Armando Campos Carranco
Expediente 269/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Armando Campos Carranco
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, que por una parte sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otra, negó el amparo y protección e la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión condigno se concedió a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que la autoridad responsable juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, remitió como sustento de su informe justificado, consistente en un disco versátil digital (DVD) relativo a la causa penal ******************** de su estadística, devuélvansele; en el entendido que no se hace necesario requerir el acuse de recibo respectivo, dado que este será recabado por conducto del actuario de la adscripción.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 269/2020; y PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este Juzgado, Armando Campos Carranco, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del Juzgado de Oralidad Penal y/o juez de Control de la Tercera Región del estado de Guanajuato, del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, del jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del estado de Guanajuato y del jefe de Célula de Mandamientos Judiciales y Ministeriales Región "C", todos de esta ciudad, que hizo consistir en: "ACTO RECLAMADO A).- LA POSIBLE ORDEN DE APREHENSIÓN, dictada en mi contra por las autoridades señaladas como responsables." En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de dieciséis de julio de dos mil veinte, formó el expediente y lo registró bajo el número 269/2020; además, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Asimismo, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. Destaca que en este sumario fueron reconocidos como terceros interesados: a. Néstor Emmanuel Vilchis López; b. Jorge Arturo Fernández Sánchez; c. Enrique Jiménez Lemus; d. Ricardo Eduardo Saucedo Espinosa; e. Teresa Espinosa Luna; f. Carlos Alejandro Gutiérrez Franco; g. Karla Mariela Gutiérrez Nateras; y, h. Emanuel Alvarado Ramírez. El primero de los terceros interesados en comento con calidad de agente del Ministerio Público que participó en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, mientras que los demás como familiares de las víctimas directas; quienes fueron emplazados a este sumario (fojas 38 a 61). TERCERO. Autoridad inexistente. Al jefe de Célula de Mandamientos Judiciales y Ministeriales Región "C" de esta ciudad, se tuvo por inexistente y se suspendió toda comunicación con ella, de conformidad con lo dispuesto en el auto de tres de agosto de dos mil veinte; por tanto, esta sentencia no se ocupara de tal autoridad. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es así porque la orden de aprehensión reclamada tiene o tendrá ejecución en esta localidad donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: i) La orden de aprehensión dictada en contra del hoy quejoso, y otro, en data catorce de julio de dos mil veinte en la causa penal 1P0620-738 del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, residente en esta ciudad, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto por el artículo 138, y sancionado por el diverso 140, en relación con el numeral 153, fracción I, relativo a la premeditación y ventaja, así como los numerales 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de quienes en vida respondieran a los nombres de Andrés Fernández Quintana, Carlos Saucedo Espinosa, José Carlos Saucedo Pineda, Benjamín Sinoé Gutiérrez Nateras y Herminio Alvarado Zamudio; y, ii) En vía de consecuencia, la inminente ejecución de dicha orden de captura. Actos reclamados a las siguientes autoridades: Como ordenadoras 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en Celaya, Guanajuato. 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C", con sede en esta localidad -denominación correcta de la indicada por el quejoso como "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE HOMICIIDOS EN LA CIUDAD DE (.)"-; y, Como ejecutora 3. El jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del estado, en esta ciudad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados a la autoridad precisada con el punto 2 del considerando que antecede. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C", con sede en esta localidad (foja 65), negó la existencia del acto que se le atribuye; sin que el quejoso ofreciera prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, como la negativa informada por la responsable en mención, no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni de autos se advierte la existencia del acto que se le atribuyó a dicha autoridad; entonces, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de la materia, exclusivamente por lo que ve al acto que se le atribuyó a la autoridad indicada en este considerando. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región con sede en Celaya, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado (fojas 13 a 14). Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la orden de captura reclamada se robustece con la constancia que acompañó el juez responsable a su informe de ley, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó el acto reclamado y los archivos digitales con los que cuenta la causa penal; a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En este sentido, también debe tenerse como cierto el acto que se reclamó del jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del estado, residente en esta localidad; es así porque si bien al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, lo cierto es que dicha negativa se encuentra desvirtuada en el sumario, porque esa autoridad fue señalada como ejecutora y se demostró la existencia del acto de la ordenadora. