ARMANDO LEMUS HERNANDEZ y Otros.
Expediente 1228/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- ARMANDO LEMUS HERNANDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
De autos se advierte que el diez de enero de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo promovida por ***. Dicha determinación causo estado el veintitrés del nombrado mes y año; y, se ordenó el archivo del presente juicio. Ahora, de autos, los quejosos acompañaron a su demanda de amparo documentos en original; por tanto, se les requiere para que comparezcan a recogerlos dentro del plazo de noventa días, en términos del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia, que de no hacerlo dentro de dicho plazo, serán destruidos conforme a la valoración documental que se le dio al presente sumario. Para dicho efecto; y dado que la contingencia sanitaria no ha cesado en su totalidad y el riesgo de salud es constante, tanto para los justiciables como para los servidores públicos. Bajo estas premisas, el propio Consejo de la Judicatura Federal ha creado un esquema de citas para que acudan a los tribunales para consulta, resolución de dudas o comentarios, así como audiencias con los titulares. En treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA.
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, ***, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Civil de Partido con residencia en Moroleón, Guanajuato; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 1228/2019-VII-2. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Toda vez que el referido numeral impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. La parte promovente señala como acto reclamado lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2019, notificado por lista del día 4 del mismo mes y año, por medio del cual la responsable negó darle trámite y desechó el recurso de revocación interpuesto por nuestro autorizado en términos amplios de la primera parte del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio. Sin embargo, existe una irregularidad que se debe dilucidar previo a determinar la procedencia o no de la demanda de amparo. Para una mejor compresión, es preciso señalar los antecedentes del acto reclamado, a saber: a).- El quince de octubre de dos mil diecinueve la autoridad responsable Juez único Civil de Partido de la ciudad de Moroleón, Guanajuato, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil **, autorizó una prórroga de cinco días para que el perito emita un avalúo para sacar a remate un bien embargado. b).- En contra de dicha determinación los quejosos por conducto de su autorizado, interpusieron recurso de revocación, el cual fue resuelto el seis de noviembre del presente año, confirmando el auto combatido. c).- Posteriormente el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, la responsable tuvo al perito valuador de la contraria por rindiendo en tiempo y forma el avalúo encomendado, por lo que interpusieron recurso de revocación; por lo que el tres de diciembre de dos mil diecinueve, la responsable negó darle trámite y desechó el recurso de revocación interpuesto. Sin embargo, de dichos antecedentes no se desprende la etapa procesal del Juicio Ejecutivo Mercantil **. Por tanto, al advertirse tal irregularidad, resulta procedente imponerla siguiente: Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Único. Se requiere a los quejosos para que informen el estado procesal del Juicio Ejecutivo Mercantil **, del índice del Juzgado Civil de Partido sede Moroleón, Guanajuato; es decir si el mismo se encuentra en trámite o bien en etapa de ejecución. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia número P./J.127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo X, noviembre de 1999, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL PROTESTO LO NECESARIO Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase Protesto lo necesario, que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Y la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIV, julio de 2006, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Apercibimientos. Se apercibe a los promoventes que de no dar cumplimiento con los puntos descritos de la prevención formulada, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en la materia aplicable, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Además, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Asimismo, el promovente deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su apoderado y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente bajo protesta de decir verdad que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Domicilio procesal y autorizados. Toda vez que los quejosos señalaron como domicilio en ***, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado, se les tiene como domicilio para oír y recibir todas las notificaciones, aún las de carácter personal, los estrados en este juzgado. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte a la licenciada ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado.
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