Armando Coello Hernández

Expediente 150/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 58 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
150/2018
Año
2018
Actuaciones
58
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Armando Coello Hernández
  • Secretaria de Seguridad del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 58.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio remitido al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional por el Director General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual en atención a la consulta realizada en auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, informa que este Juzgado de Distrito es el encargado de aprobar y determinar el monto para el pago de los honorarios del perito ********************. En consecuencia, en atención al contenido del oficio de cuenta y ya que el perito oficial estimó la cantidad de $70,600.22 (setenta mil seiscientos pesos, 22/100 moneda nacional) por concepto de pago de sus honorarios, para efecto de dar cumplimiento al Artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación y el numeral 8.6.7., Servicios Periciales de las Políticas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena remitir a la Administración Regional de Toluca Estado, Estado de México: Copia certificada del escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual precisó el monto actualizado al año dos mil veintitrés, de sus honorarios en UMA's, así como su equivalente en Moneda Nacional, aunado a las actividades realizadas para llevar a cabo el dictamen pericial, así como del comprobante fiscal, en el que se realizó el desglose de los impuestos y retenciones correspondientes y disco en formato DVD que contiene el par electrónico formato .XML y .PDF. Por lo anterior, al haberse estimado ajustado al arancel autorizado, se proceda al pago respectivo. En el entendido que como lo señala la oficiante que si derivado de las revisiones efectuadas por las instancias fiscalizadoras se determina la no procedencia del pago requerido, quedará a cargo del perito oficial el reintegro de los recursos pagados. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables dieron total cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La orden de "rescisión laboral" o conclusión forzosa del servicio que prestaba, como policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y su ejecución. Previa substanciación del juicio de amparo, el cinco de abril de dos mil dieciocho, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado y su ejecución, identificados en el considerando segundo, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." Inconforme con la resolución anterior, el Titular de la Unidad de Análisis Criminal y del Director de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración y Servicios de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, promovió recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien en sesión de trece de junio de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión 150/2019, resolvió: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión." El seis de septiembre de dos mil diecinueve, se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento, el cual debería ser en los términos siguientes: "En ese contexto, toda vez que el acto reclamado es violatorio de la prerrogativa de audiencia, contenida en el artículo 14 constitucional, de conformidad con el numeral 77 de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el único efecto de que la Secretaría de Seguridad del Estado de México, liquide al peticionario de amparo la indemnización constitucional y demás prestaciones a que tenga derecho, desde el día en que dejó de percibir los emolumentos con motivo de la separación de su empleo, hasta el día en que se efectúe el pago correspondiente, en términos del artículo 123, Apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, además de anotar en el expediente personal del ex servidor público y en el Registro Nacional de Seguridad Pública, que fue separado o destituido de manera injustificada. Sin que tal concesión del amparo implique que la autoridad responsable quede constreñida a reinstalar al quejoso en el puesto que venía desempeñando, ya que al tratarse de un elemento adscrito a una institución que, en calidad de cuerpo de seguridad, realiza actividades de carácter policial, se ubica dentro de los supuestos del arábigo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, que prevé que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. [.] En la inteligencia que "las demás prestaciones a que tenga derecho" consisten en la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior, sin soslayar lo que al respecto resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a que para la procedencia del "tiempo extraordinario", se deberá estar a lo que establezcan las leyes de la entidad." En ese orden de ideas, mediante oficio registrado con folio 15734, el Director de Tecnologías y Registros del Centro de Control, Comando, Computo y Calidad, todos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, remitió copia certificada de la Constancia del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la que se advierte la anotación que fue separado o destituido de manera injustificada. Seguida la secuela procesal, mediante oficio recibido el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte que la autoridad responsable le hizo entrega del contra recibo a la parte quejosa número 42449, por la cantidad de $270,218.89 (doscientos setenta mil, doscientos dieciocho pesos y ochenta y nueve centavos. Ante la inconformidad del quejoso con el cumplimiento al fallo protector dado por la autoridad responsable, por auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó la apertura del incidente innominado para cuantificar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, dándose vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y ofrecieras las pruebas que estimasen pertinentes; asimismo, de manera oficiosa se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad. Seguido en todas y cada una de sus etapas el referido incidente, el tres de marzo de dos mil veinte, se celebró la audiencia correspondiente, la cual concluyó con el dictado de la resolución, en la que se determinó: "PRIMERO. Es procedente y fundado el presente incidente de liquidación. SEGUNDO. Se requiere a las autoridades responsables, para que una vez que quede firme la presente determinación, hagan pago al quejoso ******************** de la cantidad de $108,589.22 (ciento ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 22/100 moneda nacional), por los conceptos de indemnización y demás prestaciones, en cumplimiento al fallo protector, con lo cual, se tendrá por cumplida cabalmente la sentencia, en los términos señalados al final del último considerando." Una vez que causó estado dicha determinación, mediante auto dictado