Armando Luis Olvera Ramírez
Expediente 504/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/05/2019
Partes del expediente
- Armando Luis Olvera Ramírez
Actuaciones
- Principal
III. Toluca, Estado de México; siete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de abril pasado por el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por ******************** sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Devuélvanse a la responsable las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Recepción de oficio. Por recibido el oficio suscrito por la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remite los autos juicio de amparo directo 290/2019 formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Armando Luis Olvera Ramírez contra actos de la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como toca 26/2017, juicio ordinario civil 676/2015, informe Justificado del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Toluca, Estado de México, un sobre cerrado, y tres copias de demanda; por estimar carecer de competencia para conocer y resolver de dicho asunto. Radicación. Atento a ello, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada, por lo que este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; con el oficio de cuenta y los autos originales del juicio de amparo directo 290/2019; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo indirecto 504/2019-III y acúsese recibo correspondiente. Anexo. A efecto de evitar el deterioro de las actuaciones restantes y para un mejor manejo del presente asunto, con fundamento en el numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena formar por separado el anexo correspondiente. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye: a) La resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 26/2017, en la que se resolvió revocar la sentencia emitida por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Toluca, Estado de México, en el juicio ordinario civil 676/2015 y ordenó reponer el procedimiento para que se hiciera el emplazamiento de las dos sucesiones de Bernardino Olvera Tapia y María Margarita Francisca Soledad Ramírez Soria, a través de albaceas especiales que para tal efecto se designaran en los juicios sucesorios. b) El proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 26/2017, en la que determina estar imposibilitada para anular, rebasar o modificar la sentencia emitida el trece de febrero de dos mil diecisiete por tratarse de un asunto con sentencia ejecutoriada. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Desechamiento de demanda. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Ahora, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, que pueden tomarse en cuenta aunque ninguna de las partes lo alegue. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia XXII J/2, publicada en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Lo anterior es así, toda vez que como quedó precisado en la certificación de cuenta, en este órgano jurisdiccional se radicó el juicio de amparo 384/2017, promovido por Armando Luis Olvera Ramírez, contra actos de la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad, de quienes reclama lo siguiente: ". la Resolución datada (sic) el trece de febrero de dos mil diecisiete, dentro del toca de apelación 26/2017, donde con violación flagrante de mi garantías individuales, resolvió contra derecho que se debe reponer el procedimiento a efecto de señalar en juicios diversos al que nos ocupa, el nombramiento de albaceas especiales para que se les emplace en el natural, olvidando que dicha responsable ordenadora, no tiene jurisdicción como superior jerárquico sobre los juzgadores que conocieron de los juicios sucesorios, en la Ciudad de México y de la autoridad responsable señalada en el inciso b), su cumplimiento o ejecución material, pues ejecutan o tratan de ejecutar el acto reclamado, como consecuencia de lo mandado por la ordenadora, es decir, vía de consecuencia y no por vicios propios.". Asunto que se admitió a trámite el treinta de marzo de dos mil diecisiete, en el que mediante sentencia de veinte de febrero de dos mil dieciocho, se determinó sobreseer y mediante ejecutoria del trece de junio de dos mil dieciocho el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Segundo Circuito, determinó confirmar dicho sobreseimiento del juicio de amparo de que se trata. En ese sentido, el precepto legal transcrito, a saber, el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, establece la causa de improcedencia del juicio de amparo que se sustenta en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del mismo artículo, parte del supuesto en el que un segundo juicio de amparo se promueve por el mismo quejoso, en contra de los mismos actos y autoridades responsables que un proceso constitucional anterior, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. De ello se deduce, que la disposición legal en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, emanado del artículo 16 constitucional, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un mismo punto litigioso. Al respecto, los artículos 354, 355 y 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso en términos de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. "Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. "Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: I. Las que no admitan ningún recurso (.)