Armando Gonzales Velazquez

Expediente 319/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
319/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • Armando Gonzales Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diez de julio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que sobresee fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho auto. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la constancia de notificación personal, realizada al quejoso, en que ratificó el escrito recibido en este juzgado el catorce de junio pasado, por el que desiste de la demanda que dio origen a este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia y se deja sin efecto la sentencia dictada el diecinueve del mes en curso. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que se haya dictado dicha sentencia, porque no ha sido recurrida; sin que ello implique que este juzgado revoque sus determinaciones, dado que debe prevalecer la voluntad del amparista por ser esta el sustento del principio rector del juicio de amparo, relativo a que sólo puede ser promovido a instancia de parte agraviada, de modo que si esta instancia desaparece por el referido desistimiento, ratificado el diecinueve de junio pasado, no resulta válido ir contra dicha voluntad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA".

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 319/2017, promovido por Armando Gonzalez Velazquez, contra los actos reclamados del Subsecretario de Sistema Penitenciario de esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como violados los artículos 1°, 8°, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Mediante proveído de veintiocho siguiente, una vez desahogada la prevención ordenada, se admitió a trámite la demanda bajo el orden 319/2017; se solicitó a las responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dada la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se aprecia y se precisa que los actos reclamados son: - La orden de traslado y su ejecución. Atribuidos en su carácter de ordenadora al: a) Subsecretario de Sistema Penitenciario; En cuanto ejecutoras al: b) Director; c) Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario; d)Jefe de la Unidad Departamental de Apoyo Jurídico; e) Encargado de la Subdirección de Seguridad. Las cuatro últimas de la Penitenciaría de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo a sus informes; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que este juzgado no advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede al análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, aunque suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede conceder la protección constitucional solicitada, toda vez que los actos reclamados vulneran el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional. Asentado lo anterior, resulta necesario realizar una breve reseña de los antecedentes del caso, consistentes en lo siguiente: - Mediante oficio de ocho de enero de dos mil dieciséis, el Director de la Penitenciaría en esta ciudad, solicitó al Subsecretario de Sistema Penitenciario autorizara por medidas de seguridad institucional, el traslado del quejoso a diverso centro de reclusión. - El subsecretario mencionado, por comunicado SG/SSP/1392/2016 de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, autorizó dicho traslado, acto que fundó y motivó de la manera siguiente: ".con fundamento en los artículos 18° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9°, fracción XII, 64° fracción XI, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, 1°, 2°, 7° fracción VI, 15° fracción I, 88 fracción IV y 90° de la Ley de los Centros de Reclusión para el Distrito Federal, se autoriza el traslado por SEGURIDAD INSTITUCIONAL del interno ARMANDO GONZALEZ VELAZQUEZ de la Penitenciaria del Distrito Federal al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, siempre y cuando no exista impedimento legal alguno o cuente con alguna suspensión provisional o definitiva en contra de la ejecución material de traslado; así como también tenga suspensión de plano en vía de amparo directo en contra de sentencias de segunda instancia. No omito mencionara que deberá verificar que el interno de referencia, sea debidamente identificado a fin de evitar error o confusión en cuanto a su persona e identidad y no se encuentre relacionado con otra autoridad o exista motivo alguno que impida el traslado, mismo que habrá de efectuarse con las medidas de seguridad que el caso amerita y bajo la más estricta responsabilidad de quienes lo realicen. De igual forma, deberá notificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes el presente proveído a los familiares y autoridades correspondientes, así como remitir la partida jurídica actualizada y los expediente técnico-jurídico". Ahora, de la interpretación del primer párrafo del artículo 16 constitucional, debe entenderse que todo acto que implique molestia en la esfera jurídica de las personas, para satisfacer el derecho fundamental de legalidad, entre otros requisitos, imprescindiblemente debe ser emitido por autoridad competente, es decir, la norma constitucional invocada tiene el alcance de exigir que todo acto de autoridad sea pronunciado por quien tenga facultad expresa para ello, lo que no se satisface en la especie. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, mayo de 1994, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD". En ese orden, en el caso, este órgano de control constitucional considera que el subsecretario de Sistema Penitenciario responsable carece de competencia para emitir la autorización de la orden de traslado contra el quejoso y, al respecto, tiene exacta aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, titulada: "MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". De lo expuesto se advierte que en el procedimiento que se siguió para ordenar el traslado del justiciable no se tomó en consideración lo establecido en los artículos 18 y 21 constitucionales, ya que como se dijo, fue autorizado por una autoridad que no es competente para ello. No se soslaya que el artículo 32, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de México, prevé la posibilidad de que el subsecretario responsable autorice dicho traslado en los casos previstos en el