Armando García Pérez
Expediente 920/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Armando García Pérez
- Personal Adscrito Al Departamento Subdelegacional de Pensiones En los Reyes la Paz, Perteneciente A la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación anterior, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Armando García Pérez, hubiera recurrido el auto de dieciocho de noviembre del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Por tanto, se declara que el mismo ha causado estado y se declara firme. Orden de archivo. archívese el expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Orden de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, contado a partir de esta fecha. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Acuerdo en incidente. En el presente asunto no se apertura incidente de suspensión.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta que remiten el Auxiliar Universal de Oficinas, Encargado y Jefe del Departamento de Pensiones, todos de la Subdelegación de los Reyes La Paz, del órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en el Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de los cuales rinden su INFORME JUSTIFICADO. Pruebas se tienen como pruebas de las responsables las que mencionan y anexan a sus informes de cuenta, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Señala delegados. se tiene a dicha autoridad designando como sus delegados a las personas que faculta para tal efecto. Domicilio procesal. En cuanto al domicilio procesal que indica, los oficios que deriven del presente sumario, habrán de entregarse en donde se ubican sus oficinas principales. Causa de sobreseimiento. En el presente juicio de amparo existe imposibilidad legal para analizar la inconstitucionalidad de los actos que reclama la parte quejosa, en razón de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en este juicio, en términos del numeral 63, fracción XXI, del mismo ordenamiento, como se expondrá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho que se trate y hacer que el mismo se cumpla, por tener el acto reclamado naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Ahora bien, de la demanda de amparo, promovida por Armando García Pérez contra actos del Personal adscrito al Departamento Subdelegacional de Pensiones en los Reyes La Paz, perteneciente a la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, de la cual, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de emitir respuesta a la "SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PENSIÓN" de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte. De los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que las autoridades responsables señalan que la solicitud de modificación de pensión presentada por el quejoso tiene sello de recepción de veintiocho de julio de dos mil veinte. Asimismo, señalan que el seis de noviembre de dos mil veinte, se atendió a la solicitud hecha por el quejoso en el siguiente sentido: Emitieron la Resolución para el Otorgamiento de Pensión de Cesantía en Edad Avanzada el seis de noviembre de dos mil veinte. Se proporcionó el número de folio 1604673228783500701830, a dicha contestación Se otorgó la pensión de Cesantía en Edad Avanzada al asegurado con las asignaciones familiares y/o ayuda asistencial que proceden a partir del día seis de marzo del dos mil veinte. Se notificó personalmente dicha resolución al quejoso, tal como se advierte de la firma plasmada en el apartado señalado como "VI. Notificación", de las constancias remitidas por la autoridad responsable. En ese orden, si el promovente de amparo acude a la instancia constitucional combatiendo la vulneración a su derecho fundamental; al opinar que las autoridades responsables habían sido omisas en emitir acuerdo alguno relativo a la solicitud de veintiocho de julio de dos mil veinte, al haberse dictado dicha determinación el seis de noviembre de dos mil veinte, ha cesado el acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la quejosa, es para restituirlo en el goce de sus derechos humanos violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el caso, la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veinte, se traduce en dilación en el procedimiento de origen, cuya naturaleza es abstención que se clasifica entre los actos negativos. Por tanto, con la emisión del auto de seis de noviembre de dos mil veinte y la notificación del mismo, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. De lo anterior se puede aplicar al caso en específico, pues si el aquí quejoso se duele de su derecho contemplado en el artículo 8 Constitucional, al referir que la autoridad responsable fue omisa en dar contestación a su escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veinte, y las autoridades responsables acreditaron que ya dieron respuesta a dicha solicitud el seis de noviembre de dos mil veinte, lo conducente es que cesaron los efectos del acto reclamado por el aquí quejoso, y que además no procede la ampliación de demanda respecto de dicha respuesta, pues el promovente debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social de acuerdo a lo señalado por la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, se SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, en el presente asunto.
- Principal
se admite a trámite la demanda de amparo. Se señalan las catorce horas con trece minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. . . . se tiene por presentada la prueba documental que acompañó a su demanda, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Requiérase a la autoridad Autoridades rinda su informe justificado en el término señalado con apercibimiento de ley para el caso de ser omiso. Dada la naturaleza del acto reclamado se inadvierte que alguna persona se encuentre dentro de las hipótesis previstas en el artículo 5º de la Ley de Amparo. . . , se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que le notifique el presente auto, corriéndole traslado con copia de este y de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio. . . .Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. . . . la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.
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