ARMANDO MARTÍNEZ MEJÍA y Otros.

Expediente 474/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
474/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • ARMANDO MARTÍNEZ MEJÍA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez con el estado de autos y la certificación que antecede, dentro del juicio de amparo 474/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 15 a 18), en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del uno al cinco de octubre del presente año, pues dicho auto se le notificó el pasado veintisiete de septiembre (foja 19), sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    La suscrita Nubia Miranda Ramírez, secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, CERTIFICA: que de los cuatro anexos que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo, dos son originales y los dos restantes son dos impresiones de estatutos, lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Uruapan, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez con un escrito de demanda y anexos, registrado bajo el número 18302, así como con la certificación que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ARMANDO MARTÍNEZ MEJÍA y ARMANDO MARTÍNEZ TENA, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 474/2018. Como lo solicitan, se tiene como representante común de la parte quejosa, al segundo de los nombrados. IMPROCEDENCIA De la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama la suspensión por un año, de la membresía del "Club Campestre de Zamora" A. C., por parte del Consejo de Administración y otros miembros de dicha asociación, acto del que se desprende que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º fracción I y 5º fracción II, este último en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; ello es así, toda vez que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad sino que es resultado de la relación contractual que existe entre la parte quejosa y dicha sociedad. Ahora bien, la conducta de que se duele la parte peticionaria del amparo, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de coordinación. En efecto, la autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Así, es menester destacar que en las relaciones de coordinación entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, para dirimir sus diferencias, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios y/o especiales para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones entabladas entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esa tesitura, debe señalarse que el acto que reclama al parte promovente, no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, sino un acto entre particulares, pues las señaladas como autoridades responsables, no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino que su proceder es producto de la celebración de un contrato. Por tanto, si lo que pretende la parte peticionaria de amparo es la reincorporación de sus beneficios como miembro del Club Campestre, para ello deberá instar la acción correspondiente ante la autoridad jurisdiccional ordinaria para que mediante una sentencia se produzcan las consecuencias de derecho que pretende, pues es evidente que este órgano de control constitucional no está facultado para realizar tal pronunciamiento, dado que el amparo indirecto no es la vía idónea para tal propósito. Es aplicable, por analogía, la siguiente jurisprudencia: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El corte o la suspensión del fluido de energía eléctrica contratado por falta de pago oportuno, no puede ser considerado por esa sola circunstancia, un acto de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad o equiparable a éste". Época: Décima Época. Registro: 2006544. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 44/2014 (10a.). Página: 890. En ese sentido, también resulta aplicable, el siguiente criterio: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo". Época: Décima Época. Registro: 2017394. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, Julio de 2018, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 65/2018 (10a.). Página: 647. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa haya manifestado su inconformidad contra la norma en la que los directivos del Club Campestre fundaron su determinación de suspensión, pues de lo manifestado por éstos en su demanda de amparo y de los estatutos que acompañaron al ocurso de cuenta, se desprende que dicha sanción corresponde a la organización que como asociación los regula, sin que para efectos del juicio de amparo tenga trascendencia alguna pues como se precisó, la parte emisora del acto del que se duelen, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 113 del ordenamiento legal antes indicado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por lista que se publica en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente incidente de suspensión, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal a la Secretaria adscrita a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y solo por conducto de la persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

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