Armando Campos Carranco

Expediente 164/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
164/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Armando Campos Carranco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.

  2. Principal

    Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo presentada en favor de *, por quien se ostenta como su defensor particular *, en contra de actos del juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de Celaya, Guanajuato, Tercera Región, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, primer párrafo, 20, apartado A, fracciones I, IX y X y 20, apartado B, fracciones I y IV constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 164/2021-IV. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Para lo anterior, se destacan los antecedentes siguientes: ** está siendo procesado en la causa penal número ** del índice del Juzgado de Oralidad Penal en Celaya, Guanajuato, Tercera Región, por el delito de homicidio cometido en agravio de cinco personas. El quince de febrero de dos mil veintiuno, se entregó a la fiscalía el informe pericial en materia genética número **, el dieciocho de febrero del mismo año, se recibió el diverso informe pericial en materia genética número **. El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, se comunicó con el perito químico para hacerle saber que de su informe pericial ** se advierte que no llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de los elementos que le fueron solicitados; por lo que pidió que el dictamen se realizara de nueva cuenta, realizando una búsqueda exhaustiva de indicios. En audiencia de control de derechos, celebrada los días veintitrés y veintiséis de febrero de la presente anualidad, la defensa del aquí quejoso se opuso a la petición de la fiscalía para que se llevara a cabo el dictamen aludido en la manera indicada; a lo que el juez de Control determinó que no le asiste la razón a la defensa, atento a que, por encontrarse la causa de origen en el plazo de cierre de investigación complementaria, no puede vedar las actividades de investigación que tiene concedidas la fiscalía para allegarse de los datos de prueba. Inconforme con la anterior determinación, en la misma audiencia de control de derechos, la defensa interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto en el sentido de confirmar la decisión asumida. Este es el acto reclamado. De lo anterior, se desprende que la parte quejosa acude a la instancia constitucional para reclamar la resolución del recurso de revocación que confirmó la determinación emitida en la causa penal * del índice del Juzgado de Control de Oralidad Penal de Celaya, Guanajuato, Tercera Región, que permite a la fiscalía que se realice de nueva cuenta un dictamen en materia genética, en los términos que se solicitó inicialmente; de lo anterior se advierte: Que el acto controvertido fue dictado en la causa penal *. Que el aquí quejoso es parte dentro de dicho procedimiento. Que el juicio de origen se encuentra en trámite, en particular en la etapa de investigación complementaria. En esa tesitura, el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que, de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, materia común, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la resolución emitida por el juez responsable en audiencia de control de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que confirmó la determinación de permitir de nueva cuenta la realización de un dictamen pericial en materia genética, incide en una cuestión meramente formal, es decir, constituye una cuestión procesal que no genera afectación a derechos sustantivos del aquí promovente. Lo anterior es así porque dicha determinación no implica en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derecho sustantivo del quejoso, pues, se reitera, se confirmó la determinación que permite la realización de nueva cuenta de un dictamen que ya había sido rendido, para que se presente en los términos solicitados inicialmente, lo que incide en un acto meramente procesal. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos del aquí quejoso. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, los actos reclamados descritos con anterioridad no pueden estimarse como de imposible reparación, puesto que la no implican afectación a derechos sustantivos y se traducen únicamente en cuestiones procedimentales. En efecto, el acto reclamado constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo. Máxime, que no se está en alguno de los supuestos de ejecución irreparable a que ha hecho referencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo, concretamente a la admisión, desahogo o desechamiento de pruebas. Lo anterior encuentra fundamento, por las consideraciones que ahí expone, en la tesis I.5o.P.51 P (10a.), número de registro 2014367, legible en la página 1909, libro 42, mayo de 2017, tomo III, Gaceta Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NIEGA EXCLUIR O INADMITIR MEDIOS DE PRUEBA EN DICHA FASE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO EN JUICIO, CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La etapa intermedia en el procedimiento penal acusatorio está conformada por un conjunto de actos procesales (una fase escrita y una oral), que inicia con la presentación de la acusación y culmina con la resolución que decide la apertura a juicio oral; en dicha fase procesal tiene lugar, entre otros, el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Bajo esta perspectiva, si el Juez de control no acuerda de conformidad la petición de una de las partes de excluir o inadmitir los medios de prueba que le son solicitados, esa determinación no constituye un acto en juicio y, además, sus efectos no son de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal (esto es, sin afectación directa e inmediata), respecto del cual, el juicio de amparo indirecto es improcedente, por lo que, en todo caso, es susceptible de impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva." Así como la diversa tesis XVIII.3o.P.A.1 P (10a.), número de registro 2018018, legible en la página 2513, tomo III, septiembre de 2018, libro 58, de la Gaceta del Semanario Judicial de La Federación, Décima Época, que establece: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE REVOCACION INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL TRATARSE DE UN ACTO CON EFECTOS IRREPARABLES, EXCEPCIONALMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. En el nuevo sistema penal acusatorio, para determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, debe estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva, existe un aspecto fundamental en relación con la admisión de los medios de prueba, en tanto que este tema está vinculado con el derecho sustantivo de defensa adecuada, lo que va más allá de una cuestión netamente formal sobre su admisibilidad, es decir, implica un necesario análisis valorativo de su eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo. En efecto, la etapa de investigación en el procedimiento penal de corte acusatorio, comienza con la presentación de la denuncia, querella o requisitos equivalentes de procedibilidad y concluye con el cierre de la investigación. Ahora bien, la investigación se considera como cerrada una vez que llega la fecha en la cual el Juez de Control lo determinó en la audiencia inicial, lo cual, como regla general, no requiere de ningún acto o determinación; empero, en caso de que alguna de las partes solicite una prórroga y sea autorizada por aquél, el cierre se generará en una nueva fecha, con lo que se concluye la etapa de investigación. En este sentido, la resolución que desecha el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de la ampliación del plazo de la investigación complementaria, es reclamable en el juicio de amparo indirecto, pues constituye un caso excepcional de procedencia respecto de actos procesales, ya que al negarse la ampliación, se afecta el derecho a una efectiva preparación para la fase probatoria, situación que incide predominantemente en el derecho de defensa, pues no existe otro momento procesal para indagar o recabar elementos que a la postre puedan constituir pruebas y, ante esas circunstancias, debe aceptarse la procedencia del juicio de amparo indirecto, al constituir un acto con efectos irreparables." De ahí que, en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Cabe mencionar que similar criterio se adoptó en el juicio de amparo 680/2019 de la estadística de este órgano de control constitucional; determinación que fue recurrida por la parte quejosa, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja 135/2019, que fue declarado infundado. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle ** en esta ciudad. Ahora, es necesario precisar que el quejoso manifiesta que se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad. Por otra parte, vista la manifestación realizada por el promovente, así como la certificación que antecede, se advierte que designó como sus autorizados a * y *; sin embargo, respecto del primero omitió proporcionar mayores datos que justificaran que es profesional en derecho y, el segundo, no tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. No obstante, de forma oficiosa se efectuó una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de la que se obtuvo que únicamente * cuenta con la cédula número 2585067, con nivel de licenciatura en derecho, lo cual se hace constar, para los efectos legales a que haya lugar. Como consecuencia de lo anterior y únicamente por lo que hace a este juicio de amparo, se reconoce a José Antonio Ortega Legorreta como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a fin de privilegiar el acceso a la tutela jurisdiccional del directo quejoso; y en términos restringidos de dicho numeral a la diversa persona que refiere. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2020495, décima época, registro 2020495, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 23 de agosto de 2019, de contenido siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que, en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que trascurrió el término de cinco días para que la parte quejosa acreditara haber cumplido con el requisito que le fue fijado para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva, esto es, haber garantizado ante la autoridad exactora correspondiente, la cantidad determinada con motivo de la multa reclamada, sin que obre constancia de que lo haya realizado. Por tanto, ante dicha omisión de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada por este tribunal federal. Infórmese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales conducentes. Es aplicable el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tesis I.3.C.26.K, publicado en la página 1470, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «SUSPENSIÓN. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJA DE HACERLO SIN NECESIDAD DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO, SI EL QUEJOSO NO EXHIBE DENTRO DEL PLAZO LEGAL LA GARANTÍA EXIGIDA, POR MÁS QUE IMPUGNE LA LEGALIDAD DE ÉSTA.» No obstante lo anterior, se precisa que mientras no se ejecute el acto reclamado o se dicte sentencia firme en el expediente del que deriva la presente incidencia, la quejosa podrá cumplir con el requisito de efectividad destacado, con lo cual de inmediato la medida cautelar definitiva volverá a surtir sus efectos, en términos del artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

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