Armando Diaz Bello
Expediente 429/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Armando Diaz Bello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Intégrese el escrito signado electrónicamente por Raúl Andrade Osorio, autorizado en términos amplios de la parte quejosa por medio del cual solicita que se cancele su autorización del acceso al expediente electrónico; toda vez, que ya no le es necesario dicho acceso. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 36, 37, 38, 55 y 56 del AG12/2020, se da de baja el acceso al expediente electrónico y la autorización de que las notificaciones se le realicen de forma electrónica, concedidos en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, únicamente respecto al usuario "RauAndradeOso". Notifíquese electrónicamente al diverso usuario de la autorizada de la parte quejosa, por cualquier medio de comunicación interna al oficial judicial "A" adscrito a este juzgado de Distrito y por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil veintidós. I.FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que a la fecha de este proveído, feneció el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el presente controvertido constitucional; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos II.DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por conducto de su autorizado; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 1037 signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado, el despacho 212/2022 (orden 399/2022), de este índice, librado en el presente juicio de amparo, de cuyas actuaciones se advierte, que el dos de junio del año en curso, se notificó personalmente al quejoso Armando Díaz Bello, la sentencia dictada el veintiséis de mayo de esta anualidad, en la cual, se sobreseyó en el presente sumario constitucional y, se le corrió traslado con copia autorizada de la referida resolución; bajo esa tesitura, se tiene por cumplida la diligencia encomendada por este Juzgado Federal, en los términos indicados. Finalmente, dese de baja la comunicación oficial recibida y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por conducto de su autorizado; por lista a las demás partes...
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 429/2022-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Armando Díaz Bello, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido el veinticinco siguiente, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Armando Díaz Bello solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las regiones judiciales del Estado de Puebla (Isaí López Rivas), y otra autoridad. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial de la demanda, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós (fojas 13 a 28), se registró la demanda promovida por Armando Díaz Bello, con el número de juicio de amparo indirecto 429/2022-B; la cual se desechó parcialmente, respecto del acto reclamado consistente en la orden de citación a la audiencia inicial de formulación de imputación dictada en contra del quejoso; y, se admitió a trámite respecto de los actos restantes -órdenes de aprehensión o comparecencia; así como su ejecución-, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 41). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós (fojas 13 a 28), se señalaron las nueve horas con veinte minutos de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Armando Díaz Bello, reclama: 1. Las órdenes de aprehensión o comparecencia, emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López). Niega (Foja 35) 2 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (Foja 42) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que la autoridad responsable 1. Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López), en el informe justificado que rindió en el presente juicio, haya hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que de la revisión a los índices de las sedes judiciales a su cargo, se encontró un registro a nombre del quejoso Armando Díaz Bello, del cual informó lo siguiente: ".Se tiene un registro a nombre del quejoso, en la Región Judicial Centro, dentro de la carpeta judicial administrativa 1670/2021/PUEBLA, y en la que, se vinculó a proceso por lo los hechos con apariencia de delitos cometidos en la procuración y la administración de justicia; y en la que se encuentra bajo los efectos de la prisión preventiva oficiosa: asimismo le informo que dicha carpeta judicial se encuentra en etapa intermedia. Con la precisión de que en dicho antecedente no se ha decretado acto privativo de la libertad." Ello se estima de ese modo, en virtud que la referida autoridad responsable, precisó que en dicha indagatoria no se ha librado alguna orden de aprehensión, comparecencia, o algún otro acto restrictivo de la libertad en contra del promovente; de ahí que deba prevalecer el sentido del presente fallo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó la quejosa en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. QUINTO. Notificación quejoso por despacho. Finalmente, toda vez que de autos se advierte, que actualmente el quejoso Armando Díaz Bello se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social en Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracciones I, II, de la Ley de Amparo, 124, 125 y 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento despacho por correo electrónico, al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: 1) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social en Tepexi de Rodríguez, Puebla. 2) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Armando Díaz Bello y se cerciore de su identidad. 3) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula-, así como el número de expediente - juicio de amparo 429/2022-B. 4) Notifique al quejoso la presente sentencia de veintiséis de mayo del año que transcurre. 5) Le corra traslado con copia autorizada de esta determinación, a fin que se impongan de su contenido. 6) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígasele al Juez despachado, que de no tener inconveniente legal alguno, remita dentro del término de tres días a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia encomendada. Con la finalidad de agilizar la integración del presente expediente, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de la materia, se ordena que el envío del correo electrónico que contenga el oficio derivado de esta determinación, se realice por conducto del actuario judicial que corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a este fallo; asimismo, en el mismo plazo, deberá asentar la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar y agregarla al expediente físico y electrónico del presente juicio. