Armando Castillo Garza

Expediente 135/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
135/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Armando Castillo Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que no se interpuso el recurso de queja, en contra del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio inicio a este expediente; en consecuencia, se declara que ha causado estado el aludido proveído, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Promoción Téngase por recibido el escrito de demanda signado por Armando Castillo Garza, contra actos de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Formación de expediente y registro Fórmese expediente físico y electrónico; y regístrese en el libro uno de este juzgado, correspondiente a los juicios de amparo con el número 135/2023. Desechamiento de demanda En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se aprecia que el impetrante reclama lo siguiente: La resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca de apelación ***, del índice de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que confirmó la diversa de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el incidente de incompetencia promovido por ***, dentro del expediente ***, de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta localidad. En esa tesitura, el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De las disposiciones normativas transcritas emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al tenor de ese marco normativo, surge la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la resolución reclamada que confirmó la diversa de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el incidente de incompetencia promovido por ***, dentro del expediente ***, de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta localidad, incide en una cuestión meramente formal, es decir, constituyen una cuestión procesal que no genera afectación a derechos sustantivos de la parte aquí promovente. Lo anterior es así porque dichas cuestiones no implican en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derecho sustantivo del aquí quejoso, pues, es menester recordar que el motivo que generó la interposición del recurso de apelación en contra de la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ***, lo fue que el juzgador de primera instancia fue omiso en pronunciarse respecto a la condena en costas al actor incidentista, aspecto que se estima no trastoca derecho sustantivo alguno, en virtud de que, en su caso, de resultar vencedor en el juicio de origen, el ahora quejoso podrá hacer valer en la vía incidental el incidente de regulación de gastos correspondiente; de ahí que se estime que, al menos por ahora, la determinación reclamada incide en un acto meramente procesal. Además, el quejoso pretende que por esta vía de amparo se analice que su contraparte verdaderamente actuó con notoria mala fe, de modo que se haga patente la obligación de la autoridad para condenarlo en costas, lo que trae consigo una afectación económica y no jurídica lo que desde este momento hace improcedente el presente juicio de amparo, pues aun tramitándose esta instancia constitucional, la causa de improcedencia no se superaría al impugnarse una afectación económica y no jurídica, por parte del quejoso. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos del aquí quejoso. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO Y PERJUICIO ECONÓMICO. DIFERENCIAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los perjuicios económicos y materiales sufridos por una persona en virtud del acto reclamado no dan derecho a la interposición del juicio de garantías, pues bien puede afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de la persona moral. Si las disposiciones impugnadas no se refieren a los derechos contenidos en la esfera jurídica de los quejosos, éstos carecen de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hacen debe declararse la improcedencia del juicio." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza económica o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, pues en este último caso, el ahora agraviado podrá promover el incidente de regulación de gastos correspondiente. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, pues no implican afectación a derechos sustantivos y se traducen únicamente en cuestiones procedimentales y afectaciones económicas. En consecuencia, al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que surge de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de esta última legislación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Autorizados Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de la parte quejosa a ****y ***, en virtud de que se encuentran registrados en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ***. Acceso al expediente electrónico Como lo solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con el nombre de usuario "***", y además, se le autorice para recepción de notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente, y visualizar acuerdos en el presente asunto. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II, del artículo 30 de la Ley de Amparo, deberá ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. En ese contexto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "**", únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Se exhorta a las partes para que hagan uso del esquema de juicio en línea Se exhorta a las partes, con excepción de la parte quejosa, para que hagan uso de las herramientas tecnológicas y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; debiendo en su caso proporcionar el usuario respectivo, así como solicitar la notificación vía electrónica. Transparencia En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable; así como su derecho a oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Expediente Electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de José Luis Batres Antonio, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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