." La interpretación literal de los preceptos transcritos, en cuanto definen la cosa juzgada como 'la verdad legal' y contra la cual 'no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley', evidencia que recogen a la institución de la cosa juzgada al tenor del criterio tradicional en el sentido que constituye un efecto de las sentencias inimpugnables, porque vinculan a la cosa juzgada con la sentencia firme que califican de 'ejecutoria'. Lo trascendente de la regulación establecida en los preceptos en estudio, es que de existir sentencia firme respecto de un punto de litigio, dicho pronunciamiento constituye la verdad legal y, por ende, inmutable, de modo que exista cosa juzgada. Sobre esta base, podría decirse que la cosa juzgada, desde un punto de vista tradicional, sólo tiene efectos en relación con lo que constituye el objeto de la sentencia, cuyo límite objetivo es la demanda o el objeto litigioso, por lo cual, en términos generales habrá cosa juzgada cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad; de lo que resulta que la esencia de la cosa juzgada desde el punto de vista objetivo y tradicional, consiste en no permitir que el juzgador, en un proceso futuro, pueda de alguna manera desconocer o disminuir el bien reconocido en el precedente. Los principios destacados implícitamente se reconocen en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues al impedir que prospere un juicio de amparo posterior promovido en contra de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo anterior, esto evidencia que la disposición reglamentaria del juicio de amparo alberga en su esencia a la institución de la cosa juzgada, desde el punto de vista tradicional, cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad. En resumen, para que se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, se requiere el cumplimiento de los siguientes presupuestos tomados incluso de la fracción III del propio artículo, a saber: La existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso; Que sea contra la misma ley o acto reclamado; Por esa razón, que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables y, Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Ahora bien, en el juicio de amparo 384/2017, del índice de este Juzgado de Distrito, por auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Armando Luis Olvera Ramírez, contra actos de la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante sentencia de veinte de febrero de dos mil dieciocho, se determinó sobreseer y por ejecutoria del trece de junio de dos mil dieciocho el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Segundo Circuito, determinó confirmar dicho sobreseimiento del juicio de amparo de que se trata; lo que actualiza los supuestos de la cosa juzgada (o autoridad de la cosa juzgada), cuyos efectos jurídicos no se pueden desconocer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 354 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, de lo descrito en párrafos anteriores se tiene que: a) Existe otro juicio de amparo promovido por el propio quejoso (384/2017 del índice de este Juzgado Federal). b) Contra la misma ley o acto reclamado (".la Resolución datada (sic) el trece de febrero de dos mil diecisiete, dentro del toca de apelación 26/2017, donde con violación flagrante de mi garantías individuales, resolvió contra derecho que se debe reponer el procedimiento a efecto de señalar en juicios diversos al que nos ocupa, el nombramiento de albaceas especiales para que se les emplace en el natural, olvidando que dicha responsable ordenadora, no tiene jurisdicción como superior jerárquico sobre los juzgadores que conocieron de los juicios sucesorios, en la Ciudad de México y de la autoridad responsable señalada en el inciso b), su cumplimiento o ejecución material, pues ejecutan o tratan de ejecutar el acto reclamado, como consecuencia de lo mandado por la ordenadora, es decir, vía de consecuencia y no por vicios propios). c) Que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables (en ambos juicios se señalaron como autoridades responsables a la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México). d) Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. En ese tenor, si en este juicio de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado el mismo que reclamó en el diverso juicio 384/2017 del índice de este Juzgado de Distrito; entonces, resulta evidente que no puede impugnarse nuevamente en este sumario. Bajo esa óptica, resulta palmario que si el acto que se reclama por esta vía ya fue materia de estudio en diverso juicio, no puede esgrimirse en un nuevo juicio constitucional, pues como se observa, en el caso prevalece el principio de cosa juzgada. De ahí que ante la existencia de una resolución firme en el juicio de garantías 384/2017, en el que se resolvió sobre el acto reclamado en este juicio de amparo, es una decisión firme y es cosa juzgada y, por ende, resulta insuperable su eficacia en el tiempo. Sirve de apoyo, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, materia Constitucional, Común, página 1107. "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia". Así como, la tesis VII.2o.C.25 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, materia Constitucional, Común, página 3530. "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA, REFERENTE A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS HAYAN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UNO DIVERSO, SE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1o., párrafo primero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. No obstante, la porción normativa que prevea los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el Juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos indicados, se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos humanos son que: a) se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). De ahí que la restricción al derecho humano de acceso a la justicia, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a que los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es razonablemente válida, porque está contenida en una ley formal y material, que es la Ley de Amparo y persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, la medida es necesaria, porque impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Finalmente, es razonable, toda vez que protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia". Datos que se obtuvieron de las constancias remitidas por la responsable, del Libro de Gobierno de Juicios de Amparo y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo cual genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dichas herramientas pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 10. "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". Cabe precisar que la misma la misma situación ocurre respecto del acto reclamado