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal 1P0620-738 del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en esta localidad, donde se dictó la orden de aprehensión reclamada. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos del quejoso, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación el peticionario esgrime lo siguiente: I. En el primer concepto de violación, que se vulneró el artículo 14 constitucional, pues se le pretende privar de su libertad sin que se haya seguido un juicio debido; sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento -garantía de audiencia-. El planteamiento a trato es infundado. En efecto, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la orden de aprehensión constituye un acto de molestia -no así de privación-, por lo cual no se rige por la prerrogativa reconocida por el artículo 14 constitucional, concerniente a la garantía de audiencia. Ello es así, pues el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión, se dictarán cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, por tanto, no transgrede el principio citado, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista audiencia previa. Máxime, que la orden de aprehensión se rige por el artículo 16 constitucional, y no por el diverso 14 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.6o.P.86 P (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia". II. En el segundo concepto de violación, el quejoso expresa sustancialmente que existe infracción a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Este planteamiento es infundado. Respecto de la reclamada orden de aprehensión girada en contra del quejoso, es pertinente precisar que tal acto se encuentra regulado por lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los siguientes términos: "Articulo 16. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." ". No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". En relación a los requisitos de orden de aprehensión, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. (.). "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, los cuales son: a) El mandamiento aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) Se acredite la necesidad de cautela. Ahora, quien esto resuelve, estima que los requisitos señalados, para el dictado de una orden de aprehensión, en la especie, se encuentran colmados, como enseguida se verá. En efecto, el primer requisito, se satisface, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por autoridad competente como es el juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en Celaya, Guanajuato, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 113, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en esta ciudad, lugar en donde ejerce jurisdicción. En ese orden, se satisface el segundo de los requisitos necesarios para que se gire una orden de aprehensión, como lo es la denuncia de un hecho que la ley señala como delito, presentada por el jefe de grupo de la Agencia de Investigación Criminal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, quien dio a conocer al representante social sobre el hecho investigado, específicamente, el ilícito de homicidio calificado en agravio de Andrés Fernández Quintana, Carlos Saucedo Espinosa, José Carlos Saucedo Pineda, Benjamín Sinoé Gutiérrez Nateras y Herminio Alvarado Zamudio. Siendo que tal delito -homicidio calificado-, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 138, 140 y 153 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, tiene establecido una pena privativa de libertad. Corrobora lo expuesto, la siguiente transcripción: "Artículo 138. Comete homicidio quien priva de la vida a otro. Artículo 140. Al responsable de homicidio calificado se le impondrá de veinticinco a treinta y cinco años de prisión y de doscientos cincuenta a trescientos cincuenta días multa. Artículo 153. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados cuando: Se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Hay premeditación cuando se obra después de haber reflexionado sobre el delito que se va a cometer. Hay ventaja cuando el activo no corre riesgo de ser muerto ni lesionado por el pasivo. Hay alevosía cuando se sorprende al pasivo, anulando su defensa. Hay traición cuando se viola la fe o la seguridad que la víctima debía esperar del activo". Por lo que, si el delito de referencia, tiene prevista una pena privativa de libertad, con ello se satisface el tercero de los requisitos que -constitucional y legalmente- se exigen, para que se gire una orden de aprehensión. De igual forma, como datos de prueba -de acuerdo a lo que se advierte del audio y video de la audiencia de catorce de julio de dos mil veinte-, que demuestran la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, por el que se giró la orden de aprehensión, se advierten los siguientes: 1. Entrevistas de Cristián Jesús Gasca Pallares, Mario Juan de Dios Gutiérrez Quintero y Andrés García Cubero, empleados del verificentro ubicado sobre la avenida 12 de Octubre, número 330, colonia El Pedregal en esta ciudad, quienes, en esencia, indicaron que el diez de julio de dos mil veinte, alrededor de las doce horas, se encontraban laborando en ese lugar; que ahí había tres vehículos estacionados en espera para ser atendidos, que en el primer automotor estaba una persona, mientras que en los dos restantes, dos tripulantes en cada vehículo; que arribaron dos sujetos a bordo de una motocicleta color blanco, el conductor con un casco verde o amarillo fosforescente y el acompañante con un casco negro, ambos vestidos de negro; que el tripulante trasero descendió de la motocicleta y comenzó a disparar en contra de las personas que se encontraban a bordo de los vehículos en comento, razón por los que los empleados se resguardaron del ataque. 