el tres de agosto de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento de la determinación citada; en virtud a lo anterior, el veinticinco de agosto de dos mil veinte se tuvo a la autoridad responsable informado la forma en la que dio cumplimiento y al efecto remitió el contra-recibo número 18828, que ampara la entrega de la suma de $108.589.22 (ciento ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 22/100 moneda nacional) y se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera y el diez de septiembre de dos mil veinte se tuvo por cumplida la indicada determinación. Nuevamente en desacuerdo con el auto de cumplimiento, la parte quejosa presentó recurso de inconformidad, se tuvo por interpuesto y se remitió a la Alzada, correspondiendo su conocimiento al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien radicó la inconformidad bajo el número 19/2020, y en sesión ordinaria virtual celebrada el quince de abril de dos mil veintiuno, resolvió en el sentido de declarar fundado el recurso de inconformidad. En ese orden, una vez sustanciado el incidente innominado que se tramitó con motivo de la resolución anterior, el quince de octubre de dos mil veintiuno, se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es procedente y fundado el presente incidente de liquidación. SEGUNDO. Se requiere a las autoridades responsables, para que una vez que quede firme la presente determinación, hagan pago al quejoso ******************** de la cantidad de $91,398.65 (noventa y un mil trescientos veintiocho pesos 65/100 moneda nacional), por los conceptos de indemnización y demás prestaciones, en cumplimiento al fallo protector, con lo cual, se tendrá por cumplida cabalmente la sentencia, en los términos señalados al final del último considerando." Inconforme con la resolución anterior, el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género en representación de las autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, promovió recurso de queja, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien en sesión de once de mayo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 363/2021, resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso." En ese orden, mediante auto dictado el siete de junio del año en curso, se requirió el cumplimiento de la determinación citada; en virtud a lo anterior, el ocho de agosto de dos mil veintitrés se tuvo a las autoridades responsables informado la forma en la que dieron o cumplimiento y al efecto remitieron el contra-recibo número 26911, que ampara la entrega de la suma de $58,429.98 (cincuenta y ocho mil, cuatrocientos veintinueve pesos 98/100 moneda nacional), lo precedente revela que las responsables acataron el efecto de la ejecutoria y el incidente innominado tramitado en autos; de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por el Administrador Regional de Toluca Estado, Estado de México, mediante el cual en atención al auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, en el cual se le solicitó para que realizara el pago de honorarios al perito Lucino Albarrán Piña, informa que este Juzgado de Distrito es el encargado de aprobar y determinar el monto para el pago. En ese orden, la suscrita estima remitir a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, los anexos constantes en: 1. Copia certificada del proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el que se dio trámite a la pericial en materia de contabilidad y los diversos de veinticinco de mayo, tres y once de junio de dos mil veintiuno, se remitió oficio a diversas instituciones a efecto de requerir perito en la materia mencionada. 2. Copia certificada del proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, una vez revisada la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintiuno, se propuso a Lucino Albarrán Piña, para el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad. 3. Copia certificada del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que se le requirió para que manifestara si tenía los conocimientos científicos y ser apto para llevar a cabo la pericial, el tiempo para realizarlo y el pago de honorarios. 4. Copia certificada del auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, en el que el citado experto aceptó y protestó el cargo conferido. 5. Copia certificada del dictamen pericial, rendido por el citado experto, mismo que se tuvo por presentado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno. 6. Copia certificada del auto por el que se tuvo por ratificado, de once de octubre de dos mil veintiuno, y de la comparecencia respectiva. 7. Copia certificada del escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, a través del que exhibió la tabla de estimación de sus honorarios en UMA's, con motivo de la conclusión de su opinión técnica en materia de contabilidad. 8. Copia certificada del escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual precisó el monto actualizado al año dos mil veintitrés, de sus honorarios en UMA's, así como su equivalente en Moneda Nacional, aunado a las actividades realizadas para llevar a cabo el dictamen pericial, así como del comprobante fiscal, en el que se realizó el desglose de los impuestos y retenciones correspondientes y disco en formato DVD que contiene el par electrónico formato .XML y .PDF. Lo anterior obedece a que si bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, es la Administración Regional del circuito correspondiente, en el caso de este Segundo Circuito, ante la eventualidad de que el documento en cita no prevé el pago actualizado del dictamen, se estima necesario que sea la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, quien determine lo conducente a la autorización del pago solicitada por el experto mediante escrito presentado en este juzgado el veintiuno de junio del año en curso. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de agosto de dos mil veintitrés. VISTA CUMPLIMIENTO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México y en representación de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, Titular de la Unidad de Análisis Criminal de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México y del Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal y remite el oficio ********************un contra recibo de diecinueve de julio y copia simple de la credencial para votar del aquí quejoso En consecuencia, con apoyo en el precepto 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa con las constancias enviadas por la responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la autoridad responsable da cumplimiento al fallo protector; desahogado o no el requerimiento, este juzgado se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Para sustentar lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, con número de registro 192174, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

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