ARMANDO BENJAMIN ANDRADE RODRIGUEZ y Otros.
Expediente 1277/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1277/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- EMILIA MARTINEZ DIAZ y Otros.
- ARMANDO BENJAMIN ANDRADE RODRIGUEZ y Otros.
- Emilia Martinez Diaz
- Armando Benjamin Andrade Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Se atiende oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en el cual transcribe el proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, radicándolo con el número ******************** de su índice. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este cuaderno de antecedentes es destruible, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en el Estado de Aguascalientes del Instituto Nacional de Migración, remitió copia certificada de los expedientes administrativos migratorios aperturados en contra de los aquí quejosos, de los que se advierte: El oficio INM/ORAGS/SCVM/DCM/823/2022, de quince de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Jefe del Departamento de Verificación Migratoria perteneciente a la Oficina de Representación en Aguascalientes, a través del cual informó al Director de Control y Verificación Migratoria de dicha oficina, que en la data referida a la altura del retén militar "PUERTA SUR" ubicado en el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, al realizar una revisión migratoria fueron detenidos (rescatados) cuarenta y cuatro extranjeros, entre los que se encuentran los aquí quejosos Mauro Martínez Torres, Alexis Rodríguez Rodríguez y Emilia Martínez Díaz, ya que no acreditaron su legal estancia en el país. Declaratoria de incompetencia legal por territorio. De lo expuesto se advierte que los quejosos fueron detenidos en Aguascalientes, Aguascalientes, en específico a la altura del retén militar "PUERTA SUR", y posteriormente fueron alojados en la estación migratoria en dicha entidad federativa. En razón de lo anterior, este juzgado considera carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Lo anterior se afirma así, por lo siguiente. En principio, resulta pertinente destacar que el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, contempla las siguientes hipótesis: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo, cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las reglas de competencia antes precisadas tienen como eje la ejecución material del acto reclamado, la cual determina la competencia por razón de territorio. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este Tribunal Federal para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si los actos reclamados tienen o no ejecución material. En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en actos prohibidos del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, la orden de detención, retención, de los directos quejosos, y como consecuencia de ello, la orden de traslado, deportación, expulsión, proscripción o destierro librada en su contra, lo que se traduce en su retorno asistido o retorno voluntario, y siendo que los quejosos fueron detenidos en el municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, y posteriormente alojados en la Estación Migratoria de dicha entidad federativa; por lo que, a juicio de la suscrita, se estima que dichos actos comenzaron a ejecutarse y contaron ejecutándose materialmente en dicha ciudad, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se estima que con base en las disposiciones legales referidas, y en las consideraciones antes expuestas, el juez federal competente para conocer de este juicio de amparo es el JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON SEDE EN AGUASCALIENTES, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, donde comenzaron a ejecutarse y continuaron ejecutándose los actos reclamados, aunado que todas las autoridades responsables a quién se les atribuyen residen en la entidad federativa en que ejerce jurisdicción, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este Tribunal Federal, carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON SEDE EN AGUASCALIENTES, EN TURNO, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 2020828 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Se forma cuadernillo de incompetencia. Fórmese cuadernillo de incompetencia con copia de las constancias que obran en este asunto extraídas electrónicamente. Vinculación de expediente. A efecto de lo anterior, se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), a través del apartado denominado vinculación en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente asunto; por tanto, se instruye a la Analista Jurídica de este Órgano Jurisdiccional, para que realice las acciones pertinentes para permitir lo anterior. Sin efectos fecha de audiencia. EN virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional la cual estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del trece de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Juez de Distrito citado.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de enero de dos mil veintitrés. Se forma cuadernillo. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 1277/2022-III; se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo promovida por Armando Benjamín Andrade Salado, en favor de Emilia Martínez Díaz, Mauro Martínez Torres y Alexis Rodríguez Rodríguez, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Aguascalientes y otra autoridad, agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en el Estado de Aguascalientes del Instituto Nacional de Migración, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, y remite las constancias que le fueron solicitadas. Vista. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas en este asunto las documentales remitidas por la autoridad oficiante, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista.Así lo acordó y firma la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/6867/2022 de doce de diciembre de dos mil veintidós, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
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