Armando González Velazquez
Expediente 844/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 32 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 844/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Armando González Velazquez
- DIRECTOR GENERAL DEL CENTO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 14 "CPS-DURANGO"
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas y desahogadas las probanzas de autos. En ese contexto, se admite la prueba de videos ofrecida por la parte quejosa. Respecto a la misma, se advierte que este juzgador dentro de su competencia con relación a las obligaciones que tiene el Estado Mexicano para investigar, sancionar y reparar actos de tortura, se requirieron los videos a las autoridades responsables que fueron ofrecidos como prueba por la parte quejosa. Ahora, la autoridad responsable informó: ". No obstante lo anterior, se le reitera que de acuerdo al contrato de prestación de servicios número OADPRS/DGA/S/08S/2010, en el cual se colige lo siguiente: La grabación de todos los eventos, deberán almacenarse con calidad QI (4CIF) y a 30 FPS, por un mínimo de 90 días, pudiendo ser la configuración como 30 días en línea y 60 más en arreglos en disco ..."; por lo que, a la fecha de la presente solicitud, dichas grabaciones ya superaron el límite de tiempo en reserva." Bien, se observa que la autoridad responsable informó una imposibilidad técnica digital en cuanto a la capacidad de almacenamiento de las videograbaciones. Ahora, el hecho que exista una imposibilidad material para remitir los videos, por lo que hace en este asunto, se encuentra justificada por una cuestión digital (material), al no tener la capacidad de almacenamiento de videograbaciones; lo cual no implica que, en tratándose de las obligaciones jurisdiccionales relativo a una temática como ésta, sea el único medio probatorio para conocer e investigar los hechos de tortura que hizo referencia el quejoso. En efecto, a juicio de este juzgador, dichos videos aún y cuando fueron admitidos y requeridos a la autoridad responsable e investigado la capacidad digital de ello, obra la fe actuarial del estado físico del quejoso así como la valoración médica de las fechas más cercanas a la data en la que manifestó ocurrieron los hechos de tortura. En ese sentido, si bien se realizó lo jurídicamente posible y lo materialmente técnico para la obtención de los videos ofrecidos por la parte quejosa, al caso concreto se tornan innecesarios al existir otros medios probatorios que valorados en su conjunto pueden llevar a la plena convicción de la existencia del acto reclamado en cuanto a la tortura que adujo ser víctima el quejoso. Se afirma lo anterior, pues en el caso que se tuvieran a la vista los mismos, el razonamiento probatorio bajo la libre valoración, de facto no se llegaría a la convicción de la existencia de tortura, sino -como en caso-, deberán ser valorados de forma libre y lógica, otorgando no un valor pleno sino indiciario dada la multiplicidad de cuestiones subjetivas que pudieran darse; pero, con los diversos medios probatorios, y valorados de forma objetiva, sin necesidad de presenciar los hechos a través de la vista y el oído como lo sería por medio de la reproducción del medio audiovisual, ser suficientes para tener por cierta o no la existencia del acto reclamado. Al efecto se cita la tesis VIII.1o.P.A.1 P (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4510, de rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DE LAS QUE SE OFREZCAN PARA DEMOSTRAR POSIBLES ACTOS DE TORTURA, NO ES EXIGIBLE OBSERVAR LAS FORMALIDADES PROCESALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 75 Y 121 DE LA LEY DE AMPARO PARA SU ADMISIÓN, NI DEBEN ADUCIRSE RESTRICCIONES RELACIONADAS CON LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, SI SE ESTIMA QUE SON NECESARIAS PARA INDAGAR SOBRE ACTOS QUE LESIONEN GRAVEMENTE LA DIGNIDAD HUMANA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESERVAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. Hechos: Un Juez de Distrito determinó que no había lugar a proveer de conformidad la prueba de videos de vigilancia del centro penitenciario donde se encuentra recluido el quejoso, ofrecida con la finalidad de acreditar que sufrió actos de tortura, por considerar que la información contenida en dichos videos es de carácter confidencial. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la restricción de confidencialidad del acceso a la información no opera tratándose de las pruebas que tengan como finalidad acreditar la existencia de actos de tortura contra los justiciables, ni es exigible que hayan sido ofrecidas ante la autoridad responsable o que el quejoso acredite haber realizado la solicitud ante ésta para que entregue las pruebas o documentos, dentro de los cinco días previos a la audiencia constitucional. