Armando Hernández Mejía
Expediente 180/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Armando Hernández Mejía
Actuaciones
- Principal
Visto que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez En ________ de abril de dos mil diecinueve, se remitió materialmente el presente expediente al archivo definitivo. LA SECRETARIA NUBIA MIRANDA RAMÍREZ HGV
- Principal
Uruapan, Michoacán, dos de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Armando Hernández Mejía, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 180/2019. 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5° y 6°, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, cabe destacar que la parte quejosa reclama el requerimiento contenido en la resolución incidental de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitida por el Juez responsable, dentro de la causa penal 129/2017, en la que solicitó a los inculpados, de manera personal y por conducto de su fiador carcelario (quejoso), para que dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, se recluyeran de manera voluntaria en el centro de reinserción social de esta ciudad, y se les apercibe que en caso de no recluirse se dictará en su contra orden de reaprehensión y se hará efectiva la garantía depositada. Ahora, es sabido que para la procedencia del juicio de amparo se requiere de la existencia de un agravio real y directo en la esfera jurídica del gobernado, derivado ya sea de la emisión o de la ejecución de un acto de autoridad. Ello es así, puesto que en términos de lo previsto en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales únicamente puede promoverse por la parte a la que se le violan los derechos previstos en el artículo 1° de la citada legislación, causándole una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por lo que, como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, se requiere la demostración del interés jurídico... Al respecto, es oportuno señalar que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a. La existencia del derecho subjetivo debidamente tutelado por el derecho objetivo que se dice vulnerado; y b. El acto de la autoridad que afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Entonces, si en el caso, dentro de la causa penal 129/2017, el Juez responsable, requirió a los inculpados, de manera personal y por conducto de su fiador carcelario (quejoso), para que dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, se recluyeran de manera voluntaria en el centro de reinserción social de esta ciudad, y se les apercibió que en caso de no recluirse se dictaría en su contra orden de reaprehensión y se haría efectiva la garantía depositada; es inconcuso que, tal determinación, al impetrante del amparo, no le causa agravio, pues si bien el interés del fiador en el proceso penal atiende a la conservación de la parte de su patrimonio con que garantizó la libertad del inculpado, lo cual le da legitimación para interponer los medios defensa procedentes contra las determinaciones que afecten dicho interés; sin embargo, con el reclamó del presente asunto, en modo alguno se ve afectado dicho interés, pues únicamente se traduce en un requerimiento hecho a los procesados de internarse en el centro de reclusión, que en caso de acatarse, no dará lugar a hacer efectivo ningún apercibimiento, por lo que, al no generarle perjuicio o afectación en su esfera jurídica, se desecha la demanda de amparo. Además, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por los artículos 6° y 15 de la Ley de Amparo, en los que el amparo puede promoverse en representación de los quejosos directos. 3. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, donde autoriza con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica. 4. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la secretaria Nubia Miranda Ramírez. HGV
- Principal
Desechamiento
- Principal
rUruapan, Michoacán, dos de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Armando Hernández Mejía, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 180/2019. 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5° y 6°, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, cabe destacar que la parte quejosa reclama el requerimiento contenido en la resolución incidental de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitida por el Juez responsable, dentro de la causa penal 129/2017, en la que solicitó a los inculpados, de manera personal y por conducto de su fiador carcelario (quejoso), para que dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, se recluyeran de manera voluntaria en el centro de reinserción social de esta ciudad, y se les apercibe que en caso de no recluirse se dictará en su contra orden de reaprehensión y se hará efectiva la garantía depositada. Ahora, es sabido que para la procedencia del juicio de amparo se requiere de la existencia de un agravio real y directo en la esfera jurídica del gobernado, derivado ya sea de la emisión o de la ejecución de un acto de autoridad. Ello es así, puesto que en términos de lo previsto en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales únicamente puede promoverse por la parte a la que se le violan los derechos previstos en el artículo 1° de la citada legislación, causándole una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por lo que, como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, se requiere la demostración del interés jurídico... Al respecto, es oportuno señalar que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a. La existencia del derecho subjetivo debidamente tutelado por el derecho objetivo que se dice vulnerado; y b. El acto de la autoridad que afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Entonces, si en el caso, dentro de la causa penal 129/2017, el Juez responsable, requirió a los inculpados, de manera personal y por conducto de su fiador carcelario (quejoso), para que dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, se recluyeran de manera voluntaria en el centro de reinserción social de esta ciudad, y se les apercibió que en caso de no recluirse se dictaría en su contra orden de reaprehensión y se haría efectiva la garantía depositada; es inconcuso que, tal determinación, al impetrante del amparo, no le causa agravio, pues si bien el interés del fiador en el proceso penal atiende a la conservación de la parte de su patrimonio con que garantizó la libertad del inculpado, lo cual le da legitimación para interponer los medios defensa procedentes contra las determinaciones que afecten dicho interés; sin embargo, con el reclamó del presente asunto, en modo alguno se ve afectado dicho interés, pues únicamente se traduce en un requerimiento hecho a los procesados de internarse en el centro de reclusión, que en caso de acatarse, no dará lugar a hacer efectivo ningún apercibimiento, por lo que, al no generarle perjuicio o afectación en su esfera jurídica, se desecha la demanda de amparo. Además, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por los artículos 6° y 15 de la Ley de Amparo, en los que el amparo puede promoverse en representación de los quejosos directos. 3. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, donde autoriza con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica. 4. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. .
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