2. Descripción de los videos que realizó la agente de Investigación Criminal Laura Patricia Quintana Rodríguez, en la que fundamentalmente coincide con lo indicado por las personas trabajadoras del verificentro. Adicionalmente, especificó que de los dos sujetos activos uno permaneció en la motocicleta mientras el otro ejecutaba el ataque, que incluso el primero le hizo una seña al segundo, indicándole cuando una de las víctimas intentó resguardarse, por lo que el segundo sujeto se dirigió a esta y le disparó para luego abordar la parte posterior de la motocicleta y huir del lugar. 3. Necropsias de las cuales se desprende que Carlos Saucedo Espinosa, Andrés Fernández Quintana, Herminio Alvarado Zamudio, José Carlos Saucedo Pineda y Benjamín Sinoé Gutiérrez Nateras, fallecieron a causa de heridas producidas por arma de fuego. 4. Entrevistas en las que Jorge Arturo Fernández Sánchez y Enrique Jiménez Lemus, identificaron a la víctima que en vida respondió al nombre Andrés Fernández Quintana. Mientras que Ricardo Eduardo Saucedo Espinosa y Teresa Espinosa Luna, identificaron al pasivo Carlos Saucedo Espinosa y José Carlos Saucedo Pineda. Por su parte, Carlos Alejandro Gutiérrez Franco y Karla María Gutiérrez Nateras reconocieron el cuerpo de Benjamín Sinoé Gutiérrez Nateras; en tanto que la víctima Herminio Alvarado Zamudio fue identificado por Emanuel Alvarado Ramírez y Luis Leonardo Ramírez Maldonado. 5. Entrevistas a Saim Ovando Martínez y Jonathan Solano Cruz, elementos, respectivamente, de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública de Celaya, quienes fueron contestes en manifestar que el día diez de julio de dos mil veinte, alrededor de las doce horas, cada uno circulaba en su respectiva unidad a cargo -con sus correspondientes compañeros-; que recibieron un reporte de un ataque armado en el verificentro ubicado en avenida 12 de Octubre, número 330, colonia El Pedregal en esta ciudad; que como iban circulando, el primero de ellos sobre la avenida en cita en dirección al acceso del centro de verificación y el diverso elemento en el sentido contrario de esa avenida, tuvieron a la vista la motocicleta reportada con los dos sujetos a bordo, por la que iniciaron una persecución, primero sobre la propia avenida 12 de Octubre, luego por la calle Roble, boulevard Torres Landa, calle Gaspar de Almanza y finalmente sobre la calle Silvano Ramos, lugar al que no ya pudieron ingresar a bordo de los vehículos oficiales, por lo que continuaron la persecución a pie; que observaron que los sujetos ingresaron con la motocicleta a un domicilio ubicado en calle Héroes de Nacozari sin número visible, Barrio de San Antonio, en esta localidad. 6. Diligencia de cateo practicada el once de julio de dos mil veinte, a las trece horas con treinta minutos, en el domicilio ubicado en calle Héroes de Nacozari sin número, Barrio de San Antonio de esta ciudad, inmueble que al oriente colinda con el número 263, donde se localizaron dos cascos, uno negro y uno amarillo fosforescente; una motocicleta color blanca con tonalidades negro y naranja, así como una mariconera, con dos armas de fuego, la primera tipo revolver calibre .38 especial y la segunda tipo escuadra, marca Taurus 9 milímetros, con quince cartuchos útiles al calibre mencionado en último término, un cargador y un cuchillo. 7. Dictamen pericial del criminalista Mario Alberto Estrada Hito, quien realizó la fijación fotográfica de indicios balísticos, cadáveres y del lugar del ataque. 8. Entrevistas a Armando Campos Pompa y Paulina Campos Carranco -papá y hermana del quejoso-, en términos del artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quienes sustancialmente expresaron que ellos, incluso el hoy quejoso y otros familiares, habitan en el domicilio ubicado sobre calle Silvano Ramos número doscientos sesenta y dos (el cual tiene salida a la calle Héroes de Nacozari), colonia Barrio de San Antonio en esta ciudad; que el día diez de julio de dos mil veinte, alrededor de las once horas con cuarenta y cinco minutos, llegó a ese domicilio Martín Campos Carranco a bordo de una motocicleta y le dijo a su hermano Armando Campos Carranco que era momento de ir a trabajar; que Armando manejó con el casco fosforescente y Martín ocupó un casco negro; que posteriormente, alrededor de las doce horas con treinta minutos de esa misma fecha, escucharon que aventaron la puerta del domicilio y los dos hermanos dejaron la motocicleta en el pasillo, entraron al cuarto de Armando y salieron de inmediato, dejaron los cascos y se fueron corriendo. 9. Dictamen pericial de María Karina Murrieta Zárate, quien al analizar el contenido de las videograbaciones obtenidas del verificentro, realizó los comparativos de los cascos y la motocicleta encontrados en el lugar del cateo, y concluyó que contienen elementos que permiten concluir que se trata de los mismos objetos, de acuerdo a los colores, logotipos y características observados. Lo que implica, que tales datos de prueba, evidencian la existencia de un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado y que existe la probabilidad de que el hoy quejoso participó en su comisión, y con ello, se satisface, el cuarto de los requisitos indispensables para que se gire una orden de aprehensión. Ello es así, puesto que, como bien lo señaló el juez responsable, de tales datos de prueba se obtiene que el diez de julio de dos mil veinte, alrededor de las doce horas, en el verificentro ubicado sobre la avenida 12 de Octubre, número 330, colonia El Pedregal en esta ciudad, arribaron dos sujetos a bordo de una motocicleta -el hoy quejoso y otro-; que uno de los tripulantes descendió del mencionado vehículo y disparó en múltiples ocasiones en contra de Carlos Saucedo Espinosa, Andrés Fernández Quintana, Herminio Alvarado Zamudio, José Carlos Saucedo Pineda y Benjamín Sinoé Gutiérrez Nateras, quienes se encontraban a bordo de los vehículos que aguardaban ahí estacionados para obtener servicio, por lo cual resultaron con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego que provocó