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia dictada en el recurso de queja 56/2019, que dio origen a la tesis aislada 1a. XCII/2019 (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS QUE SE OFREZCAN PARA DEMOSTRAR UN POSIBLE ACTO DE TORTURA DEBEN ADMITIRSE Y NO DESECHARSE DE PLANO POR FALTA DE IDONEIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO).", estableció que el tema de la tortura en cualquier asunto de orden jurisdiccional debe ser tratado bajo el entendimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano, lo que conlleva abrir el ofrecimiento de pruebas que tengan como finalidad demostrar la violación a derechos humanos, lo cual implica que las reglas relativas a su desahogo se dispensen, dada la naturaleza de los actos reclamados. Por tanto, con el objeto de preservar el derecho de defensa, se considera que debe seguirse la teleología del Alto Tribunal al interpretar el artículo 75 de la Ley de Amparo y, por ende, hacer extensivas las consideraciones de la tesis aislada referida a fin de dispensar las formalidades procesales previstas en el diverso artículo 121 de la citada legislación, cuando se trata de ofrecer una prueba documental (videograbación), tendente a acreditar actos de tortura. Además, si bien es cierto que en los artículos 6o., apartado A, fracción I, constitucional y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se prevé la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información, entre otras causas, por motivos de seguridad nacional, defensa nacional o, como acontece en el particular, la seguridad pública, también lo es que no es válido jurisprudencial ni legalmente que el Juez de Distrito negara la admisión de la prueba ofrecida con el propósito antes señalado, porque el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada) prevé que no puede alegarse el carácter de reservado cuando se investiguen hechos constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad; además, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 121/2014, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), de título y subtítulo: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que: "con el objeto de no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información considerada reservada o confidencial en el informe justificado rendido por la autoridad responsable, puede permitir el acceso a aquella que considere esencial para la defensa de las partes bajo su más estricta responsabilidad."; de ahí que ante tal situación, el juzgador se encuentra facultado para admitir pruebas, porque en términos de los artículos 1o., 6o., apartado A, fracción I y 20 de la Constitución General, debe privilegiarse el derecho de defensa del justiciable, aunado a que el Estado Mexicano debe velar por la investigación, sanción y reparación de la violación a los derechos humanos relacionados con la integridad personal, como lo es la tortura. Así como la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a. XCII/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 375, que se transcribe: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS QUE SE OFREZCAN PARA DEMOSTRAR UN POSIBLE ACTO DE TORTURA DEBEN ADMITIRSE Y NO DESECHARSE DE PLANO POR FALTA DE IDONEIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO). El precepto citado, en su primer párrafo, contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a todos aquellos sujetos involucrados en el acto de autoridad, pues en el juicio de amparo el acto debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad emisora del acto reclamado; en tanto que, en su segundo párrafo, contiene una excepción a esa regla general, ya que permite que el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto normativo que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad procesal opera solamente cuando no tuvo oportunidad para ofrecerla ante la responsable. Ahora bien, de conformidad con esta interpretación, en el caso en que el quejoso ofrezca como pruebas las encaminadas a demostrar la posibilidad de que se ejercerán actos de tortura en su contra, el juzgador no debe desecharlas de plano, sino acordar de conformidad la petición de requerir los documentos respectivos y en el momento procesal oportuno evaluar su "idoneidad" para decidir respecto a la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, como premisa básica y necesaria, los parámetros que deben observar las autoridades a efecto de dar cumplimiento al imperativo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, entre las que se encuentran los actos de tortura, pues este tema debe ser tratado bajo el entendimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano, lo que implica acordar favorablemente el ofrecimiento de pruebas que tengan como finalidad demostrar que el acto reclamado puede violar un derecho fundamental como el de la integridad física por posibles actos de tortura." A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que la parte quejosa formuló alegatos. El Juez acuerda: Ténganse por reproducidas sus manifestaciones y por perdido el derecho de las demás partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito recibido el uno de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Armando González Velázquez, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra la autoridad y el acto que a continuación se trascriben: "III. Autoridad Responsable: Director General del Centro Federal de Readaptación Social N 14 "CPS Durango". O encargado de la dirección general del mismo centro federal. IV.