Armando López Torres
Expediente 400/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Armando López Torres
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Fundación Compromiso Hoy, Asociación Civil, por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal, Armando López Torres; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 400/2021 CAUSA ESTADO Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese por lista a la parte quejosa....MESA 0
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por Fundación Compromiso Hoy, Asociación Civil, por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal, Armando López Torres, contra actos del Ayuntamiento de Naucalpan y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 400/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.1o.4. A. J/ 4, Novena Época, con registro electrónico 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, materia común, página 890, que a la letra indica: En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Estudio de la demanda. Ahora, atendiendo a que la demanda presentada por Armando López Torres, quien se ostenta como apoderado legal de Fundación Compromiso Hoy, Asociación Civil, se advierte que la misma carece de la firma electrónica del peticionario del amparo, tal y como se observa del contenido del archivo electrónico correspondiente. Sin que se soslaye que con la demanda se exhiba el instrumento notarial con el que pretende acreditar su personalidad, dado que no es suficiente para instar el mecanismo jurisdiccional. En efecto, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado legal, quien deberá contar con la citada firma electrónica y además acompañar copia digitalizada del documento que acredite que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y adjuntarlo al escrito relativo, manifestando bajo protesta de decir verdad que dicho documento electrónico, es copia íntegra e inalterada del documento impreso. En ese orden de ideas, es menester señalar el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá´ siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá´ hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la anterior transcripción, se puede advertir que constitucionalmente el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que este solo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la carta fundamental o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; es decir, solo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de control constitucional constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo regula la legitimación para acudir a promover el amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del numeral 5o., fracción I, de esa legislación, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos estatuidos en el diverso 1o de la ley aplicable y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe destacar que en la forma escrita, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta mediante la firma, ya que esta constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes, expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; de donde se advierte que es requisito indispensable que el escrito a través del cual se insta la tutela judicial contenga la firma autógrafa del promoverte, ya que de lo contrario debe estimarse que en dicho escrito no se incorporó´ esa expresión de voluntad de la persona, cuyo nombre encabeza el ocurso. De tal modo, que si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone explícitamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, en relación con el numeral 6 de la Ley de Amparo, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promoverte; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en el no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promoverte; salvo en los casos de excepción que expresamente estatuidos en la propia ley. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la demanda de amparo fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en este sentido debe señalarse que el uso de la firma electrónica, se encuentra regulado en el artículo 3o. de la Ley de Amparo al señalar la posibilidad para las partes de actuar ante este órgano jurisdiccional mediante el empleo de diversas tecnologías electrónicas, como lo es la firma electrónica, la cual se encuentra regulada en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, del cual se puede deducir que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, se equipara al documento de identidad a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de tal forma que al presentar la demanda de amparo por vía electrónica, como en el caso que nos ocupa, la misma debió contar con dicha firma electrónica de quien aparece como promovente. Es decir, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito; es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón, debe estar firmada electrónicamente con la FIREL del quejoso, a fin de que no exista duda sobre la voluntad de quien aparece como promovente, sin que sea factible que ante la ausencia de la firma electrónica de una demanda de amparo por el quejoso, presentada por los medios electrónicos a los que se ha hecho referencia, este juzgador proceda en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, que se requiera para la satisfacción de un requisito fundamental para demostrar el consentimiento y voluntad de quien promueve el amparo, porque ante la ausencia de firma lo único indubitable, es que no existe voluntad de la parte quejosa de presentar la demanda; es decir, no hay instancia de parte y, en ese sentido no cabe prevención alguna. Ahora, no se soslaya que conforme al artículo 15 de la ley referida, dicha firma electrónica resulta innecesaria cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el precepto legal citado; sin embargo, los actos reclamados expuestos en el escrito de demanda presentada por el impetrante de amparo no se encuentran en el supuesto. