Armando Jiménez Galindo

Expediente 650/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
650/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Armando Jiménez Galindo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el numeral 21, inciso b), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipula tal disposición. Asimismo, en términos del numeral 18, fracción I, inciso a), el cuaderno original del incidente respectivo es susceptible de depuración. Con sustento en el precepto 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general mencionado, dado que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el diez de diciembre de dos mil veintiuno. En otro aspecto, dado que no es necesaria la retención del anexo y disco compacto remitidos por el juez responsable, en apoyo a su informe de ley, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, pues es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Por último, a fin de facilitar el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo general mencionado, elabórese este proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes de la Unidad de Gestión Judicial Tres del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, mediante el cual informa que ". en fecha 13 de mayo de 2021, se decretó la extinción de la pretensión punitiva y/o acción penal (por prescripción), en favor de ARMANDO JIMÉNEZ GALINDO, por el hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales M. L. L. G.; decretándose la absoluta libertad del imputado ARMANDO JIMÉNEZ GALINDO, por cuanto se refiere a esta carpeta judicial.". I. El artículo 63 de la Ley de Amparo, que en lo conducente, dispone: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Asimismo, se cita el numeral 61, fracción XXI, de dicha ley, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En vinculación con la causal citada, se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Materia Común, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." II. En el caso, el quejoso reclamó del juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad, encargado del trámite, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Tres, la determinación emitida en la audiencia celebrada el veinte de julio de dos mil diecisiete, en que se libró la orden de aprehensión en su contra, en la carpeta judicial 003/240/2017, así como su ejecución. Luego, del oficio que se provee, se advierte que el trece de mayo de este año, la citada autoridad decretó en favor del justiciable, la extinción de la pretensión punitiva por prescripción, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, decretando su absoluta libertad. III. Pues bien, este órgano de control constitucional considera se actualiza la causal de improcedencia anunciada en razón de que si bien es cierto, al momento en que se presentó la demanda que dio origen a este controvertido se encontraba vigente la orden de aprehensión reclamada, lo cierto es que dadas las circunstancias actuales es evidente que dicho mandamiento de captura perdió toda eficacia en virtud de su cancelación derivada de la determinación en que se decretó la extinción de la pretensión punitiva por prescripción; de ahí que válidamente se pueda afirmar de manera indudable, que en el caso han cesado los efectos de la aprehensión reclamada, lo que determina la improcedencia del juicio constitucional, dado que se han suprimido en forma inmediata, total e incondicional sus consecuencias, esto es, que fuera privado de la libertad el demandante del amparo. Por tanto, este juzgado advierte que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicha ley, se sobresee fuera de audiencia en el juicio, puesto que se trata de una causal manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Materia Común, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que el caso se haga referencia a las autoridades ejecutoras señaladas en la demanda, dado que se tuvieron como inexistentes con tales denominaciones. Hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión plenaria de siete de abril del año en curso, determinó la readscripción del titular de este órgano judicial y designó en su lugar al licenciado Guillermo Francisco Urbina Tanús, con efectos a partir del uno de mayo siguiente. Por lo cual, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado por mayoría de razón, conforme a la supletoriedad que prevé el diverso 2 de la Ley de Amparo, se estima necesario comunicarlo a las partes para su conocimiento y efectos legales a los que haya lugar. En consecuencia, se instruye al Actuario Judicial que corresponda, que practique la notificación personal del presente proveído, en términos de lo que señala el numeral 26, fracción I, inciso K de la ley de la materia. Es ilustrativa, al no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; misma que resulta aplicable en lo conducente, cuyos rubro y texto son: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en autos, informa que no localizó registro del domicilio de la tercero interesada. Notifíquese.

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