artículo 9º, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para esta ciudad, esto es, cuando se ponga en riesgo la seguridad integral de los Centros Penitenciarios, la del sentenciado y por urgencia médica. Sin embargo, este órgano de control considera que el primero de estos preceptos debe inaplicarse con base en el control de convencionalidad ex officio, en razón que debe prevalecer la norma de la Carta Magna invocada en la jurisprudencia que sustenta esta resolución, acorde con el principio de supremacía constitucional. Expuesto lo anterior, se establece que la autorización del traslado del quejoso emitida por el subsecretario responsable, deja en estado de indefensión al amparista, pues dicha autoridad no es la competente para emitirlo. Sin que en la especie resulte aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto reclamado se emitió antes de la entrada en vigor de dicho ordenamiento. En ese sentido, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, aunque para determinarlo así se hubiese suplido su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, a efecto de que se realice lo siguiente: 1. El subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, deberá dejar insubsistente el oficio SG/SSP/1392/2016, por el que autorizó el traslado del quejoso; 2. El director de la Penitenciaría de esta ciudad, estará obligado en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al que se le notifique el auto por el que se declare firme esta determinación, a regularizar el procedimiento, esto es, deberá solicitar a la autoridad judicial correspondiente, con la remisión de todas las constancias necesarias, la autorización del traslado del amparista; y 3. Esta última autoridad deberá emitir una resolución en el plazo de cinco días, contado a partir de la recepción del comunicado del director mencionado, en la que de manera suficientemente fundada y motivada, determine si autoriza o no el traslado del quejoso. En el entendido de que si dicha autoridad judicial no es la competente para realizar pronunciamiento en cuanto al asunto puesto a su consideración, deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad competente -quien estará obligada a acatar la presente sentencia-, además de informarlo en el plazo de veinticuatro horas a este juzgado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia del país, consultable en la página 144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, intitulada: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". Finalmente, en caso de que no se autorice el traslado del quejoso, el director de la penitenciaría aludida, deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el quejoso sea reingresado a dicho centro de reclusión. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del Director; Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario; Jefe de la Unidad Departamental de Apoyo Jurídico; y Encargado de la Subdirección de Seguridad, todas las autoridades de la Penitenciaría de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia publicada en la página 70 del citado Apéndice, Tomo VI, Materia Común, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión ampara y protege a Armando Gonzales o Gonzalez Velazquez, contra los actos reclamados consistentes en la orden de traslado, que se atribuye al Subsecretario de Sistema Penitenciario; así como su ejecución que se reclama del Director; Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario; Jefe de la Unidad Departamental de Apoyo Jurídico; y Encargado de la Subdirección de Seguridad, los cuatro últimos de la Penitenciaría de esta ciudad; tal concesión es para el efecto de que se realice lo siguiente: 1. El subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, deberá dejar insubsistente el oficio SG/SSP/1392/2016, por el que autorizó el traslado del quejoso; 2. El director de la Penitenciaría de esta ciudad, estará obligado en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al que se le notifique el auto por el que se declare firme esta determinación, a regularizar el procedimiento, esto es, deberá solicitar a la autoridad judicial correspondiente, con la remisión de todas las constancias necesarias, la autorización del traslado del amparista; y 3. Esta última autoridad deberá emitir una resolución en el plazo de cinco días, contado a partir de la recepción del comunicado del director mencionado, en la que de manera suficientemente fundada y motivada, determine si autoriza o no el traslado del quejoso. En el entendido de que si dicha autoridad judicial no es la competente para realizar pronunciamiento en cuanto al asunto puesto a su consideración, deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad competente -quien estará obligada a acatar la presente sentencia-, además de informarlo en el plazo de veinticuatro horas a este juzgado. Finalmente, en caso de que no se autorice el traslado del quejoso, el director de la penitenciaría aludida, deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el quejoso sea reingresado a dicho centro de reclusión.

  4. Principal

    Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual desiste de la demanda que dio origen a este juicio. En ese sentido, el justiciable tiene el derecho para desistir de la acción o de la instancia en cualquier momento, hasta en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada, lo cual no ha sucedido en este controvertido; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que el derecho para desistirse prevalece. Es orientadora la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, cuyo rubro establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA". En consecuencia, a fin de proveer lo conducente, y en razón de que el quejoso se encuentra interno en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I en esta ciudad, se comisiona al actuario correspondiente, para que se constituya en dicho centro de reclusión, y con copia simple del ocurso de cuenta, lo requiera para que al momento de la notificación de este acuerdo, manifieste si ratifica el escrito de referencia, apercibido que de no hacerlo, se continuará el juicio de amparo hasta su culminación, de conformidad con el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la ley de la materia.

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