- Acto que reclamo es el siguiente: A la autoridad responsable yo le reclamo la orden que dio al personal de seguridad del mismo centro general, para despojarme de todos mis pertenecías, así como darme tratos crueles, degradantes e inhumanos, de igual forma por torturarme. (Hechos del 2 de Julio del 2021)". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 4, 8, 16, 18, 19, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, se formó el expediente 844/2022-VIII, se concedió la suspensión de plano y se mandó prevenir al quejoso lo siguiente: "i. Señalen sí cuenta con defensor particular o público señalando sus datos de localización o en su caso es su deseo le sea designado uno de oficio. ii. Manifieste sí es su deseo señalar al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad. iii. Manifieste bajo protesta de decir verdad, sí en contra de la omisión que atribuye al Centro de Justicia Penal Federal, interpuso alguno de los medios de impugnación previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. iv. Señale con precisión cual fue la tortura que dice haber sufrido el 21 de julio de 2021 o sí lo que pretende en la demanda de amparo es, reclamar la falta de atención médica que dejaron los hechos que manifiesta ocurrieron en esa data." Con relación a lo anterior, el quejoso manifestó lo siguiente: Con motivo de lo anterior, el dos de junio de dos mil veintidós, fue admitida la demanda de amparo, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó los informes justificados correspondientes; se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta y, además, el quejoso está privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, CPS, Durango, con sede en Gómez Palacio, lugar en donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en incomunicación, tortura y malos tratos ocurridos el dos de julio de dos mil veintiuno. Retiro de pertenencias y falta de atención médica, con motivo de su vida penitenciaria. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. i. Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en incomunicación, tortura y malos tratos ocurridos el dos de julio de dos mil veintiuno. La autoridad responsable penitenciaria señalada como responsables, negó categóricamente los actos reclamados, al rendir sus correspondientes informes con justificación, cierto, al reclamarse (tortura) actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, le corresponde la carga de la prueba a la autoridad y no al quejoso interno. Así esta ordenado por la tesis XXII.P.A.70 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 1049, de rubro y texto: "TORTURA PSICOLÓGICA EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Cuando las autoridades responsables en su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado consistente en la tortura psicológica, no corresponde al quejoso interno en un centro penitenciario desvirtuar la negativa, sino que es a aquéllas a quienes incumbe acreditar su inexistencia. Lo anterior es así, porque se asume que la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el quejoso no probó plenamente su denuncia para descartarla. Por lo anterior, es desacertado que el Juez en la sentencia recurrida hubiera sostenido genéricamente que, por el hecho de que las responsables negaron el acto de tortura y el quejoso no desvirtuara esa negativa, procedía sobreseer en el juicio, en tanto que el resolutor debió hacer una distinción entre los actos reclamados a efecto de establecer correctamente las cargas probatorias, pues tratándose de la tortura psicológica alegada, correspondía a las responsables demostrar la inexistencia de ese acto. Máxime que la tortura puede ser utilizada en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de los actos de tortura alegados. En este sentido, en relación con la tortura psicológica reclamada, el juzgador está obligado a revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tenerla por acreditada, lo que implica pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión planteada." Al respecto, por lo que hace a la incomunicación reclamada, la autoridad penitenciaria responsable acompañó al informe