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P. /J. 8/2019 (10a.), visible en la página 79, Tomo I, Abril de 2019, Decima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó´ al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió´ los Acuerdos Generales Conjuntos Numero 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será´ innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." De lo anterior, se ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad de la parte agraviada, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, o como es en el caso que nos ocupa, de la firma electrónica de quien aparece como promovente, la cual hace las veces de firma autógrafa; de tal manera que si este se presenta sin la misma, debe desecharse. Por tanto, dado que la firma electrónica de la parte promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional es por lo que, ante la falta de firma en el caso en concreto de la firma electrónica del inconforme, no hay forma de saber si es voluntad de esa persona, promover el juicio constitucional, es decir, no hay instancia de parte. En consecuencia, toda vez que la demanda de amparo en cuestión, carece del signo escrito que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección y dado que por disposición de artículo 107, fracción I, de la Constitucional Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, este debe declararse improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, interpretando a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y lo procedente es desecharla, al no existir petición de dicho quejoso que figura como afectado por el acto de autoridad. Desechamiento de la demanda. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 6, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica por Fundación Compromiso Hoy, Asociación Civil; por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal, Armando López Torres. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala, ubicado en Mármol 52, Pedregal de Echegaray, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 53283; en consecuencia, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio citado y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid- 19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Sin que se inadvierta que señala diverso correo electrónico y número de teléfono como alternativas de domicilio para oír y recibir notificaciones, sin embargo, esos supuestos no se encuentran previstos en la ley de la materia. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica en su libelo para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos y, por cuanto hace a los profesionistas que señala, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. También, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa1 Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría pública, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de 1 Sustenta dicha orden lo establecido en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, en la parte relativa a la Descripción del Puesto de Actuario Judicial, apartado II.2 relativo a las funciones, el cual en el punto 5., señala: Registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), la práctica y constancia de notificaciones. conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese...mesa 0
- Principal
Aviso: Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo de fecha catorce de mayo en curso que señala: Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por Fundación Compromiso Hoy, Asociación Civil, por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal, Armando López Torres, contra actos del Ayuntamiento de Naucalpan y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 400/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.1o.4. A. J/ 4, Novena Época, con registro electrónico 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, materia común, página 890, que a la letra indica: En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Estudio de la demanda. Ahora, atendiendo a que la demanda presentada por Armando López Torres, quien se ostenta como apoderado legal de Fundación Compromiso Hoy, Asociación Civil, se advierte que la misma carece de la firma electrónica del peticionario del amparo, tal y como se observa del contenido del archivo electrónico correspondiente. Sin que se soslaye que con la demanda se exhiba el instrumento notarial con el que pretende acreditar su personalidad, dado que no es suficiente para instar el mecanismo jurisdiccional. En efecto, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado legal, quien deberá contar con la citada firma electrónica y además acompañar copia digitalizada del documento que acredite que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y adjuntarlo al escrito relativo, manifestando bajo protesta de decir verdad que dicho documento electrónico, es copia íntegra e inalterada del documento impreso. En ese orden de ideas, es menester señalar el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá´ siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá´ hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la anterior transcripción, se puede advertir que constitucionalmente el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que este solo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la carta fundamental o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; es decir, solo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de control constitucional constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo regula la legitimación para acudir a promover el amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del numeral 5o., fracción I, de esa legislación, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos estatuidos en el diverso 1o de la ley aplicable y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe destacar que en la forma escrita, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta mediante la firma, ya que esta constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes, expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; de donde se advierte que es requisito indispensable que el escrito a través del cual se insta la tutela judicial contenga la firma autógrafa del promoverte, ya que de lo contrario debe estimarse que en dicho escrito no se incorporó´ esa expresión de voluntad de la persona, cuyo nombre encabeza el ocurso. De tal modo, que si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone explícitamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, en relación con el numeral 6 de la Ley de Amparo, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promoverte; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en el no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promoverte; salvo en los casos de excepción que expresamente estatuidos en la propia ley. