Armando Diaz Tomas

Expediente 853/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
853/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
22/01/2021

Partes del expediente

  • Armando Diaz Tomas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Y mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Por otro lado, mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, atento a lo informado en la cuenta y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el diez de diciembre de dos mil veinte, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Por último, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente; archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte y por resolución interlocutoria de veintiocho de septiembre del citado año, se concedieron respectivamente la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por lo que deberán conservarse únicamente el acuerdo y resolución relativos a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la notificación de este proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diez horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 853/2020-VII-I, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria da cuenta con el escrito de demanda, con el informe de suspensión de plano e informe justificado rendido por la autoridad responsable y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las copias certificadas que el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, adjuntó a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan por su propia naturaleza; con lo anterior se cierra este período. A continuación, se abre el período de alegatos en el que la secretaria no da cuenta con promoción especial alguna; con lo anterior se cierra el señalado período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 853/2020-VII-I promovido por ********************a favor de ********************contra actos del Delegado del Instituto de Migración, con residencia en esta ciudad de Mérida, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, ante la secretaria de guardia de este Juzgado, ********************solicitó a favor de ********************el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama al Delegado del Instituto de Migración, con residencia en esta ciudad de Mérida, los cuales hizo consistir en: "De la autoridad señalada como responsable, la ilegal detención, retención e incomunicación en contra del ciudadano Armando Díaz Tomás, misma que ejecutaron los elementos del Instituto Nacional de Migración, con sede en Mérida, Yucatán; así como cualquier probable deportación del referido Armando Díaz Tomás." Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la deportación e incomunicación que se adujo era víctima el directo quejoso, ordenándose buscarla con el fin de que manifestara si era su deseo ratificar la demanda de amparo presentada a su favor; por lo que una vez que se realizó su localización en el Instituto Nacional de Migración, Delegación, Yucatán, éste manifestó que ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se realizó en el acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque los actos reclamados tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Detención y/o retención. Incomunicación. Deportación. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, negó los actos reclamados, consistentes en la incomunicación y deportación del directo quejoso. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuyó consistente en la orden de detención del directo quejoso ********************sin embargo de la lectura de dicho informe y de las constancias que adjunto al mismo, se advierte la certeza del mismo, pues señaló que el nombrado Díaz Tomas, fue puesto a disposición de la autoridad migratoria, después de una revisión migratoria realizada en la vía pública de la calle sesenta por ciento cuarenta y cinco de la colonia San José Tecoh Sur de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a efecto de sujetarse al procedimiento administrativo que corresponda con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Migración y 200 de su reglamento, el cual se le inició y se marcó con el número EA/1.s9/YUC/OR/SCVM/CUB/020/21-09-2020. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Por lo que toca a la restricción de la libertad de la que fue objeto el directo quejoso ********************surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". Lo anterior, en razón de que ha cesado en sus efectos, porque si bien de las constancias que adjuntó a su informe justificado el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el hoy quejoso ********************fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, derivado de una revisión migratoria realizada en la vía pública de la calle sesenta por ciento cuarenta y cinco de la colonia San José Tecoh Sur de esta ciudad de Mérida, Yucatán; sin embargo, también se advierte, que en resolución de nueve de octubre de esta anualidad, se expidió el oficio de salida del país al quejoso ********************de nacionalidad cubana, de conformidad con el artículo 240, fracción VI del Reglamento de la Ley de Migración, a efecto de que abandone el país por sus propios medios, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la notificación de dicha resolución, por lo que se ordenó su salida de la estación migratoria de esta ciudad. De lo anterior se colige que el acto reclamado consistente en la restricción de la libertad del quejoso, ha cesado en sus efectos, toda vez que mediante resolución definitiva de nueve de octubre de esta anualidad, se expidió el oficio de salida del país al quejoso ********************de nacionalidad cubana, de conformidad con el artículo 240, fracción VI del Reglamento de la Ley de Migración, a efecto de que abandone el país por sus propios medios, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la notificación de dicha resolución, por lo que se ordenó su salida de la estación migratoria de esta ciudad. Bajo ese orden, y partiendo de la base de que el acto reclamado, consistente en la restricción de libertad del impetrante es de carácter positivo, y que implicó una limitación a la facultad deambulatoria; es claro que esa actuación produjo sus efectos mientras duró, de modo tal que al decretarse la libertad, las cosas volvieron al estado que tenían antes de que se ejecutara esa limitación al derecho, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, precisamente porque el directo quejoso ********************volvió a disfrutar del goce del derecho fundamental que le fue afectado. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito lo que procede es sobreseer en el presente asunto en relación al acto reclamado por el quejoso, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito. Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 76 al 78 y 192 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************a favor de ********************contra actos del Delegado del Instituto de Migración, con residencia en esta ciudad de Mérida, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese a este expediente el escrito signado por Álvaro Germán Escalante, autorizado en términos amplios de la parte quejosa en este asunto, mediante el cual hace diversas manifestaciones con relación a la vista otorgada en proveído de veintitrés de octubre del año en curso, relativa al cumplimiento dado por las autoridad responsables a la suspensión definitiva concedida en estos autos incidentales. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia del escrito de cuenta dese vista a la Directora del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado del Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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