la muerte de los pasivos. También se desprende, como correctamente lo consideró la juez de control, que la conducta imputada al hoy quejoso es a título de dolo, pues no se advierte otro tipo de actuación, sino con intención de verificar la conducta homicida, y con carácter de coautor material. Cabe señalar que conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el conflicto de competencia 28/2015, para satisfacer el requisito consistente en que "obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió", la imputación no necesita un grado de corroboración plena, pues la convicción final de la existencia del delito y la responsabilidad penal será del juez, lo que implica que en este nuevo sistema de justicia penal, la configuración de la carpeta de investigación no exija una tarea investigadora reforzada. En consecuencia, como también lo sostuvo la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 160/2010, en el sistema acusatorio el estándar probatorio para la etapa de investigación es reducido, pues solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por tal motivo, para librar la orden de aprehensión el juez de control no necesita hacer un análisis de valoración probatorio, pues ni siquiera se encuentra frente a pruebas, sino que únicamente cuenta con la referencia a determinados datos proporcionados por el fiscal, cuya razonabilidad deberá permitir identificar el tipo penal aplicable, independientemente de la metodología que se adopte. Es así, porque como lo explicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1090/2017, el objetivo de la solicitud del dictado de una orden de aprehensión es poner al detenido a disposición del juez de control, para que el Ministerio Público formule imputación y exprese los datos de prueba, a fin de que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación; de manera que basta con que el fiscal exponga ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensión, en tanto que el juez deberá resolver en audiencia lo conducente, debiendo pronunciarse sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. De ahí, que como acertadamente lo estimó el juez, de los datos de prueba que expuso la fiscalía, se permite establecer circunstancialmente que el hoy quejoso cometió el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 138, 140, 153, fracción I del Código Penal del Estado de Guanajuato. Aunado a lo anterior, cabe señalar que como lo expresó el juez de control, se pueden establecer las dos calificativas que hizo referencia el Ministerio Público. En efecto, respecto a la premeditación ha de indicarse que de los datos de prueba se permite suponer que Armando Campos Carranco realizó un ejercicio de reflexión mental respecto del delito que iba a cometer, por la forma en que sucedieron los hechos y al haber llevado consigo un arma de fuego. Con relación a la ventaja, debe señalarse que el agraviado actuó sin correr ningún tipo de riesgos de ser lesionado o muerto por los pasivos, dado que como se precisó, llevaba consigo un arma de fuego y además los tripulantes de los vehículos de motor que se encontraban en el verificentro no contaban con las condiciones para repeler la agresión. Asimismo, que hasta esta etapa procesal, no se actualiza alguna causa de exclusión del delito o extinción de la acción (artículo 33, del Código Penal para el Estado de Guanajuato y 485, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente). Además, el juez de control precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer al inculpado a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación, se encuentra justificada, en virtud de dos circunstancias esenciales: 1. La pena de prisión que en su caso tiene que soportar el hoy quejoso. 2. Así como lo relativo a la medida cautelar de orden personal, que pudiera ser acreedor el agraviado, como lo es la prisión preventiva oficiosa. En ese orden de ideas, el juez estimó que a raíz de esas circunstancias es muy probable que el quejoso no se presente de manera voluntaria a enfrentar los cargos imputados, por lo que la orden de aprehensión es el mandamiento judicial adecuado para que Armando Campos Carranco se presente ante el juez de control con la finalidad de que le sea formulada imputación. De ahí que se cumpla el quinto y último los requisitos señalados. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto que se girara la orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por la probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado. Lo que denota que el juez de control responsable, sí fundó y motivó debidamente la resolución reclamada que dictó el catorce de julio de dos mil veinte, en la causa penal 1P0620-738. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª/J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia de la unión que se solicita, en contra de la resolución reclamada. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Armando Campos Carranco, en contra del acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C", con sede en esta localidad; por lo expuesto en el tercer considerando de este fallo. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a Armando Campos Carranco, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, indicados en considerando segundo; por las razones que expuestas en el último considerando de este fallo.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, cuyos resolutivos son: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, en contra del acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C", con sede en esta localidad; por lo expuesto en el tercer considerando de este fallo. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a **********, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, indicados en considerando segundo; por las razones que expuestas en el último considerando de este fallo."
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