Armando Gonzalo Canul y Vela

Expediente 701/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
701/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Armando Gonzalo Canul y Vela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en su primer punto resolutivo se sobreseyó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con cuarenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 701/2020-VII-III, se procede a celebrarla ante la presencia del el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, auto admisorio de trece de agosto del año en curso, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales que procedan. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por el quejoso y con las copias certificadas de las constancias que adjuntó a su oficio el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En tal virtud, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las documentales de cuenta, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza; cerrándose el período probatorio. Seguidamente, abierto el período de alegatos, la Secretaría comunica que las partes no formularon alegato alguno; con lo anterior, se cierra el período de alegatos. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, el Juez declara integrado el presente expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Vistos para resolver el juicio de amparo número 701/2020-VII-III, promovido por Armando Gonzalo Canul y Vela, contra de actos del Fiscal General de Justicia del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 8°, 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. En demanda de amparo presentada en línea el once de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnada el doce de agosto del presente año a este Juzgado de Distrito, Armando Gonzalo Canul y Vela solicitó el amparo de la Justicia Federal, contra actos que reclama del Fiscal General de Justicia del Estado y otras autoridades, actos que esencialmente hizo consistir en: "De las autoridades ordenadoras, reclamo la ilegal orden de retención y/o desposesión y/o aseguramiento de mi vehículo de la marca Lincoln, línea MKX, color blanco, modelo 2011, serie 2LMDJ8JK5BBJ09715 y con placas de circulación ZCV-414-A del Estado de Yucatán, la cual fue ordenada, careciendo de la debida fundamentación que requiere todo acto emitido por una autoridad, máxime que se trata de un acto de molestia; así como la negativa de devolver y hacer la entrega material de mi vehículo al suscrito. De las autoridades ejecutoras, reclamo la ejecución de la orden de retención y/o desposesión y/o aseguramiento de mi vehículo de la marca LINCOLN, línea MKX, color blanco, modelo 2011, con número de serie 2LMDJ8JK5BBJ09715 y con placas de circulación ZCV-414-A del Estado de Yucatán, dictada por las autoridades ordenadoras; así como la negativa de devolver y hacer la entrega material de mi vehículo al suscrito. De las autoridades ejecutoras, también reclamo, en caso de que se encuentre en los corralones de dichas corporaciones policiacas, el pago de derechos y/o multas que pretendan cobrarme por haberse llevado mi vehículo, ya que en ningún momento se me notificó de que exista denuncia y/o querella y/o procedimiento administrativo en mi contra, en el que se encuentra involucrado mi vehículo, lo cual, no justificaría el cobro de dichos derechos y/o multas." Segundo. Admisión de demanda. Mediante acuerdo de trece de agosto del año en curso, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, mismos que fueron puestos a la vista de las partes; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento alguno, y finalmente, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclaman actos cuya ejecución se adujo, tuvo lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Sobreseimiento por negativa de actos. El Vice fiscal de Investigación de Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado y el Fiscal en Investigación de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3, ambos con sede en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables al rendir sus informes justificados negaron expresamente los actos que se les atribuyen, sin prueba en contrario de la parte quejosa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Tercero. Acto existente. El Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al rendir sus informes justificados informaron que sí es cierto el acto reclamado; en consecuencia, se tienen por existentes los mismos. Cuarto. Estudio oficioso de la causal de improcedencia. En principio, es necesario analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procedimental su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no demostró su interés jurídico para instar la protección constitucional, respecto del citado acto. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". En estrecha relación con tal regla, se encuentra lo dispuesto por la fracción I del numeral 107 de la Carta Magna, que establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, el diverso numeral 5 de la mencionada ley de Amparo dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley". De los citados numerales se puede advertir que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. En tal contexto cabe indicar que el artículo 14 de la Constitución Federal dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; por ello, a fin de proteger cualquier derecho que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran, procede el juicio de amparo. Sin embargo, para que la acción de amparo prospere, tal afectación debe comprobarse, y de manera fehaciente, pues la misma no puede inferirse por indicios, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba desde el momento de la presentación de la demanda. En tal virtud, atendiendo al reclamo de la parte quejosa, se procede a establecer si ésta tiene interés jurídico para instar la protección federal, toda vez que acude a este Juzgado Federal a reclamar la desposesión del vehículo de la marca Lincoln, línea MKX, color blanco, modelo 2011, serie 2LMDJ8JK5BBJ09715, con placas de circulación ZCV-414-A del Estado de Yucatán, del cual señala como de su propiedad. En efecto, si la parte quejosa invoca un derecho sustantivo, pues se ostenta propietaria de un bien mueble, resulta evidente que por disposición expresa del cuarto párrafo del numeral 5 de la Ley de Amparo, debe analizarse si le asiste un interés jurídico para instar la protección constitucional. Es aplicable en lo que interesa, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1807 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época, que dispone lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." De lo anterior, se advierte que el gobernado tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo a fin de combatir un acto de autoridad, en la medida que sea titular de un derecho subjetivo afectado con la actuación del poder público. Esa afectación puede ocurrir de dos formas, a saber: I. Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía; o, II. Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. En el caso, el quejoso Armando Gonzalo Canul y Vela reclamó la desposesión del vehículo de la marca Lincoln, línea MKX, color blanco, modelo 2011, serie 2LMDJ8JK5BBJ09715, con placas de circulación ZCV-414-A del Estado de Yucatán; sin embargo, no exhibió prueba fehaciente alguna para acreditar la propiedad del mencionado bien ni su interés jurídico; toda vez que las documentales que para tal efecto anexó a su demanda presentada en línea se encuentran ilegibles; por tanto, resultan insuficientes para acreditar por si mismas la propiedad que aduce tener sobre el vehículo que por esta vía defiende. De conformidad con los preceptos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Este criterio lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Novena Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, materia común, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Atento a lo anterior, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve la acción constitucional, sólo se puede actualizar en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la jurisprudencia 1/2002, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Dado el sentido en que se resuelve este juicio, no es posible entrar al estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo. En consecuencia, al no haber acreditado la quejosa su interés jurídico respecto al bien mueble relacionado con el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De ahí que debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de dicha ley, al no quedar acreditado, para efectos exclusivos del presente juicio, la propiedad del bien mueble de referencia con un título sustentado en alguna figura jurídica y válida prevista por la ley, a fin de que sea objeto de protección constitucional. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Armando Gonzalo Canul y Vela, en contra de actos que reclamó de las autoridades que han quedado relacionadas y por las razones expuestas en el considerando segundo y cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a este expediente y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes la copia certificada que adjuntó al mismo para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes, que en su caso podrán proporcionar un correo electrónico para la remisión digital del informe de cuenta. Por lo que refiere a la Agente del Ministerio Público de la Federación, en caso de que estime necesario imponerse del informe de cuenta, deberá solicitarlo a través del correo institucional 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, a efecto de que se ordene la remisión del mismo vía correo institucional blanca.ortiz@pgr.gob.mx. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Encargado de la Dirección General de asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano compareciendo por el Director en Jefe, en su carácter de superior jerárquico de la Delegación del Registro Agrario en Yucatán, mediante el cual informa que ha girado instrucciones a la Delegación de ese desconcentrado para el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada por este Juzgado de Distrito; lo anterior dado que con fecha once de marzo de del año en curso se tuvo por cumplido el fallo amparador y en proveído de seis de agosto de dos mil veinte, por interpuesto el recurso de inconformidad en contra de dicho auto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.

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