Armando Antonio Radilla Benitez
Expediente 877/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/12/2021
Partes del expediente
- Armando Antonio Radilla Benitez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo; agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social en representación del Coordinador General de Centros Federales (el cual fue señalado como autoridad responsable en la demanda que dio origen al presente juicio), mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio; asimismo, se le haga de su conocimiento a que Juzgado de Distrito le tocó conocer de la demanda que dio origen al presente asunto, y el número de juicio de amparo, toda vez que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo. Atento a ello, se hace del conocimiento de la autoridad oficiante que el presente asunto, se encuentra debidamente concluido, y archivado por auto de cinco de marzo del año en curso; asimismo, infórmesele que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, fue el órgano constitucional que se avocó del conocimiento respecto de la incompetencia planteada por este juzgador y lo registro en su índice estadístico como juicio de amparo 646/2020; tal y como se advierte del oficio 22333/2020, de tres de diciembre del mismo año, remitido por dicho Juzgado. Finalmente, respecto al correo electrónico y número telefónico señalados para oír y recibir notificaciones, los mismos no pueden tenerse como tal, ya que no están previstos en la Ley de Amparo; sin embargo, en caso de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar a los mismos, aspectos que son urgentes, así como a través de lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, dadas las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia Covid19. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Cúmplase.
- Principal
Mesa III Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, mediante el cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas por este Juzgado; de lo que se toma conocimiento. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de una incompetencia (artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Cúmplase.
- Principal
MESA III Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que, se tiene por recibido el telegrama remitido por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, con sede en Villa Aldama, Veracruz, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento a la suspensión de plano; en ese sentido, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, así como 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan. RESERVA. Atendiendo a que, mediante determinación de veinticuatro de noviembre del año en curso, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de este asunto, resérvese a proveer lo conducente una vez que se cuente con la determinación que al respecto emita el homologo al que le fue remitido el asunto en cuestión. En diverso orden de ideas, vista la razón actuarial de cuenta, de la que se desprende la imposibilidad del actuario judicial adscrito para notificar a los autorizados de la parte quejosa, el proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, por las razones ahí expuestas; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, para que surta los efectos legales procedentes. En ese sentido, téngase a la actuaria haciendo del conocimiento lo anterior; y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo se ordena que la referida notificación, así como las subsecuentes se practiquen por medio de la lista que se fije en los estrados de este Juzgado. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, por lista el presente acuerdo a la parte quejosa, así como el diverso de veinticuatro de noviembre del año en curso. AUTO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por *******, por derecho propio, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 877/2020-III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que el quejoso reclama: La orden de traslado a diverso centro penitenciario. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se suspende de plano y de oficio el acto reclamado consistente en la orden de traslado del quejoso a diverso centro penitenciario, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan. Asimismo, la suspensión concedida respecto de la orden de traslado no surte efectos si previo a la presente determinación está acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: 1. Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte del quejoso; 2. Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; 3. Riesgo objetivo de la salud o la integridad del recluso quejoso; 4. Peligro para el interno; 5. Seguridad del propio quejoso; 6. Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, 7. Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. La suspensión concedida respecto de la orden de traslado no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables o si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentran recluido el quejoso, o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria, ni tampoco si el traslado se encuentra consumado, ya que esta medida no tiene efectos restitutorios, atento a que no se aprecia apariencia del buen derecho. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen de forma simultánea a este Juzgado, y al órgano jurisdiccional que deba seguir conocimiento del presente juicio, acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, vía correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de veintiuno a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de veintiuno a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.].". EXHORTO. A fin de notificar de forma urgente al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, y al Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la presente determinación, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, envíense exhortos al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en turno, y al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, respectivamente, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordenen a quien corresponda se constituyan en el domicilio oficial de las referidas responsables, y hagan entrega de las comunicaciones oficiales que del presente auto emanen, para su debido cumplimiento. Se les habilitan días y horas inhábiles para tal fin en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, así como para que realicen cualquier tipo de diligencia que resulte procedente para dar cumplimiento a lo anterior, incluidas aquellas que puedan realizar de forma electrónica, en la inteligencia de que deberán asentar los datos relativos a la confirmación que obtengan por parte de los servidores públicos con quienes las entiendan. Dada la naturaleza de las comunicaciones oficiales, envíense vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, es importante calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos de diversa índole. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Una vez establecidos dichos parámetros, se puntualiza que en el caso la orden de traslado reclamada se comenzara a ejecutar en el lugar donde actualmente se encuentra recluido el quejoso, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco con residencia en Villa Aldama, Veracruz, pues es un acto de ejecución material, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por todo ello, se sostiene que resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en turno, en cuya jurisdicción se ejecutaran los actos reclamados, conforme a la regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, tomando en consideración que solo se tiene noticia cierta del lugar donde comenzará a ejecutarse el acto reclamado, que es precisamente el lugar donde está recluido el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1/J 64/2019 (10), visible en la página 899, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Décima Época, Registro: 2020828, que a la letra refiere: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará" Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado en turno. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo acuse el recibo vía electrónica. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio particular para oír y recibir notificaciones el indicado por el promovente en su demanda de amparo. Por otra parte, en relación al correo electrónico y el teléfono que proporciona, si bien los mismos no pueden tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones, ya que no está contemplado en la ley, de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar al mismo, aspectos que son urgentes, así como a través de lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, dadas las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia Covid19. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Dado que no se proporcionó el número de cédula de la persona a quien desea autorizar el quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se les tiene por autorizadas de forma restringida, sin perjuicio de que con posterioridad se proporcionen los datos necesarios para tal autorización. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Asimismo, dadas las circunstancias extraordinarias por las que atraviesa nuestro país con motivo de la contingencia por el virus SARS COV-2, se faculta a los actuarios adscritos a este juzgado para que, de ser posible, remitan los oficios de requerimientos respectivos vía correo electrónico a las responsables. En el entendido que, para el caso de las autoridades, deberán recabarse los datos del servidor público que confirme la recepción del oficio o auto respectivo, para valorar si se logró la notificación. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y personalmente al quejoso por conducto de sus autorizados.
- Principal
MESA VII Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de treinta de octubre del año en curso, se requirió al Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, informe lo conducente a la solicitud que realizó a la Delegación del Registro Agrario en la Ciudad de México, mediante oficio DGAJ/5528/2020, sin que a la fecha obre acuse del oficio recordatorio que se envió en fecha nueve de noviembre del año en curso, al ser autoridad foránea. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las quince horas con quince minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, para su celebración, dado el horario establecido para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
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