Armando Gallegos Gándara

Expediente 373/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
373/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Armando Gallegos Gándara
  • Armando Gallegos Pavón

Actuaciones

  1. Principal

    Reanudacio´n. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/23/2020 de la Secretari´a Ejecutiva de Creacio´n de Nuevos O´rganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se establecio´, entre otras situaciones, la suspensio´n y reanudacio´n de los plazos de los asuntos del conocimiento de los o´rganos jurisdiccionales del Octavo Circuito, con sede en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y por consecuencia, la reactivacio´n de los te´rminos procesales. Oficio. Por otra parte, se agrega el oficio signado por el Administrador Local de Recaudacio´n de esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido, te´ngasele informando las gestiones tendentes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con el arti´culo 193, tercer pa´rrafo, de la Ley de Amparo. Pro´rroga. En atencio´n a las manifestaciones del Administrador Local de Recaudacio´n de esta ciudad, y considerando la complejidad del asunto, con fundamento en el numeral 192, u´ltimo pa´rrafo de la Ley de la materia, se le concede una pro´rroga de diez di´as, contado a partir de que surta efectos la notificacio´n del presente provei´do, a efecto de cumpla con los efectos de la ejecutoria de amparo, esto es, debera´ realizar la entrega del cheque expedido en favor de la parte quejosa, para acreditar la devolucio´n de las contribuciones que son objeto del fallo protector, cuyo hecho debera´ justificar con las constancias pertinentes. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo asi´, sin causa justificada, con fundamento en el arti´culo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondra´ multa equivalente a la unidad de medida y actualizacio´n (en sustitucio´n del salario mi´nimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexacio´n del Salario Mi´nimo, publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n el veintisiete de enero de dos mil diecise´is.

  2. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante comparecencia de tres de julio de dos mil veinte, ante este órgano jurisdiccional, Armando Gallegos Gándara, promovió amparo en favor de Armando Gallegos Pavón, en contra de las autoridades Policía Civil de Coahuila; Policía Especializada de Fuerza Coahuila; Policía de Acción y Reacción del Estado de Coahuila; Director de Seguridad Pública; Centro de Readaptación Social de Torreón y agentes del Ministerio Público de Detenidos Mesas I, II, III y IV, todos con sede en esta ciudad, y los actos consistentes en la incomunicación y malos tratos que afirmó es objeto el quejoso directo, y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de tres de julio de dos mil veinte, se radicó la comparecencia de Armando Gallegos Gándara, quien promovió amparo en favor de Armando Gallegos Pavón; se registró con el número estadístico 373/2020-V-A; se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados; y se ordenó al actuario judicial adscrito se constituyera en el lugar en el cual se encontraba recluido el quejoso directo, a fin de que manifestara si ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor. Asimismo, toda vez que el actuario judicial de la adscripción emitió una razón en el sentido que el quejoso directo Armando Gallegos Pavón ratificó la demanda de amparo interpuesta a su favor; por lo que, se admitió a trámite la misma; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se otorgó intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. De igual modo, en términos de los acuerdos 04/2020, 6/2020, 08/202 y 13/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reservó señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, hasta en tanto se reanudaran las labores ordinarias con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2; y en términos del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al acontecer lo anterior, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, éste fue emitido por una autoridad con residencia en esta ciudad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: i. La incomunicación y malos tratos que se afirmó fue objeto el quejoso directo, y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencias de los actos reclamados. Las autoridades responsables Policía Civil de Coahuila; Policía Especializada de Fuerza Coahuila; Director de Seguridad Pública; Centro de Readaptación Social de Torreón y agente del Ministerio Público de Detenidos Mesa II, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, consistente en la incomunicación y malos tratos que se afirmó fue objeto el quejoso directo, y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Sin que, en el caso, la parte quejosa hubiere aportado medio de prueba para desvirtuar esas negativas, aun cuando le correspondía la carga de la prueba. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta a los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con antelación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, tomo VI, común, página 236, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad Policía de Acción y Reacción del Estado de Coahuila, cuya verdadera denominación es Comandante de la Base Temporal dela Corporación Policial Fuerza Coahuila Grupo de Reacción, con destacamento en esta ciudad, sin que obste para ello que esa autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niegue su existencia, toda vez que esa negativa se encuentra desvirtuada con las propias manifestaciones que al respecto realiza, en el sentido que, efectivamente, elementos de policía de esa corporación practicaron la detención del quejoso directo y la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente; por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado, ya que lo expuesto por la propia autoridad desvirtúa su negativa. Orienta lo expuesto, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Pues bien, de las constancias enviadas por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila de Zaragoza (las cuales fueron requeridas por este juzgado federal), se advierte que el quejoso directo Armando Gallegos Pavón, fue detenido en flagrancia delictiva por elementos de la Base Temporal de la Corporación Policial Fuerza Coahuila Grupo de Reacción, con destacamento en esta ciudad, por la comisión de un delito contra la salud, y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de Operaciones Estratégicas, con sede en esta ciudad. Asimismo, al desahogarse la audiencia inicial en los autos de la causa penal 989/2020, el seis de julio de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso contra el imputado por el delito antes referido, y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva; posteriormente en audiencia de dieciocho de agosto de este año se le concedió la suspensión condicional del proceso y se levantó la medida cautelar de prisión preventiva, ordenándose su inmediata libertad. Esa constancia cuenta con valor probatorio pleno, por tratarse de documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. En ese sentido, es claro que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, consistentes en la incomunicación, malos tratos, y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, han cesado al haber dejado de surtir sus efectos. Por tanto, es indiscutible que existe una situación jurídica diversa que destruyó a la que dio motivo al presente juicio de amparo, por lo que no es factible entrar al análisis de actos que ya no están surtiendo sus efectos desde el mismo momento en que el quejoso directo Armando Gallegos Pavón, fue puesto en libertad al levantarse la medida cautelar de prisión preventiva. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que señala lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción XXI de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  3. Principal

    Oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al cual acompaña copia certificada de la resolución dictada en el incidente en revisión administrativo 45/2020, interpuesto por la autoridad responsable, en contra de la resolución interlocutoria de veinte de marzo de dos mil diecinueve; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió: "PRIMERO.- QUEDA FIRME EL DIFERIMIENTO de la audiencia incidental, decretado en el considerando quinto de la interlocutoria recurrida. SEGUNDO.- En la materia de la revisión, Se REVOCA la resolución impugnada. TERCERO.- Se NIEGA a USA GAS SAN JUAN, Sociedad Anónima de Capital Variable, la suspensión definitiva que solicitó contra los efectos de la norma general reclamada a las autoridades señaladas como responsables, precisados aquélla y éstas en el antecedente primero de esta ejecutoria (.)". Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y Destrucción. Por carecer de relevancia documental, el cuaderno incidental original es susceptible de depuración, mientras que el duplicado es susceptible de destrucción, lo anterior, en términos de los artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Vía para la rendición de promociones. Atento a lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 12/2020, 21/2020, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial -virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, no ha dado cumplimiento al requerimiento de siete de septiembre de dos mil veinte que le fue realizado por este juzgado federal. Requerimiento. Por tanto, requiérase de nueva cuenta al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir que quede debidamente notificado, informe la situación jurídica del quejoso Armando Gallegos Pavón, toda vez que el agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, con sede en esta ciudad, informó a este juzgado federal que el imputado en cuestión fue puesto a disposición de dicha autoridad jurisdiccional por un delito contra la salud. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto antes referido. Notifíquese.

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