Armando Figueroa Salinas

Expediente 1170/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 68 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1170/2016
Año
2016
Actuaciones
68
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Armando Figueroa Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 68.

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; cuatro de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio y anexo de cuenta, a través del cual el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Hidalgo "1", en suplencia por ausencia de la Administradora de dicha dependencia, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado mediante oficio 27639/2017 de once de septiembre de dos mil diecisiete, del índice de este Juzgado de Distrito, es decir, hacer efectiva la multa impuesta a José Alberto Rodríguez Calderón, solicita el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C), con homoclave y monto en pesos de la sanción. Atento a lo anterior, si bien es cierto que en proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 552 a 554), se ordenó girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación México 1, con sede en México a fin de hacer efectiva la multa al entonces Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de igual forma, en ese mismo auto se ordenó enviar el expediente al Tribunal Colegiado para que iniciara el incidente de inejecución de sentencia, sin embargo, mediante ejecutoria de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el expediente 6/2017, dicho incidente se declaró improcedente (fojas 694 a 708), ya que advirtió que esa autoridad no actuó con evasivas o procedimientos ilegales para incumplir el fallo constitucional; por lo que resulta evidente que dicha multa ha dejado de surtir sus efectos, ya que se impuso en el mismo proveído que precisamente el Tribunal de Colegiado declaró improcedente. Finalmente, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante, para los efectos a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; trece de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la constancia de notificación practicada al quejoso Armando Figueroa Salinas, el doce de abril de este año, por el Actuario de la adscripción, de la cual se desprende que el quejoso manifiesta lo siguiente: "su señoría, respetuosamente pido, me sea devuelto el oficio de la Defensoría Pública del Estado de México, que presente en original y como anexo al momento de interponer la presente demanda de garantías. " (SIC) A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido por los ordinales 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Y, en lo conducente, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, cuyo rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Atento a lo anterior, como lo solicita el quejoso devuélvasele la copia del oficio que refiere, precisando que dicho oficio fue recibido junto con el escrito de demanda vía electrónica MINTERSCJN, por lo que este Juzgado de Distrito no cuenta con el original. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, con copia del oficio 202EIA000/1813/09. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; once de abril de dos mil dieciochoVI Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  4. Principal

    VI.- Se tiene por recibido el oficio de cuenta remitido a través de la plataforma Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, acusa recibo del oficio 5713/2018 y anexos adjuntos, asimismo, comunica el proveído de veinte de marzo de este año, donde se advierte que desechó por improcedente el recurso de inconformidad 9/2018, de su índice estadístico, interpuesto por las autoridades responsables Comisionado y Coordinador General de Centros Federales, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, contra el auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, emitido en el presente asunto. Ahora, acorde con lo previsto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, que reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, entre los cuales se encuentra el SISE, como un medio de transmisión de datos empleados en la red electrónica, se envía un documento que se recibe por el destinatario se le otorga pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel. Además, en el caso, se identificó la persona a quien se atribuye su contenido y puede verificarse tanto el origen de la documentación como su texto, y deberá la Secretaria de este órgano jurisdiccional, certificar la hora y fecha de confirmación del correo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1ª./J.27/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30, del tomo XXV, marzo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro son: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Por tanto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes y estese en espera de que dicha determinación adquiera firmeza procesal, lo anterior, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán de forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intensión del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia; por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.

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