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Armando Díaz Bello, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese al quejoso por despacho que se envíe por correo electrónico, en los términos precisados; electrónicamente a su autorizado en términos amplios; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas, quien autoriza y da fe. Doy Fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Ana Paulina. En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes al tenor de la minuta que se anexa y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 429/2022-B, promovido por Armando Díaz Bello, por propio derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes, ni de su representante legítimo. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan el escrito de demanda presentado por Armando Díaz Bello (fojas 2 a 12); auto por el que por una parte se desechó parcialmente la demanda de amparo y por la otra se admitió a trámite ésta (fojas 13 a 28), informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 35 y 42) y proveídos en que se recibieron (fojas 37, 38, 43 y 44). Asimismo, la secretaria certifica: - Que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, abierto el período probatorio, la secretaria certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Acto continuo, el Juez acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y por perdido el derecho de las partes a ofrecer pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, los formuló mediante el pedimento 124/2022 presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós (fojas 45 a 47); y, que las demás partes no ejercieron ese derecho. El Juez de Distrito acuerda: Se tiene al Representante Social adscrito formulando alegatos; y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo, con lo que se da por terminado el periodo de referencia. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez procede a dictar: S E N T E N C I AV I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 429/2022-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Armando Díaz Bello, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido el veinticinco siguiente, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Armando Díaz Bello solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las regiones judiciales del Estado de Puebla (Isaí López Rivas), y otra autoridad. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial de la demanda, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós (fojas 13 a 28), se registró la demanda promovida por Armando Díaz Bello, con el número de juicio de amparo indirecto 429/2022-B; la cual se desechó parcialmente, respecto del acto reclamado consistente en la orden de citación a la audiencia inicial de formulación de imputación dictada en contra del quejoso; y, se admitió a trámite respecto de los actos restantes -órdenes de aprehensión o comparecencia; así como su ejecución-, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 41). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós (fojas 13 a 28), se señalaron las nueve horas con veinte minutos de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Armando Díaz Bello, reclama: 1. Las órdenes de aprehensión o comparecencia, emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López). Niega (Foja 35) 2 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (Foja 42) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que la autoridad responsable 1. Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López), en el informe justificado que rindió en el presente juicio, haya hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que de la revisión a los índices de las sedes judiciales a su cargo, se encontró un registro a nombre del quejoso Armando Díaz Bello, del cual informó lo siguiente: ".Se tiene un registro a nombre del quejoso, en la Región Judicial Centro, dentro de la carpeta judicial administrativa 1670/2021/PUEBLA, y en la que, se vinculó a proceso por lo los hechos con apariencia de delitos cometidos en la procuración y la administración de justicia; y en la que se encuentra bajo los efectos de la prisión preventiva oficiosa: asimismo le informo que dicha carpeta judicial se encuentra en etapa intermedia. Con la precisión de que en dicho antecedente no se ha decretado acto privativo de la libertad." Ello se estima de ese modo, en virtud que la referida autoridad responsable, precisó que en dicha indagatoria no se ha librado alguna orden de aprehensión, comparecencia, o algún otro acto restrictivo de la libertad en contra del promovente; de ahí que deba prevalecer el sentido del presente fallo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó la quejosa en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. QUINTO. Notificación quejoso por despacho. Finalmente, toda vez que de autos se advierte, que actualmente el quejoso Armando Díaz Bello, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social en Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracciones I, II, de la Ley de Amparo, 124, 125 y 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento despacho por correo electrónico, al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: 1) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social en Tepexi de Rodríguez, Puebla. 2) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Armando Díaz Bello y se cerciore de su identidad. 3) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula-, así como el número de expediente - juicio de amparo 429/2022-B. 4) Notifique al quejoso la presente sentencia de veintiséis de mayo del año que transcurre. 5) Le corra traslado con copia autorizada de esta determinación, a fin que se impongan de su contenido. 6) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígasele al Juez despachado, que de no tener inconveniente legal alguno, remita dentro del término de tres días a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia encomendada. Con la finalidad de agilizar la integración del presente expediente, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de la materia, se ordena que el envío del correo electrónico que contenga el oficio derivado de esta determinación, se realice por conducto del actuario judicial que corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a este fallo; asimismo, en el mismo plazo, deberá asentar la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar y agregarla al expediente físico y electrónico del presente juicio. