Armando González Barragán

Expediente 334/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
334/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Armando González Barragán

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Armando González Barragán, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible por haberse desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. NOTIFÍQUESE...MESA 4

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de abril de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Armando González Barragán, contra actos que reclama del Juez Octavo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, con residencia en Tecámac, Estado de México. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 334/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, en contra del acto reclamado, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto transcrito contempla el principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales, la ley ordinaria concede algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho principio supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que de existir algún medio ordinario de defensa que el quejoso no hubiese interpuesto, el amparo resulta improcedente. Además, este principio, responde a la naturaleza jurídica del juicio biinstancial como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos humanos o fundamentales de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de impugnación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Los artículos 5.45, 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, disponen: "Artículo 5.45. Las medidas provisionales serán revisadas de oficio y, en su caso modificadas en la audiencia inicial en la que, inclusive, podrán dictarse otras. Las resoluciones provisionales dictadas en la audiencia inicial sólo podrán modificarse en sentencia definitiva." "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 5.75. En audiencia, el recurso de revocación procede en contra de: I. El auto que resuelva excepciones procesales; II. El que inadmita pruebas; III. El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. (.)". De estos artículos, se advierte que en los juicios sobre controversias del estado civil de las personas y del derecho familiar, a) las resoluciones provisionales dictadas en la audiencia inicial sólo podrán modificarse en sentencia definitiva, b) los autos y decretos dictados fuera de la audiencia serán revocables conforme a las reglas generales que se especifican para tal medio de impugnación, y c) el recurso de revocación procede contra las medidas provisionales dictadas en audiencia. En el caso que nos ocupa, el impetrante de amparo reclama el auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juico 1121/2015, del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, con residencia en Tecámac, Estado de México, relativo al Juicio de Procedimiento Controversias del Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, promovido por Alicia Pazarán Hernández, en contra del quejoso; donde se le decretó como nueva forma de pensión alimenticia un pago por la cantidad de dos días y medio. Ahora, contra dicha determinación, procede el recurso de revocación previsto en los artículo 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el cual, puede tener por efecto que los actos sean revocados o modificados las consideraciones que dieron origen al acto reclamado, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual, puedan ser modificadas o revocadas las determinaciones combatidas, es inconcuso que la parte quejosa estaba obligada a agotar tal medio ordinario de impugnación, previo a acudir a esta instancia constitucional. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia con registro electrónico 2005039, emitida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, dentro del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I pagina 350, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". Sin que sea óbice a lo anterior, la jurisprudencia de título: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO". De ese criterio, se advierte que el más Alto Tribunal de la República ha estimado como una excepción al principio de definitividad, los casos en que esté involucrado un menor de edad y cualquiera de las partes alegue un riesgo para éste, en caso de ejecutarse la resolución, si el recurso ordinario es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra. En el presente asunto, como se ha visto, el acto que se cuestiona a través de la acción constitucional, consiste en el auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juico 1121/2015, del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, con residencia en Tecámac, Estado de México, relativo al Juicio de Procedimiento Controversias del Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, promovido por Alicia Pazarán Hernández, en contra del quejoso, donde se le decretó como nueva forma de pensión alimenticia un pago por la cantidad de dos días y medio. Al respecto, no se actualiza el supuesto a que se refiere el citado criterio jurisprudencial, porque conforme a lo establecido en la parte final del artículo 5.75 del Código citado, el recurso de revocación se debe interponer al momento de emitirse el auto o decreto, el cual debe resolver de manera inmediata el juzgador. En consecuencia, el peticionario de amparo tenía el deber de agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo. Tampoco se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese tenor, el acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal de la inconforme; ni el quejoso tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen. De igual manera, no se actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues los artículos 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, son claros en determinar que las resoluciones dictadas fuera de la audiencia y en audiencia, respectivamente, serán revocables. Se desecha demanda. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda promovida por Armando González Barragán, por propio derecho, atento a lo que establece el diverso 113 del ordenamiento indicado. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, en esa tesitura, requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la misma, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. En relación a los correos electrónicos que proporciona el quejoso en su escrito de demanda 5445250@pjedomex.gob.mx y aaron_bastida@hotmail.com a fin de que por esa vía se realicen las notificaciones, debe señalarse que si bien, el correó electrónico no es una de las formas de notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Amparo, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2(COVID-19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de resguardar la integridad y salud del personal adscrito a éste órgano jurisdiccional y de las partes, realícese por única ocasión la notificación del contenido del presente acuerdo a través de los correos electrónicos señalados por el promovente, por lo tanto se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que realice las gestiones correspondientes; sin que con lo anterior se contravenga lo acordado en párrafos que preceden, respecto a la notificación por lista. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.MESA 4

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