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la demanda de amparo fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en este sentido debe señalarse que el uso de la firma electrónica, se encuentra regulado en el artículo 3o. de la Ley de Amparo al señalar la posibilidad para las partes de actuar ante este órgano jurisdiccional mediante el empleo de diversas tecnologías electrónicas, como lo es la firma electrónica, la cual se encuentra regulada en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, del cual se puede deducir que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, se equipara al documento de identidad a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de tal forma que al presentar la demanda de amparo por vía electrónica, como en el caso que nos ocupa, la misma debió contar con dicha firma electrónica de quien aparece como promovente. Es decir, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito; es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón, debe estar firmada electrónicamente con la FIREL del quejoso, a fin de que no exista duda sobre la voluntad de quien aparece como promovente, sin que sea factible que ante la ausencia de la firma electrónica de una demanda de amparo por el quejoso, presentada por los medios electrónicos a los que se ha hecho referencia, este juzgador proceda en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, que se requiera para la satisfacción de un requisito fundamental para demostrar el consentimiento y voluntad de quien promueve el amparo, porque ante la ausencia de firma lo único indubitable, es que no existe voluntad de la parte quejosa de presentar la demanda; es decir, no hay instancia de parte y, en ese sentido no cabe prevención alguna. Ahora, no se soslaya que conforme al artículo 15 de la ley referida, dicha firma electrónica resulta innecesaria cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el precepto legal citado; sin embargo, los actos reclamados expuestos en el escrito de demanda presentada por el impetrante de amparo no se encuentran en el supuesto. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P. /J. 8/2019 (10a.), visible en la página 79, Tomo I, Abril de 2019, Decima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó´ al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió´ los Acuerdos Generales Conjuntos Numero 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será´ innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." De lo anterior, se ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad de la parte agraviada, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, o como es en el caso que nos ocupa, de la firma electrónica de quien aparece como promovente, la cual hace las veces de firma autógrafa; de tal manera que si este se presenta sin la misma, debe desecharse. Por tanto, dado que la firma electrónica de la parte promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional es por lo que, ante la falta de firma en el caso en concreto de la firma electrónica del inconforme, no hay forma de saber si es voluntad de esa persona, promover el juicio constitucional, es decir, no hay instancia de parte. En consecuencia, toda vez que la demanda de amparo en cuestión, carece del signo escrito que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección y dado que por disposición de artículo 107, fracción I, de la Constitucional Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, este debe declararse improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, interpretando a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y lo procedente es desecharla, al no existir petición de dicho quejoso que figura como afectado por el acto de autoridad. Desechamiento de la demanda. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 6, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica por Fundación Compromiso Hoy, Asociación Civil; por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal, Armando López Torres. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala, ubicado en Mármol 52, Pedregal de Echegaray, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 53283; en consecuencia, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio citado y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid- 19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Sin que se inadvierta que señala diverso correo electrónico y número de teléfono como alternativas de domicilio para oír y recibir notificaciones, sin embargo, esos supuestos no se encuentran previstos en la ley de la materia. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica en su libelo para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos y, por cuanto hace a los profesionistas que señala, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. También, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa1 Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría pública, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de 1 Sustenta dicha orden lo establecido en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, en la parte relativa a la Descripción del Puesto de Actuario Judicial, apartado II.2 relativo a las funciones, el cual en el punto 5., señala: Registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), la práctica y constancia de notificaciones. conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese...mesa 0
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes
- Armando Hernández Colín588/2020
- Armando Javier Rojo Aguilar1764/2018
- Armando Jiménez Jijón161/2019
- Armando López Garrido368/2017
- Armando López Torres402/2021
- Armando López Torres7/2022
- Armando Lucio Diaz1035/2021
- Armando Mario Rodriguez Noriera1638/2017
- Armando Moreno Zapata1057/2019
- Armando Muñoz Corona587/2020
- Armando Muñoz Corona974/2019
- Armando Olguin Avila818/2019