Armando García Martínez
Expediente 1506/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1506/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/01/2017
Partes del expediente
- Armando García Martínez
Actuaciones
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- Principal
VI. Toluca, Estado de México; dos de enero de dos mil diecisiete. De la certificación de cuenta se obtiene que el impetrante del amparo Armando García Martínez, dentro del plazo inserto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión contra el auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis, a través del cual se sobreseyó en el juicio. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado; las anotaciones correspondientes háganse en el libro de gobierno. Expuesto lo anterior, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente expediente es susceptible de destrucción, porque encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, incisos I y II, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido. II. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que únicamente se haya sobreseído; (...)". En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009; además, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se desprende que feneció el plazo de quince días, otorgado al agraviado Armando García Martínez, para desahogar la vista formulada el catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y acorde con el principio fundamental inserto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se continúa con el trámite del presente asunto sólo por cuanto hace a la autoridad denominada Delegado Regional Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), y por cuanto hace al acto inicialmente reclamado en la demanda, consistente en: "La falta de contestación al escrito de petición o solicitud presentada ante la autoridad responsable el veintidós de junio de dos mil dieciséis." Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que de las constancias que en copias certificadas remitió el Administrador Titular Jurídico y de Recepción en la Delegación Regional Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en representación del Delegado Regional Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), al rendir el informe justificado (fojas 60 a la 82), se advierte que el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis (fojas 76 y 77), se emitió el acuerdo respectivo en relación a la petición de veintidós de junio del año en curso, formulada por el aquí quejoso Armando García Martínez, y a dichas constancias se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso Armando García Martínez, aduce que la autoridad responsable Delegado Regional Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), ha sido omisa en acordar su promoción de veintidós de junio de dos mil dieciséis, relativa a que se le informe a disposición de qué autoridad se encuentra el bien inmueble ubicado en calle Xala número 23, Colonia San Isidro, Pueblo de San Luis Huexotla, Municipio de Texcoco, Estado de México, del cual aduce es propietario, y en su caso, ponerlo en posesión del mismo, o bien, comunicarle cuál es la autoridad competente para solicitarle la devolución y entrega. Sin embargo, de las constancias adjuntas al informe justificado, se advierte que el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, el Administrador Titular Jurídico y de Recepción en la Delegación Regional Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en representación del Delegado Regional Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), se pronunció al respecto (fojas 76 y 77), determinación que incluso le fue notificada el nueve de noviembre pasado (foja 74). Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues como se dijo del Administrador Titular Jurídico y de Recepción en la Delegación Regional Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en representación del Delegado Regional Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), se pronunció en relación a la petición del quejoso; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Ello, en razón de que de conformidad con lo establecido en el numeral 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental, y por ende, se pronunciara respecto de la solicitud, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y Protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con veinticinco minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa, por lista al Agente del Ministerio Público Federal, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido del Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
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VI. Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para este día a las diez horas con cincuenta minutos, tal como se precisó en proveído de tres de noviembre de dos mil dieciséis. Sin embargo, mediante auto de catorce de noviembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, por el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, el cual se notificó el quince del mes y año en curso. Lo cual evidencia, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, inserto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la quejosa desahogue la vista formulada. Por ende, a fin de no transgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, acorde con lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional se difiere y se fijan las once horas con veinticinco minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; catorce de noviembre de dos mil dieciséis. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido, en el plazo de ocho días referido en dicho artículo, agréguese el informe justificado rendido por el Administrador Titular Jurídico y de Recepción en la Delegación Regional Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y en representación del Delegado Regional Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), y anexo que acompaña en copia certificada; sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el informe que se acuerda. Asimismo, acorde con lo previsto en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados en el presente asunto a las personas referidas en el de cuenta. Por otra parte, con el informe de mérito, dése vista a la parte quejosa por si es su deseo ampliar la demanda de amparo, en el plazo que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, en acatamiento a la tesis VI.1o.A.61 I (9a), publicada en la página 3838, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre 2011, Tomo 5, Décima Época, número de registro 160517, cuyo rubro y texto son: "PETICIÓN. SI EL JUICIO DE AMPARO SE PROMOVIÓ POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO, ADUCIÉNDOSE ÚNICAMENTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LO PEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ JURÍDICAMENTE IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA RESPUESTA RECAÍDA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SI ÉSTA SE DIO A CONOCER DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS SIN QUE SE HAYA AMPLIADO LA DEMANDA DE AMPARO. Si en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, en el que únicamente se reclamó en la demanda primigenia la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una solicitud del quejoso formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, la autoridad responsable acompaña a su informe justificado la respuesta respectiva emitida durante el trámite del juicio constitucional, o con anterioridad a éste, es inconcuso que el Juez de Distrito está obligado a dar al peticionario de amparo la oportunidad procesal de ampliar la demanda de garantías contra dicho nuevo acto de naturaleza positiva, pues de no hacerlo así, incurre en una violación procesal que debe reparar el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en ese supuesto, al margen del contenido de la respuesta, el Juez federal al dictar sentencia definitiva sólo podrá analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación primigenios, es decir, habrá de limitarse a señalar que la respuesta de la responsable extinguió la omisión reclamada inicialmente, pues ante la ausencia de conceptos de violación diversos no estaría en condiciones legales de pronunciarse de oficio sobre la congruencia de la respuesta recaída a la petición, analizando el fondo de ésta, toda vez que ello en realidad constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, en la medida de que la subgarantía primigenia reclamada fue de naturaleza omisiva, sin que el Juez federal pueda analizar oficiosamente, en ausencia de concepto de violación alguno, el contenido del acto positivo cuya congruencia se relaciona con una subgarantía distinta, y que no fue reclamado expresamente por el quejoso al no darle la oportunidad de ampliar la demanda de amparo en su contra, o no haber ejercido ese derecho procesal el gobernado. Por ende, se estima que inclusive de resultar incongruente la respuesta recaída a la petición, es el propio quejoso quien a través de la ampliación de demanda debe estar en oportunidad de hacer valer dicha incongruencia como subgarantía diversa, o más aún, de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión de amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido, a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
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