consistente en el proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en el que se determinó estar imposibilitada para anular, rebasar o modificar la sentencia emitida el trece de febrero de dos mil diecisiete por tratarse de un asunto en el cual existe cosa juzgada, pues como se desprende de la lectura del mismo fue emitido por la responsable en respuesta a una petición del hoy quejoso en la que solicitó la modificación de la resolución emitida el trece de febrero de dos mil diecisiete por la que ordenó la reposición del procedimiento en el juicio natural 676/2015. Es decir, resulta evidente que la intención del justiciable con dicha actuación era la de revivir la litis del juicio, no obstante, la improcedencia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, emanado del artículo 16 constitucional, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un mismo punto litigioso; y por ende en el caso que nos ocupa tal acto reclamado constituye cosa juzgada refleja cuyo análisis y estudio es oficioso para este juzgador quien esta obligado a identificar la intención de las partes en un juicio, y con la promoción que presento el impetrante se advierte su único interés, como ya se dijo, es el de revivir la litis planteada en un juicio ya concluido pues como se aprecia del auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve tuvo la oportunidad de recurrir todas y cada una de las determinaciones emitidas por la responsable, incluso instar el juicio de amparo 384/2017 antes mencionado para defender su interés, de ahí que por certeza jurídica al resto de las partes, gobernados en general y en sí de todo el sistema jurídico, la promoción con la que pretende resurgir en el juicio no puede tener el alcance pretendido por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 30/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia Civil, cuyos rubro y texto establecen: COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 52/2011,(*) de rubro: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES.", consideró que el deber del juzgador de analizar de oficio la cosa juzgada se justifica de manera central, a partir de la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe privilegiarse la certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las partes; y porque la necesidad de la certeza es imperiosa en todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en la sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, que no podrá volver a ser controvertido, evitándose con ello, la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Ahora bien, este criterio es aplicable, en lo conducente y de manera analógica, respecto de la institución de cosa juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de oficio de ésta, debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. Pues al margen de las diferencias de una y otra, lo relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce del juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes. De igual manera, se decreta la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Ahora bien, el máximo tribunal de justicia de nuestro país establece los supuestos en que una demanda de amparo indirecto presentada como directo, como la que se analiza, resulta extemporánea; siendo éstos cuando: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto. Respecto de tales supuestos, dicho máximo tribunal de justicia, estableció que de esta manera el juez de amparo puede contar con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debería interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y que la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que recibió la autoridad responsable. Siempre y cuando se haya explicado al quejoso que en contra de la resolución aquí combatida, procedía amparo indirecto. Y como ya se precisó en párrafos precedentes para este juzgado constituyen un hecho notorio que el ocho de marzo de dos mil diecisiete Armando Luis Olvera Ramírez por propio derecho promovió ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo u Juicios Federales en el Estadio de México y por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, demanda de amparo indirecto. Ahora, la diversa demanda de amparo que ahora nos ocupa contra el mismo acto reclamado fue presentada el diecinueve de marzo del año en curso ante la autoridad responsable, por lo que tomando en consideración la fecha de emisión del último acto reclamado (veintidós de febrero de dos mil diecinueve), a la fecha en que se recibió en este juzgado resulta extemporánea, pues el plazo para su presentación transcurrió del veintiséis de febrero del año en curso (día siguiente de la notificación del acto reclamado en términos del artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México) al diecinueve de marzo siguiente, y al conocer de la misma este órgano jurisdiccional el veintitrés de los cursantes resulta extemporánea. Sin que se justifique los días transcurridos de la presentación de la misma ante la autoridad responsable y hasta que fuera remitida por incompetencia a este juzgado federal, pues como ya se expuso es la segunda ocasión que presenta demanda de amparo por los mismos actos reclamados y ya era de su conocimiento la vía a la que tenía que acudir conforme lo antes expuesto. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 1a./J.13/2014 (10a), visible en la página 275, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, agosto 2014, tomo 1, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." Por consiguiente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en las fracción XI y XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17 de la Ley de Amparo y con fundamento en el diverso 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por por Armando Luis Olvera Ramírez contra actos de la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Rolando Domínguez Arizmendi, Alejandro de Jesús Velázquez Monroy, Daniel Martin Segundo Cuenca y Misael Hernández Frutis, por tener reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Rojas Moreno que autoriza, firma y da fe.
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