Armando García Flores

Expediente 190/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
190/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2016

Partes del expediente

  • Armando García Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado, para todos sus efectos legales el proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en que se tuvo por desechada la demanda de amparo; se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental, se ordena el archivo definitivo del expediente. (2)

  2. Principal

    Por este medio se notifica a Armando García Flores, en su carácter de quejoso; el acuerdo de diecisiete de junio del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el aviso de fecha veinte de junio del año en curso, mismo que dice: Visto el escrito suscrito por Armando García Flores, mediante el cual aclara su demanda de acuerdo a lo solicitado en proveído de diez de los corrientes. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la ley de la materia. En efecto, en el caso el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo dentro el expediente laboral 351/7/2014. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento:  La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo.  La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ? esta última ? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 8º, 14, 16 y 123 constitucionales, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo, al no dictar el laudo dentro del juicio laboral 351/7/2014. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º, constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, más aun que con motivo de la omisión de dictar laudo, para lo cual el quince de abril del año en curso, la parte actora ? aquí quejosa ?, se desistió del desahogo de la prueba pendiente de desahogarse dentro del juicio laboral de origen, y que hasta el día dieciocho de abril de dos mil dieciséis, la responsable certificó que ya no habían pruebas por desahogarse y se dio término para alegatos, no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, sobre todo si se toma en consideración que los artículos 885 a 887, de la Ley Federal del Trabajo, disponen de diez días siguientes al cierre de instrucción para formular el proyecto de laudo, cinco días para que alguno de los miembros solicite la práctica de diligencias probatorias y diez días más para citar a los miembros de la junta, discutir y aprobar el laudo, de modo que, por mayoría de razón no puede decirse que en el caso existe una dilación o paralización total del procedimiento de origen. En consecuencia, como el impetrante reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, pues no, se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, ya que el mismo refiere, bajo protesta de decir vedad en su escrito de cuenta, que el quince de abril del año en curso, se desistió del desahogo de la prueba que estaba pendiente de desahogar y que el día dieciocho de abril de dos mil dieciséis la junta responsable certificó que ya no había pruebas por desahogar, por lo tanto, la falta de emisión de resolución en forma de laudo que pretende reclamar en este juicio, no es de imposible reparación, consecuentemente, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable.

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