justificado copia certificada de los registros de control de llamadas, entre otros documentos, de los que se advierte que en diversos días el quejoso realizó llamadas telefónicas y se comunicó plenamente con diversas personas. Lo anterior, con fecha cercana a en la que indicó ocurrieron los hechos del dos de julio de dos mil veintiuno. Ello sin perder de vista, además, que la demanda de amparo fue suscrita de puño y letra por el propio quejoso, lo cual es indicativo de que no estuvo incomunicado. Y referente a la tortura y malos tratos, la propia responsable remitió el expediente clínico, y la nota médica de treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, que es la más cercana a la fecha en que dice ocurrieron los hechos de tortura, de la que se advierte que acudió a atención médica por gastritis, hongos en los piel, ansiedad y solicitó dieta hipercalórico, recentándole el médico penitenciario tratamiento para ello. Medios de prueba reseñados a los que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° del último ordenamiento legal. Aunado a lo anterior, de la diligencia de uno de julio de dos mil veintidós, practicada por el actuario judicial adscrito en el que se ordenó notificar la radicación y suspensión de plano, así como realizar prevención al quejoso, el quejoso no manifestó al fedatario tener alguna lesión ni el funcionario federal asentó algo al respecto, concretándose el quejoso a desahogar la prevención en cita. Lejos de ello, no existe prueba que acredite que centro de reclusión realizara actos de incomunicación, contrario a los términos de la normatividad para ingresar a los Centros Federales de Readaptación Social que existen en el país, y menos aún, que la autoridad del centro de reclusión le haya negado la atención médica al quejoso, así como prohibiera al quejoso incluso la comunicación por correspondencia, tan es así que la demanda de amparo fue suscrita por propio derecho por el quejoso lo cual por sí mismo es indicativo de que no sufrió incomunicación, ni los demás actos reclamados. ii. Retiro de pertenencias y falta de atención médica, con motivo de su vida penitenciaria. En suma, respecto a que el quejoso manifestó que no ha promovido controversia alguna ante el Centro de Justicia Penal Federal, al efecto también resulta inexistente, pues la autoridad judicial al rendir su informe justificado indicó aquellas que el quejoso ha promovido y su temática, respecto las cuales se advierte que se tratan con relación a su vida penitenciaria. En las relatadas condiciones, debe tenerse por demostrado que no existen los actos reclamados en esta vía de amparo, tal como lo aducen categóricamente y lo demuestran con las pruebas reseñadas las autoridades responsables de mérito, cumpliendo de esa manera con su débito procesal. Sin que se desatiendan las manifestaciones a manera de alegatos tanto por el quejoso como de su representación, pues ellas no pasan de meras inferencias a la plena convicción de que tal día a tales horas, el quejoso recibió tortura y fue incomunicado, no por no haberse desvirtuado la negativa externada por la autoridad responsable, sino porque la misma probó que no incomunicó ni torturó al quejoso, lo cual fue corroborado por el fedatario que tuvo contacto con el quejoso después de la presentación de la demanda de amparo. Además, cabe reiterar, que ni si quiera se advierten datos que afecten la dignidad humana, pues se advierte que las cuestiones relacionadas con temáticas de internamiento, no pueden ser consideradas como tortura psicología, según lo narrado por el propio quejoso, en torno al retiro de pertenecías a que hace referencia, sino únicamente -se reitera-, relativo a sus condiciones de internamiento y vida penitenciaria, con lo cual queda cubierta la inexistencia de tortura psicológica. Sirve en sustento la Tesis: II.3o.P.86 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 901, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LOS COMETEN SI LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL INTERNO ATENTAN CONTRA SU DIGNIDAD HUMANA. Conforme al criterio contenido en la tesis aislada P. XXII/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA.", se establece que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. De ahí que cuando en el juicio de amparo indirecto el quejoso señale como acto reclamado autónomo los actos de tortura derivados de sus condiciones de internamiento y se encuentre demostrado en autos, mediante prueba fehaciente, que al momento de la presentación de la demanda, aquellas que imperaban durante su reclusión son susceptibles de provocarle un tormento, entendido éste como cualquier acto u omisión que afecta gravemente la dignidad e integridad personal del justiciable, como pueden ser: el hacinamiento por encontrarse en el mismo espacio una cantidad muy superior de personas para las que