Armando Gabriel Hernández Hernández

Expediente 659/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
659/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Armando Gabriel Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    .. feneció el plazo para interponer el recurso de queja ... SE DECLARA FIRME dicho proveído.... archívese este asunto como total y definitivamente... se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el termino indicado.. T +

  2. Principal

    Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo notifico al quejoso el proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 659/2019-V, del índice del juzgado de mi adscripción, por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, proveído que dice: Se tiene por recibido el escrito de demanda signado por Armando Gabriel Hernández Hernández, por propio derecho, mediante el cual, solicita el amparo contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Regístrese la demanda con el número 659/2019-V, del índice de este juzgado federal, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente S.I.S.E. De conformidad con los artículos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último, aplicado en sentido contrario a su interpretación, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Conforme a los preceptos reproducidos, el amparo indirecto sólo procede contra actos dictados dentro de juicio, cuando tengan ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, siendo improcedente. Para ser calificados como irreparables, dichos actos necesitan actualizar dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situarlos en aquellos supuestos en los que el acto, impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, inclusive, antes del dictado de algún fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo ese contexto, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En la especie, la parte quejosa reclama el auto de doce de abril pasado, emitido en el juicio ordinario civil reivindicatorio 974/2015, seguido en contra del quejoso por Juan Alberto Hernández Hernández, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el que se previno al peticionario para que exhibiera el pliego único de posiciones, a efecto de proveer lo conducente en relación a la prueba confesional que ofreció. De ese acto, no se aprecia alguna afectación de imposible reparación a la parte peticionaria, pues no se advierte que se le afecte materialmente un derecho sustantivo, ni que se le impida el ejercicio de alguna prerrogativa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se desecha de plano la demanda de amparo, ante lo notorio y manifiesto de su improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." También sirve de apoyo la Tesis Jurisprudencial 3a. 20/90 publicada en la página 236, Tomo V Primera Parte, Época 8A del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN. COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO". Las fracciones III, VI y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre si, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerar n violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como análogo el previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, solo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. Además de lo anterior queda claro con el criterio establecido en la Jurisprudencia número 3/90, Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecidas por la contraparte, es una violación reclamable en amparo directo, por darse esa hipótesis. (Gaceta No. 25 página 52)." Se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indica en el escrito de demanda, asimismo, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito, para que de ser necesario, realice las diligencias que se encomienden del presente asunto en horas y días inhábiles. Se tienen por autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a José Aarón Olvera Bonilla y José Ortiz Patiño, por contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF) mientras que a las diversas personas que refiere, se les tiene por autorizadas de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 24 de la citada ley.

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