Arely del Carmen Salazar Padron
Expediente 504/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Arely del Carmen Salazar Padron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
SE DECLARA QUE AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN CINCO AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. EL INCIDENTE ORIGINAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. EL INCIDENTE DUPLICADO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN SEIS MESES. GLÓSESE A LOS MISMOS COPIA DE ESTE ACUERDO. REQUIERASE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE COMPAREZCA EN EL TÉRMINO DE 90 DÍAS A RECOGER DOCUMENTO(S) SUSCEPTIBLE(S) DE DEVOLUCIÓN APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO SE PROCEDERÁ A SU DESTRUCCIÓN
- Principal
SE SOBRESEE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Gestor del Centro de Justicia Penal Regional Sala Sede, San Luis Potosí, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve, remitiendo en un disco versátil todas las actuaciones que obran en la causa penal RI/SLP/CP/08/2018; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese por separado el disco versátil digital debidamente identificado; comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, atendiendo a que mediante proveído de doce de septiembre del presente año se requirió al Director de Recaudación y Política Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, para que informara el acuerdo que recayó al oficio CIJPR/RI/SLP/2861/2019, emitido en la causa penal RI/SLP/CP-008/2018, por el Gestor Regional adscrito al Centro de Justicia Penal del Estado de San Luis Potosí, y que el plazo de tres días que le fue otorgado ya transcurrió sin que al efecto haya informado lo respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Director de Recaudación y Política Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir del día siguiente que reciba notificación de este auto, informe el acuerdo que recayó al oficio CIJPR/RI/SLP/2861/2019, emitido en la causa penal RI/SLP/CP-008/2018, por el Gestor Regional adscrito al Centro de Justicia Penal del Estado de San Luis Potosí, a través del cual se le informó que se dejó sin efectos la multa impuesta el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, a Arely del Carmen Salazar Padrón, aquí quejosa, la cual es materia en el mandamiento de ejecución emitido en el expediente abierto ME-115/2019, por la cantidad de $1,612.00 (un mil seiscientos doce pesos 00/100 moneda nacional), debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento contenido en auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos los informes justificados de cuenta; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, las documentales y disco compacto que respectivamente que anexó a sus oficios de cuenta. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese por separado el disco versátil digital debidamente identificado; comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, con fundamento en el artículo 117, quinto párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este proveído, remita copia certificada integra y legible de la carpeta administrativa de la causa penal RI/SLP/CP-08/2018, de su índice, a efecto de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del ordenamiento legal en cita. En otro orden, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase al Director de Recaudación y Política Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, para que dentro del plazo de tres días, que prevé el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley referida, contado a partir del día siguiente que reciba notificación de este auto, informe el acuerdo que recayó al oficio CIJPR/RI/SLP/2861/2019, emitido en la causa penal RI/SLP/CP-008/2018, por el Gestor Regional adscrito al Centro de Justicia Penal del Estado de San Luis Potosí, a través del cual se le informó que se dejó sin efectos la multa impuesta el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, a Arely del Carmen Salazar Padrón, aquí quejosa, la cual es materia en el mandamiento de ejecución emitido en el expediente abierto ME-115/2019, por la cantidad de $1,612.00 (un mil seiscientos doce pesos 00/100 moneda nacional), acompañándole para mayor conocimiento copias autorizadas del oficio y mandamiento referidos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil diecinueve y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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