está destinada la celda, las dimensiones reducidas del lugar, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la poca higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en que se le proporcionan los alimentos, constituyen actos de tortura que producen un menoscabo en la integridad física y mental del interno, al ser susceptibles de provocar en su persona humillación, degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana, al no encontrarse en condiciones óptimas para desempeñar su vida en reclusión con la normalidad debida, esto es, en igualdad de condiciones que el resto de la población penitenciaria, lo que actualiza los actos de tortura reclamados en su vertiente de violación de derechos humanos." Es importante destacar que este asunto se tramitó y resolvió atendiendo los lineamientos contenidos en el protocolo para juzgar un asunto donde se reclamen actos de tortura, justamente porque de oficio se requirió el expediente clínico del quejoso, para revisar las notas médicas en las fechas en que ocurrieron los hechos o en su caso, las notas médicas cercanas a la misma, con el propósito de verificar adecuadamente la negativa externada por la autoridad responsable penitenciaria, pues con el mismo, -en este caso- y con la fe actuarial, se consideran suficientes para haber cumplido con dicho protocolo además de haber realizado lo materialmente jurídico para la obtención de los videos ofrecidos como prueba de los cuales se hizo referencia en la audiencia constitucional, debido que se dio vista a la parte quejosa quien estuvo debidamente representada. Así lo ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 256, "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." En efecto, existen diversos niveles de credibilidad, esto es, para llegar a la plena convicción de un hecho, deben superarse los distintos niveles de pensamientos, duda, inferencia, indicio, credibilidad, certeza y convicción, y en el caso, con base en las constancias solicitadas por este juzgador, no supera ese grado de contexto de descubrimiento para afirmar la existencia de la tortura, por el contrario, con las mismas, la autoridad responsable al corresponderle la carga de la prueba, demostró que no torturó ni incomunicó al quejoso. Del mismo modo, respecto sus alegatos, no está por demás informarle al quejoso que tiene su alcance los mecanismos como garantías constitucionales (instrumentos), establecidos del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo son la petición administrativa y controversia, en caso de requerir atención médica por cuestiones ajenas a la aquí planteada, pues en el caso, no se afirma que no hayan sucedido los hechos que narró el quejoso, sino que respecto los mismos no constituyen ese parámetro de racionabilidad y convicción para afirmar que se trató de aquellos actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Máxime que dentro de las manifestaciones del quejoso, insistió en el retiro de pertenencias, lo cual, sin lugar a dudas, se trata de actos relativos a su condición de internamiento, dejándose a salvo sus derechos para que en la vía correcta, -de estimarlo necesario- pueda acudir a los mencionados instrumentos que el Estado Mexicano ha otorgado como garantías, para verificar la legalidad del actuar de la autoridad penitenciaria. En conclusión, se observó el protocolo en tratándose de amparos donde se reclame la tortura a la autoridad penitenciaria (no de aquellos para excluir prueba ilícita del procedimiento, reposición de causa por confesiones obtenidas a base de tortura, etcétera), pues en principio se analizó con base en la carga de la prueba de la autoridad responsable y no del quejoso para desvirtuar la negativa y en segundo, se dictaron las diligencias necesarias para obtener el expediente clínico relacionado con el quejoso, para verificar el estado de salud del mismo en las fechas en que refirió sucedieron los hechos, a fin de concatenarlo tanto con el informe justificado, como con la constancia de notificación del actuario que tuvo contacto con el quejoso en el primer momento en que promovió su demanda de amparo. Consecuentemente, se sobresee en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de diciembre de dos mil veintidós. Alegatos. Se ordena agregar a sus antecedentes la constancia de notificación que antecede, mediante el cual el quejoso formula alegatos, en consecuencia, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que formula, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, seis de diciembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual rinde informe en alcance al agregado el cinco de diciembre anterior. Vista. Atento a lo anterior, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho corresponda, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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