Armando Lira Vazquez

Expediente 502/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
502/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2017

Partes del expediente

  • Armando Lira Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente Armando Lira Vázquez, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Armando Lira Vázquez, la que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de conformidad al artículo primero transitorio; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 502/2017-C. Establecido lo anterior, debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por el promovente en la presente instancia constitucional, es: (.) IV.- ACTO RECLAMADO.-Lo es el acuerdo emitido por el Juez Primero Penal dentro de los autos del proceso 295/2014 de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete el cual a la letra dice. "diga al promovente que NO ha lugar a acordar lo solicitado porque esta Autoridad No tiene facultades para ordenar condonación de los impuestos; hágalo por vía administrativa". (.) En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que a la letra dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, siempre y cuando el quejoso no sea tercero extraño al juicio natural. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Ahora bien, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar: El acuerdo emitido por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro de los autos del proceso 295/2014 de esa estadística de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete el cual acordó no favorable su petición en el sentido de condonar el pago de los impuestos por concepto de pago de piso y arrastre de grúa respecto a la camioneta afecta a la referida cada penal, pues dicha autoridad jurisdiccional no tiene facultades para ordenar condonación de los impuestos, haciendo de su conocimiento que dicho reclamo lo debía hacer a través de la vía administrativa. Por tanto, el acto señalado es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme al artículo 488 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que dispone lo siguiente: (.)" "ARTÍCULO 488.- El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones de mero trámite, a fin de que el mismo juzgador que las dictó examine nuevamente la cuestión y para el efecto de que confirme, modifique o deje sin efecto y dicte la resolución que corresponda. En la interposición del recurso de revocación no se admitirá efecto suspensivo. (.)" En efecto, se aprecia que, el recurso de revocación resulta procedente en contra del acto que la parte quejosa pretende combatir en la presente instancia constitucional, Y, respecto el citado medio de defensa, procede contra las resoluciones de mero trámite, a fin de que el juzgador que la dictó examine nuevamente la cuestión y para el efecto de que confirme, modifique o deje sin efecto de existir en él algún vicio cuya corrección legal sea procedente y dicte la resolución que corresponda, lo cual claramente tuvo que hacer valer al momento de que se hizo sabedor del auto dictado con motivo del escrito a través del cual realizó su petición de condonación de impuestos. Lo anterior, porque la resolución que se combate no incide en la afectación de la libertad, así previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso de revocación. Lo anterior es así, ya que al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en el proceso de origen, por ser el sentenciado, lo que implica que se encuentra haciendo valer su derecho y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio y, en razón de ello estuvo en aptitud de interponer el medios de impugnación referido en contra del acto que hoy reclama. Bajo ese contexto, se colige que el promovente se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de revocación previsto en el numeral antes transcrito y, al no haberlo hecho, no se respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia VI.3o.C. J/62 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Consecuentemente, en el caso es dable afirmar que se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales. Por otra parte, téngase como domicilio para oír notificaciones el que indica en su escrito de amparo. Se tienen como autorizados de la parte quejosa, con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así haberlo solicitado. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete causó estado la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo que, en esa data y en cumplimiento a la misma, se libró oficio al Administrador Local de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria para que lo remitiera a la autoridad correspondiente encargada de realizar los trámites necesarios, a fin de llevar a cabo el cobro de la multa que se impuso a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana 04, Zona Centro (Rafael Pedro Sánchez Martínez). En ese sentido, tomando en consideración que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la citada resolución, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Sin que obste a lo anterior el hecho de que, en el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se informó al Subadministrador Desconcentrado de Recaudación en suplencia por ausencia de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" con sede en Puebla, el importe de la sanción impuesta al licenciado Rafael Pedro Sánchez Martínez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana 04, Zona Centro; pues es evidente que se están realizándolo los trámites tendentes al cobro de la referida multa, lo cual no impide que se ordene el archivo de este expediente.

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