Armando Martinez Alamilla
Expediente 601/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/08/2019
Partes del expediente
- Armando Martinez Alamilla
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de agosto de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 191/2019, promovida la parte quejosa, contra el proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe trámite pendiente de realizar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Órgano Jurisdiccional. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.|
- Principal
II. Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de veintinueve de mayo del año en curso, donde informa la admisión del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, medio de impugnación registrado con el número 191/2019. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Constitucional oficiante. Notifíquese.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese el escrito de cuenta, a través del cual Damaso Lara Gil, autorizado de la parte quejosa, interpone recurso de queja contra el auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación sobre la materia de la queja y remítanse el original del escrito de agravios y una copia simple al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada del presente juicio de amparo para justificar la emisión del auto impugnado. Notifíquese.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida... contra actos del Instituto de la Función Registral del Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 601/2019-II. DESECHAMIENTO. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda.". Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el impetrante reclama del Instituto de la Función Registral la negativa de inscribir el embargo laboral que menciona. Negativa respecto de la cual el juicio es improcedente y a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.].".[El énfasis es nuestro] De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. En el entendido que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, en el caso particular tratándose de la negativa para inscribir el embargo referido por el quejoso, previo a acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debe impugnarlo en sede administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos del Código Administrativo del Estado de México, concretamente mediante el juicio contencioso administrativo o, en su caso, a través del recurso administrativo de inconformidad que prevén los artículo 186, 187 y 229 de dicho ordenamiento, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y (.). Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; (.).". El énfasis es nuestro. Cabe destacar que si bien el recurso de inconformidad ante la propia autoridad es opcional, respecto del juicio contencioso administrativo existe jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa de este Circuito Judicial, en la que se definió que dicho ordenamiento no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los previsto en la Ley de Amparo y, por tanto, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. Dicho criterio está localizable en la Décima Época, Registro: 2010436, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: PC.II.A. J/3 A (10a.), Página: 2936, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional.". Máxime que la parte quejosa no se ubica en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que prevé la fracción XX del citado artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que del análisis integral de sus conceptos de violación no se advierte que sólo alegue violaciones directas a la Constitución, aunado a que el juicio contencioso administrativo al que se ha hecho mención, se encuentra previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que a dicha negativa se refiere; con fundamento en el numeral 63 fracción V del cuerpo de leyes en cita, procede desechar la presente demanda de amparo. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se autoriza en términos amplios a Dámaso Lara Gil, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las demás personas en términos de la última parte del párrafo segundo del numeral citado, por no contar con dicho registro. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente.
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