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Armando Díaz Bello, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese al quejoso por despacho que se envíe por correo electrónico, en los términos precisados; electrónicamente a su autorizado en términos amplios; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 429/2022-B, promovido por Armando Díaz Bello, por propio derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes, ni de su representante legítimo. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan el escrito de demanda presentado por Armando Díaz Bello (fojas 2 a 12); auto por el que por una parte se desechó parcialmente la demanda de amparo y por la otra se admitió a trámite ésta (fojas 13 a 28), informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 35 y 42) y proveídos en que se recibieron (fojas 37, 38, 43 y 44). Asimismo, la secretaria certifica: - Que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, abierto el período probatorio, la secretaria certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Acto continuo, el Juez acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y por perdido el derecho de las partes a ofrecer pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, los formuló mediante el pedimento 124/2022 presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós (fojas 45 a 47); y, que las demás partes no ejercieron ese derecho. El Juez de Distrito acuerda: Se tiene al Representante Social adscrito formulando alegatos; y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo, con lo que se da por terminado el periodo de referencia. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez procede a dictar: S E N T E N C I AV I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 429/2022-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Armando Díaz Bello, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido el veinticinco siguiente, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Armando Díaz Bello solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las regiones judiciales del Estado de Puebla (Isaí López Rivas), y otra autoridad. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial de la demanda, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós (fojas 13 a 28), se registró la demanda promovida por Armando Díaz Bello, con el número de juicio de amparo indirecto 429/2022-B; la cual se desechó parcialmente, respecto del acto reclamado consistente en la orden de citación a la audiencia inicial de formulación de imputación dictada en contra del quejoso; y, se admitió a trámite respecto de los actos restantes -órdenes de aprehensión o comparecencia; así como su ejecución-, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 41). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós (fojas 13 a 28), se señalaron las nueve horas con veinte minutos de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Armando Díaz Bello, reclama: 1. Las órdenes de aprehensión o comparecencia, emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López). Niega (Foja 35) 2 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (Foja 42) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que la autoridad responsable 1. Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López), en el informe justificado que rindió en el presente juicio, haya hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que de la revisión a los índices de las sedes judiciales a su cargo, se encontró un registro a nombre del quejoso Armando Díaz Bello, del cual informó lo siguiente: ".Se tiene un registro a nombre del quejoso, en la Región Judicial Centro, dentro de la carpeta judicial administrativa 1670/2021/PUEBLA, y en la que, se vinculó a proceso por lo los hechos con apariencia de delitos cometidos en la procuración y la administración de justicia; y en la que se encuentra bajo los efectos de la prisión preventiva oficiosa: asimismo le informo que dicha carpeta judicial se encuentra en etapa intermedia. Con la precisión de que en dicho antecedente no se ha decretado acto privativo de la libertad." Ello se estima de ese modo, en virtud que la referida autoridad responsable, precisó que en dicha indagatoria no se ha librado alguna orden de aprehensión, comparecencia, o algún otro acto restrictivo de la libertad en contra del promovente; de ahí que deba prevalecer el sentido del presente fallo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó la quejosa en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. QUINTO. Notificación quejoso por despacho. Finalmente, toda vez que de autos se advierte, que actualmente el quejoso Armando Díaz Bello, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social en Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracciones I, II, de la Ley de Amparo, 124, 125 y 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento despacho por correo electrónico, al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: 1) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social en Tepexi de Rodríguez, Puebla. 2) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Armando Díaz Bello y se cerciore de su identidad. 3) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula-, así como el número de expediente - juicio de amparo 429/2022-B. 4) Notifique al quejoso la presente sentencia de veintiséis de mayo del año que transcurre. 5) Le corra traslado con copia autorizada de esta determinación, a fin que se impongan de su contenido. 6) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígasele al Juez despachado, que de no tener inconveniente legal alguno, remita dentro del término de tres días a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia encomendada. Con la finalidad de agilizar la integración del presente expediente, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de la materia, se ordena que el envío del correo electrónico que contenga el oficio derivado de esta determinación, se realice por conducto del actuario judicial que corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a este fallo; asimismo, en el mismo plazo, deberá asentar la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar y agregarla al expediente físico y electrónico del presente juicio. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Armando Díaz Bello, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. 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