Armando Jesus Jamaica Verduzco

Expediente 290/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
290/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2018

Partes del expediente

  • Armando Jesus Jamaica Verduzco

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de once de abril de dos mil dieciocho, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta promovida por ***, por medio del cual solicitan el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 290/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Se hace la aclaración que de la lectura íntegra de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el quejoso no solo reclama el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, sino también señala como acto reclamado el auto de veintitrés de febrero de la presente anualidad, dictados en el Expediente ***4 del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar con residencia en esta ciudad. Precisado lo anterior, respecto del primer acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el suscrito Juzgador Federal advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del numeral 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. Lo anterior, es así toda vez que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, textualmente dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley o acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. Lo anterior es así, toda vez que la demanda de amparo de cuenta fue presentada el día nueve de abril de dos mil dieciocho, según se advierte de la fecha estampada por el reloj checador de la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Celaya, entonces, dicha presentación fue extemporánea, ya que el término de quince días previsto por el artículo 17 de la vigente Ley de Amparo, para la interposición de la demanda frente al citado acto reclamado (auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, ha transcurrido, pues el último día hábil para su presentación fue el veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior es así, ya que dicho término empezó a transcurrir el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, ello en virtud de que el promovente en su demanda de amparo señala que el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, fue notificado por listas el veintiséis del mismo mes y año, motivo por el cual el cómputo respectivo empezó a transcurrir del veintiocho de febrero al veintidós de marzo del presente año, con exclusión de los días 3, 4, 10, 11, 17, 17, 19 de marzo de dos mil dieciocho, por ser inhábiles, y 21 de marzo del mismo año, por estar señalado como no cumputable para correr términos, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable la tesis del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIII-Enero, Octava Época, consultable a página 201, cuyo tenor literal es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTA COMPROBADA LA NOTIFICACIÓN FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Para sobreseer en el juicio de amparo con base en la causal prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita, conforme a esa propia disposición. Asimismo, es aplicable la tesis visible en la página 235, Tomo XI, Junio, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita. De igual forma, cobra aplicación la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo IX, Junio de 1992, en la página 364, la cual es del tenor literal siguiente: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Por lo que hace al segundo de los actos reclamados consistente en el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo que procede desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del ordenamiento legal antes citado. En efecto el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Como puede apreciarse del artículo transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en las que se conceda algún recurso o medido de defensa. Ahora bien, una vez explicado lo anterior, en efecto, se surte la causal de improcedencia de mérito, con relación a la presente demanda de amparo, pues de lo anteriormente transcrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, la parte quejosa previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desaparecieren de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Corrobora lo anterior, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En este contexto, si el acto reclamado se hace consistir en el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente F**/2014 del índice del Juzgado Civil de Partido en Materia Familiar, en esta ciudad, mediante el cual dicha autoridad acordó que: "no ha lugar a dar entrada y trámite al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de veintitrés de febrero del año en curso", debió agotar el recurso de denegada apelación en contra de dicha determinación, en razón de que el aquí quejoso es parte demandada en el juicio natural. Luego entonces, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, partiendo de la base de que la parte quejosa no agotó el Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, toda vez que antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer ante la autoridad correspondiente, el Recurso de Denegada Apelación, previsto por el artículo 891, en relación con el diverso 896 y 264, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, los cuales a la letra dicen: ARTÍCULO 891. Las resoluciones que se emitan dentro de los juicios orales serán impugnables a través del recurso de revocación, apelación o denegada apelación, según corresponda, los que se tramitarán y sustanciarán conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero de este Código, con excepción de las reglas especiales previstas en el presente Capítulo. ARTÍCULO 896. La denegada apelación debe interponerse dentro de los siguientes plazos: ARTÍCULO 264. La denegada apelación procede cuando se declara inadmisible la apelación por el inferior. En este orden, es evidente pues que si el ahora promovente es parte en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, es claro entonces que tiene la posibilidad de acudir al mismo a promover los medios de defensa que la ley de la materia prevea frente al acto que en aquél se emita, como en el caso, el auto de quince de marzo del presente año es recurrible ordinariamente. De lo anterior se desprende entonces que a través del recurso de denegada apelación el ahora promovente, pueden obtener la revocación o modificación del acto reclamado; Luego entonces, no puede ahora acudir a reclamar en la vía constitucional, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, y por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por ***, por su propio derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de la Materia. De igual manera resulta aplicable, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. También tiene aplicación, la tesis jurisprudencial número I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen en su orden: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Téngase al promovente señalando como domicilio para para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***, en esta ciudad, y como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por tener registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos restringidos del citado numeral a ***, toda vez que no se encontró registrada en la base de datos mencionada. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XIV y XVIII, en relación con los artículos 891, 896 y 264 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, por las consideraciones vertidas en el presente proveído.

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