generales, un acto futuro es aquel que en el tiempo presente aún no ha sucedido. En ese contexto, el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, positivos o negativos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control de los actos de la autoridad no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Estos elementos permiten diferenciar a los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado, se tiene la certeza de que se producirán. Lo anterior, de conformidad con la tesis publicada en la página 2385, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Materia Común, Quinta Época, emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 337723 de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS. Los actos futuros contra los cuales es improcedente el amparo, son aquellos que tienen el carácter de futuros e inciertos; pero si se tiene la certeza de que se ejecutarán, el amparo procede contra ellos, en los términos de la ley." Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización, pues en el caso concreto, resulta evidente que si a la fecha no se ha dictado resolución definitiva en el juicio administrativo de origen, los actos de ejecución tendentes a su cumplimiento son inciertos, debido a que necesariamente debe obtenerse una sentencia a favor del quejoso, para posteriormente solicitar su ejecución, de ahí la imposibilidad de analizar en este juicio la constitucionalidad de esos actos. Todo ello conduce a estimar que cuando en la demanda de amparo indirecto se señale como acto reclamado la prescripción de la autoridad responsable de llevar a cabo la notificación de alguna resolución dictada en el procedimiento administrativo instaurado en contra del peticionario de amparo, dicho actuar de la responsable se traduce en una omisión la cual no ha acontecido, tal circunstancia actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que no podría constreñirse a dicha autoridad para que, de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, a la emisión de la ejecución de una resolución, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, razón por la cual, no podría tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al tribunal responsable. Expresado en otras palabras, ante el reclamo de dicha omisión en términos generales, no podría considerarse que los actos reclamados tuvieran el carácter de inminentes por corresponderle de oficio la prosecución del procedimiento de ejecución a la autoridad responsable, ya que dichos actos deben considerarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante; de ahí que se actualice la referida causa de sobreseimiento. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción IV, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I y 172, fracciones III y XII, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Sin que pase desapercibido a este órgano jurisdiccional que en el escrito aclaratorio con el que se dio cuenta, el quejoso señalara que el acto reclamado consistía en "la prescripción de la facultad de la autoridad administrativa para resolver el procedimiento administrativo SSC/CHJ/PS/374/2013, ello con base en el término marcado por la ley ha transcurrido en exceso, y por ende la ilegal resolución que se desee notificarle"; toda vez que dicha figura jurídica debe hacerla valer, en su caso, en el procedimiento respectivo al ser la prescripción una forma de extinción de las facultades de la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupción producida al iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a audiencia del servidor público deja sin efectos el tiempo transcurrido, ya que fue la misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la conducta ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento sancionador que debe agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo arbitrario de la mencionada interrupción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor público. Ahora bien, el anterior desechamiento de la demanda de amparo no implica que se le esté denegando la impartición de justicia al impetrante de amparo, lo anterior en atención a lo expuesto la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en el Estado de México y otras autoridades; atento a ello, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número de juicio de amparo que le corresponda. Ahora, previo a acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, bajo protesta de decir verdad precise el acto que por esta vía tilda de inconstitucional, si lo es la notificación del procedimiento administrativo SSC/CHJ/PR/374/2013, la ilegal notificación que pretenden realizarlo, o bien la prescripción del procedimiento respectivo, asimismo deberá indicar el estado procesal que guarda el procedimiento y en qué etapa se encuentra. Cobra validez la tesis consultable en la página 871 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Tal requerimiento se efectúa en virtud de que con ello se podrá estudiar la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, en los términos en que se haga la petición, así como la procedencia del juicio promovido. Así pues, toda vez que el dato que se requiere es requisito esencial de la demanda de conformidad con el artículo 108, fracción IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, deberá exhibir, las copias necesarias del ocurso en que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el numeral 110 dicha normatividad. Se apercibe al promovente, que de no desahogar los requerimientos relativos a la precisión del acto que reclama en la presente instancia o no exhiba las copias suficientes del ocurso en el que cumpla con la prevención realizada, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114 penúltimo párrafo de la ley de la materia. En ese orden, conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda; asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué el trámite respectivo. En atención a lo que dispone el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. En atención a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes, impreso y electrónico y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.

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